91

Capítulo

Valeria Castro Obando

Regulación, 
infraestructura y 

telecomunicaciones 
en la crisis del 

Covid-19

2La pandemia ocasionada por el virus 
del Covid-19 ha contribuido con la 
aceleración de la transformación digital 

en todo el mundo, ante la rápida expansión de 
los servicios digitales con fines comerciales, edu-
cativos y de salud. De hecho, desde que comenzó 
esta situación de emergencia, se incrementó la tasa 
de descarga de aplicaciones digitales de teleconferen-
cia y el uso de Internet a nivel global aumentó en un 
70% durante los primeros seis meses de la pandemia 
(Ramos, 2020). 

Sin embargo, esta misma coyuntura ha revelado la persistencia de 
grandes brechas en la conectividad, inclusive en los países de ingresos 
altos. En estos Estados, aún unos 3,8 millones de personas no tienen 
acceso a Internet sea por falta de cobertura de banda ancha móvil y de 
alfabetización digital (GSMA, 2021), problemas con la asequibilidad 
y preocupaciones con respecto a la seguridad y la protección a la hora 
de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Se estima que cerca de 450 millones de personas en el mundo viven sin 
acceso a red de banda ancha móvil y a nivel global, el 93% de las per-
sonas desconectadas del planeta, vive en países de ingresos bajos y me-
dios. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (Cepal) corroboran esta tendencia e indican que para el 2019 sólo 
el 66,7% de la población que reside en Latinoamericana y el Caribe 
tenía acceso a Internet mientras que el tercio restante, no tenía acceso 
o podía acceder de forma limitada por aspectos relacionados con su 
condición socioeconómica, edad o el lugar de residencia (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, [Cepal], 2020). 

Estas cifras además de evidenciar la existencia de diferencias sig-
nificativas con respecto al acceso, uso y apropiación de las TIC; 
muestran una contradicción con respecto al fin último que de-
ben de perseguir las Sociedades del Conocimiento (SIC) en las 
que se busca masificar el acceso a la información y el conoci-
miento mediante las TIC. En este contexto, resulta evidente 
que si no se gestiona adecuadamente los procesos de inte-
gración tecnológica y el desarrollo de las infraestructuras 
digitales, se corre el riesgo de que estos procesos exacer-
ben las desigualdades existentes, afectando a empre-
sas, Estados y personas. Es por ello que se requiere 
de la combinación de enfoques de políticas que 
combinen perspectivas tradicionales que ba-
sadas en el fortalecimiento de la infraes-



92 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

tructura de telecomunicaciones, también aborden 
las barreras que impiden la adopción y el uso de las 
TIC en nuestras sociedades. 

Bajo esta óptica, el presente capítulo está integrado 
por siete secciones, de las cuales, la primera analiza 
las afectaciones que el sector de las telecomunica-
ciones ha sufrido durante la crisis del Covid-19. 
Para ello, se abordan algunas de las principales ten-
dencias en esta área y se le presta especial atención 
a la conectividad móvil, el estado de la banda an-
cha, las redes 5G y el impacto de la pandemia en el 
sector industrial asociado a las telecomunicaciones. 

El segundo apartado se concentra en la presenta-
ción de los avances normativos que se han dado 
a nivel internacional en materia de telecomunica-
ciones. A este efecto, se ahonda en la Hoja de Ruta 
para la Cooperación Digital y la Agenda Digital 
para América Latina y el Caribe (eLAC2022) por 
considerarlos como documentos clave en la iden-
tificación de retos para el desarrollo de las infraes-
tructuras digitales y la gestión adecuada de los de-
safíos que plantea para los Estados la operación en 
un entorno hiperconectado. 

Por su parte, el tercer acápite del documento pre-
senta el estado de situación actual con respecto 
al proceso de encendido digital, mientras que la 
sección cuarta está dedicada a la revisión de los es-
fuerzos que se han realizado en Costa Rica para 
impulsar el despliegue de las redes 5G, enfatizando 
el modo como se ha desarrollado el proceso, las 
intervenciones realizadas desde instancias guber-
namentales y las posiciones de diversos actores del 
sector de las telecomunicaciones en relación a los 
progresos gestados hasta el momento. 

Seguidamente, los apartados quinto y sexto del 
capítulo ahondan en el seguimiento al II Plan de 
Acción de la Política Pública en Materia de Tele-
comunicaciones (PAIT 2.0) y de los programas a 
cargo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(Fonatel) durante el 2020. Finalmente, la última 
sección analiza las propuestas de ley impulsadas 
durante el 2020 y la primera mitad del 2021 con 
el objetivo de solventar las inequidades en el acce-
so y equipamiento de infraestructuras digitales en 
diferentes zonas del país. 

2.1 AFECTACIÓN DEL SECTOR DE LAS 
TELECOMUNICACIONES DURANTE LA 
CRISIS DEL COVID-19

Con el fin de esbozar un panorama general del sector de las te-
lecomunicaciones y el impacto ocasionado durante la pandemia 
del Covid-19, se decidió enfocar el contenido del apartado en las 
tendencias de las redes y conectividad móvil, el estado de la banda 
ancha en América Latina y el Caribe (ALC), el despliegue de las re-
des 5G y las afectaciones para la industria de telecomunicaciones.

2.1.1. Tendencias del sector de telecomuni-
caciones 

Con el incremento en el número de los contagios por el virus del 
Covid-19 en todo el mundo, el confinamiento fue una de las me-
didas más extendidas en todos los países. Ello generó una deman-
da nunca vista en las redes móviles y fijas, lo que provocó que el 
tráfico global de datos se incrementara. Particularmente, en el caso 
de las redes móviles, el tráfico por usuario alcanzó más de 6 GB 
por mes y 8 GB por mes para los teléfonos inteligentes, producien-
do el mayor aumento absoluto registrado en cinco años y el doble 
del nivel de uso de datos producido en el 2018 (GSMA, 2021). 
A pesar de eso, el tráfico de datos general por persona usuaria en 
el 2020 tendió a ser 3 veces menor en países de ingresos bajos y 
medios, en comparación con los países de ingresos altos. 

Figura 2.1. Tráfico global de datos móviles por 
conexión móvil, 2015-2020

Fuente: Tomado de GSMA, 2021. 

0,6

1,3
1,0

1,7 1,5

2,2
2,9

4,1 4,2

5,7
6,1

7,7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traffic per subscription (GB), 
all devices

Traffic per subscription (GB), 
smartphones



93Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Durante los últimos años, se ha observado un crecimien-
to constante en el uso de Internet móvil, especialmente 
en países de ingresos bajo y medios (PIBM), lo que ha 
incrementado la cantidad de conexiones móviles a nivel 
mundial. Para el 2018, un tercio de la población mundial 
se conectaba a Internet a través de dispositivos móviles 
y hoy se estima que esta cantidad representa más de la 
mitad de las conexiones en el mundo. Al finalizar el 2020 
el 51% de la población mundial se encontraba utilizando 
Internet a través de dispositivos móviles, lo que repre-
senta un incremento de 225 millones con respecto a lo 
registrado en el 2019 (GSMA, 2021).

Igualmente, continúa creciendo la cobertura global de 
esta tecnología lo que ha provocado que cerca del 94% 
de la población mundial esté cubierta por banda ancha 
móvil (GSMA, 2021). Aunque esto supone un avance 
significativo, no debe olvidarse que el 6% de la pobla-
ción que no tiene acceso a redes de banda ancha móvil 
equivale a unos 450 millones de personas (la mayoría de 
estas pertenecientes a la zona de África Subsahariana), lo 
que implica que aún queda por resolver una importante 
brecha de cobertura.

En términos generales, las personas que no están co-
nectadas tienen más probabilidad de ser pobres, tener 
menor nivel educativo, ser adultas mayores, mujeres y 
residir en áreas rurales. De hecho, aunque la brecha de 
género en una tecnología como Internet móvil ha veni-
do reduciéndose, las mujeres que viven en PIBM tienen 
un 15% menos de probabilidades de usar Internet mó-
vil que los hombres.

Aunque se observa una reducción en la brecha de 
uso, esta sigue siendo un problema relevante, ya que 
de acuerdo con la GSMA (2021) esta es siete veces 
más grande que la brecha de cobertura. Para el 2020, 
la brecha de uso representaba al 43% de la población 
mundial (3.400 millones de personas) lo que supone 
que, aunque estas personas tenían acceso a servicios de 
Internet móvil, estas decidieron no utilizarlos. Cabe se-
ñalar que una cuarta parte de las personas adultas en el 
mundo aún desconocen tecnologías como el Internet 
móvil y sus potenciales beneficios. Además, por región, 
la brecha de uso tiende a ser mayor en el Sudeste Asiáti-
co donde llega a ser del 61%.

Figura 2.2. Evolución de la conectividad mundial a Internet móvil, 2014-2020

Fuente: Tomado de GSMA, 2021. 

24%
1.80bn

19%
1.45bn

15%
1.10bn

12%
0.90bn

8%
0.65bn

7%
0.55bn

6%
0.45bn

43%
3.40bn

51%
4.00bn

44%
3.45bn

49%
3.50bn

46%
3.50bn

46%
3.50bn

42%
3.20bn

46%
3.50bn

39%
2.95bn

46%
1.10bn45%

3.50bn

36%
2.65bn

43%
3.15bn

32%
2.35bn

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Connected Usage Gap Coverage Gap



94 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

La cobertura de las redes de banda ancha en América La-
tina y el Caribe (ALC) se ha incrementado en la región y 
ha permitido que las “redes de cobertura de banda ancha 
alcancen un promedio del 92% de la población de los 
países de la región” (García et. al, 2020, p.1). A pesar de 

esto, todavía una cantidad significativa de personas aún 
no cuenta con acceso a este tipo de tecnología sobre todo 
en países como Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua, 
Perú y Uruguay, los cuales no logran llegar al promedio 
de la región. 

Figura 2.3. Población con cobertura por al menos redes 3G, 2018 (en porcentaje)

Fuente: Tomado de García et. al, 2020. 

100

80

60

40

20

0

Promedio

%

Ar
ge

nt
in

a

Bo
liv

ia

Br
as

il

Ch
ile

Co
lo

m
bi

a

Co
st

a 
Ri

ca

Ec
ua

do
r

El
 S

al
va

do
r

Gu
at

em
al

a

Ja
m

ai
ca

M
éx

ic
o

Ni
ca

ra
gu

a

Pa
na

m
á

Pa
ra

gu
ay

Pe
rú

Re
p.

 D
om

in
ic

an
a

Ur
ug

ua
y

También continúa creciendo la adopción de teléfonos 
inteligentes (smartphones). De hecho, los teléfonos mó-
viles representaron el 68% de las conexiones a Internet 
en el 2020, lo que supone un crecimiento del 4% con 
respecto al 2019 y un 21% en relación con el 2016. Este 
es un dato relevante ya que el contar con un teléfono 
inteligente no sólo posibilita el acceso al Internet, sino 
que también, según ciertos estudios, la tenencia de este 
dispositivo incrementa las posibilidades de progresar al 
uso regular de Internet móvil (GSMA, 2021). 

Al examinar estos resultados por región, se observa que 
la zona del mundo en la que más se ha incrementado la 
tenencia de teléfonos inteligentes ha sido Asia, donde 
las conexiones han aumentado del 30% en el 2016 al 
63% en el 2020. A esta región le sigue muy cercana-
mente América Latina, como un área que también ha 
experimentado un crecimiento importante entre 2016 
y 2020. Cerca del 70% de la población de ALC (440 
millones de personas) cuenta con una suscripción mó-

vil y aproximadamente, el 93% tiene acceso a una red 
de banda ancha móvil. En los años venideros, se espera 
que Latinoamérica alcance unos 15 millones de cone-
xiones móviles a tecnología 5G en el 2022 y más de 400 
millones de suscriptores para Internet móvil para 2025 
(GSMA Intelligence, 2020). 

Aún un tercio de la población de ALC no utiliza Inter-
net, aunque se observa una gran variabilidad entre los 
países de la región. De hecho, el porcentaje de perso-
nas usuarias de Internet en la zona es menor al prome-
dio que registran los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que 
es del 60% (García et. al, 2020). Si bien una cantidad 
importante de países registran un porcentaje de perso-
nas usuarias menor al 60%, también hay un grupo de 
Estados que exhiben un porcentaje mayor, entre los que 
se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, México, Paraguay, República Domini-
cana y Uruguay. 



95Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Promedio OCDE Promedio ALC

Figura 2.4. Casi 500 millones de suscriptores móviles únicos en América Latina para 
2025

Fuente: GSMA Intelligence, 2020.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

600

500

400

300

200

100

0

Suscriptores móviles (en millones) Penetración de suscriptores (%)

68%

428
484

73%

Figura 2.5. Usuarios de internet, 2018 (en porcentaje)

Fuente: Tomado de García et. al, 2020. 

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Jamaica
México

Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perú

Rep. Dominicana
Uruguay

74,29
44,29

70,43
82,33

84,13
74,09

57,27
33,82

65,00
55,07

65,77
27,66

57,67
64,99

52,54

74,82
74,77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



96 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

En lo que respecta a la asequibilidad de los servicios de 
Internet, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo 
Sostenible decidió en el 2018 que para el 2025 se debe 
“asegurar que los servicios de banda ancha de nivel básico 
fuesen asequibles para los países en desarrollo, con cos-
tos correspondientes a menos del 2% del PIB per cápita” 
(García et. al, 2020, p.6). Con base a estos estándares, sólo 
Costa Rica y Brasil lograron alcanzar este objetivo ya que 
el acceso a los servicios de banda ancha se caracteriza por 
ser muy costoso en la mayoría de los países de la región.

Aunque las redes móviles han permitido cubrir la de-
manda de los sectores de menores ingreso al hacer los 
servicios menos costosos, “los paquetes de acceso básico 
se ven limitados a un consumo de 1,5 Gb mensual, por 
lo que su utilidad para trabajar o estudiar es limitada” 
(García et. al, 2020, p.7). Además, los niveles de ingreso 
de los hogares de ALC limitan su acceso al Internet y su 
uso eficiente, así como la “formación de capital humano, 
lo que crea una barrera para digitalizar otros sectores de 
la economía” (García et. al, 2020, p.7). 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

Rep. Dominicana
0 10 20 30 40 50 60

Promedio OCDE

Promedio OCDE

22,2

52,4

37,5

34,7

34,4

26,9

25,9

Figura 2.6. Población con habilidades básicas en TIC, 2018 (en porcentaje)

Fuente: Tomado de García et. al, 2020. 

Figura 2.7. Población con habilidades avanzadas en TIC, 2018 (en porcentaje)

Fuente: Tomado de García et. al, 2020. 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

México

Perú

Rep. Dominicana

2,8

11,6

6

3,7

7,7

6,7

2,9

0 2 4 6 8 10 12 14



97Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Las figuras 2.6 y 2.7 evidencian que al 2018 ninguno de 
los países de América Latina alcanzó el promedio de la 
OCDE (60%) con respecto al porcentaje de población 
que cuenta con habilidades básicas y avanzadas en TIC. 
Es posible que la ausencia de capacidades para el uso de 
Internet y las TIC se haya agravado por los “efectos de la 
Covid-19 en la región al obstaculizar la digitalización de 
diversas actividades” (García et. al, 2020, p.7). 

Durante la pandemia, la empresa Nokia estimó que la 
velocidad mínima requerida para desarrollar actividades 
relacionadas con el teletrabajo, el estudio y el juego sin 

interrupciones tendría que ser de 50 Mbps de velocidad 
de descarga (García et. al, 2020). A partir de esto, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) examinó la velocidad 
promedio de los Estados de ALC y los comparó con el 
requerimiento técnico sugerido por Nokia. El análisis re-
veló que sólo cuatro países de la zona (Brasil, Chile, Pana-
má y Uruguay) cuentan con la velocidad de banda ancha 
suficiente para poder realizar diferentes usos por parte de 
varios usuarios en un mismo hogar. Igualmente, llama la 
atención que en ninguno de los países de la región tiene 
una banda ancha móvil que se acerque a los 50 Mbps.

0 20 40 60 80 100 120

Mbps móvil

Mbps fijo

50 Mbps

Figura 2.8. Velocidad de internet de banda ancha (Mbps), julio de 2020

Fuente: Tomado de García et. al, 2020. 

Estos hallazgos pueden ser analizados complementaria-
mente con los resultados de la última edición del Índice de 
Desarrollo de Banda Ancha (IDBA). Este es una medición 
creada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para medir el acceso a banda ancha y a tecnologías digitales 
en América Latina y el Caribe (ALC) (García, Iglesias & 

Puig, 2021) a partir del análisis de cuatro pilares (políti-
cas públicas y visión estratégica, regulación estratégica, in-
fraestructuras y aplicaciones y capacitación) y 44 variables. 
El IDBA se realiza de manera anual y este busca comparar 
a los Estados latinoamericanos con los de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

27,8

19,4
17,5

27,9
63,8

122,3
19,8

18,4
35,4

26,9
36,9

22,7
26,3

17,1
15,4

25,0
14,4

35,5
36,8

30,8
42,5

20,6
19,9
17,4

93,5
15,3

36,5
23,3

33,0
27,5

25,3
32,2

53,5

43,7



98 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Tabla 2.9. Pilares del Índice de Desarrollo de Banda Ancha

Describe la importancia otorgada por los gobiernos a la política de 
desarrollo de las TIC, leyes y medidas destinadas a promover la pene-
tración y la competencia en el sector.
Evalúa las medidas de política pública y visión estratégica: desarrollo 
de planes de banda ancha, involucramiento del gobierno en las TIC, 
estrategias de digitalización.

Se refiere al estado de las infraestructuras digitales y al desarrollo de acuerdos 
público-privados.

Evalúa aspectos como la existencia de hogares con infraestructuras adecuadas, 
las velocidades medias alcanzadas, el número de líneas de los distintos servicios 
o la inversión en telecomunicaciones con participación privada.

Infraestructuras

Regulación Estratégica

Aplicación y Capacitación

Políticas Públicas y Visión Estratégica

Mide el desarrollo de la regulación estratégica del país.

Evalúa aquellos indicadores que describen el estado actual de los pla-
nes de desarrollo de banda ancha, así como su efectividad, mediante, 
por ejemplo, el grado de concentración del mercado de banda ancha 
fija y móvil en términos de competencia.

Mide el nivel de capacitación en las TIC.

Evalúa la capacitación en las TIC mediante estadísticas del nivel de educación, ya que es 
un indicativo importante dentro del desarrollo potencial del sector. 

Analiza la actualización de las TIC por parte de la población mediante una serie de in-
dicadores, como pueden ser los relacionados con el uso de redes sociales o internet.

Fuente: Elaboración propia con base a García, Iglesias & Puig (2021). 



99Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Tabla 2.1. Composición del Índice de Desarrollo de Banda Ancha

Políticas 
Públicas y Visión 

Estratégica

Regulación 
Estratégica Infraestructuras Aplicación y 

Capacitación

Adaptabilidad del marco 
legal a los negocios di-
gitales
Gobernanza de las TIC
Estado actual de los pla-
nes de desarrollo de la 
BA
Gasto en investigación y 
desarrollo (USD PPP)
Calidad de las políticas 
públicas para la promo-
ción del sector privado

Suscripción a banda ancha fija 
mensual en USD, PPP ($/mes)
Suscripción a banda ancha 
móvil mensual en USD, PPP ($/
mes)
Efectividad del Fondo para el 
Acceso y Servicio
Concentración de operadores 
de banda ancha fija
Concentración de operadores 
de banda ancha móvil
Asignación de espectro a co-
municaciones móviles en ban-
das por debajo de 3GHz

Proporción de población con cobertura de 
banda ancha móvil 4G (%)
Servidores de internet seguros, por cada mi-
llón de habitantes
Hogares con computadora personal (%)
Hogares con acceso a internet (%)
Líneas de banda ancha fija, por cada 100 
habitantes
Líneas de banda ancha móvil, por cada 100 
habitantes
Líneas de banda ancha con acceso de fibra 
óptica, por cada 100 habitantes
Velocidad media de acceso de BA
Velocidad de acceso con redes 4G
Velocidad BAF internacional en bit/s/habitante
Existencia de Internet Exchange Provider (IXP)

Índice de asequibilidad 
de la banda ancha fija
Índice de asequibilidad 
de la banda ancha móvil
Precio de las terminales
Índice de desarrollo del 
e-gobierno
Usuarios de internet, por 
cada 100 habitantes
Igualdad de género en el 
uso de internet
Habilidades digitales en-
tre la población activa
Acceso a internet en es-
cuelas

Fuente: Elaboración propia con base a García, Iglesias & Puig (2021). 

Este índice es calculado para cada país y además, para 
la edición del 2020 se analizaron un total de 61 países, 
26 de ALC1 y 35 de la OCDE y/o que de alguna for-
ma colaboran con dicho organismo2. Para el estudio de 
las variables, subíndices y el índice se incluyeron otros 
países a nivel mundial, “con el fin de poder cotejar los 
resultados obtenidos” (García, Iglesias & Puig, 2021, 
p.16). 

1 En ALC se consideraron Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Ja-
maica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay 
y Venezuela.

2 Para el clúster de la OCDE se tomaron los casos de Ale-
mania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colom-
bia, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hun-
gría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, 
México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia, 
Suiza y Turquía.

Los resultados globales del IDBA revelan que los prime-
ros lugares del índice los asumió Suecia, Dinamarca y 
Noruega, mientras que los países que más avanzaron con 
respecto al 2018 fueron Finlandia y Suiza, los cuales su-
bieron a los puestos 7 y 5. En el caso de la región de ALC, 
el índice es encabezado por Barbados (31) que ocupa la 
primera posición. A este le siguen Chile (33), Costa Rica 
(38), Brasil (39), Argentina (40), Uruguay (42) y Baha-
mas (43) (García, Iglesias & Puig, 2021). 

En esta zona, los países que más subieron en sus posi-
ciones en comparación con el IDBA del 2018 fueron 
Barbados y Uruguay que asumieron la posición 11 y 
9 respectivamente (García, Iglesias & Puig, 2021), 
mientras que Haití y Suriname se encuentran en las 
últimas posiciones. En el caso de Costa Rica, el país 
alcanzó una puntuación de 5,20, lo que supone un 
crecimiento de 3 puestos con respecto a lo registrado 
en el IDBA del 2018 y lo coloca como el tercer Estado 
de ALC con mejor calificación en el IDBA dentro de 
la región. 



100 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Tabla 2.2. Ranking IDBA en el clúster “ALC”, 2018-20

Ranking País IDBA Ranking País IDBA

1 Barbados 5,68 14 Perú 4,37

2 Chile 5,63 15 Ecuador 4,35

3 Costa Rica 5,20 16 Belice 4,14

4 Brasil  5,13 17 Paraguay 4,14

5 Argentina 5,10 18 Bolivia 4,04

6 Uruguay 4,99 19 El Salvador 3,58

7 Bahamas 4,98 20 Guyana 3,56

8 México 4,79 21 Nicaragua 3,54

9 Colombia 4,69 22 Venezuela 3,47

10 Trinidad y Tobago 4,63 23 Guatemala 3,44

11 Panamá 4,59 24 Honduras 3,08

12 Jamaica 4,42 25 Suriname 2,80

13 República Dominicana 4,41 26 Haití 2,51

Fuente: Elaboración propia con base a García, Iglesias & Puig (2021). 

Al examinar los resultados por los subíndices del IABD 
(políticas públicas y visión estratégica, regulación es-
tratégica, infraestructuras y aplicaciones y capacitacio-
nes), se observa que Costa Rica se mantiene en los pri-
meros lugares de estos subíndices. Dentro de estos, el 
pilar que registra más avances es el de regulación estra-
tégica en donde el país aparece en la posición 3 (pun-
tuación de 6,24) lo que califica de manera positiva los 
esfuerzos de Costa Rica en materia de banda ancha y 
la efectividad de esas medidas en la concentración del 
mercado de banda ancha fija y móvil (García, Iglesias 
& Puig, 2021). En contraste, el área que registra más 
falencias es el de políticas públicas en donde el país 
ocupa el octavo lugar (puntuación de 4,62), lo que 
indica la necesidad de fortalecer las políticas públicas 
y legislación TIC, así como mejorar la visión estraté-
gica de los planes y estrategias destinadas a promover 
la banda ancha. 

