Comité editorial Dra. Sandra Araya Umaña Dra. Laura Guzmán Stein Dra. Lidia Salas Chavarría, Ph.D MBA. Flor Rojas Rodríguez Dra. Mariangel Sánchez Alvarado Licda. Ruth Arrieta Salazar Corrección filológica y revisión de pruebas: La Voz Activa Diseño, diagramación, diseño de portada y control de calidad: La Voz Activa 331.13 A636t Antunes, Ricardo Transformaciones en el mundo del trabajo / Ricardo Antunes, Vitor Filgueiras, Keylor Robles Murillo, Adriana Monge Arias, Roberto Cascante Vindas, Adriana Chavarría Segura, Wendy Garita Gómez, Alexandra Hutchinson Rodríguez. – 1. edición. -- San José, Costa Rica : COLTRAS, 2023. 142 páginas ; 14 x 22 cm. Resistencia y cambio. Aportes de Trabajo Social. ISBN 978-9930-9612-2-3 1. MERCADO DE TRABAJO. 2. PRECARIEDAD LABORAL. 3. NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. 4. TRABAJO SOCIAL. 5. SEGURIDAD EN EL EMPLEO. I. Antunes, Ricardo. II. Filgueiras, Vitor. III. Robles Murillo, Keylor. IV. Monge Arias, Adriana. V. Cascante Vindas, Roberto. VI. Chavarría Segura, Adriana. VII. Garita Gómez, Wendy. VIII. Hutchinson Rodríguez, Alexandra. IX. Título. MDMA Junta directiva Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca, Presidente Dra. Lidia Salas Chavarría, Ph.D, Secretaria Licda. Sara Flores Valverde, Tesorera MBA. Flor Rojas Rodríguez, Fiscala MBA. Tannya Rojas González, Vocal I Lic. Fabián Caravaca Sojo, Vocal II Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica Capítulo 4 Roberto Cascante Vindas. Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 104 Introducción El presente capítulo se elaboró a partir de la identificación y revisión de antecedentes nacionales e internacionales asociados con el ejercicio liberal del Trabajo Social, así como un análisis estadístico de una muestra no representativa (n) de 72 concursos de un universo (N) de 347, obtenida a partir de reportes de concursos publicados y adjudicados específicos para la profesión o en aquellos en los que el perfil se encontraba abierto para Ciencias Sociales. Estos reportes se tomaron de la página web oficial del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) para el periodo 2010-2022. Históricamente, el Trabajo Social, como profesión, se ha ejercido principalmente dentro del Estado, quien ha sido su principal empleador; sin embargo, también se ha reproducido –en menor medida– por medio de la venta de servicios, a través del denominado «ejercicio liberal». Con la implementación del SICOP, profesionales en Trabajo Social y otras personas que pretendan ofrecer sus servicios a diversas instituciones del Estado costarricense –‍uno de los espacios donde se reproduce el Trabajo Social liberal– deben encontrarse inscritas en dicho sistema y cumplir una serie de requisitos normativos. La implementación de este sistema ha promovido una mayor transparencia en el proceso de selección de oferentes y, a su vez, ha evidenciado formas de precarización y flexibilización laborar, así como un aumento en la competencia dentro del mercado, donde los servicios son adquiridos, principalmente, bajo el criterio de menor costo. Ejercicio liberal del Trabajo Social costarricense Desde una discusión teórico-metodológica, el término «ejercicio liberal»29 se encuentra intrínsecamente particularizado en diversas relaciones contractuales flexibilizadas y formas de ofertar el servicio brindado. Para efectos de este texto, no se expone una discusión amplia de las implicaciones teóricas del término, pues se posiciona el entendimiento dentro del carácter de profesionalización del Trabajo Social y del denominado ejercicio liberal. 29 Entre otros términos utilizados se encuentran: ejercicio libre (Caravaca Llamas 2019; Calvo Marchán y Villaluenga de la Cruz 2017), trabajo independiente, trabajo por cuenta propia, práctica privada, freelance (Moneo Estany 2020), ejercicio privado (Moneo Es- tany 2020), emprendimiento social (Frieiro Padín, Fernández Arias y González Rodríguez 2021; Moneo Estany 2020) e incluso marketing social (Frieiro Padín, Fernández Arias y González Rodríguez 2021). Cascante Vindas 105 Desde el ámbito normativo, la Procuraduría General de la República indica lo siguiente: La profesión liberal es aquella cuyo ejercicio supone la existencia de un mercado de servicios que permita al profesional ofrecer habitualmente, por medio de una oficina, de un despacho o de un establecimiento abierto al público (a cambio de una retribución económica) la prestación de un servicio especializado y técnico. La ejecución de este servicio requiere que la persona tenga una formación académica, lo que la faculta para proceder con independencia de criterio, sin sujeción a las órdenes que podría girar su cliente. Además, otra característica importante, aunque no imprescindible, para que una profesión sea liberal es la existencia de un colegio profesional que fiscalice las relaciones entre el profesional y su cliente (Procuraduría General de la República 2022, III, 2). El carácter de profesión involucra reconocer la tradición (evolución histórica) tanto a nivel personal como colectiva, la formación, las políticas sociales y culturales emanadas desde el Estado de bienestar y el mercado de trabajo –público y privad –, donde emergen nuevos y se mantienen espacios tradicionales de empleo (Gómez García 2010). Respecto al carácter de ejercicio liberal de las profesiones, en palabras de