La discrecionalidad en la justicia local: Juzgados de Policía Local en la Provincia de Llanquihue, Chile

Abstract

Este artículo analiza la discrecionalidad judicial en la resolución de causas tramitadas por los Juzgados de Policía Local (JPL) en la provincia de Llanquihue, enfocándose en dos ámbitos: las sanciones por inasistencia al sufragio obligatorio y las infracciones gravísimas a la Ley de Tránsito. A partir de una investigación cuantitativa basada en encuestas aplicadas a funcionarios judiciales y municipales, se identifican márgenes diferenciales de discrecionalidad según el tipo de causa. Mientras que en asuntos electorales predomina una aplicación reglada y homogénea de la normativa, en las infracciones de tránsito se observa una mayor variabilidad en la graduación de las sanciones, influida por factores como los antecedentes del infractor o la gravedad de la falta. El estudio revela además una baja sistematización argumentativa de las decisiones, con escasa referencia a principios normativos como la sana crítica. Estos resultados permiten reflexionar sobre los límites institucionales de los JPL, su dependencia administrativa de los municipios, y la necesidad de fortalecer mecanismos de fundamentación, transparencia y coherencia en el ejercicio de la discrecionalidad judicial en el ámbito de la justicia local.

This article analyzes judicial discretion in the Local Police Courts (Juzgados de Policía Local, JPL) of the Llanquihue Province, focusing on the adjudication of cases related to compulsory voting violations and serious traffic infractions. Based on a survey conducted with court officials, the study explores the criteria used by judges when applying sanctions, revealing discretionary spaces that go beyond strict legal mandates and are not always supported by clear argumentative reasoning. While electoral matters tend to be addressed through rule-based procedures, traffic-related cases show greater use of discretionary judgment, with minimal explicit reference to principles such as sana crítica. The findings raise critical concerns about potential arbitrariness and underscore the need to reinforce ethical standards, accountability mechanisms, and judicial training processes, aiming to secure a more coherent, transparent, and legitimate local justice system.