Un resultado interesante que derivó del análisis reali-
zado por el BID en el IDBA 2020 fue el desarrollo de 

una metodología para estimar las necesidades de inver-
sión que se requerirían en ALC para solventar la brecha 
que existe entre la región y los países de la OCDE. Con 
base a esto, se determinó que en ALC se ocuparía de un 
CAPEX (gasto de capital) mayor a los $68.000 millones 
USD para superar la brecha en los 26 países de la región, 
lo que a su vez, contribuiría de manera directa en la ge-
neración de empleos. 

Aunque el sector privado invierte todos los años en casi 
todos los países, para el BID se requiere de “una inversión 
pública estratégica que logre articular asociaciones públi-
co-privadas que permiten llegar a las zonas más remotas 
y desconectadas de la región” (García, Iglesias & Puig, 
2021, p.13). A este efecto, se ha elaborado una estima-
ción del porcentaje de inversión rural que sería necesaria 
en cada país con base a la densidad poblacional y el por-
centaje de población rural. De ese modo, “cuanto mayor 
es este indicador, menor es la rentabilidad financiera es-
perada y más necesaria la intervención pública (García, 
Iglesias & Puig, 2021, p.13).



101Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Por otro lado, en otras mediciones como el Índice de Conectividad Móvil de la GSMA3 , que mide el desempeño de 
los países en los facilitadores clave para la adopción de Internet móvil4 , se evidencia que América Latina ha logrado 
avances significativos en las áreas de infraestructura, contenido y servicios y en la aceptación de los consumidores de 
2016 al 2019 (GSMA, 2020b). A pesar de esto, en el mismo periodo aún se experimenta un rezago muy notorio en 
materia de asequibilidad.

Figura 2.10. América Latina en el Índice de Conectividad Móvil de la GSMA 2016-2019

Fuente: Elaboración propia con base a GSMA Intelligence, 2020.

Al examinar este índice para Costa Rica, los resultados del estudio de la GSMA muestran que el país obtuvo una pun-
tuación de 63,3 en dicha medición, lo que hace que se considere como un Estado en transición5 (GSMA, 2020b) e 
indica que se desempeña bien en dos elementos habilitadores. En ese sentido, se muestran las puntuaciones más altas 
en las dimensiones de aceptación de los consumidores y de contenido y servicios. Esto sugiere una alta conciencia y 
habilidades necesarias para el uso de Internet, así como un importante progreso en la disponibilidad de contenidos y 
servicios digitales seguros y accesibles para la población local. Por el contrario, se exhibe menor desarrollo a nivel de la 
infraestructura y en la asequibilidad. 

3	 Este	índice	evalúa	los	170	países,	y	establece	una	calificación	dentro	de	un	rango	de	0	a	100.	De	ese	modo,	la	puntuación	más	alta	
es interpretada como un desempeño más sólido en la prestación de conectividad a Internet móvil (GSMA, 2020b). Este pretende 
contribuir con los esfuerzos de los gobiernos, la industria de las telecomunicaciones móviles y la comunidad internacional para for-
talecer el acceso universal a Internet.

4 Los habilitadores medidos son: la infraestructura, la asequibilidad, la preparación/aceptación del consumidor y el contenido y servi-
cios. El primero de estos mide la disponibilidad de la cobertura de red de Internet móvil de alto rendimiento, el segundo la disponi-
bilidad	de	los	servicios	y	dispositivos	móviles	a	precios	que	reflejan	el	nivel	de	ingresos	en	la	población.	Por	su	parte,	la	preparación	
del consumidor evalúa la conciencia y habilidades de la ciudadanía para valorar y usar el Internet, mientras que la dimensión de 
contenido	y	servicios	refiere	a	la	disponibilidad	de	contenido	y	servicios	digitales	seguros,	accesibles	y	relevante	para	la	población	
local (GSMA, 2020b). 

5	 El	resultado	del	análisis	individual	de	cada	país	clasifica	a	los	Estados	en	líderes	(puntaje	superior	a	75	puntos),	avanzado	(puntaje	
superior a 65), en transición (más de 50 puntos), emergentes (más de 35 puntos) y descubridores (puntaciones menores a 35 puntos) 
(GSMA, 2020b). 

Contenidos y servicios

Aceptación de los consumidores

Asequibilidad

Infraestructura

Índice general de LATAM

2019

2016

65
62

74
73

48
47

59
50

61
57



102 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Figura 2.11. Resultados de Costa 
Rica en el Índice de Conectividad 
Móvil 2019

Fuente: Elaboración propia con base a GSMA, 2020b.

Impacto del covid-19 en la industria de 
telecomunicaciones

Para el 2019, la industria de telecomunicaciones 
contribuyó con el 7% del Producto Interno Bru-
to (PIB) en la región y generó una contribución 
de más de $421.000 millones de dólares estadou-
nidenses. Además, “respaldó cerca de 1,4 millo-
nes de trabajos (de manera directa e indirecta) e 
hizo una contribución significativa al financia-
miento del sector público, con una recaudación 
tributaria de USD 33.000 millones” (GSMA In-
telligence, 2020, p.3).

Durante el 2020, la industria de telecomunica-
ciones móviles en Latinoamérica tuvo que en-
frentarse al reto de continuar sus operaciones en 
un contexto de crisis, en el que se incrementó el 
uso de las TIC como medida de contingencia de 
la pandemia. En estas circunstancias se registró 
un aumento del 25% del tráfico de datos mó-
viles y cerca de 360 millones de personas (57% 
del total de la población que viven en la zona) 
estaban conectadas a redes móviles de Internet 
(GSMA Intelligence, 2020). 

La pandemia impactó el rendimiento financie-
ro de la industria de telecomunicaciones en el 
2020, ante la reducción de ingresos en varios 
mercados de la región. En los “mercados con 

una alta proporción de clientes prepagos se han visto en una 
situación particularmente vulnerable a la reducción del gasto” 
(GSMA Intelligence, 2020, p.16). Ello tiene relación con el in-
cremento en el uso de banda ancha fija (principalmente en los 
hogares) y el deterioro de la actividad económica que generó la 
pérdida de trabajos, sobre todo en el sector informal.

A pesar de esto, “los operadores de la región invertirán USD 
99.000 millones en despliegue de infraestructura entre 2019 y 
2025” (GSMA Intelligence, 2020, p.3). Con esto y los posibles 
incrementos en la demanda, se espera que en los años venideros 
haya un incremento en los ingresos de los operadores, aunque es 
posible que estos se mantengan bajos. 

56,7
52,7

79,3

67,9

Infraestructura Asequibilidad Aceptación de Contenido
  consumidores y servicios

5,5%

1,3%
1,0% 0,9% 1,0%

1,6%

0,6%

58,8
59,2

60,1

60,9

61,5
62,1

62,7

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos
(USD mil mills.)

Crecimiento 
anual

Figura 2.12. La COVID-19 vence al impulso de 
los operadores

Fuente: GSMA Intelligence, 2020.

Durante el 2020, el mercado de telecomunicaciones en Costa 
Rica produjo un total de 728 millones de colones en ingresos, lo 
que supuso una reducción del 4,2% en comparación con el 2019. 
Ello evidencia una contracción y la “posible afectación al sector 
por otros factores, como los ajustes económicos del país durante 
los últimos tres años, así como los efectos que sobre el país se 
dieron desde inicios del 2020 por la pandemia de Covid-19” (Su-
perintendencia de Telecomunicaciones, [Sutel], 2021d, p.44). 



103Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Figura 2.13. Costa Rica: Ingreso total del Sector Telecomunicaciones, 2016-2020
(Cifras anuales en millones de colones y porcentajes de variación)

Fuente: Tomado de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 2021. 

728.372

745.591

758.678 760.290

2016 2017 2018 2019 2020

Millones de colones Tazas de variación

2,4%

2,4%
1,6% 0,3%

4,2%

El mercado de 

telecomunicaciones

generó 728.196

millones de

colones durante

el 2020

Los ingresos de Internet 

duplican los ingresos de 

telefonía móvil (voz-msm)

Al examinar los ingresos por el tipo de servicio, se ob-
serva que los ingresos percibidos por “telefonía fija (bá-
sica tradicional y VoIP) y telefonía móvil (voz y MSM), 
muestran una tendencia a la baja, siendo el cuarto año 

consecutivo con este comportamiento” (Sutel, 2021d, 
p.44). En contraste, los servicios de acceso a Internet han 
tendido a crecer del 2016 al 2020. 

Figura 2.14. Costa Rica: Ingreso total del Sector Telecomunicaciones según servicio, 
2016-2020 (Cifras anuales en millones de colones)

Fuente: Tomado de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 2021. 

301.218
285.688

384.218
425.095 426.514

305.210
335.136

257.275
225.872

204.662

87.511 79.783 74.025 59.830 49.326

34.433 44.974 42.289 42.492 47.695

2016 2017 2018 2019 2020

Telefonía móvil
(Solo voz)

Acceso a Internet
(Incluye acceso Internet móvil)

Telefonía básica tradicional
y telefonía VoIP

Líneas dedicadas



104 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Figura 2.15. Costa Rica: Ingreso total del Sector de Telecomunicaciones según 
servicio, 2016-2020 (cifras anuales en porcentajes)

Fuente: Tomado de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 2021. 

Despliegue de redes 5G a nivel internacional 

A nivel general, se observa que durante el 2020 la co-
bertura 4G siguió expandiéndose, mientras que diversos 
países comenzaron a desplegar redes para habilitar tecno-
logía 5G, y en el caso de los países de ingresos altos las 
redes 5G se extendieron notablemente. Por ello al finali-
zar el 2020, la cobertura global de 5G se incrementó un 
17% en el 2020 (GSMA, 2021). En contraste, los países 
de ingresos bajos y medios aumentaron su cobertura de 
4G en un 84% y sólo un 8% a las redes 3G. 

A pesar de que la pandemia del Covid-19 afectó la implan-
tación de las redes 5G en ciertos mercados, durante los 
primeros 9 meses del 2020, en el mundo 45 operadores 
de telecomunicaciones decidieron lanzar servicios comer-
ciales de 5G, lo que produjo un incremento en el número 
total de operadores de 5G, llegando a 107 operadores en 
47 mercados del mundo (GSMA Intelligence, 2020).

De acuerdo con la organización 5G Américas, que rastrea 
el número de despliegues de redes LTE y 5G en todo el 
mundo, para enero del 2021 Europa era la región con 
mayor cantidad de redes comerciales 5G y redes de Long 
Term Evolution (LTE). A esta le siguen, Asia, Medio 

Oriente y la región de Estados Unidos y Canadá. En 
contraste, áreas como África o Latinoamérica registran 
un importante despliegue de redes LTE, pero pocas redes 
comerciales de 5G.

Tabla 2.3. Redes comerciales LTE y 5G 
desplegadas a enero del 2021 (por re-
gión)

Redes LTE Redes 5G

África 155 5

Asia 139 38

Europa 173 87

Latinoamérica 127 15

Medio Oriente 44 20

Oceanía 38 7

Estados Unidos y Canadá 19 10

TENDENCIAS GLOBALES 695 182

Fuente: Elaboración propia con base a 5G Americas, 2021. 

5% 7% 5% 6% 7%

41% 38% 34%
30% 28%

42% 44% 51% 56% 59%

12% 11% 10% 8% 7%

2016 2017 2018 2019 2020

Telefonía móvil 
(Solo voz)

Accesos a Internet
(Incluye acceso internet móvil)

Telefonía básica tradicional y
telefonía VoIP

Líneas dedicadas



105Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Al observar los pronósticos sobre la adopción de la 
tecnología 5G y el número de conexiones esperadas al 
2025 por región, se evidencia que la región en la que se 
habrá dado mayor avance en este ámbito será América 
del Norte. A esta le siguen Europa y Asia, regiones de 
las que se esperan importantes logros en procesos de 

adopción y conexiones (inferiores, eso sí, a las proyecta-
das en América del Norte) . En contraste, se espera para 
América Latina una adopción de apenas del 9%, lo que 
la coloca entre las áreas que a nivel mundial tendrían 
una implementación de la tecnología 5G más lenta en 
comparación con otras. 

Figura 2.16. Pronóstico global de 5G

Fuente: Tomado de GSMA Intelligence, 2020. 

