El deber de gestionar el riesgo de conflictos de intereses en la administración pública

Abstract

El conflicto de interés se puede definir como una situación en donde existe una contraposición entre el deber público y los intereses privados de un funcionario público que podrían influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales. Se clasifican en diferentes tipos: reales que es cuando se materializa el conflicto de intereses por existir contraposición entre sus intereses particulares y los fines públicos, violentando de manera expresa una norma jurídica, potenciales que se refiere a una situación que posee un alto riesgo de que se llegue a materializar un conflicto de intereses, y aparente que es cuando pese a que la situación no se tipifica en la norma brinda la apariencia de ser un conflicto de interés. Adicionalmente, se distinguen otros dos tipos de conflictos, que son: ciertos, en donde en donde se comprueba el conflicto y los percibidos, en donde existe la impresión de que se actúa persiguiendo intereses distintos a los colectivos sin que realmente suceda. Dada la importancia que posee el conflicto de interés en la administración pública las instituciones se encuentran obligadas a gestionar el riesgo de conflictos de interés reales, ciertos, potenciales, aparentes y percibidos; en virtud del deber de probidad que rige toda la función pública y desde la perspectiva de la evaluación del riesgo que integra el sistema de control interno institucional. El presente artículo desarrolla la normativa jurídica nacional e internacional, así como la normativa técnica vinculada con la evaluación de riesgos que establece la obligación de las administraciones públicas de gestionar el riesgo de todo tipo de conflictos de intereses a lo interno de la organización.