Origen, crisis empresarial y 1 privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque (CATSA), Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) Recibido: 9 de mayo 2017 Resumen:  .Este artículo aborda las relaciones clientelares entre el Estado Revisado: 1 de agosto 2017 costarricense y la Central Azucarera del Tempisque, S.A. (CATSA), en el Aprobado: 14 de agosto 2017 periodo de 1975 y hasta 1990. CATSA fue una empresa forjada con dineros públicos, que beneficiaba al sector cañero guanacasteco y que luego, en un contexto convulso, fue transferida a inversores privados. En sus primeros Jorge Marchena Sanabria años, el ingenio fue acuciado por múltiples crisis, tales como una huelga y Costarricense. Tiene un problemas financieros que la orillaron a la bancarrota. Esto permitió debilitar bachillerato en Historia y la imagen del Estado interventor y favorecer la promulgación de teorías del una maestría en Historia libre mercado. La metodología empleada, afín a la historia empresarial, Aplicada con énfasis en la analizó los orígenes de la empresa, sus dirigentes y principales vicisitudes en Historia del Poder y Control los años bajo la égida estatal. Social ambos por parte de la Escuela de Historia de la Palabras clave: Historia empresarial; ingenios; caña de azúcar; clientelísmo; Universidad Nacional. Ha huelgas; privatización; Guanacaste sido docente en la Universidad Nacional y Origin, business crisis and covert privatization of the Central actualmente en la Azucarera del Tempisque (CATSA), Guanacaste, Costa Rica Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. (1975-1990) Colabora en el Centro de Abstract: This article addresses on the clientelist relations between the Costa Investigaciones en Identidad Rican State and the Central Azucarera del Tempisque, S.A. (CATSA), in a y Cultura Latinoamericanas period between 1975 and 1990. CATSA was a company forged with public (CIICLA). funds, which benefited the Guanacastecan sugarcane sector and then, in a Correo electrónico: convulsive context, was transferred to private investors. In its early years, the jorge.marchena@ucr.ac.cr mill was plagued by multiple crises, such as a labor strike and financial problems that bordered it to bankruptcy. This allowed the weakening of the Wellfare state and favoring the promulgation of free market theories. The methodology used, related to business history, analyzed the origins of the company, its leaders and main troubles in the years under the state control. Key   words:  Business history; sugar mills; sugar cane; patronage; labor strikes; privatization; Guanacaste http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 2 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) Introducción El caso de la Central Azucarera del Tempisque, Sociedad Anónima (CATSA), debería ser un ejemplo central para ilustrar los excesos del modelo denomi- 1. Esta concepción del modelo nado como Estado Empresario en la década de 1970,1 así como para deno- estatal, preconizada por el tar los procedimientos poco democráticos y la transferencia de la riqueza pú- PLN, se cristalizó en el proyecto de la Corporación blica a sectores privados y extranjeros en un contexto de auge del libre mer- Costarricense de Desarrollo cado y advenimiento del Consenso de Washington, en el siguiente decenio (CODESA), el cual presuponía que el aparato público de 1980. La presente investigación tiene como objetivo comprender el tránsi- desarrollaría empresas to en Costa Rica, de una economía de Estado interventor, a un modelo afín catalogadas como riesgosas; al neoliberalismo-libre mercado de finales del siglo XX. Es una historia em- sectores que la iniciativa privada debía invertir presarial, una revisión de conflictos sociales, de las ambiciones de grupos cuantiosas sumas en terrenos, económicos poderosos y sus influencias –tras bambalinas– en la política cos- infraestructura, capacitación tarricense. del personal y tecnología, sin esperar un retorno inmediato. El argumento central que guía esta exposición se enfoca en examinar el pa- pel que CATSA, desde su creación, comenzó a jugar como elemento de vin- culación entre el Estado costarricense y los ingenios privados guanacaste- cos; y cómo, a través de la Central Azucarera, el Estado promovió y fortaleció ampliamente el desarrollo azucarero del Pacífico Norte, canalizando recursos públicos hacia el sector privado, a través de mecanismos que se podrían cali- ficar como clientelares. Precisamente, en el ingenio situado en la cuenca me- dia del Tempisque, se emplearon miles de millones de colones del erario pú- blico