Otro de los aspectos que se observa en el mercado de re-
des 5G tiene que ver con una “tendencia creciente hacia 
el despliegue de redes privadas por parte de empresas en 
sectores como el de la minería y los servicios públicos” 
(GSMA Intelligence, 2020, p.20). Por ejemplo, en Brasil 
las empresas Nokia y Telefónica celebraron un acuerdo 
en julio del 2020 con la empresa minera Vale para habili-
tar una red LTE privada a la mina de Carajás, que es una 
de las más grandes de dicho país.

En una consulta realizada por la GSMA en el 2020 a 
operadores de diferentes regiones para conocer su per-

cepción sobre el servicio que consideran que tendrá ma-
yor crecimiento en los próximos años, se evidenció que 
en todas las regiones, el tema del desarrollo de infraes-
tructura y soluciones en la nube son percibidas como 
un servicio que generará gran demanda en los próxi-
mos años. Para el caso particular de América Latina, 
llama la atención que los operadores de la zona también 
consideran que habrá un incremento importante en la 
demanda de servicios vinculados a redes 4G/5G, inclu-
sive más que en el caso de otras regiones a excepción de 
Medio Oriente. 

América del Norte

Europa

Asia 

Mundo

CEI

América Latina

MENA

Africa subsahariana

Adopción de 5G, 2005 Conexiones 5G, 2025

218 mills.

233 mills.

1.200 mills.

1.800 mills.

52 mills.

62 mills.

58 mills.

30 mills.

51%

34%

25%

21%

13%

9%

8%

3%



106 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Figura 2.17. Las redes privadas y las soluciones en la nube son la prioridad número 
uno para los operadores de América Latina

Fuente: Tomado de GSMA Intelligence, 2020. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Prefieren no responder

No esperan crecimiento

Soluciones y servicios loT

Servicios SD-WAN

Edge networking

Conectividad 5G a negocios

Infraestructura y soluciones en la nube

Redes privadas (4G/5G)

Nota: Este estudio se llevó 
a cabo en marzo/abril de 
2020

Porcentaje de encuestados

 Asia Europa América del MENA América
 Pacífico  Norte  Latina

De acuerdo con GSMA Intelligence (2020), conforme 
se aceleren los despliegues de redes 5G es posible que las 
empresas opten por una red más personalizada, lo que 
ha captado la atención de diversos operadores móviles, 
quienes han identificado en estas necesidades un poten-
cial nicho de mercado.

Se espera que en Latinoamérica, la tecnología 5G se 
“propague al resto de la región en el curso de los próxi-
mos años, pero es importante que los encargados de la 
formulación de políticas públicas comiencen a plani-
ficar de inmediato” (GSMA Intelligence, 2020, p.39). 
En países como Brasil y Uruguay, el lanzamiento de 
redes 5G fue realizado en el 2020. Además, en Brasil 
se tienen previstas subastas de las bandas espectrales 
de 3.5 GHz y 26 GHz durante la primera mitad del 
2021. Adicionalmente , la entidad reguladora del país 
(Anatel) pretende “asignar espectro en las bandas de 
700 MHz (sin vender desde 2015) y de 2.3 GHz” 

(GSMA Intelligence, 2020, p.19) a lo largo del año. 
Por su parte, países como Chile, Colombia y Repúbli-
ca Dominicana han manifestado su interés de llevar a 
cabo diversos procesos para la asignación de espectro 
5G en dicho año. 

La previsión para la región es que al finalizar el 2020, 
se alcanzaría una adopción de 4G del 55%, lo que es 
cuantitativamente menor en relación a la adopción pre-
vista para otras regiones como América del Norte, donde 
se esperaba una adopción del 90% (GSMA Intelligence, 
2020). Por ello, se proyecta que el lanzamiento de la tec-
nología 5G coexista con otras tecnologías previas tales 
como la 4G (ver figura 2.18.). Esto significa que no sólo 
al 2020 los despliegues de esta tecnología se encuentran 
en un estado incipiente, sino que también se espera que 
para el 2025 las redes 5G apenas representen un décimo 
de las conexiones de la región. 



107Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Figura 2.18. La tecnología 4G excederá el 50% de las conexiones totales en la región 
en 2020, mientras que la 5G alcanzará casi el 10% en 2025 % de conexiones (sin 
incluir IoT celular con licencia)

Fuente: Tomado de GSMA Intelligence, 2020. 

49%

67%

55%

20%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5G

3G

4G

2G
18%

0%

9%

4%

Al examinar las tecnologías móviles predominantes en 
Costa Rica, GSMA Intelligence (2020) señala que para el 
2019 el 57% de las redes correspondían a redes 3G, mien-
tras que sólo el 18% constituía redes 4G. Las proyecciones 
al 2025 estiman que para dicho año las tecnologías 3G y 

4G serán las predominantes, mientras que apenas el 1% 
corresponderá a tecnología 5G. Igualmente, para el mis-
mo periodo también se espera que continúe creciendo la 
penetración de suscripciones a servicios de telefonía móvil 
al igual que la adopción de teléfonos inteligentes.

Figura 2.19. Tendencias tecnológicas y de suscriptores para mercados clave en 
Costa Rica 

Fuente: GSMA Intelligence, 2020.

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS* PENETRACIÓN DE SUSCRIPTORES

ADOPCIÓN DE SMARTPHONES

49%

49%

57%

45%

15%

2019

2025 2019

2019

2025

2025

78% 81%

63% 75%

25%

1% 5%
5G

4G

2G

3G



108 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

En lo que respecta a la inversión realizada en América 
Latina en cuestiones vinculadas con las redes 5G, se 
evidencia que los gastos de capital en esta área han 
tendido a incrementarse lo que está relacionado con 
la preparación y el establecimiento de condiciones 

óptimas para realizar el despliegue de esta tecnología. 
En línea con esto, se espera que la inversión en gastos 
de capital para redes 5G continúe aumentando hasta 
llegar a $54 000 millones de dólares estadounidenses 
(USD). 

Figura 2.20. Los gastos de red 5G se redoblan en 2020 y representarán la mayor 
parte de los gastos de capital para 2022 Capex (mil millones de USD)

Fuente: Tomado de GSMA Intelligence, 2020. 

USD 13,8 USD 13,6 USD 13,4 USD 13,7 USD 14,4 USD 14,9 USD 14,7

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%
2,4%

2,4%
2,4% 2,4%

2,4%

2,4%
2,4%

2,4%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gastos de capitales totales:
USD 99.000

millones

Gastos de capital 5G:
USD 54.000

millones

Gastos de 
capital 5G

Gastos de 
capital no 5G

2.2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
EN EL ÁREA DE LAS TELECOMUNI-
CACIONES

En línea con la revisión de datos y estadísticas sobre el 
sector de las telecomunicaciones y el impacto que la pan-
demia del Covid-19 ocasionó en el mismo, se ha conside-
rado oportuno incluir un apartado en el que se presenten 
algunos de los principales avances normativos que se han 
dado a nivel internacional en materia de telecomunica-
ciones. A este efecto, se presentan dos instrumentos, el 
primero de estos corresponde a la Hoja de Ruta para la 
Cooperación Digital, documento que fue adoptada por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2020 
y que pretende brindar una orientación de las prioridades 
en materia de cooperación digital para los próximos años. 
Por su parte, el segundo lo constituye la Agenda Digital 
para América Latina y el Caribe (eLAC2022), iniciativa 
impulsada por los Estados miembro de la Cepal con el 

fin de identificar los retos y oportunidades de las TIC 
como tecnologías para potenciar la reactivación y la re-
construcción económica de América Latina. 

2.2.1 Hoja de ruta para la cooperación 
digital: aplicación de las recomenda-
ciones del Panel de Alto Nivel sobre la 
Cooperación Digital

La Hoja de ruta para la cooperación digital publicada 
en el 2020 constituye un documento a través del cual 
se responde a los resultados del Informe “La era de la 
interdependencia digital”, que fue presentado en el 2019 
por el Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital. 
Dicho informe analizó el estado actual de la cooperación 
internacional en materia digital en el contexto de la pan-
demia del Covid-19 y a partir de ello, señala “deficiencias 
y desafíos urgentes y se plantean medidas para fortalecer 



109Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

la cooperación digital mundial” (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 2020, p.1). 

El informe del Panel emite un conjunto de recomenda-
ciones que bajo cinco bloques configuran las áreas en las 
que se instó a la comunidad internacional a mejorar el 
uso de las TIC y reducir sus riesgos (ver figura 2.21.). 
Sobre la base de estas recomendaciones, se integraron 
mesas redondas en cada área indicada en el informe, 

Consturir una 

economía y una 

sociedad digital 

inclusivas

Crear capacidad 

humana e institucional

Proteger los derechos 

humanos y la 

capacidad de acción 

humana

Promover la confianza, 

la seguridad, y la 

estabilidad digitales

Fomentar la 

cooperación digital 

mundial

1 3 5

2 4

guardando representatividad geográfica y diversidad de 
las partes presentes. Además, en cada mesa redonda, se 
efectuaron consultas con respecto a cómo abordar las 
recomendaciones del Panel. Con base a esto, se exami-
nó la situación de cada recomendación del Panel y se 
incorporaron aspectos vinculados al seguimiento de las 
mismas y se generaron observaciones finales sobre los 
que se pretende tomar medidas adicionales para conti-
nuar con el avance. 

Figura 2.21. Áreas de acción prioritaria según el Informe “La era de la interdependen-
cia digital”

Fuente: Elaboración propia con base a la Hoja de ruta para la cooperación digital, 2020.

De acuerdo con la Hoja de Ruta para la Cooperación Di-
gital, la pandemia ha hecho que las TIC se constituyeran 
en una herramienta efectiva para enfrentar la situación 
sanitaria, continuar con la actividad económica y educa-
tiva y permitir que las personas pudieran mantenerse co-
nectadas. A pesar de eso, la conexión imprevista de miles 
de personas a la red también manifestó la existencia de 
importantes desigualdades en el acceso a las tecnologías, 
la vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria a los 
ciberataques y los riesgos a los que se encuentran expues-
tas las personas en un entorno altamente digitalizado, en 
que están más expuestos a vejaciones en sus datos perso-
nales. 

En este contexto, es necesario que se genere una coope-
ración digital efectiva que permita alcanzar los objetivos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) 
mediante acciones conjuntas. Por ello, la cooperación 
digital debe ser desarrollada mediante una acción mul-
tiactor en la que se “colabore desde un principio con 
el sector privado, la comunidad técnica y la sociedad 
civil si se quieren adoptar decisiones y políticas realis-
tas y eficaces” (Asamblea General de las Naciones Uni-
das, 2020, p.18). Con base a esta consideración y en 
atención a las propuestas del Panel, se identificaron un 
conjunto de medidas que pueden ayudar a acelerar la 
cooperación digital mundial, “aprovechando las opor-
tunidades que brinda la tecnología y mitigando al mis-
mo tiempo sus riesgos” (Asamblea General de Naciones 
Unidas, 2020, p.18). 



110 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Tabla 2.4 Medidas para acelerar la cooperación digital 

Naciones 
Unidas como 
entidad 
convocante y 
plataforma

La Organización de Naciones Unidas (ONU) como plataforma de diálogo tiene la disposición a facilitar el proceso de 
diálogo para que se fortalezca la cooperación en materia digital. Con este objetivo, se nombrará a un Enviado para 
la Tecnología en el 2021 con el fin de que asesore al personal directivo de la ONU sobre las “principales tendencias 
en el ámbito tecnológico para orientar el enfoque estratégico que adopte la organización” (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 2020, p.18). 

La ONU también realizará un inventario de los componentes y funciones digitales y tecnológicas del Sistema de 
Naciones Unidas para identificar donde se pueden mejorar los esfuerzos. Asimismo, se actualizará la estrategia 
sobre las nuevas tecnologías que se publicó en el 2019 y se tomarán en cuenta las recomendaciones que ofrezca 
el informe del Equipo de Tareas sobre la Financiación Digital de los ODS. 

Conectividad 
global

En esta área se apoyarán los esfuerzos para que se cuente con una referencia sobre la conectividad digital y se 
establezca una definición de asequibilidad que incorpore metas y parámetros universales. Además, se convocará a 
inversores mundiales y expertos en financiación para que “estudie el desarrollo de una plataforma de financiación y 
encuentre nuevos modelos de conectividad, en particular, en las zonas rurales y difíciles de acceso” (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 2020, p.19). De manera complementaria, se pretende trabajar en el desarrollo de entornos 
reguladores favorables para los proveedores de Internet a baja escala y se impulsarán los debates sobre la conectividad 
como “parte de las labores de preparación, respuesta y socorro en casos de emergencia” (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 2020, p.19). 

Bienes 
públicos 
digitales 

Estados, sector privado y otras partes interesadas deben promover “programas informáticos de código abierto, 
datos abiertos, modelos abiertos de inteligencia artificial, estándares abiertos y contenidos abiertos que se ajusten 
a las leyes, normas y mejores prácticas internacionales y nacionales en materia de privacidad” (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 2020, p.19). Asimismo, los bienes públicos digitales pueden ser incluidos como parte de las 
iniciativas que se han puesto en práctica para hacerle frente al Covid-19. 

Inclusión 
digital 

Se creará una coalición sobre inclusión digital, la cual será una red integrada por Estados Miembros, grupos de 
sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas. También se desarrollará un “sistema de calificación 
anuales en materia de inclusión digital y la implantación de parámetros para medir tanto la inclusión como la 
alfabetización digital” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2020, p.20). Paralelamente, se llevará a cabo un 
“inventario de iniciativas, mecanismos y programas de inclusión digital que se publicará en línea” (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 2020, p.20) y los coordinadores residentes trabajarán en la creación de planes de acción que 
potencien la inclusión digital. 

Creación de 
capacidad 
digital 

Se pondrá en marcha una red que promueva un enfoque integral e inclusive en la creación de capacidades digitales 
para el desarrollo sostenible, lo cual será presidido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la UIT. Esta red también facilitara el intercambio de información para evaluar “solicitudes de apoyo a posibles 
proveedores de orientación, financiación y asesoramiento en materia de preparación digital y evaluación de las 
necesidades al respecto, apoyo a la estrategia digital y capacitación sobre alfabetización y competencias digitales” 
(Asamblea General de Naciones Unidas, 2020, p.20). Esto será llevado a cabo con apoyo de los coordinadores 
residentes para que examinen las capacidades digitales y evalúen las necesidades de creación de capacidades. 
Asimismo, a nivel nacional se “emprenderá iniciativas de refuerzo del apoyo a la creación de capacidad, en particular, 
en esfera como el aumento de la conectividad a Internet y el fomento de economías digitales” (Asamblea General 
de Naciones Unidas, 2020, p.20).

Derechos 
humanos 
digitales

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) creará “directrices para 
todo el sistema sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos y evaluaciones del impacto del uso de las 
nuevas tecnologías, entre otras cosas, contando con la sociedad civil, expertos externos y las personas más vulnerables 
y afectadas” (Asamblea de Naciones Unidas, 2020, p.21). Se pretende establecer un órgano de asesoramientos para 
el abordaje de la “inclusión, la coordinación y el desarrollo de la capacidad que se plantean los Estados Miembros en 
lo tocante a la inteligencia artificial…sobre cómo lograr una inteligencia artificial que inspire confianza, se base en los 
derechos humanos, sea segura y sostenible y promueva la paz” (Asamblea de Naciones Unidas, 2020, p.21). Dicho 
espacio servirá para el intercambio de buenas prácticas y la normalización en el área de inteligencia artificial. 

Se exhorta a Estados a desarrollar marcos normativos que incorporen los derechos humanos en el uso de las TIC y que los 
líderes de sectores tecnológicos reconozcan la necesidad de reforzar la protección al derecho a la privacidad. Igualmente, 
se pretende establecer una declaración en la que se definan los “puntos de entendimiento común en materia de confianza 
y seguridad digital, podría contribuir a forjar una visión compartida de la cooperación digital basada en valores mundiales” 
(Asamblea de Naciones Unidas, 2020, p.21).



111Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

Cooperación 
digital 
mundial 

Aunque aún se siguen debatiendo los diferentes modos como se puede dotar al Foro para la Gobernanza de Internet 
para que este tenga “mayor capacidad de respuesta y pertinencia respecto a las cuestiones digitales vigentes” 
(Asamblea de Naciones Unidas, 2020, p.22), se apoyan las medidas propuestas para mejorar las capacidades del 
Foro. Estas medidas corresponden a:

La posibilidad de crear un órgano estratégico de alto nivel que ayude a atender “cuestiones urgentes, coordine 
medidas de seguimiento de los debates del Foro y transmita los enfoques propuestos en materia de políticas y las 
recomendaciones del Foro a las instancias normativas y decisorias adecuadas” (Asamblea de Naciones Unidas, 
2020, p.22); centrar el programa del foro en aspectos estratégicos de las políticas; establecer sesiones de alto nivel 
para alcanzar más resultados en la adopción de medidas; “forjar vínculos más fuertes entre el Foro mundial y sus 
iniciativas regionales, nacionales, subregionales y juveniles” (Asamblea de Naciones Unidas, 2020, p.22); abordar 
la sostenibilidad del Foro a largo plazo con una estrategia de movilización de recursos; y aumentar la proyección del 
Foro, mejorando su identidad institucional y la presentación e informes a otras instancias. 

Fuente: Elaboración propia con base a la Hoja de ruta para la cooperación digital, 2020.

2.2.2. Agenda digital para América Lati-
na y el Caribe (eLAC2022)

Desde 1999, el Consejo Económico y Social (DESA) de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) viene rea-
lizando diversos esfuerzos por impulsar la cooperación 
internacional destinada a impulsar el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
y las telecomunicaciones. Desde ese momento hasta la 
actualidad se han celebrado diversas reuniones (Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información o CMSI- 
2003 y 2005), se han adoptado varios instrumentos (De-
claración de Florianópolis-2000, la Agenda de Conecti-
vidad para las Américas y Plan de Acción de Quito-2002, 
Declaración de Bávaro-2003) y se ha promovido la crea-
ción de distintos espacios para la colaboración conjunta 
entre Estados (por ejemplo, el Grupo de Tareas sobre las 
TIC de las Naciones Unidas).

De los anteriores, resultan de especial importancia la 
Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Ac-
ción Quito ya que ambos documentos plantearon la im-
portancia de que se formulen programas y estrategias en 
el área TIC. Igualmente, con base a la Declaración Bávaro 
se definieron los principios que luego serían utilizados 
para reflexionar sobre el proceso de transición hacia las 
sociedades de la información (SIC) e incorporar “análisis 
sobre la gobernanza de Internet y el software de código 
abierto en el proceso de la CSMI” (Cepal, s.f., párr.3). 
A partir de este contexto, en el marco de la Conferencia 
Ministerial Regional de América Latina y el Caribe, los 
Estados adoptaron el Plan de Acción de la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe, que vino a 

constituirse en la primera Agenda Digital para América 
Latina y el Caribe (eLAC2007). 

Posteriormente, en el 2008 se aprobó el segundo Plan de 
Acción eLAC2020 y en el 2010 el Plan eLAC2015. En 
el 2015, durante la celebración de la Quinta Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la Información de Amé-
rica Latina y el Caribe se adoptó la eLAC2018, proceso 
que fue continuado en el 2018 en la Sexta Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la Información en Amé-
rica Latina y el Caribe en Cartagena de Indias, cuando se 
aprobó la Agenda Digital eLAC 2020. 

Dos años después, en la séptima Conferencia Ministerial 
sobre la Sociedad de la información de América Latina 
y el Caribe, realizada en el 2020, se aprobó la Agen-
da digital para América Latina y el Caribe hacia 2022 
(eLAC2022) en la que se pretendió revisar los “retos y 
las oportunidades que ha planteado la pandemia sobre 
el uso y adopción de tecnologías digitales y su rol para 
la reactivación y la reconstrucción económica” (Cepal, 
s.f., párr.6). 

La eLAC2022 está integrada por 8 áreas de acción a tra-
vés de las cuales se busca responder a la pandemia, así 
como fomentar la recuperación y la reactivación econó-
mica. A este efecto, se plantean 39 objetivos específicos 
mediante los cuales se pretende implementar dichas áreas 
de acción. Esta agenda pretende constituirse en un ins-
trumento para orientar la cooperación regional en ALC 
en cuestiones digitales, así como para promover la for-
mulación de políticas en los Estados de la zona, potenciar 
el desarrollo de capacidades y el diálogo político con res-
pecto a los avances y desafíos que plantea la transforma-
ción digital (Cepal, 2020).



112 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Tabla 2.5. Áreas estratégicas de la eLAC2022

Áreas de acción  Resumen de objetivos

Infraestructura 
digital

La infraestructura digital es el elemento habilitador de los procesos de transformación digital. Es por este 
motivo que es crítico impulsar políticas y agendas que busquen mejorar las condiciones de acceso a la 
banda ancha en condiciones de asequibilidad y de calidad en todos los ámbitos geográficos y en los distintos 
segmentos socioeconómicos.

Transformación 
digital y 
economía digital

Las tecnologías digitales están impactando todas actividades económicas transformando procesos, modelos 
de negocios, productos y cadenas de valor. Para potenciar el impacto de estas tecnologías en la economía, 
se requiere impulsar su adopción en el tejido productivo, con foco en las pequeñas y medianas empresas y 
promover el emprendimiento de base tecnológica y la innovación.

Gobierno digital

Las tecnologías digitales ofrecen diversas oportunidades para mejorar la provisión de servicios de gobierno, 
incrementar la transparencia, facilitar canales de comunicación con la ciudadanía e impulsar la innovación 
pública. Con este objetivo los gobiernos deben adoptar estrategias de transformación digital a nivel de 
gobierno, mediante la definición de normas de interoperabilidad y el diseño de sistemas integrados que 
favorezcan estos cambios.

Inclusión, 
competencias 
y habilidades 
digitales

El desarrollo de competencias y habilidades digitales son clave para promover los procesos de transformación 
digital en las organizaciones y las empresas. Esto requiere de una capacitación continua de trabajadores 
en los ámbitos técnicos y profesionales, pero también de un sistema educativo de calidad que otorgue los 
conocimientos básicos necesarios para el desarrollo del capital humano.

Tecnologías 
emergentes para 
el desarrollo 
sostenible

Las tecnologías emergentes cómo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y las redes 5G, se están 
convirtiendo en un recurso cada vez más importante para impulsar nuevas industrias, procesos y productos. 
Las economías que estén mejor posicionadas para aprovechar este contexto y la nueva revolución industrial 
podrán impulsar su productividad, crecimiento y empleo.

Confianza y 
seguridad digital

Los crecientes incidentes en materia de ciberseguridad a nivel global están evidenciando las vulnerabilidades 
existentes en el ámbito digital. La seguridad es un elemento central para mantener la confianza en las 
tecnologías digitales. Si bien existe un consenso amplio sobre el panorama de las amenazas en ciberseguridad, 
atender estos desafíos es un tema complejo que requiere de acciones en diversos ámbitos y esfuerzos de 
cooperación a nivel local e internacional.

Mercado digital 
regional

Las tecnologías digitales ofrecen diversas oportunidades para fortalecer el intercambio comercial con base 
en las similitudes lingüísticas y culturales de la región. Fomentar una estrategia de mercado digital regional, 
que reduzca las barreras comercio digital, debe ser parte de la estrategia de los mecanismos de integración 
subregional, mediante una mayor integración de la infraestructura digital, la armonización normativa, el libre 
flujo de datos, la facilitación del comercio y la mejora de los servicios de logística, entre otros.

Cooperación 
regional digital

 El carácter transfronterizo de las tecnologías digitales y los desafíos en diversos ámbitos requieren promover 
una cooperación regional digital fortalecida para apoyar los procesos de gobernanza de Internet, mejorando 
los mecanismos de diálogo nacionales, regionales y subregionales, con la participación de actores del ámbito 
público y privado.

Enfrentar la 
pandemia 
y facilitar la 
recuperación 
y reactivación 
económica

La pandemia del COVID-19 produjo una crisis económica y social sin precedentes. Las tecnologías digitales 
han sido instrumentos esenciales para enfrentar la pandemia y mejorar la resiliencia de la economía. Estas 
tecnologías también pueden ser claves para la reactivación económica y transformación digital productiva.

Fuente: Tomado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s.f.



113Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

2.3 ENCENDIDO DIGITAL 

Costa Rica ha venido trabajando en el proceso de transi-
ción a la televisión digital desde el 2009 cuando se deci-
dió que el tema se constituiría en una prioridad nacional. 
Desde ese momento, la temática se incorporó en el primer 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
(PNDT) 2009-2014 y se estableció la primera Comisión 
Mixta de Televisión Digital por decreto ejecutivo con el fin 
de esta instancia. Un año después la comisión recomendó 
la adopción del estándar japonés brasileño para el desarro-
llo de la televisión digital en el país. 