Moena (2020), las relaciones entabladas no son de tipo laboral sino mercantil, por medio de un contrato definido de prestación de servicios. De esta manera, el colectivo profesional se encuentra desprovisto de un salario, pues se otorga una remuneración económica específica por el producto o servicio brindado. No se cuenta con derechos laborales (vacaciones, aguinaldo, prestaciones) y la responsabilidad del control de prestación del servicio se encuentra en la persona que lo ofrece. Asimismo, el colectivo puede ostentar o no formas de agrupación en su oferta; mientras que el ejercicio profesional continúa regulado por los valores y marcos deontológicos establecidos –tal como en los códigos de ética–. El estudio del ejercicio liberal de Trabajo Social es un espacio incipiente y poco desarrollado en el caso de Costa Rica. A nivel internacional, las investigaciones efectuadas –sobre todo en España– han enfatizado en denominados «ámbitos novedosos de intervención»30 (Caravaca 30 Bajo esta línea, Caravaca Llamas (2019) reconoce que el Trabajo Social denominado «libre» en España se ha reproducido tendencialmente en docencia privada, realización y gestión de proyectos sociales, consultoría social, realización de informes sociales, atención a personas dependientes, ocio y tiempo libre, mediación familiar, ámbito internacional, cooperación y desarrollo, entre otros; no obstante, se cuenta con un espacio emergente de intervención considerada novedosa en gabinetes y consultorías, situaciones de catástrofe o emergencias, funerarias, tecnoadicciones, medioambiente y outsourcing. Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 106 Llamas 2019) para dar respuesta a necesidades sociales emergentes de «nuevos clientes», la incorporación de otras técnicas e instrumentos para el desarrollo de la intervención31 con la participación de profesionales de otras disciplinas (Calvo Marchán y Villaluenga de la Cruz 2017), el aumento de profesionales y, por ende, de la competencia (Moneo Estany 2020), vínculo con innovación y desarrollo, la poca visibilidad (Peiró Viana 2010) y la elección de las personas con experiencia profesional previa que optan por dicha forma de trabajo en aras de conciliar la vida familiar y laboral (Frieiro Padín, Fernández Arias y González Rodríguez 2021). En Puerto Rico, se ha discutido la prestación de servicios ofrecidos por corporaciones privadas que psicologizan la cuestión social e impactan al Trabajo Social clínico (Barreto Cortez, Rosario Rivera y Sánchez Marcano 2016). A su vez, esta forma de ejercicio de la profesión es optada por decisión propia de las personas profesionales que tienen interés en esta área (Frieiro Padín, Fernández Arias y González Rodríguez 2021); sin embargo, no se considera incompatible con la lucha y manutención de los servicios estatales, pues es una forma de complementar la demanda de los servicios mediante contratos con profesionales tanto en planilla como de manera liberal (Calvo Marchán y Villaluenga de la Cruz 2017). Moneo Estany (2020) reconoce que las profesiones liberales se enfrentan a la adaptación de las necesidades del mercado, demanda de prestigio, desarrollo de organizaciones específicas de integración colectiva para brindar el servicio, conocimientos especializados, autodeterminación, autocontrol y representación de intereses propios por medio de la autonomía. Esta autonomía se encuentra, para la autora, en dos planos: propiedad de los medios de trabajo y acceso a «clientes», quienes se benefician de los servicios brindados por libre elección. Dentro de las discusiones efectuadas en otros países, subyace una aceptación en los cambios efectuados dentro del mundo del trabajo, la difusión del «espíritu emprendedor» ante un deterioro del Estado de bienestar y de los logros históricamente consolidados, materializados a partir de la reducción en la asignación de recursos a las instituciones públicas, la imposibilidad de absorber más profesionales en el sector estatal, terciarización y tercerización de la atención y una definición poco clara de las profesiones consideradas liberales –entre las que se encuentra Trabajo Social–. En esta situación, las personas optan por nuevas formas para seguir reproduciendo sus condiciones de vida, en una relación de 31 Calvo Marchán y Villaluenga de la Cruz (2017) aluden a intervenciones vinculadas propiamente desde la dimensión terapéutica como la arteterapia, terapia asistida con animales, teatro social, coaching, terapia Gestalt, terapia sistémica, constelaciones familiares, mindfulness, entre otras. Cascante Vindas 107 oferta y demanda, en la que prima lo que el mercado dicta (Moneo Estany 2020). En el caso costarricense, Esquivel Corella (2014) indica que, a partir de la fundación de la primera Escuela de Servicio Social en 1942, dentro de la Universidad de Costa Rica, paulatinamente se fueron graduando profesionales para dar respuesta a las expectativas académico- universitarias y al proyecto país; no obstante, existían personas insertas en puestos profesionales sin contar con el requerimiento académico de un grado. Para inicios de la década de 1970, la mayoría de profesionales –con licenciatura, egresados de licenciatura, bachillerato y asistentes sociales certificados– se ubicaban en organismos de gobierno central e instituciones de carácter autónomo y semiautónomo. En 1980, resultado de