para constituir una empresa azucarera de alta envergadura y, luego, por diferentes razones, la planta fue transferida lentamente al sector privado; pro- ceso que se concretó en buena medida durante los años noventa. El clientelismo consiste en una relación entre dos actores: uno que posee el poder (el patrón), entendido esto último como el que tiene acceso a los recur- sos públicos y otro que necesita de ellos (el cliente), por lo que entre ambos se construye una relación de intercambios de favores o servicios, situación que se reconoce bajo el término de red diádica (Maíz 2003, 7). Es frecuente que la mayor parte de las investigaciones acerca del clientelismo, tienden a reducir las dimensiones del concepto y se concentran exclusivamente en el tipo electoral o de partido, mismo que se refiere a la práctica de comprar vo- tos por parte de los políticos y a cambio de favores y dádivas –bonos de vi- vienda, puestos públicos menores, entre otros– a las clases subalternas (Ca- zorla 1992). Investigaciones recientes señalan que debería darse mayor atención a los casos en que estas prácticas se establecieron entre actores políticos y eco- nómicos que, en última instancia, permitieron al Estado favorecer empresas que alcanzaron un alto nivel dentro de sus respectivos ramos (Combes 2011, 19). En palabras más simples, son grupos con alto poder económico, que Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 3 buscan el apoyo estatal para incrementar su riqueza u obtener apoyo en sus costosas inversiones de infraestructura. Como un punto adicional para adoptar esta propuesta de clientelismo, otros autores han enfatizado que, cuando los bienes o servicios que el patrón brin- da a su cliente, lo benefician de una forma directa y exclusiva, así como por un largo periodo de tiempo; es más claro que se está frente a favores cliente- lares (Hopkin, 2006, 4).2 Lo descrito anteriormente, es precisamente lo que 2. Cristina de la Torre también planteamos que pudo ocurrir con CATSA: el Estado (el patrón – actor político) señala que el clientelismo no es necesariamente asimétrico transfirió cuantiosos recursos a los cañeros del Pacífico Seco (cliente – actor ni vertical, más bien, se económico) y, dado que estos subsidios fueron elevados y frecuentes por asemeja a una pirámide escalonada, permitiendo el más de 15 años, permitieron que se consolidara una sólida empresa azuca- ascenso (turbio, como ella rera. misma señala); su aplicación extendida a lo largo del tiempo Metodológicamente, este trabajo siguió lineamientos de historia empresarial y posibilita, por otra parte, que también social. En primera instancia se buscaron los aspectos básicos de la los clientes se tornen en patronos y construyan sus empresa (año de fundación, cooperativización, venta), los principales aconte- propias redes de aliados cimientos, luego se elaboró una cronología básica y a partir de estos, se lo- (Torre, 2001, 7-11). graron armar y estructurar las principales etapas que experimentó la Central como empresa estatal. Es una historia social y política, puesto que se profun- dizó en la huelga, las tensiones que de ésta derivaron, así como los proyec- tos políticos que los grupos de poder tejieron en torno a esta compañía. Si bien el trabajo empleó una gran cantidad de fuentes hemerográficas, se revi- saron las posturas que alrededor de un mismo suceso publicaron distintos periódicos; es decir, se compararon y se confrontaron las notas recopiladas; sumándolas a los valiosos legajos hallados en el Archivo Nacional; entre otras fuentes. De esta forma, se explorará el desarrollo de la Central Azucarera en un perio- do aproximado de 20 años, partiendo del momento de su fundación oficial por el Estado costarricense, para luego adentrarnos en la compra de la ma- quinaria industrial, su apertura y primeras zafras, desembocando en el cierre forzoso de su destilería en 1980 y una peculiar amenaza de bancarrota en los siguientes años. Seguidamente, se analiza el controvertido proceso de transferencia al sector cooperativo y la estabilidad gerencial-económica que sorpresivamente adquirió a partir de 1990. Cerramos la disertación con una revisión acerca de la absorción de la empresa a manos de un consorcio azu- carero guatemalteco. El desembarque de la “chatarra oxidada” Ante el crecimiento del mercado del azúcar en la década de 1960 y las gran- des expectativas que se tejían alrededor de las potencialidades de éste, pau- latinamente se fue gestando el proyecto de constituir un ingenio propiedad del Estado. Aunque se temió el riesgo de la sobreproducción, importantes descensos