Después de la definición de los aspectos técnicos para la 
transición, se promulgó el primer reglamento para la Tran-
sición Digital Terrestre en Costa Rica en el 2011 (decreto 
ejecutivo No. 36774-Minaet) y el Plan Maestro para la im-
plementación de la Televisión Digital en el 2012. Un año 
después la rectoría de telecomunicaciones fue trasladada 
al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a partir de esto, el 
Micitt asumió el liderazgo del proceso. Con la finalización 
del primer PNDT y el comienzo del siguiente plan para el 
período 2015-2021, se incorporaron metas destinadas a 
establecer condiciones propicias para la transición. 

De ese modo, se decidió que el apagón analógico iniciaría 
en agosto del 2017, sin embargo, al acercarse el plazo, el 
país no logró empezar dicho proceso. Las principales razo-
nes de este atraso tienen que ver con demoras con la imple-
mentación tardía de permisos de pruebas experimentales 
de la TVD y la adecuación de los títulos habilitantes para 
los concesionarios, ya que hasta mayo del 2017 se definie-
ron los parámetros para llevar a cabo las transmisiones con 
el estándar de TDT que el país decidió adoptar. Esto llevó 
al traslado del apagón para diciembre del 2017, no obstan-
te, por la proximidad con las elecciones presidenciales del 
2018 se decidió retrasar nuevamente el encendido digital 
hasta el 14 de agosto del 2019.

Con el cambio de fecha se realizó una reforma parcial a la 
Ley General de Telecomunicaciones y Reglamento de Tran-
sición a la Televisión Digital (decreto ejecutivo N°41841) 
con el objetivo de realizar el proceso de manera escalonada 
dividiendo el país en dos regiones, hasta finalizar con el mis-
mo en agosto del 2020. Es así como la transición comenzó 
en agosto del 2019 en las zonas cubiertas por la Región 1, 
que corresponde a las áreas que reciben señales de los equi-
pos ubicados en el Volcán Irazú. Con esto, la población del 

área central de la Gran Área Metropolitana (GAM) y las co-
munidades de Horquetas de Sarapiquí, Guápiles, Turrialba, 
zonas de Limón hacia el este, algunos territorios del Pacífico 
Central (Micitt, 2021c) fueron dotadas del servicio de tele-
visión digital. 

La segunda etapa de la transición (Región 2) se retrasó 
debido a la pandemia, pues la misma no solo afectó los 
ingresos de las empresas del sector telecomunicaciones, 
sino que también impactó los procesos de importación 
de equipamiento requerido para finalizar el encendido di-
gital. Por todo lo anterior y acatando la recomendación 
de la Comisión Mixta, la segunda etapa inició el 14 de 
julio del 2021 con la habilitación de transmisiones en el 
Cerro Buenavista (conocido como Cerro de la Muerte) lo 
que permitió que la Zona Sur y los cantones de Quepos, 
Osa, Parrita y Pérez Zeledón pudieran acceder a la televi-
sión digital. Seguidamente, el 22 de septiembre del mismo 
año, se habilitaron las señales del Cerro Santa Elena (Cerro 
Amigos en Monteverde) lo que sirvió para llevar la tele-
visión digital a las comunidades de Abangares, Bagaces, 
Cañas, Ciudad Quesada, Guatuso, Monteverde y Tilarán 
(Micitt, 2021c). Para el resto de las áreas de la región 2 
en las que aún no ha comenzado el apagón analógico, se 
decidió que dicho proceso tendrá que ser finalizado para el 
14 de julio del 2022.

2.4. AVANCES EN EL DESPLIEGUE 
DE REDES 5G EN COSTA RICA
La preeminencia mediática que ha adquirido el tema de las re-
des 5G durante el 2021 obliga a realizar una revisión de los 
principales esfuerzos que se han realizado en el país en este ám-
bito. En este sentido, es necesario señalar que desde junio del 
2018 el Micitt le solicitó a la Superintendencia de Telecomu-
nicaciones (Sutel) que actualizará el estudio con las necesidades 
de espectro proyectadas para los futuros servicios móviles IMT.

A partir de esto y con base a los acuerdos establecidos en la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2019 
sobre la armonización del espectro radioeléctrico, la Sutel 
elaboró una propuesta de Cronograma de Asignación de 
Espectro (CAE) para la planificación de los sistemas IMT 
en el país. Según dicho cronograma se recomendó que al 
2022 se consideraran los “segmentos de frecuencias regis-
tralmente disponibles en las bandas de 700 MHz, 2300 
MHz, segmento de 3300 MHz, 26 GHz y 28 GHz” (Mi-
citt, 2021a, p.11). 



114 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Figura 2.22. Propuesta de Cronograma de Asignación de Espectro (CAE) elaborada 
por la Sutel

Fuente: Tomado del Micitt, 2021. 

En la edición previa de este informe, se señaló que la 
promoción y desarrollo de las redes 5G se ha plasma-
do como una prioridad nacional dentro de instrumentos 
como el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 
(PNDP) 2019-2022 y la Estrategia de Transformación 
Digital hacia la Costa Rica de Bicentenario 4.0. Ambos 
documentos puntualizan intervenciones y lineamientos 
específicos que están destinados a potenciar la adopción 
de las redes móviles con esta tecnología. 

Mientras que la Estrategia de Transformación Digital 
plantea la necesidad de establecer políticas públicas y una 
Ruta de acción para el desarrollo de esta red; el PNDP 
propone en su eje 2.1. Innovación, Competitividad y Pro-
ductividad, una línea estratégica a través de la cual se es-
tablece el Proyecto de Red 5G (Castro-Obando, 2020). 
Este proyecto es una iniciativa liderada por el Micitt con 
el fin de mejorar la disponibilidad del espectro radioeléc-
trico para las redes, la infraestructura, la regulación y la 
articulación con los operadores. 

Durante el 2019, los principales avances que se gestaron 
en el marco de este proyecto contemplaron la identifi-
cación de los requerimientos necesarios para desarrollar 
un Testbend 5G y las necesidades de espectro, con base a 
insumos aportados por la Sutel. En este último aspecto, 
las gestiones realizadas estuvieron destinadas a (Castro-
Obando, 2020): 

• Determinar las bandas aptas para el despliegue de 
sistemas IMT.

• Habilitar espectro adicional en diversos segmentos 
de banda, especialmente en la de 700 Mhz (la cual 
fue liberada producto de la transición a la televi-
sión digital). 

• Valorar la incorporación de segmentos de Banda 
L y 2300 MHz. 

• Emitir una recomendación con la Sutel para cana-
lizar parte del espectro de la banda 900 MHz para 
sistemas IMT. 



115Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

• Reformar el Plan Nacional de Atribución de Fre-
cuencias (PNAF).

• Actualizar el Informe 890-SUTEL-DGC-2013 
sobre Enlaces de Servicio Fijo para operadores 
IMT. 

Junto con esto, se alinearon los esfuerzos de la Comi-
sión de Coordinación para la Instalación o Ampliación 
de Infraestructura de Telecomunicaciones para fomen-
tar condiciones que ayuden a incrementar los puntos de 
transmisión de los operadores, sobre todo para utilizar 
las azoteas públicas y aprovechar los derechos de vía del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y 
el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Asi-
mismo, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda se 
exploró la posibilidad de arrendar postes en espacios pú-
blicos y otras edificaciones públicas para que estas pudie-
ran ser usadas como potenciales puntos de transmisión 
para los operadores. 

Otros de los frentes de acción del Micitt incluyeron ges-
tiones con los gobiernos locales para que estos mejoren 
sus reglamentos para la instalación y despliegue de in-
fraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de un 
informe sobre los riesgos asociados a la exposición de re-
des 5G y la publicación de un informe sobre salud y redes 
5G (Castro-Obando, 2020). 

Este mismo año, el Micitt le planteó al Instituto Costa-
rricense de Electricidad (ICE) la necesidad de discutir 
un plan de trabajo para definir los “segmentos de fre-
cuencias a devolver al Estado, así como el «estableci-
miento de un acuerdo mutuo entre el ICE y el Poder 
Ejecutivo» para una discusión conjunta” (Lara-Salas, 
2021, párr.13). 

Al llegar el 2020, se realizaron esfuerzos para formali-
zar un reglamento para las frecuencias de más de 6 GHz 
(Cordero, 2020), según lo planteado en los acuerdos de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y 
se trabajó en la modificación del Plan Nacional de Atri-
bución de Frecuencias (PNAF). Además, en noviembre 
del 2020, el Micitt le solicitó a la Sutel el desarrollo de 
un análisis para disponer en el corto plazo la mayor can-
tidad de espectro en las bandas bajas (700 MHz), medias 
(2300 MHz y 3300 MHz a 3400 MHz) y altas (26 GHz 
y 28 GHz); solicitud que fue atendida por la Sutel en 
enero del 2021.

Si bien al iniciar el 2021, el tema sobre los avan-
ces en el despliegue de las redes 5G se mantuvo fuera 
de la esfera mediática, esta situación cambió en abril 
del 2021 ante las declaraciones dadas por la presiden-
cia ejecutiva del ICE en el programa Hablando Claro 

 ya que lo expresado en este espacio generó todo tipo de 
reacciones dentro del sector de las telecomunicaciones. 
Una de las voces que se manifestó en contra de los argu-
mentos expresados en dicho programa fue la de los re-
presentantes de la Cámara de Tecnología de Información 
y Comunicación (Camtic), para quienes lo expresado en 
el programa cuestiona la importancia de las redes 5G y 
denota desconocimiento de la trascendencia estratégica 
de esta tecnología para crear nuevos servicios y productos 
y un mercado atractivo para la “inversión y diversifica-
ción productiva basada en tecnologías digitales” (Castro, 
2021d, párr.4).

A partir de esto, se produjo una importante controversia 
con respecto al modo como se está desarrollando el pro-
ceso de despliegue de las redes 5G en el país que ha con-
tribuido a posicionar el tema de una forma que no había 
ocurrido antes. Si bien esto no significa que previo a dicho 
programa no habían discusiones al respecto, esta coyuntu-
ra acrecentó los cuestionamientos en torno a la concentra-
ción de espectro a manos del ICE y las repercusiones que 
esta situación puede ocasionar en la competencia efectiva 
del mercado de servicios móviles en la red 5G. 

Lo anterior se debe a que hay un segmento del espectro 
de bandas medias que están adjudicadas al ICE y a Ra-
diográfica Costarricense S.A. (Racsa) previo a la apertu-
ra de las telecomunicaciones en 2008, lo que “incluye 
asignaciones en la banda 2600 MHz y en una parte de 
la banda de 3500 MHz (parte de la banda C)” (Micitt, 
2021a, p.14). En manos de RACSA, se encuentra una 
concesión de 1997 en la banda de 3500 MHz y cuyo 
título habilitante se readecuó en el 2009. Por su parte, 
las bandas de frecuencia de 2600 MHz y 3500 MHz que 
maneja el ICE poseen segmentos que del todo no han 
sido usados o que estaban siendo utilizados de forma 
eficiente, según lo detallan informes técnicos realizados 
por la Sutel. A pesar de esto, el ICE ha indicado que di-
chas frecuencias son utilizadas en sus “servicios móviles, 
de Internet, de redes virtuales privadas (VPN) y de voz 
inalámbricos fijos para residencias y empresas” (Cordero, 
2021, párr.7). 



116 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Esta situación ha provocado que el operador estatal sea 
visto como un actor que está en una “posición ventajosa 
para adelantarse a sus competidores en el despliegue de 
infraestructura y servicios 5G” (Lara-Salas, 2021, párr.3). 
Ante esto, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología 
(Infocom) ha expresado la importancia de que todos los 
operadores actuales y los nuevos participen en igualdad 
de condiciones, lo que en su criterio implica que el Es-
tado establezca una ruta clara en la que se considere el 
espectro radioeléctrico que es requerido y se busque un 
equilibrio en la asignación del mismo. 

