El papel del ente contralor en la modernización del servicio público: el caso del hidrógeno

Abstract

La Contraloría General de la República (CGR) realiza un proceso de fiscalización superior en el cual no sólo detecta irregularidades en cuanto al cumplimiento del mandato legal de las organizaciones relativo a la Hacienda Pública, sino que, al mismo tiempo, identifica las oportunidades del mejora del marco normativo para adaptar al servicio público a los cambios del entorno o contexto, como en el caso de la investigación de Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la empresa Ad Astra Rocket Company Costa Rica para generar combustibles limpios como el hidrógeno. La visión de aprobar o improbar la ejecución presupuestaria a partir de los fines legales de una determinada organización, apegada al principio de legalidad estipulado en los artículos 11 tanto de la Constitución Política de la República como en la Ley General de Administración Pública; no debería de atentar contra un esfuerzo por producir impactos positivos hacia los habitantes del país, más bien, debería de producir una reacción en las esferas legislativas que promueva el cambio en el mandato legal que le permita a las instituciones adaptarse al contexto y necesidades sociales como lo estipula dicha ley en su artículo 4.

The Comptroller General of the Republic (CGR) takes a supreme audit process in which not only detects irregularities in meeting the legal mandate of the organizations on the Treasury, but at the same time, identify improvement opportunities the regulatory framework for public service adapt to the changing environment or context, as in the case of the investigation of Costa Rican Oil Refinery (Recope) and the company Ad Astra Rocket Company Costa Rica to generate clean fuels such as hydrogen. The vision to approve or disapprove the budget execution from the legal purposes of a particular organization, attached to the principle of legality stipulated in Articles 11 of both the Constitution of the Republic and the General Law of Public Administration; should not undermine an effort to produce positive impacts to the country’s inhabitants, rather, should produce a reaction in legislative spheres that promotes change in the legal mandate to institutions adapted to the context and social needs the law stipulated in Article 4.