en la obtención de azúcar a mediados de dicha década (un déficit de 500 000 quintales), confirmaron la necesidad de asegurar el abasteci- miento. La figura que condujo a la creación de CATSA fue Álvaro Jenkins, Mi- http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 4 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) nistro de Obras Públicas en la última administración de Figueres Ferrer (1970-1974) y para el año de 1974, representante personal en CODESA del nuevo presidente, Daniel Oduber Quirós. CATSA se concibió originalmente como una empresa mixta, ya que al lado de CODESA invertiría la Cámara de Azucareros. La propuesta de Jenkins y los otros involucrados, consistió en comprar infraestructura de segunda mano para disminuir los costos, en este caso el Ingenio Los Caños originalmente ubicado en Puerto Rico. La Cámara controlaría el 51% de las acciones y su labor se enfocaría en la instalación del complejo agroindustrial. Pero ésta exi- gió: a) un 60% de la participación (los dueños de los terrenos contarían con un 25% y el restante 15% le correspondería a CODESA), b) la previa inspec- ción de las máquinas, la compra del terreno y c) exenciones fiscales, entre otras condiciones (Vega, 1982, 66). Sin embargo, el verdadero problema era la obtención de tierras, ya que ante las dificultades de encontrar terrenos ap- tos en Guanacaste, se vislumbró la posibilidad de trasladar el proyecto a Pé- rez Zeledón o Palmar Sur, pero la opción fue rechazada ya que el nuevo muelle azucarero de Punta Morales, Puntarenas y el mismo favoritismo de Oduber hacia la región del Pacífico Seco, inclinaron la balanza para que el nuevo ingenio fuera en la bajura (Vega, 1982, 67). El proyecto de CATSA nació con muchas limitaciones, entre ellas, la Cámara desistió de toda participación tras la decisión de CODESA de adquirir unos terrenos pantanosos de difícil irrigación en el norte de Carrillo y en las orillas del Tempisque; un área de inundaciones naturales. Las inversiones para dre- nar, construir canales y diques, sin duda serían cuantiosas. De todos modos, diferentes personeros de la Cámara de Azucareros se convirtieron en miem- bros de la Junta Directiva de CATSA, tales como el citado Jenkins, Mario Ho- ffmaister y Alonso Lara, de Taboga, Bernardo Kopper, de La Esmeralda (en Grecia), y Arturo Rojas, de Atirro. Bajo la dirección inicial de miembros claves de los grandes ingenios del país, CATSA se constituyó legalmente en 1975. Además, se instaló una destilería, ya que ante los crecientes aumentos en los precios de los hidrocarburos, la producción de energía con alcohol era una idea potencialmente aprovechable, por la que se barajaba la posibilidad de exportarlo a gran escala. El complejo agroindustrial de CATSA se adquirió en Puerto Rico y el proyecto 3. Otros estudios aseguraban una prometedora primera zafra dispuso de un monto cercano a los seiscientos millones de colones, financia- programada para abril de 1978, dos a través del Sistema Bancario Nacional (SBN) y otros créditos extranje- que procesaría cerca de las ros. La capacidad de procesamiento de la planta era de unas 245 mil tonela- 150 000 toneladas métrica de caña (en adelante TM), de las das de caña, de las cuales, la mitad se destinaba a la producción de azúcar y cuales se obtendrían unas 18 la otra para la destilería. Se esperaba obtener un aproximado de 9 800 000 000 toneladas de azúcar crudo, 28 000 del blanco y 15 000 kg de azúcar y se podrían producir hasta 240 mil litros diarios de alcohol an- toneladas de melazas; los dos hidro (“Central Azucarera Tempisque S.A. (CATSA). Análisis integral de la últimos productos se dirigirían empresa”, 1979, 22).3 al mercado interno, mientras que el primer rubro se De forma paralela, tras bastidores se desató una intensa batalla política. Da- exportaría (“Sección Central Azucarera Tempisque S.A. en: niel Oduber Quirós, Álvaro Jenkins Morales y Juan Bonilla Ayub (por aquel Expansión Azucarera 1977- entonces, presidente ejecutivo de CODESA) –algunos de los más enconados 1982”, 1978, 3). defensores de CATSA– tenían la opinión consensuada de que el ingenio pro- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 5 duciría poco más de un 9% del azúcar nacional y procesaría cerca de un 23% de la caña en la región del Pacífico Seco. Igualmente, aseguraban que la Central fortalecería la posición del país como exportador de azúcar (Sojo, 1984, 211). Rivalizando con esta posición, se encontraban diversas figuras públicas, entre ellas destacó el representante ante CODESA por la Cámara de Industrias, Richard Beck, el cual llegó a mencionar que el sector privado sí pudo haber llevado a cabo un proyecto de la magnitud de CATSA, pero que las bajas cotizaciones en el mercado mundial del azúcar impidieron que se diera un interés suficiente. Otra voz influyente que se unió a las críticas contra la azucarera fue la del ex diputado liberacionista Rodrigo Carazo Odio, quien en aquella ocasión consi- deró que el ingenio era excesivamente costoso. La maquinaria, en su mayor parte, provenía del citado ingenio Los Caños en Puerto Rico, la cual pertene- ció a una cooperativa local que fue cerrada por el gobernador Rafael Hernán- dez Colón, luego de que reportara grandes pérdidas económicas. El gobierno puertorriqueño a su vez lo había adquirido en 1972, pero los malos resulta- dos de las subsecuentes zafras convencieron a la administración de su cierre y posterior venta. Comprar el ingenio no fue tarea fácil, muchos diputados se opusieron al pro- yecto, destacando, como Carazo, su precio injustificable. A lo que CODESA respondió, que si bien el equipo tuvo un costo de quince millones de dólares, uno nuevo hubiera superado, por lo bajo, los treinta millones de dólares (“Costa Rica negocia central azucarera” 1974, 5. Murillo, 1977, 6). Tras múlti- ples contratiempos para aprobar su compra, en abril de 1977 el coloso indus- trial arribó al puerto de Puntarenas; pero acompañado de más críticas y repu- dio, ya que muchos trabajadores destinados a su desembarque afirmaron que lo adquirido era “pura chatarra”. Nuevamente, Bonilla Ayub, el presidente de CODESA, replicaba que se trataba de unas pocas piezas que habían per- dido la pintura y, además, que los puertorriqueños al vender todo el complejo, “embarcaron las latas de zinc viejas y oxidadas que venían cubriendo las bo- degas”. Las “corroídas” piezas arribaron en el vapor nicaragüense “Hondu- ras-Corinto”, mientras el transporte y montaje del ingenio era adjudicado a la empresa puertorriqueña-costarricense “Abarca y Carrez”, por un monto im- preciso que se ubicó entre los veinticinco y los treinta ocho millones de colo- nes; lo que iba anunciando los grandes costos que acarrearía la joven azuca- rera (“Llegó el ingenio para Guanacaste” 1977, 5. “Ingenio será base de com- plejo industrial” 1977, 3). Mientras se transportaba la maquinaria perteneciente al nuevo ingenio; en Guardia de Liberia y en el cantón aledaño de Carrillo, se tenía prevista la in- flada suma de 7000 Has para sostener la actividad cañera del nuevo comple- jo agroindustrial, aunque en la realidad, CODESA apenas sembró, en una pri- mera etapa, unas 1200 Has, los tropiezos no cejaban. Ya desde 1976 se tra- bajaba en la instalación del ingenio y para 1977 estaba colocado un primer tanque de almacenamiento para 750 000 galones de mieles (mientras tanto, utilizado por algún otro ingenio de la zona, seguramente El Viejo) y se alista- ba un segundo contenedor con capacidad de 1 200 000 galones. También, se http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 6 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) removía tierra y cimientos, se eliminaba y cubría el óxido de las piezas del in- genio, así como se arreglaban puentes en Guardia (“Avanzan trabajos en el ingenio del Tempisque”, 1977, 12C-13C). Igualmente, se habían construido canales de drenaje que llevarían las aguas hasta el río Tempisque durante las inundaciones, con el fin de salvaguardar la integridad de los sembradíos. Por ello, cuando el ingenio finalmente se inau- guró en 1978 (a pocos días de la salida de Oduber del poder), Bonilla Ayub no dudó en reiterar su confianza en el porvenir de la empresa e hizo hincapié en la racionalidad de la explotación de los recursos naturales que ofrecía el Tempisque: “CATSA obedece al deseo de todos los guanacastecos, vieja as- piración de sabios hombres de esta tierra, de industrializar los productos agrí- colas que podamos arrancarle a la cuenca del Tempisque” (“Ingenio del Tem- pisque costará ¢500 millones”, 1978, 3). La calidad de la caña guanacasteca también era alabada públicamente y se esperaba que para 1979 se abriera una refinería de azúcar, además de la destilería. Aunque Bonilla estaba consciente de las bajas cotizaciones del azúcar, confiaba en que se producía azúcar para el mañana; cuando los pre- cios subieran, CATSA estaría lista para exportar (“El ingenio de CODESA mo- lerá 4 mil toneladas diarias de caña”, 1977, 12C-13C). Pero una vez conclui- da la feliz inauguración del ingenio, pasarían muchos años hasta que en la empresa se volvieran a experimentar tan altos niveles de entusiasmo. Lejos de tomar partido, un ingenio de esta envergadura