la consolidación del proyecto neoliberal y la crítica al campo de protección y seguridad social, la contratación de profesionales en Trabajo Social «se confrontó con debates sobre la contratación, los regímenes salariales, la materialización de los servicios sociales, las recalificaciones y estrategias de reforma de las instituciones donde el Trabajo Social había legitimado su existencia en Costa Rica» (Esquivel Corella 2014, 95). En relación con el ejercicio liberal, para inicios de 1990, Aguilar Arce, Araya Bolaños y Murillo Segura (1990) contabilizaron 36 personas profesionales del Gran Área Metropolitana, con experiencia previa como asalariadas, que optaron por ejercer de esta manera como complemento a un empleo formal; principalmente, con la finalidad de diversificar las áreas de intervención y mejorar sus condiciones laborales. En este caso, estas personas profesionales cobraban honorarios sin ser parte de la planilla de las organizaciones en servicios asociados con asesorías sociales, consultas familiares o individuales, investigaciones, evaluaciones y estudios especializados. Además, tenían tanto contratos temporales como permanentes. Sobre todo, ofrecían sus servicios en entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, financiadas por organismos internacionales. Durante esa misma década, Valverde Obando (1993) señala una serie de cambios en el Estado costarricense que iban a impactar a la profesión a partir de la supuesta «modernización» generada por los Programas de Ajuste Estructural implementados desde la década de 1980. En palabras del autor, Trabajo Social se encontraba destinado a enfrentar la recesión del mercado laboral tradicional, conllevando a la búsqueda de alternativas de desarrollo y prestación de servicios acordes con el modelo económico neoliberal impuesto, tal como se muestra a continuación: Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 108 A mediano o largo plazo, la profesión podría enfrentarse [sic] una situación caótica de desempleo dada la estrategia de desarrollo institucional seguida por el Estado, al trasladar parte de los servicios sociales al sector privado. Esto puede provocar varios efectos en las instituciones públicas de bienestar social: por un lado, la compra de servicios sociales privados que no esté prestando la institución. Por otro, se esgrime un argumento importante en cuanto a la reducción del gasto público a raíz de la serie de cargas estatales (Valverde Obando 1993, 21, subrayado nuestro). De igual forma, el autor menciona que las personas que optasen por ejercer de manera liberal iban a tener que estar preparadas para el alto costo en tiempo, dinero y esfuerzo intelectual requeridos para competir en el mercado regulado por la oferta, la demanda y por «una mano invisible que escoge con criterio de capacidad, responsabilidad demostrada, currículum profesional del staff, eficacia y eficiencia referencial del servicio deseado, y las tradicionales ‘movidas’ económicas o políticas que violenten las reglas éticas de la comercialización del servicio» (Valverde Obando 1993, 22). Según Carballo (2005), la venta de servicios profesionales en las ciencias sociales responde a la lógica de flexibilización laboral, resultado de los cambios políticos y económicos gestados en las últimas décadas. Para el caso de Trabajo Social, la precarización de las condiciones laborales responde también a la reducción de la planilla estatal y la focalización de las políticas sociales (Carballo 2008). Sumado al deterioro en las políticas estatales gestadas desde la década de los años ochenta que impacta hoy en día la demanda de profesionales en Trabajo Social, se encuentran los cambios que se han dado en la oferta. En este sentido, en los últimos 10 años el mercado laboral para profesionales en Trabajo Social se ha visto agravado por un crecimiento desmedido del 93.42 % del colectivo profesional de Trabajo Social, agremiado al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS)32, tal como se muestra en la figura 1. 32 Respecto a la cantidad de personas agremiadas desglosadas según las universidades que ofertan dicha formación, Cascante (2021) señala que, durante el periodo 2017 al 2020, el 65.16 % de las personas incorporadas provenían de la Universidad Libre de Costa Rica, el 26.41 % de la Universidad de Costa Rica y el 7.67 % de la Universidad Latina de Costa Rica. Por su parte, Sánchez (2020), con base en el reporte de cantidad de diplomas otorgados por las universidades que brindan la carrera de Trabajo Social (para bachillerato, licenciatura y maestría) facilitado por CONARE, menciona que el 63.70 % de los títulos fueron emitidos por la Universidad Libre de Costa Rica, 24.84 % por la Universidad de Costa Rica y 11.46 % por la Universidad Latina de Costa Rica. Es menester destacar que la cantidad de diplomas no es necesariamente coincidente con la cantidad de personas Cascante Vindas 109 Figura 1. Cantidad de personas agremiadas al COLTRAS, periodo 2013-2022. COLTRAS (2022). De manera paralela, ni el Estado ni el mercado han logrado absorber a la cantidad de profesionales existentes, puesto que, según los estudios más recientes identificados, el porcentaje de desempleo del gremio profesional se ha encontrado superior al 10 %, como se observa en la figura 2. Figura 2. Porcentaje de desempleo en Trabajo Social según estudios realizados, periodo 2016-2022. Elaboración propia, a partir de COLTRAS (2019), CONARE (2016 y 2019) y Sánchez Alvarado (2020 y 2022). Al centrar la atención en las personas profesionales en Trabajo Social que se desempeñan de manera liberal, se carece aún de un registro oficial con la cantidad de personas y de un registro general de los diferentes espacios en los cuales se desenvuelven. En su lugar, investigaciones relacionadas con el mercado laboral exponen datos provisionales (no estimados a partir de muestras representativas) del porcentaje de personas trabajadoras sociales en dicho ejercicio33 (véase figura 3). agremiadas, pues estas últimas pueden no estar incorporadas. 