Primer informe del estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica

Abstract

En las sociedades democráticas, el ejercicio efectivo de la libertad de expresión requiere de condiciones sociales, políticas y jurídicas que la favorezcan, de la ausencia de situaciones de facto que la limiten o la pongan en riesgo y de la existencia de gobiernos que cumplan con su obligación de ser garantes de este derecho fundamental. Los Estados y quienes los gobiernan están obligados a crear entornos propicios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa. En el continente, quienes ejercen el periodismo desarrollan su trabajo de información en contextos cada vez más inseguros, hostiles y violentos. La retórica anti mediática de algunos gobiernos va en aumento, mientras se aprueban leyes o se toman decisiones políticas que censuran o restringen el debate público y el acceso a la información: controles directos o sutiles de las líneas editoriales de los medios, uso de la publicidad oficial para premiar o castigar contenidos periodísticos y restricciones para acceder a la información en poder de los órganos públicos. Ni qué decir de escenarios más graves de violencia, persecución, acoso e intimidación de periodistas en la región que se agravan cada vez más. La libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades, por lo que existe una prohibición a los Estados para ejercer formas de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de comunicación y una obligación de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa.