Juegos de poder entre las organizaciones costarricenses de personas con discapacidad y el sector de transportistas en el proceso de redefinición de la Ley 7600: el caso del transporte público remunerado (2003-2010)
Fecha
2013-09-24
Tipo
proyecto fin de carrera
Autores
González Alfaro, Sherilyn
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Editor
Resumen
La investigación se enmarca en el proceso de redefinición de la Ley
7600, ante el vencimiento del Transitorio VIII, en el cual los actores oficiales
decidían respecto
a las opciones para facultar el cumplimiento
y/o
modificación de las disposiciones de la legislación. Se plantearon cambios en el
tema de transporte como: ampliación de la vida útil de los autobuses y
prórroga adicionales para la adaptación de las unidades de transporte público.
De esta manera, los actores sociales estudiados, organizaciones de personas
con discapacidad y las cámaras de autobuseros, emplearon sus recursos y
estrategias para influenciar a los tomadores de decisiones.
La lucha por la incidencia política de los actores se efectúa en espacio
de desigualdad de recursos. En el tanto, las cámaras de autobuseros cuentan
con los recursos económicos, humanos y de infraestructura; en contraposición,
a
las
organizaciones de
personas con
discapacidad
que subsisten,
prácticamente, por medio del voluntariado de sus miembros y de limitados
vaportes del Estado, entendido como el Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial (CNREE).
Los actores sociales emplearon estrategias tales como el cabildeo, en
los ámbitos de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo e instituciones como:
CNREE, Consejo de Transporte Público (CNREE) y el Ministerio de Obras
Públicas
y Transportes
(MOPT).
Aunado,
a
recursos
ante
la
Sala
Constitucional, conferencias de prensa, acciones no institucionalizadas como:
concentraciones y cese de obligaciones, el último caso refiere a las cámaras de
autobuseros.
Las organizaciones de personas con discapacidad mantuvieron un
discurso que se basó en el respeto a los derechos humanos, en tanto el
derecho al libre tránsito y la accesibilidad. No obstante, sus posturas no se
mantuvieron unificadas y se diluían entre las múltiples organizaciones de
personas con discapacidad que intentaban participar del proceso.
En contraposición a las cámaras de autobuseros que se fundamentaban
en aspectos de índole económico, relacionado con los costos para los usuarios,
incapacidad de efectuar las modificaciones a los autobuses en el período
establecido, la comparación internacional y otros. Las posturas de las cámaras
eran sólidas, en el sentido de que a la mayoría de las mismas las respaldaban,
aunado, a que los voceros eran pocos y reconocidos por los actores oficiales.
La relación con el Estado evidencia que las cámaras de autobuseros
mantienen relaciones estables y armoniosas con instituciones como el CTP y el
MOPT, lo cual facilitaba la inclusión de sus posturas en la toma de decisiones.
Descripción
Palabras clave
Responsabilidad del Estado, Política gubernamental, Sector privado, Transporte público, Población con discapacidad