33 Durante la Asamblea General Ordinaria del COLTRAS realizada el 30 de septiembre del 2009, se identificó la participación de 9 personas que se desempeñaban de manera liberal dentro de la realización del escalafón profesional. En el 2020, la Comisión de Ejercicio Liberal del COLTRAS(2021a) detectó, a partir de la realización de una encuesta, a 26 personas agremiadas al COLTRAS que ejercían de esta forma. A su vez, el estudio más reciente desarrollado por Sánchez (2022) identificó 7 personas agremiadas al COLTRAS en la clasificación «ejercicio liberal» y 38 en «servicios profesionales» de una muestra de 790. Las personas identificadas, para efectos de esta investigación, por la imprecisión teórica y operativa que genera dicha división, representan un total de 45 profesionales. Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 110 Figura 3. Porcentaje de profesionales en ejercicio liberal en Trabajo Social según estudios realizados, periodo 2016-2022. Elaboración propia, a partir de COLTRAS (2019), CONARE (2016 y 2019) y Sánchez Alvarado (2020 y 2022). La oferta de manera liberal involucra, a diferencia del salario en una relación laboral, el contar con una estimación del costo de los bienes y servicios brindados, así como la responsabilidad de la persona profesional de cubrir otros costos considerados requisitos para poder ofrecer el servicio34. Desde finales de la década de los noventa, se ha discutido ante el COLTRAS la necesidad de contar con una tabla de honorarios que oriente el costo de los servicios que se brindan a nivel liberal y que permita visualizar los campos de intervención existentes (Munguía Páez 1997). No obstante, a pesar de haber existido propuestas35, en la actualidad no se cuenta aún con un tarifario profesional, debido al impedimento legal de no contar con decreto ejecutivo publicado por remisión de la ley orgánica36. En su lugar, únicamente, se cuenta con la hora profesional establecida en ₡32 80037, según Acuerdo V-01 de la sesión ordinaria 34 En Costa Rica, una persona profesional en Trabajo Social que se desempeñe de manera liberal debe contemplar el cumplimiento de ciertos requisitos: estar al día en el pago de la colegiatura ante el COLTRAS, tener un seguro como persona trabajadora independiente ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), cuyo monto varía según los ingresos netos percibidos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Aseguramiento Contributivo de los trabajadores independientes; factura digital; firma digital; póliza de riesgos de trabajo; declarar y pagar, mensualmente, el impuesto al valor agregado (IVA), y, de manera anual, el impuesto de renta, que también tiene un monto variable según el cálculo de renta para personas físicas con actividad lucrativa establecido por el Ministerio de Hacienda. Lo anterior, sumado a la posibilidad de que en los concursos se solicite tener patente, pagar fondos de garantías, timbres y la subcontratación de otros servicios para cumplir con lo solicitado (alimentación, alquiler de salones, entre otros). 35 Por ejemplo, en la Sesión Ordinaria Virtual Nº02 de la Comisión de Ejercicio Liberal del COLTRAS(2021b) del COLTRAS celebrada el 9 de marzo 2021, fue expuesta y aprobada una propuesta de tarifario profesional, la cual no ha sido elevada a Junta Directiva ni se han efectuado gestiones para su divulgación mediante un Decreto Ejecutivo. 36 Cabe recordar, que la Ley No. 3943 Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales data del año 1967 y no ha logrado aún ser actualizada. 37 Según el tipo de cambio de venta del dólar establecido en ₡546.48 por el Banco Central de Costa Rica para el 30 de marzo del 2023, la hora profesional representa $60.02. Cascante Vindas 111 presencial 0012-2020-O de la Junta Directiva del COLTRAS. No obstante, el establecimiento de dicha hora profesional involucra una serie de limitantes. Por un lado, el cálculo de los servicios brindados no puede efectuarse de manera mecánica multiplicando la cantidad de horas de duración en la planificación y ejecución de las labores por el monto establecido, pues resulta poco orientadora para quienes se desempeñan en dicha labor y para entes contratantes. A su vez, la hora es de uso opcional tanto para empleadores como para el gremio en general, pues no se encuentra establecida por Decreto Ejecutivo –como sí se determina con los costos de los servicios establecidos por otros colegios profesionales–. En concordancia con lo expuesto, el Código de Ética profesional del año 2021 refiere en el artículo 24 de salarios y honorarios, lo siguiente: Las personas profesionales en Trabajo Social que se desempeñen en el ejercicio liberal tienen el