Todo esto ha suscitado la necesidad de que se recuperen 
los segmentos usados de manera ineficiente y es por ello 
que en el 2021, el Micitt ha retomado el diálogo con Racsa 
y el ICE a fin de “lograr la firma de un acuerdo mutuo de 
devolución para que de forma rápida se disponga de una 
mayor cantidad de espectro en bandas medias para un 
concurso público para las redes de 5G” (Micitt, 2021a, 
p.14). Con estas acciones, se pretende agilizar la recupera-
ción del espectro radioeléctrico, aunque dichos esfuerzos 
no son nuevos, sino que datan del 2019 cuando el ICE 

 y el Micitt comenzaron un proceso para “suscribir un 
mutuo acuerdo de devolución de varios segmentos, des-

de 450 MHz a la banda C (hasta 3700 MHz)” (Cordero, 
2021, párr.12).

Es importante señalar que la trascendencia de las ban-
das de rango medio radica en el hecho de que a nivel 
internacional el despliegue de las redes 5G se ha con-
centrado en bandas como la C (banda 3500 MHz), las 
que por sus características técnicas se han considera-
do como las más adecuadas para la instalación de esta 
tecnología. Sin embargo, esto no significa que no se 
requiera de otras bandas espectrales, ya que inclusive 
la Sutel ha señalado que la adopción de redes 5G en 
Costa Rica requiere de “una combinación de varios 
grupos de bandas o frecuencias por lo cual es necesario 
subastar parte del espectro radioeléctrico” (Lara-Salas, 
2021, párr.8). 

En este contexto y producto de todas las controversias 
suscitadas, en abril del 2021 el Micitt presentó la Ruta 
5G como un documento que especifica las acciones rea-
lizadas previamente y detalla lo que se planea para el pe-
riodo 2021-2022 y los años posteriores. Estos esfuerzos 
comprenden 6 fases distintas, que serán implementadas 
conjuntamente (ver figura 2.23.). 

Figura 2.23. Esfuerzos del Micitt para el desarrollo de redes 5G en Costa Rica

Fuente: Elaboración con base al Micitt, 2021a.

Ejecución de la solución por los operadores

Articulación con los operadores del Sector de Telecomunicaciones

Acciones para asegurar la disponibilidad de espectro

Actualización de bandas del espectro radioeléctrico para sistemas IMT

Implementación del Plan de Acción de Infraestructura (PAIT)

Dimensionamiento e identificación de los 

requerimientos de la solución



117Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

En lo que respecta a los laboratorios de tecnologías 
digitales y los bancos de pruebas, el Micitt (2021a) 
señala que se han analizado los segmentos que técnica 
y jurídicamente pueden ser utilizados por las partes 
interesadas para realizar las pruebas y experimenta-
ción. Para esto se ha trabajado con los operadores de 
telecomunicaciones, Camtic, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Coalición Costarricense de 
Iniciativas de Desarrollos (CINDE) de modo que con 
ello se puedan realizar diverso tipo de aplicaciones en 
5G y otro tipo de tecnologías disruptivas. 

El Micitt también ha elaborado informes junto con 
la Sutel sobre las bandas jurídicamente disponibles 
para ejecutar esos laboratorios de pruebas. De hecho, 
se han habilitado opciones para “integrar a los opera-
dores para implementar el espectro que actualmente 
les está asignado (o que a futuro se asigne)” (Micitt, 
2021a, p.12) y solicitar el permiso de uso no comercial 
para aplicar los bancos de prueba utilizando el espec-
tro atribuido en el PNAF para el registro móvil, no 
obstante, a la fecha no se han recibido solicitudes por 
parte de los operadores. 

En el marco del Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones se ha trabajado en diversas ges-
tiones para “generar un entorno más propicio para el 
desarrollo de las redes y sus estructuras soportantes” 
(Micitt, 2021a, p.12). Ello ha implicado el desarro-
llo de gestiones con el Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte (MOPT) para que se incluyan ductos 
de telecomunicaciones en las obras viales del país y 
la revisión de reglamentación local en “una propuesta 
de ley que permita homogenizar las mejoras prácticas 
en torno al despliegue de infraestructura…que vendrá 
también a simplificar la labor de trámite y gestión para 
despliegue de infraestructura incluyendo el uso de edi-
ficios y predios del Estado” (Micitt, 2021a, p.12). 

Esto es particularmente, relevante ya que la implan-
tación de redes 5G requiere de la disposición de más 
puntos de fibra óptica para las radiobases, las cuales 

tienden a ser más numerosas “para atender áreas me-
nores, pero con elevada densidad de dispositivos co-
nectados y demanda de datos y aplicaciones” (Micitt, 
2021a, p.12).

En relación con la actualización de bandas de espec-
tro para sistemas IMT debe señalarse que el 30 de 
abril del 2021 se publicó la reforma al PNAF (alcance 
n°87 del Diario oficial La Gaceta n°83), con base a la 
recomendación del CAE propuesto por la Sutel. En 
esta se incluyeron nuevas atribuciones de segmentos 
de frecuencias al servicio Móvil para implementar los 
sistemas IMT requeridos en el corto, mediano y largo 
plazo. Con esta reforma se ponen más bandas para los 
sistemas IMT en los diferentes segmentos de bandas 
y se detalla la “reglamentación técnica aplicable para 
la totalidad de las bandas identificadas para tal fin, de 
manera que se habilite la posibilidad de disponer de 
más y mejores servicios de telecomunicaciones en be-
neficio del usuario final” (Micitt, 2021a, p.13).

De manera paralela, se ha trabajado en la recuperación 
de espectro que esté disponible registralmente con el 
fin de que este pueda ser utilizado para el desarrollo de 
las redes IMT. En esta línea se han priorizado las ac-
ciones requeridas para llevar a cabo el concurso públi-
co de espectro radioeléctrico liberado por el dividendo 
digital en la “banda 700 MHz (producto del proceso 
de transición a la Televisión Digital Terrestre-TDT-)” 
(Micitt, 2021a, p.13). Asimismo, se han llevado a 
cabo gestiones para procurar la liberación de espectro 
de bandas medias en el mediano y largo plazo y se es-
tán realizando trabajos de armonización fronteriza con 
Panamá y Nicaragua, con el fin de mitigar o prevenir 
las interferencias en esas áreas.

También se han efectuado coordinaciones con la UIT 
para hacer efectivo el uso de la “banda de 3300 MHz 
a 3400 MHz” (Micitt, 2021a, p.13) y ya se está “con-
templando la coordinación necesaria para el uso de 
la banda 3400 MHz a 3700 MHz” (Micitt, 2021a, 
p.13). 



118 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Tabla 2.6. Fases para el despliegue y desarrollo de redes 5G en Costa Rica según el 
Micitt

Dimensionamiento 
e identificación de 
requerimientos

Implica la identificación de las necesidades del espectro radioeléctrico en los tres rangos de frecuencia 
(bandas bajas, medias y altas) que se requieren para el despliegue de las redes 5G, ya que la combinación 
de estas bandas es necesaria para un adecuado despliegue de esta tecnología en términos de cobertura 
y calidad de servicios. Esto ha sido realizado con base a la “nueva atribución de bandas de frecuencia al 
servicio Móvil para la implementación de sistemas IMT según el Reglamento de Radiocomunicaciones 
(RR) de la UIT” (Micitt, 2021, p.10). 

Como parte de los esfuerzos de dimensionamiento, se reformó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias (PNAF) en “los segmentos de frecuencias objeto de la solicitud del estudio de necesidad y 
factibilidad remitida por este Ministerio a la Sutel” (Micitt, 2021, p.11). 

Implementación del 
PAIT

Refiere a las acciones que han sido ejecutadas en el marco del Plan de Acción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones (PAIT) y las cuales contribuyen a la creación de un entorno propicio al despliegue 
de las redes 5G.

Actualización de 
bandas de espectro 
para sistemas IMT

Esto ha sido realizado mediante la reforma efectuada al PNAD en abril del 2021. Gracias a ello se 
incluyen nuevos segmentos de frecuencias para el desarrollo los sistemas IMT en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Acciones para 
asegurar la 
disponibilidad de 
espectro

El aseguramiento del espectro radioeléctrico para las redes 5G implica su recuperación y la liberación de 
bandas medias, así como los esfuerzos para procurar la armonización fronteriza de frecuencias y llevar 
a cabo diversos procesos concursales para la asignación de frecuencias. 

Articulación con 
los operadores 
del Sector de 
Telecomunicaciones

Implica la comunicación con “operadores y otros participantes del Sector, tanto para el esfuerzo de la red 
comercial como para los eventuales laboratorios y bancos de pruebas” (Micitt, 2021a, p.14), producto 
de la recuperación de los segmentos de frecuencias, el desarrollo de estudios y la posterior fase de 
concursos públicos para la asignación de frecuencias.

Implementación de 
solución por parte 
de los operadores

Constituye un proceso que se realiza luego de la asignación del espectro radioeléctrico, sea para 
desarrollar pruebas o para el recurso sea utilizado en los despliegues luego de que se logren establecer 
las condiciones habilitadoras. 

Fuente: Elaboración con base al Micitt, 2021a. 

A pesar de estos esfuerzos, la percepción de Infocom es 
que hay una serie de “temas que deben atenderse con 
urgencia, y han sido relegados por impulsar proyectos de 
ley innecesarios” (Castro, 2021c, párr.1). A este particu-
lar el presidente de Infocom ha manifestado preocupa-
ción en que

Como país, se están dejando de hacer tareas impor-
tantes, por estar analizando y discutiendo proyectos 
de ley como el Programa Nacional de Alfabetiza-
ción Digital o el Bono Conectividad, que evidente-
mente son innecesarios. Hubiéramos preferido que 
los esfuerzos…se enfocaran no en impulsar este 

tipo de iniciativas, sino en discutir temas de cons-
trucción para el futuro del país, en coordinación 
con la industria y con el regulador, según el marco 
legal vigente. (Castro, 2021c, párr.3). 

El Micitt anunció para julio del 2021, se tenía previsto 
realizar la subasta de espectro radioeléctrico 5G. A este 
anuncio, se opusieron tanto Camtic como Infocom pues 
en su criterio el proceso estaría incompleto ya que este 
no incluiría las bandas 2,6 GHz y 3,5 GHz. Por ello, la 
subasta podía resultar contraproducente al constituir una 
licitación parcial que sólo contemplaría “un segmento 
de la principal banda que se está desarrollando a nivel 



119Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

mundial para la 5G, la banda de 3.5 Ghz (3.500 Mhz)” 
(Castro, 2021b, párr.4). Ambas organizaciones consi-
deran que este tipo de licitaciones deben ser completas, 
“con la mayor cantidad de información posible y sin una 
finalidad de maximizar la recaudación derivada de estos 
procesos” (Infocom, 2021, p.4). 

En la visión de Infocom es necesario que se desarrollen 
políticas públicas y acciones regulatorias en las que se 
promueva un entorno habilitador de 5G. A este efecto la 
Cámara ha propuesto cuatro líneas de acción para asegu-
rar un ambiente más propicio a estas tecnologías:

1. Habilitar infraestructura soportante a nivel de 
acceso (radiobases). La implantación de las redes 
5G requiere de una densificación, lo que supone 
la “proliferación de postes, soportes a nivel de te-
chos…soportes en edificios públicos y privados, 
vallas publicitarias” (Infocom, 2021, p.2), entre 
otros lugares. Esto demanda que la instalación de 
esta infraestructura no sea abordada “con fines re-
caudatorios o generando obstáculos innecesarios” 
(Infocom, 2021, p.2).

2. Potenciar el despliegue de fibra óptica. Debido 
a que la tecnología 5G permitirá la convergencia 
de redes fijas y móviles, resulta necesario disponer 
de una “red de transmisión robusta en fibra óptica” 
(Infocom, 2021, p.2). Para esto, se debe habilitar 
ductería y otro tipo de infraestructura en vías na-
cionales y municipales (y la emisión de reglamentos 
por parte del MOPT), tener claridad en los regla-
mentos municipales para la construcción de infraes-
tructura de telecomunicaciones y agilizar los plazos 
de solicitud de permisos ante la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (Setena) y el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (Sinac), entre otros. 

3. Espectro para 5G. Implica crear una hoja de ruta 
para la asignación de espectro para 5G, ya que a 
diferencia de otras generaciones de tecnología mó-
vil (previo a 4.5G) en las que “una o dos bandas 
de radioeléctrico y en cantidades inferiores a los 
20-40 Ghz por frecuencia, podrían ser suficiente 
para asegurar los servicios móviles, 5G requiere de 
la combinación de” (Infocom, 2021, p.2) bandas 
bajas (1Ghz), medias (entre 1Ghz y 6Ghz) y altas 
o milimétricas (arriba de 24Ghz). 