no era una empresa fácil de sostener, y por lo demás, su operación resultaba sumamente costo- sa. Esto resultó especialmente cierto durante los primeros años, cuando se preparaba y se consolidaba todo el sistema necesario para el abastecimiento de caña, lo cual fue uno de los tantos desafíos a los que la Central tuvo que hacer frente en sus inicios. Situaciones como esta inclinarían la balanza en favor de los argumentos planteados por los defensores del Estado Empre- sarial, pero resultaban insuficientes para validar del todo el papel tan activo que estaba ejerciendo el aparato estatal en la iniciativa. Y aún quedaba pen- diente el punto clave, referido a que los costos de esta agroindustria serían asumidos, en última instancia, por todos los contribuyentes costarricenses, en momentos de crisis económica y en vísperas de un cambio estructural en el aparato productivo. Estas situaciones no fueron consideradas por los pro- ponentes ni los defensores del proyecto CATSA. Debía tomarse en cuenta, que, con los bajos precios del azúcar y la disputa creciente por mercados, un ingenio no parecía en esos momentos un nego- cio seguro; sin embargo, el consabido colapso de la caña en la Meseta Cen- tral y la impresionante expansión de los nuevos azucareros guanacastecos, parecían ser alicientes significativos como para seguir confiando en el éxito de la apuesta. Entonces, para los interesados en la operación daba la sen- sación de que aun valía la pena tomar riesgos como la creación de una nue- va planta procesadora de amplias dimensiones, siempre que fueran riesgos calculados; por ejemplo, hacerlo sin involucrar recursos privados, más bien, aprovechando al máximo todos los mecanismos clientelares disponibles. La opción más viable en esta línea era crear un ingenio estatal, el cual tarde o Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 7 temprano podría ser privatizado y que, entre tanto, reportaría múltiples bene- ficios para sus hermanos privados (El Viejo en Carrillo y Taboga en Bebedero de Cañas), al actuar como polo de atracción de la inversión estatal. Mecanismos operativos de este tipo ya habían sido empleados previamente; por ejemplo, durante la construcción de CATSA sus tanques pudieron ser em- pleados por los demás ingenios; luego, se construyeron represas, que de for- ma indirecta también beneficiaban al Viejo. Más aún, con el sostén y presu- puestos de origen estatal, se arrebataban terrenos pantanosos al río, pero también al arroz o a los algodoneros. Superficies, todas, que guardaban ópti- mas condiciones para su futura mecanización. Con esto, el aparato agroin- dustrial de la zona tendría asegurado nuevas reservas de caña para su pro- ducción y, con ello, las plantaciones se extenderían significativamente en Guanacaste; sosteniendo una producción en escalada. Como parte de esta estrategia, en Carrillo se habilitaron tierras y haciendas como Las Trancas de Manuel Jirón, Las Trancas de los hermanos Vargas, así como las fincas Monteclaro y El Porvenir, las cuales sumaban un total de 2000 Has. En Liberia se agregaban: El Real, Bellavista, Tempisque, Rancho Alegre y partes de El Pelón de la Bajura; aportando otras 5000 Has. Mientras que El Viejo aprovechó y extendió los cultivares en Santa Cruz: hacia Bolsón, Talolinga, Santa Bárbara y San Francisco (Vega, 1975, 10C). Por ende, debe quedar asentado que los grandes promotores de CATSA eran sin más, los ingenios privados guanacastecos; Jenkins y sus aliados lo impul- saron como una inversión y una garantía para estos grandes agroindustria- les. Pero, con la salida de Oduber llegaron nuevos problemas: Carazo no era simpatizante del proyecto azucarero. Por el momento, sin embargo, Carazo no sería el único obstáculo a evadir. El primero de los infortunios vino de la mano o, más bien, por las patas de los roedores. La primera zafra de CATSA fue un relativo fracaso, ya que 14 000 toneladas tuvieron que ser contabilizadas como caña dañada por las ratas. Para solucionar la plaga, se emplearon cantidades formidables de raticidas, pero esta medida pronto fue adversada por los vecinos de Filadelfia, puesto que acusaban al ingenio de contaminar el Tempisque y aniquilar a miles de peces. Cínica y torpemente, el ingenio aseguró que el canal para el desagüe de desechos no desembocaba en el Tempisque, sino en el río Liberia. Rolan- do Montoya –presidente de CATSA– también negó que al mismo canal se arrojaran desechos en grandes cantidades u otros residuos de plaguicidas, insecticidas o herbicidas; trató de aclarar que únicamente se lanzaban los desperdicios de la cachaza, pero en general, para el directivo era un asunto menor, pues la cantidad era ínfima (“Las ratas destruyen cañales”, 1979, 12). Exterminadas las ratas, ahora era el turno de las huelgas. