Criminalización de las protestas sociales, seguridad ciudadana y politíca de mano dura: una revisión desde las ántipodas del derecho penal del enemigo

Abstract

Esta investigación se ha centrado en analizar la compleja interacción entre la protesta social, la represión estatal y el marco legal en el contexto latinoamericano, con un enfoque especial en Costa Rica. El objetivo general fue examinar cómo se manejan las protestas sociales, desde una perspectiva legal, policial y de política criminal en varios países de la región, y cómo estas interacciones afectan los derechos de los manifestantes y la salud democrática en general. La metodología se basó en un enfoque multidisciplinario que combinó la revisión de literatura, el análisis de leyes nacionales e internacionales, el estudio de casos históricos y contemporáneos, así como la consideración de criterios jurisprudenciales. Se examinaron las disposiciones legales que rigen la protesta social, los posibles abusos de la política criminal y el papel de los cuerpos policiales en el manejo de las manifestaciones. Se realizaron comparaciones regionales y se tomó en cuenta la perspectiva histórica para evaluar las tendencias y los desafíos actuales. En relación con el concepto de "Derecho Penal del Enemigo", es crucial resaltar los siguientes aspectos: Se trata de una teoría jurídica que aboga por un tratamiento diferenciado para ciertos individuos identificados como "enemigos" del Estado. Esta teoría ha sido objeto de críticas debido a su potencial para socavar los derechos humanos y las garantías democráticas. En el contexto de la protesta social, su aplicación puede ser particularmente riesgosa, ya que podría llevar a la criminalización de la disidencia y a la restricción de las libertades fundamentales. Los resultados revelan que la protesta social constituye un derecho fundamental crucial para fortalecer la democracia, permitiendo a los ciudadanos expresar sus inquietudes y demandas. No obstante, en varios países latinoamericanos, se observa una tendencia preocupante hacia la criminalización de las manifestaciones, a menudo vinculada con un enfoque punitivo y de represión estatal. La implementación del "Derecho Penal del enemigo" en algunos contextos ha resultado en la violación de derechos humanos y en la erosión de las garantías democráticas. En el caso específico de Costa Rica, se identificó un equilibrio delicado entre el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos de los manifestantes. Se evidencia la importancia de una actuación policial proporcional, el desarrollo de protocolos claros y la promoción de la formación en derechos humanos y resolución de conflictos para los agentes en labores policiales. La interacción entre la policía y los manifestantes se consideró esencial para la convivencia democrática y la preservación de la confianza pública en las instituciones. Esta investigación subraya la importancia de abordar la protesta social desde una perspectiva de derechos humanos y de respeto de la democracia, buscando equilibrar la preservación del orden público y las libertades civiles. Las recomendaciones derivadas de este estudio apuntan a fortalecer las garantías legales, promover el diálogo y la participación ciudadana, y asegurar que la actuación policial sea respetuosa y proporcional. Estos esfuerzos contribuirán a construir sociedades más justas, equitativas y democráticas en toda la región.