derecho de recibir honorarios justos y acordes con el servicio que han prestado. Al establecerlos, deben tomar en cuenta las tarifas establecidas por el COLTRAS que es el órgano responsable de establecer el valor de la hora profesional. En caso de que un servicio tenga características especiales y por esa razón no exista una normativa para valorarlo, será el COLTRAS el encargado de regular los honorarios mínimos de acuerdo con el grado académico, la experiencia y el tipo de actividad desarrollada con el objetivo de evitar la competencia desleal y propiciar el establecimiento de una remuneración justa y equitativa. A pesar de la oferta existente para el caso del ejercicio liberal en Trabajo Social, el Estado costarricense evidencia una contradicción, pues a pesar de que –como se va a exponer más adelante– ha existido y existe actualmente una demanda estatal para la contratación de profesionales por dicha vía, en determinados espacios profesionales se cuestiona si Trabajo Social puede desempeñarse de manera liberal. Lo anterior, bajo el estandarte de eliminar beneficios como la dedicación exclusiva para las personas profesionales contratadas en planilla. Con respecto a esto, la Procuraduría General de la República indica que la administración activa38 es la responsable de definir la naturaleza liberal o no de una profesión (Mesén y Villavicencio 2022), con lo que se abre el portillo a diferentes interpretaciones según el espacio institucional. 38 Según el artículo 2 de la Ley N.º 8292 Ley General de Control Interno, se define administración activa como «a) Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia». Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 112 La demanda particular de servicios de Trabajo Social y general de profesionales en ciencias sociales por parte del SICOP Dentro de los espacios donde se ha ejercido el Trabajo Social liberal, se encuentra el Estado costarricense; instancia en la que la profesión ofrece sus servicios y estos son contemplados dentro de lo que actualmente se conoce como SICOP. No obstante, este sistema es resultado de un proceso de «modernización», que se ha gestado desde décadas atrás. Dentro de dicha lógica, a inicios del año 2000 se buscó la estandarización y automatización de las compras públicas, como se señala a continuación: A nivel internacional, se reconoce que el uso de sistemas digitales centralizados para la contratación pública constituye una práctica que promueve la eficiencia y la eficacia en las compras públicas, al permitir ahorros derivados de mayor competencia, mejores precios, reducción en los plazos, trazabilidad de los procesos y disminución de incentivos a actos de corrupción, entre otros aspectos. Lo anterior, al tiempo que promueven la transparencia y facilitan el control ciudadano (División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 2021, 01). Las acciones para promover las contrataciones electrónicas en Costa Rica iniciaron en el año 2001 con la plataforma CompraRed, operada por el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, en el 2010, se utilizó Mer- link, operada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y, en el 2015, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 38830-H-MICITT, se estableció que la plataforma tecnológica para la tramitación de procedimientos de contratación administrativa de uso obligatorio era el SICOP, plataforma provista por Radiográfica Costarricense (RACSA) (Bolaños Ballesteros y Rodríguez Arias 2021). En el año 2016 con la promulgación de la Ley N.º 9395 Transparencia de las contrataciones administrativas, por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa, se estableció la obligatoriedad para que toda actividad de contratación regulada por la Ley de Contratación Administrativa o por régimen especial, se realizara por medio del sistema digital de compras públicas39. Además del carácter obligatorio, 39 Existen otros instrumentos normativos asociados con la temática: Decreto N.º 33411-H Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto N.º 41438-H Reglamento de uso del SICOP y Directriz 025-H dirigida al sector público que instruye a Cascante Vindas 113 se divulgó la relevancia de contar con un medio unificado y centralizado para dotar los procedimientos de contratación administrativa de mayor transparencia, trazabilidad, estandarización y digitalización (División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 2021). Este aspecto impactó tanto a las instituciones que demandan los servicios como a las personas físicas y jurídicas que ofrecen. Según el Informe de Gestión del SICOP (2022), al cierre del año 2022, se contaba con un total acumulado de 407 instituciones compradoras registradas, 42 487 proveedores registrados, entre los que se encuentran profesionales en Trabajo Social, y 206 194 procedimientos publicados en línea40. Con el fin de comprender históricamente la oferta de servicios de Trabajo Social y la demanda por parte de las instituciones que hacen uso del SICOP, se efectuó un análisis estadístico de una muestra no representativa (n) de 73 concursos de un universo (N) de 347. Esta muestra fue obtenida a partir de los reportes de concursos publicados y adjudicados, específicos, para Trabajo Social o, en general, para profesionales en ciencias sociales, descargados de la página web oficial del sistema para el periodo 2010-2022. Dentro de los concursos se hace uso del Catálogo de bienes y servicios, instrumento oficial de uso obligatorio según el Decreto N.