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 8 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) La gran huelga de marzo de 1979 El ingenio aun no cumplía un año de inaugurado, cuando se desató una nue- va crisis, esta vez interna y focalizada en el descontento de sus trabajadores. El problema como tal venía germinando desde varias semanas atrás y se de- bía a las malas condiciones laborales durante la zafra, especialmente para los cortadores. Estos no tenían contratos ni sueldos fijos, no se les recono- cían las horas extras (incluso laboraban más de lo permitido dentro del hora- rio nocturno) y la empresa les pagaba por el corte lineal (por metros y surco de caña), el cual en esos años oscilaba supuestamente en unos 0.25 centa- vos de colón, aunque CATSA solo cancelaba entre 0.12 y 0.15 centavos de colón el metro. Otra de las denuncias planteadas fue que el ingenio contrata- ba nicaragüenses indocumentados a bajos precios. Pronto, los trabajadores, especialmente los cortadores, se aglutinaron en torno al Sindicato de Traba- jadores de la Caña (SITRACAÑA) y comenzaron a protestar en las afueras del complejo industrial, desencadenando una huelga, una que pronto fue cali- ficada como ilegal. Lejos de cuáles fueran las demandas, desde la perspectiva de la empresa, los medios de comunicación e, incluso, para el Gobierno; el punto en discu- sión era que el sindicato estaba fuera de la ley, pues no se había inscrito y aprobado debidamente ante las autoridades de la Oficina de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. En otras palabras, poco importaban si las condiciones laborales eran inapropiadas o no, el único inconveniente era de tono burocrático, la huelga era ilícita por un asunto de procedimiento. En el campo, la protesta había iniciado el 7 de marzo y al menos, hasta el día 10 del mismo mes, el ingenio resultó parcialmente detenido; hasta ese mo- mento, la situación que experimentaba CATSA era casi desconocida para el resto del país. El sindicato y los trabajadores que se sumaron al movimiento mantuvieron un bloqueo en las principales vías que conducían al ingenio, im- pidiendo el paso de las busetas que conducían a los empleados de la sec- ción industrial y otros puestos administrativos; momento que trataban de aprovechar para exhortarles a que se unieran a la lucha. En su informe al presidente Carazo, Rolando Montoya, directivo de CATSA, aseveró que se trataba de trabajadores exógenos a la empresa; por lo tanto, no eran “trabajadores” en sentido estricto, sino “individuos” ajenos al ingenio los que bloquearon el paso del transporte, por lo que se vieron precisados de pedir el respaldo de la Guardia Civil liberiana. Además, puntualizaba: …cerca de las 9 a.m. el grupo [de manifestantes] viendo que el ingenio seguía operando, forzó las verjas de entra- da a las instalaciones y penetró al ingenio y patios (mu- chos de ellos con machete desenfundado) y obligaron a los trabajadores a abandonar sus labores. (“Informe de los hechos acaecidos en CATSA”, 1979 marzo 7, f.2). Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 9 Alarmada ante la presencia de los manifestantes, la administración procedió a interponer la respectiva denuncia ante el Juez de Trabajo de Liberia con el fin de que declarara ilegal la huelga de cortadores de caña; de paso, argu- mentando pérdidas excesivas.4 Pronto, el ingenio contó con la protección de 4. Cercanas a 450 000 colones un destacamento de 28 policías (incluso en otros momentos se citan unos por concepto tanto de mieles como de azúcar (“CATSA: 70). Un aspecto notorio, y que fue ignorado de manera sistemática por la diligencia de calificación de prensa, fue el hecho de que, desde el 9 de marzo, la Municipalidad de Liberia huelga dirigida a Juez de había llegado a la conclusión de que a CATSA le correspondía mejorar las Trabajo de Liberia”, 1979 marzo 8). condiciones laborales y económicas de los trabajadores y, en consecuencia, pidió que la Guardia Rural no fuera empleada; pero su posición fue desaten- dida (“Municipalidad de Liberia. Sesión Ordinaria n.