4. Preparación previa de la industria receptora, 
verticales y sandbox regulatorio. Supone la crea-
ción de un “ecosistema a nivel de diferentes secto-
res y la discusión de un entorno regulatorio tipo 
sandbox o arenero (de prueba) para ir probando 
sobre la marcha las condiciones de prestación 
de los servicios de quinta generación” (Infocom, 
2021, p.3). Igualmente, se considera recomen-
dable que se cuente con espectro disponible para 
realizar pruebas, en los segmentos 3.3 GHz y 3.4 
GHz, los cuales ya están disponibles. 

De la mano de estas acciones, la cámara también consi-
dera importante que el Micitt, la Sutel y los Gobiernos 
Locales construyan una hoja de ruta con tiempos y res-
ponsables claros, que sirva para habilitar el entorno ade-
cuado en “materia de espectro, infraestructura soportante 
y redes de transmisión” (Infocom, 2021, p.4). 

En la visión del Micitt, es necesario continuar trabajando en 
las líneas de acción de espectro radioeléctrico, infraestructura 
de telecomunicaciones y articulación con los actores del sector 
telecomunicaciones. Igualmente, para la entidad rectora, se 
requiere de la “regulación de los servicios, como pueden ser la 
actualización del Reglamento de Prestación y Calidad de los 
Servicios para contemplar la nueva tecnología, así como los 
ajustes necesarios para lo correspondiente a calidad y monito-
reo del uso del espectro” (Micitt, 2021a, p.15).

Cabe señalar que para mayo del 2021, el Micitt realizó 
una reforma parcial a los artículos 18, 19 y 20 del PNAF 
con el fin dar “cabida a nuevos y mejores servicios y sis-
temas que benefician al usuario final de forma directa 
e indirecta, ante la creciente demanda en el consumo 
de datos y servicios digitales en el país” (Micitt, 2021b, 
párr.1). La reforma ha extendido la cantidad de espectro 
radioeléctrico en la banda Ka (usado para comunicacio-
nes vía satélite) en 2 GHz, ha implicado una modifica-
ción en la banda 900 MHz6 e incluye una modificación 
en la banda 6 GHz. 

6	 Con	esto	se	busca	“hacer	un	uso	más	eficiente	del	recurso	
escaso, proponiendo mantener los enlaces de microondas 
para los servicios de radiodifusión con los cuales se lleva 
el contenido hacia los puntos de transmisión, así como el 
uso libre del segmento de frecuencias de aplicaciones ICM 
(Industriales,	Científicas	y	Médicas)	que	ha	sido	explotado	
en la región principalmente para el desarrollo de ciudades 
inteligentes” (Micitt, 2021b, párr.3).



120 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Con estas modificaciones, se pone a disposición más 
bandas de frecuencias para el desarrollo de siste-
mas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales 
(IMT) “incluyendo 5G en rangos de bandas bajas, 
medias y altas, y [se] detalla la reglamentación téc-
nica aplicable para la totalidad de las bandas iden-
tificadas para tal fin, de manera que se habilita la 
posibilidad de disponer más y mejores servicios de 

Recuadro  
2.1.

¿Qué son las redes 5G?

La quinta generación de redes inalámbricas (también llamadas IMT-2020 o redes 5G) refiere a un conjunto 
de “sistemas, componentes y elementos conexos, que soportan capacidades mejoradas superiores a las 

ofrecidas por los sistemas IMT-2000 (3G) e IMT-Avanzadas (4G)” (Adoplh et. al, 2018, p.3). Esto las convierte 
en una evolución tecnológica de redes previas como la 4G y la 4,5G o Long Term Evolution (LTE). 

Estas redes se caracterizan por su capacidad para procesar un alto volumen de datos, el incremento en las velocidades 
de transferencia de datos (entre 10 y 100 veces más rápida) y en menores tiempo de latencia1 (con 1 milisegundo según 
estimaciones). Esta tecnología presenta una mejoría en la “respuesta de la red ante la movilidad del terminal, permite un 
orden de 10 veces más de densidad de dispositivos conectados, y será hasta 100 veces más eficiente en el uso de la 
energía de la red” (Micitt, 2021, p.7). 

Por lo anterior, se considera que las redes 5G permitirán contar con banda ancha móvil mejorada (eMBB)2, Comunicaciones 
Masivas entre Máquinas (mMTC)3 y comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (URLLC)4 (Adoplh et. al, 2018). Además, 
se estima que generarán un ahorro de hasta el 90% en comparación a los sistemas previos. Todo esto representa una 
optimización en las capacidades conectividad y posibilita la creación de nuevos productos y servicios para habilitar la 
adopción de otras tecnologías disruptivas (como el Internet de las Cosas (IoT), big data y vehículos autónomos). 

En este nuevo entorno hiperconectado, la conectividad se convertirá en un nuevo factor productivo que incidirá en la 
competitividad de las empresas (Moret-Millás, 2019). No obstante, para que esta tecnología realmente llegue a ser 
aprovechada de ese modo, se necesita solventar los requerimientos especializados que tienen las redes 5G en términos 
de espectro radioeléctrico5 ya que se necesita de la “oportuna asignación de espectro 5G de una forma que motive las 
inversiones y la innovación” (GSMA Intelligence, 2020, p.20). Además, se necesita de la combinación de conjuntos de 
frecuencias en las bandas bajas, medias y altas para que el despliegue sea realizado de la manera más adecuada. 

Las bandas bajas (600 Mhz y 700 Mhz) se requieren por sus características de propagación, pues esto permite alcanzar 
cobertura en “grandes superficies como extensiones agrícolas, parques industriales y agroindustriales y carreteras 
rurales con topografía regular” (Infocom, 2021, p.3). Por su parte, las bandas medias (entre 2.3Ghz, 2.6Ghz y el rango 
3.5Ghz6) son importantes no sólo porque son las bandas en las que se han realizado la mayoría de los despliegues 
de redes 5G en el mundo, sino también por sus características técnicas que le hacen como las adecuadas para la 
instalación de esta tecnología, sobre todos en las ciudades. Por otro lado, las bandas altas son necesarias para habilitar 
la “conectividad masiva de miles de objetos en un área reducida” (Infocom, 2021, p.3).

telecomunicaciones en beneficio del usuario final” 
(Micitt, 2021b, párr.6).

Posteriormente, en junio del 2021 el Micitt informó sobre 
el desarrollo de un estudio técnico-jurídico sobre la recu-
peración de las frecuencias de 2.6 y 3.5 GHz que están a 
mano del ICE, para el cual no se definió un plazo exacto 
en el que debía estar listo y que para agosto del mismo 
continuaba en proceso de desarrollo (Cordero, 2021b). 

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2021; Infocom, 2021 y Adoplh et. al, 2018.



121Capítulo 2  Regulación, infraestructura y telecomunicaciones en la crisis del Covid-19

2.5. INFRAESTRUCTURA DE TELE-
COMUNICACIONES

La Política Pública en Materia de Infraestructura de Te-
lecomunicaciones7 es una de las políticas públicas de 
mayor trascendencia a nivel nacional ya que desde su 
establecimiento en el 2016, se ha pretendido potenciar 
el desarrollo de las telecomunicaciones mediante accio-
nes que buscan corregir las limitaciones legales, técnicas 
y políticas que impiden un despliegue más efectivo de 
esta infraestructura. Con este propósito, la política ha 
servido para armonizar y complementar el marco nor-
mativo mediante la promoción del uso eficiente de la 
infraestructura, potenciar el uso compartido y regular 
su aprovechamiento en diferentes supuestos, entre otros 
aspectos. 

Con este propósito, el país adoptó el Primer Plan de Ac-
ción de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT) 
para el período 2016-2018 y uno posterior para los años 
2018-2020. Este segundo plan o PAIT 2.0., ha servido 
para darle seguimiento a algunas de las acciones ejecuta-
das en el primer PAIT e integrar nuevas áreas a través de 
las cuales se ha reforzado el trabajo previamente realizado 
las cuales son: 1. mejoras a nivel normativo; 2. coordi-
nación y cooperación interinstitucional; 3. monitoreo y 
seguimiento; 4. mejora continua y 5. Articulación8. 

A partir de esto y en línea con el seguimiento anual que 
desde el Prosic se realiza a esta política, el presente apar-
tado se centra en analizar los principales avances que se 
han gestado en el marco del PAIT 2.0., sobre todo con-
siderando la trascendencia que la política posee para el 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones 
en el país. Para ello, el análisis considera lo realizado 
desde mayo del 2018 hasta junio del 2021 y se consi-
dera la información contemplada en los Informes de 
Cumplimiento del PAIT a diciembre del 2020 y junio 
del 2021. 

7 Para profundizar en el contenido de esta política se re-
comienda revisar el capítulo 2 del Informe Hacia la Socie-
dad de la Información y el Conocimiento 2019. 

8 Se sugiere la lectura del capítulo 2 del Informe Hacia la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento 2020 para 
ahondar en el contenido del PAIT 2.0 y principales avances 
gestados al 2019. 

Pilar de Mejoras Normativas

A lo largo del 2020 se desarrolló una revisión de los 
Reglamentos Generales para Licencias Municipales en Te-
lecomunicaciones de los cantones de Abangares, Atenas, 
Carrillo, Coto Brus, Corredores, Hojancha, Mora, Mo-
ravia, Orotina, Osa, Poás, Tilarán y Upala, con el fin de 
que se corrigieran las imprecisiones que dichos reglamen-
tos poseen y que restringe el desarrollo de las telecomu-
nicaciones en esos municipios. Con ese propósito, dichas 
normas fueron examinadas y a los gobiernos locales se les 
propuso una alternativa de mejora (Comisión de Coor-
dinación para la Instalación o Ampliación de Infraestruc-
tura de Telecomunicaciones, [Comisión de Infraestruc-
tura], 2020). 

Igualmente, se reforzó en el acompañamiento de aquellas 
municipalidades que comenzaron un proceso de mejora 
de sus reglamentos y se priorizó el trabajo con los canto-
nes de Desamparados, Escazú, Moravia, Alajuelita, Car-
tago y Alajuela (Comisión de Infraestructura, 2021) ya 
que dichos municipios obtuvieron una nota menor a 25 
en la Valoración de Reglamentos Municipales para Cons-
trucción de Infraestructura de Telecomunicaciones realizada 
en el 2019 por el Micitt9 y en ellos suele haber dificul-
tades para los operadores a la hora de tramitar permisos. 
Es así como a mediados del 2021, se logró avanzar en un 
50% el trabajo programado con estas municipalidades, 
ya que hasta ese momento se desarrollaron reuniones vir-
tuales con personal de los gobiernos locales de Cartago, 
Escazú y Alajuela. 

Paralelamente, se le dio seguimiento a la publicación del 
Reglamento sobre Uso Compartido de Infraestructura para 
Redes Internas de Telecomunicaciones (proceso finalizó con 
la emisión de la resolución RE-0019-JD-2020)10 y del 
Mecanismo para el cálculo por arrendamiento de terrenos 
de dominio Público en Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Es 
importante señalar que esta última acción ha sido desa-
rrollada después de la publicación de Decreto Ejecutivo 

9 Este estudio examinó el cumplimiento de criterios técnicos 
para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 
presentes en los reglamentos de construcción de las 81 mu-
nicipalidades y Concejos Municipales de Distrito del país. 

10 En esta resolución se “acordó archivar el procedimiento 
administrativo realizado hasta ese momento” (Comisión de 
Infraestructura, 2020, p.7). 



122 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

N°41129-MINAE-Micitt-MH11, cuyo Transitorio IV 
estableció la necesidad de mantener la contraprestación 
pecuniaria por cada permiso de uso que emita el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) hasta que la 
Dirección General de Tributación no genere una resolu-
ción en la que se actualice el monto. 

Para ello, se trabajó en una propuesta para actualizar la 
Resolución N°DGT-R-013-201812 y dicho documento 
fue sometido a consulta pública en septiembre del 2019 
y mayo del 2020. Después de la incorporación de ajustes 
al texto y de una revisión por parte del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (Meic), el Ministerio 
de Hacienda (MH) incorporó los cambios, de modo que 
para finales del