º 41438-H Reglamento de uso del SICOP, en el cual se clasifican e identifican los bienes, obras y servicios requeridos por las instituciones usuarias y ofrecidos por las personas físicas y jurídicas proveedoras registradas. Sumado a ello, se usa un código de clasificación basado en el Catálogo estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas. las instituciones para utilizar el SICOP en procedimientos de contratación con recursos del Presupuesto Nacional. 40 A pesar del registro oficial publicado en la página web de SICOP, en el 2021 la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (2021) de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que el 27.1 % de los montos adjudicados en el Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) se habían efectuado fuera de SICOP. Asimismo, detectó 229 instituciones que sí hacían uso de dicho sistema, de las cuales el 11.7 % reportó un ahorro de manera cuantificada en papelería y mejores precios de adjudicación. Como contraparte, el 22.4 % de las instituciones participantes continuaban registrando adjudicaciones por otros medios distintos al SICOP y no se contaba con un uso pleno de todos los módulos según las etapas definidas en el procedimiento (solicitud del procedimiento o adjudicación recepción del bien, gestión de pago y evaluación del proveedor). Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 114 Sin embargo, los servicios brindados por Trabajo Social41 no cuentan con un código específico ni tampoco existe homogenización en las instituciones para utilizar un único código para los concursos en los que participa la profesión. Por este motivo, la identificación de concursos se realizó a partir de la descripción de cada licitación bajo las palabras claves «Trabajo Social» y «ciencias sociales», las cuales posteriormente fueron depuradas mediante la revisión individual de los términos de referencia. A su vez, varios concursos identificados cuentan con más de una línea de servicios requeridos –práctica común en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)–, por lo que parte del análisis se realiza con base en 112 líneas de los 72 concursos analizados. Para el caso de los concursos publicados, adjudicados, desiertos o infructuosos, la mayoría (48.61 %) provienen de instituciones autónomas (PANI, Banco de Costa Rica [BCR], Instituto Nacional de Seguros [INS] y universidades públicas), seguido del Gobierno local (45.83 %) (municipalidades predominantes en el Gran Área Metropolitana) (véase figura 4). Figura 4. Distribución porcentual de concursos para Trabajo Social y Ciencias Sociales en general en SICOP según tipo de organización, periodo 2010-2022. Dentro de los respectivos concursos, el 12.50 % han sido reiterados (publicados de nuevo) en entidades como el PANI y BCR, al no haber sido concursos previos adjudicados o declararse desiertos. Respecto a las líneas de servicios analizadas, el 44.64 % representa concursos en los que el perfil es exclusivo para profesionales con un grado universitario en Trabajo Social y en un 26.79 % se solicitaba la conformación de un equipo profesional (del propio colectivo gremial o en 41 Dentro de la categoría 93 Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos, se identificaron códigos vinculados con servicios de prevención o control de abuso de drogas, servicios de política social, servicios de bienestar social, servicios de administración del Trabajo Social, servicios de análisis y gestión de problemas sociales, estudios de estructura social o servicios relacionados, estudios de grupos sociales o servicios relacionados. Autónoma Gobierno local Ente público no estatal Semiautónoma Organo desconcentrado 48.61 % 45.83 % 1.39 % 1.39 % 2.78 % Cascante Vindas 115 conjunto con psicología). Al identificar los perfiles con los cuales compite Trabajo Social (concursos abiertos a diferentes perfiles) se encuentran los detallados en la tabla 1. Tabla 1. Distribución porcentual de los perfiles competidores de Trabajo Social en SICOP Nota. Se utilizan los datos de las 112 líneas de servicios analizadas, las cuales pertenecen al periodo 2010-2022. Al identificar la cantidad de oferentes, en el 23.21 % de los concursos abiertos, solo se postuló una persona física o jurídica, en un 52.68 %, entre 2 y 4 y, en un 14.29 %, entre 5 y 10. Para el caso de concursos específicos para Trabajo Social, en el 36.00 % de los concursos únicamente hubo una postulación, en un 44.00 %, entre 2 y 4 y, en un 4.00 %, entre 5 y 10. Entre estos, no se contabilizan los concursos desiertos. La competencia respecto al tipo de persona seleccionada por la institución para brindar el servicio es similar en los concursos abiertos, con una representación del 51.69 % de personas físicas y un 48.31 % de personas jurídicas. En los concursos específicos para Trabajo Social, el 61.11 % lo componen personas físicas y el 38.89 % personas jurídicas. En aquellos concursos en los que Trabajo Social compite con otros perfiles, el 80.65 % fueron adjudicados a estos últimos; es decir, tendencialmente, la profesión no cumple o no obtiene el puntaje suficiente para ser seleccionada cuando concursa frente a otras ciencias sociales. Dentro de los requisitos de los concursos abiertos´, se solicita como mínimo un grado de bachillerato universitario (28.57 %), licenciatura (70.54 %) y maestría (0.89 %). Además, en 26.79 % de los concursos no se indica una cantidad mínima de años de experiencia, seguido de menos de 2 años con un 21.43 %. Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 116 En los concursos específicos para Trabajo Social, se priorizó el grado de bachillerato (32.00 %) y licenciatura (68.00 %); mientras que, respecto a la cantidad mínima de años de experiencia, se solicitó, en el 42.00 % de los casos, menos de 2 años y, en un 26.00 %, de 4 a 6 años. En contraposición a los años de experiencia, en el 39.29 % de la totalidad de las líneas de los concursos estudiados (principalmente en el PANI), se solicitaron conocimientos específicos de las personas oferentes que garantizaran idoneidad para brindar el servicio ofertado42. Una discusión que se encuentra presente en las líneas de los concursos son las labores o productos esperados como parte de la oferta. Para el caso de Trabajo Social, predomina la realización de estudios socioeconómicos (70.00 %) e informes sociales (48.00 %) (véase figura 5). Figura 5. Labores y productos esperados en los concursos para Trabajo Social en SICOP según tipo de organización, periodo 2010-2022 En los concursos abiertos a las ciencias sociales, las labores o productos de alguna forma consideradas «genéricas» se asocian principalmente con talleres y capacitaciones (96.77 %); aspecto que debe ser discutido desde las competencias propias de la categoría profesional y las atribuciones que históricamente le han sido asignadas a Trabajo Social. Las competencias se evidencian en la asignación de productos considerados específicos para la profesión (el estudio socioeconómico y el informe social) en espacios de índole asistencial (Cascante 2022); mientras que los talleres y capacitaciones refieren a una atribución de índole socioeducativo en la que se abre el portillo para sumar personas trabajadoras sociales como parte de otros perfiles, considerados de igual forma competentes para desarrollar la labor. Finalmente, resulta menester destacar cómo el criterio de precio, dentro de una expresa lógica de mercado, se constituye en determinante para la selección de la oferta presentada por cada institución. De esta manera, en el 69.64 % de los casos, el peso del criterio precio es mayor al 50 % y menor o igual al 75 % (véase tabla 2). 42 Por ejemplo, en determinados concursos se solicitaban conocimientos en: enfoque de derechos, proyectos, disciplina positiva, ciudadanía, comunicación asertiva, técnicas dinámicas, etc. Cascante Vindas 117 Tabla 2. Valor porcentual del criterio de precio Nota. Los valores presentados corresponden a las líneas de los concursos ofertados en SICOP, periodo 2010-2022 Lo anterior, se complementa con el hecho de que, en el 69.64 % de los concursos adjudicados, la persona seleccionada ofertó un precio con un rango entre 50 % y menos del 75 % menor al precio total estimado por la organización. Esta práctica responde a una lógica denominada de «sobrevivencia» en el mercado competitivo, por parte de las personas profesionales en aras de obtener un ingreso a partir de la adjudicación. Dicha práctica se distancia de los costos definidos en los tarifarios definidos de sus gremios profesionales43. Reflexiones finales A manera de cierre, la reflexión particularizada en la oferta de servicios dentro del SICOP, permite comprender cómo el Estado costarricense continúa siendo un empleador y potencial contratante de los servicios profesionales de Trabajo Social. No obstante, los cambios efectuados bajo el discurso de la «modernización», implementados desde la década de 1980 que mutan para el caso de las compras públicas en discursos y mecanismos de transparencia y competencia, son resultado de las mismas transformaciones que se viven en el mundo del trabajo. 43 En el 2020 la Fiscalía del COLTRAS con apoyo de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), realizó una consulta a diferentes colegios profesionales con el fin de indagar lo siguiente: tarifarios establecidos para cobros de honorarios, cantidad de incorporaciones y cantidad de personas que se graduaban por año. Con base en la respuesta de 19 colegios profesionales, se identificó que un 42 % de los colegios consultados poseen su tarifario profesional regulado por acuerdo de Junta Directiva, un 27 % posee su tarifario regulado por medio de Decreto Ejecutivo, un 16 % regula honorarios por medio únicamente del Ministerio de Trabajo, un 5 % mediante resolución de la Dirección General de Servicio Civil, un 5 % mediante reglamento y un 5 % no brindó respuesta (Cascante 2020). Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 118 A su vez, las condiciones de contratación de las personas profesionales, a través de las compras públicas en el Estado costarricense, son reflejo de la flexibilidad laboral que enfrentan las personas profesionales de las ciencias sociales, quienes, según Carballo (2005), han enfrentado históricamente cambios en las condiciones de contratación por parte del Estado y las organizaciones no gubernamentales; situación que no excluye a Trabajo Social, al formar parte de este colectivo y ser parte de la clase trabajadora que buscar reproducir sus condiciones de vida, según los cambios efectuados en la oferta y la demanda. Sin negar la génesis de la profesión, el ejercicio liberal en Costa Rica evidencia ser una forma aún incipiente de reproducción del Trabajo Social a nivel estatal, ya no como personas asalariadas, sino bajo la denominación de proveedores de un servicio. Al igual que lo menciona Moneo Estany (2020), el ejercicio liberal dentro del Estado no se encuentra ajeno a los procesos burocráticos ya existentes, a lo que se suma las prácticas competitivas del mercado y las contradicciones en la indefinición de si Trabajo Social puede o no desempeñarse de manera liberal. Estos aspectos son coincidentes en el caso de Costa Rica. Tal como pudo evidenciarse, en esa relación de oferta, se cuenta no solo con una competencia intragremio (entre las personas profesionales que se desempeñan de manera liberal), sino, también, con otras profesiones, entre las que destaca psicología en labores de índole socioeducativo promocional. Es decir, Trabajo Social no solo compite dentro del mercado como representante de una misma categoría profesional en labores sumamente específicas asociadas al sector asistencia social (informe social y estudio socioeconómico), sino también, contra otras profesiones de las ciencias sociales que se considera cuentan con potestades y atinencias para desempeñar funciones similares. En aquellos concursos en los que existe un perfil abierto de contratación, Trabajo Social se encuentra en evidente desventaja, al no ser el perfil seleccionado en la mayoría de las líneas estudiadas. Esto no responde necesariamente a una selección bajo el criterio de tipo de profesional, sino a la lógica competitiva del «mejor postor». Los perfiles estudiados establecen requisitos mínimos en los que destaca un grado universitario de licenciatura y experiencia laboral que ronda los dos años. Además, en casos específicos, se piden conocimientos asociados a las temáticas ofertadas (comprobados mediante atestados o declaración jurada). Estos criterios son definidos por las mismas instituciones. Ante esta situación, las personas profesionales recién egresados de los espacios universitarios se ven limitadas de competir, Cascante Vindas 119 pues cuentan con un grado de bachillerado y disponen de poca o nula experiencia laboral. Este colectivo profesional es continuamente engrosado, a partir del crecimiento desmedido en los últimos diez años. En contraposición a los procesos de profesionalización, Hernández Echegaray (2018) menciona que la desprofesionalización en Trabajo Social se gesta a partir de la precarización en la provisión de servicios sociales, precarización del mercado de trabajo, burocratización del campo y quehacer profesional, codificación y estandarización de la profesión y la fragmentación del proceso de conocimiento. En este caso, la desprofesionalización coincide con lo ya estudiado por Benito Sánchez y Chinchilla Montes (2016), quienes desde años atrás evidenciaron en Costa Rica un mercado de trabajo fragmentado, al tener las instituciones públicas que requerir a células profesionales contratadas (en este caso de manera liberal) para dar respuesta a sus servicios. Actualmente, la precarización de las condiciones de trabajo del colectivo en ejercicio liberal en el Estado costarricense se evidencia de manera general –no bajo un análisis exhaustivo– en una definición a priori del monto presupuestario y la prioridad del costo, como criterio de selección de las ofertas. Esto se agrava para las personas profesionales al enfrentar la contradicción de conseguir una fuente de ingresos temporal siendo considerados proveedores de un servicio, sin garantía necesaria de cubrir los costos asociados a dicha prestación o encontrarse acorde el cálculo del monto con la hora profesional establecida por el COLTRAS, único referente orientador que existe para definir el monto, al no cubrir la denominación «salario» por no encontrarse una relación laboral. Resulta interesante que en el 48.61 % de los concursos publicados, adjudicados, desiertos o infructuosos provienen de instituciones autónomas, en las que destaca el PANI, y en el 45.83 % del Gobierno local. Esta situación es reflejo de los procesos de subcontratación y de la asignación de recursos con los que cuentan estas mismas entidades dentro del Estado neoliberal, quienes no logran dar respuesta a sus servicios con el personal que cuentan y optan por delegar de manera tercerizada a otras personas profesionales. La discusión del término «cliente» a lo largo de los concursos analizados del SICOP es otra representación de la noción mercantilista en la que se presta un servicio, ya no a un colectivo sujeto de derechos, sino a un cliente que contrata un servicio. El «cliente» no corresponde finalmente a la población usuaria sino la institución, a la cual Trabajo Social responde en primera medida y quien ejerce control por medio de la aprobación de los productos esperados. Ejercicio liberal en Trabajo Social: la venta de servicios al Estado en Costa Rica 120 La investigación expuesta se desarrolló desde el ámbito de la oferta y la demanda en SICOP, lo cual no agota las posibilidades de continuar explorando otras configuraciones, vivencias, expresiones de precarización y flexibilidad para el ejercicio de la profesión desde el ámbito liberal ni tampoco la adquisición de servicios desde las compras públicas. 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