° 19-79”, 1979 marzo 9). La presencia policial y excitación de un grupo de impulsivos manifestantes, solo empeoró la situación, desembocando en apedreamientos y machetazos; así como el arresto de múltiples miembros del sindicato (“Los sindicalistas mantienen estado de huelga en CATSA”, 1979, 2). Para el día 12, tras la errónea afirmación de que había cesado la huelga, la Guardia Civil seguía presente y esta vez, tuvo que emplear gases lacrimógenos para finalmente romper los llamados “piquetes” (grupos aglutinados para cerrar vías) que obstruían el paso hacia el ingenio (“Estudiantes se suman al paro del Tempis- que,” 1979, 2). A partir de ese momento y durante las siguientes cuatro semanas, cada día habría un nuevo enfrentamiento –en los medios de comunicación o en las ca- lles–, ya fuera contra el ingenio o el Gobierno. La prensa no expuso en los primeros días del conflicto el mínimo de imparcialidad y con prontitud se unió a la cadena de censuras contra los empleados, calificados con los términos de huelguistas-agitadores. Pero los manifestantes tampoco se revelaron con- ciliadores, pues se mostraron un tanto ambivalentes y desorganizados; ya que en apariencia existían dos pliegos de peticiones, el primero solicitando distintas fórmulas de incrementos salariales (de acuerdo con los puestos de- sempeñados) y otro demandando un 15% de aumento para todo el personal. Mientras que la actitud de la empresa, hasta el final del conflicto, fue insistir obstinadamente en que no había huelga, que ésta era ilegal, que el ingenio nunca se había detenido y que los “agitadores” no eran parte de su nómina (Vega, 1979, 10A. “Partes no ceden: paro en el Tempisque”, 1979, 2). Contradiciendo abiertamente los manifiestos emanados por la empresa, para mediados del mes de marzo, el Gobierno proyectaba intervenir con el objeti- vo de lograr una negociación y, con ella una salida pacífica al conflicto. Para tal fin, designó al señor Carlos Ramírez como mediador entre CATSA y los trabajadores, éste constató que solamente el 50% de los empleados se man- tenía ejecutando sus funciones, dato que constantemente trataba de ser mi- nimizado por la gerencia del ingenio. Pero, otra figura atizó la disputa, pues entró en escena la Ministra de Trabajo, Estela Quesada, la cual dio declara- ciones más que duras: …denunció anoche el maltrato que han sufrido varios tra- bajadores de la Central Azucarera Tempisque S.A. de http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 10 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) parte de un grupo de agitadores, a la vez que enfatizó los fines políticos de los huelguistas. La funcionaria detalló los orígenes confusos del conflicto, e hizo hincapié en que activistas comunistas decidieron por sí solos parali- zar la actividad productiva de la empresa, amparándose en un sindicato ficticio que no está registrado ante el Mi- nisterio de Trabajo. La ministra extendió un llamado a la meditación para que los costarricenses colaboren ante la amenaza a la moralidad de la Patria.” [El énfasis es nuestro] (“Ministra denuncia sabotaje en CATSA”, 1979,10A). Del mismo modo, aseguró que la huelga pretendía agudizar el desorden pú- blico, mientras que las mejoras laborales que aseguraba perseguir el movi- miento sindical, eran falsas y una cortina de humo para sus verdaderos pro- pósitos de crear discordia. La ministra dejó de lado cualquier atisbo de reali- dad y prefirió sostener el trillado, pero siempre efectivo discurso dogmático tan propio de la Guerra Fría, en el manido sentido de que la huelga era solo: “el enfrentamiento entre la democracia y el comunismo.” (“Ministra denuncia sabotaje en CATSA”, 1979,10A). Como consecuencia inmediata, algunos dia- rios manifestaron su apoyo irresoluto a la Ministra y repudiaron a los huel- guistas, calificándolos de meros revoltosos a las órdenes de fuerzas corrup- toras (“Agitación y subversión: rumbo que debe evitarse”, 1979,10). Era muy claro que, aunque los medios de comunicación escrita, la ministra y el ingenio, tenían una posición recalcitrante, mientras el Gobierno estaba consciente de que el conflicto era real y su resolución, para nada sencilla; por eso buscaba establecer a la mayor brevedad posible, un arbitrio. Esta medi- da gubernamental no era fortuita, o un simple ardid para complacer a los huelguistas; más bien, era prueba de que se comenzaba a escuchar con atención las denuncias acerca del desorden administrativo que imperaba en el ingenio (Valverde, 1979, 10A. Trabajadores CATSA levantaron el paro”, 1979, 4). Ante este viraje en la posición de los mandos centrales, muy pronto el mismo Montoya (directivo de la empresa) admitió que la maquinaria venía trabajan- do solamente a un 65% de su capacidad, que a la corta solo asistió un 15% de los trabajadores y que el ingenio operaba con un 90% del personal. Lo más importante es que, finalmente, se prestaba oído a las razonables de- mandas de los trabajadores, los cuales pedían garantías mínimas de seguri- dad en sus labores, demandaban ambulancias o algún transporte hacia el hospital cuando se presentaban cortaduras, así como un botiquín de prime- ros auxilios. Además, los obreros que estaban expuestos al polvo y las ceni- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 11 zas de la caña que era quemada con anticipación a que se efectuara la corta, deseaban algún entrenamiento o capacitación para enfrentar estos contami- nantes (Valverde, 1979, 4A). El 19 de marzo en la Asamblea General de SITRACAÑA, realizada en la igle- sia de Paso Tempisque de Carrillo, se acordó levantar la huelga el día si- guiente, esperando que la empresa tomara en consideración las peticiones formuladas, en conjunto con los ajustes salariales. En síntesis, sus deman- das más importantes eran: el cese de la represión y retiro de la Guardia del Ingenio y las comunidades, el aumento en el precio por metro lineal de caña cortada, con ¢3.0 como mínimo hasta un máximo de ¢5.0, libertad sindical y reconocimiento del sindicato, el reintegro a sus puestos de los trabajadores despedidos, el aumento general de sueldos para todos los trabajadores de un 15% y, por último, no se dieran represalias hacia los huelguistas (Sancho, 1979, 9). Pese a lo que se podía prever, el conflicto estaba lejos de finalizar y cada vez se hacía más patente que la situación no era tan “normal” como el ingenio aseguraba. El 21 de marzo se dio un nuevo paro de labores como protesta por la falta de pago de salarios, la empresa lo negó y, en torno al tema, afir - mó que fue un mero error administrativo; anormalidades involuntarias fruto de los días en que la planta procesadora estuvo en estado de “semi-huelga”. También, se divulgaron por parte de los representantes sindicados nuevos despidos sin justificación y, por el tono de las denuncias, parecía del todo probable que la huelga se reiniciaría en breve. Ante la intransigente posición de la empresa, la cual insistía en asegurar que todo era una intervención ma- liciosa de comunistas foráneos, SITRACAÑA enfiló sus fuerzas hacia una nueva movilización huelguística de tiempo indefinido. La regidora Josefina Hernández de la Unidad –el Partido gobernante– alegó que los manifestantes estaban en posición pasiva, pero que, no obstante, ellos y el resto de la po- blación tenían que soportar el constante hostigamiento de la policía. La situación tendía a ser cada vez más convulsa, ¿qué pasaba realmente en el ingenio? Algunos esbozos de respuesta se pueden encontrar en las pala- bras del Ing. Marco Tulio Gutiérrez, coordinador de proyectos de CATSA, quien en sus declaraciones advirtió: …que CATSA solamente tiene alrededor de tres meses de trabajo y que por razones que no comprendo, se le está exigiendo que cuente con una organización tan mi- nuciosa, como la que tienen empresas con 50 años y más de servicio. Todo lo que los trabajadores pidan se les dará, pero dentro de una realidad objetiva, esto es, a me- dida que la empresa se va consolidando. (“Detenidos huelguistas en CATSA”, 1979, 8A). http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 12 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) La empresa también admitía el tener pendiente la ampliación de algunos co- medores, espacios de diversión, fondos de ahorro y otros privilegios para sus miembros, pero rogaba que se detuviera la huelga, porque está era una de- mora grave y atentaba contra la consecución de estos proyectos. En esta fase del movimiento de protesta, se podían deducir algunas respuestas bas- tante obvias; la primera, como bien indicó el Ing. Gutiérrez, en el sentido de que parte de los detonantes que condujeron a la huelga se encontraban en las deficiencias que CATSA presentaba, especialmente en cuanto a la aten- ción y seguridad del personal, limitantes surgidas, según se aceptaba, por- que era una empresa de reciente fundación. Pero dicho razonamiento, antes que justificar, más bien abría otro frente de críticas o, al menos, otra veta para la reflexión. Se podía derivar de las afir- maciones, que la Central no solo era una compañía muy joven, sino que se constituyó con cierta premura y no era difícil suponer que fuese precisamente el apuro y esta falta de proyección; que en adición con los atrasos sufridos por el proyecto como, por ejemplo, la demora en la compra de la maquinaria, la plaga de roedores y el advenimiento de la Administración Carazo; factores que se conjuntaron para que la instalación de ciertas partes del complejo agroindustrial y, en especial, las medidas de seguridad, no pudieran llevarse a cabo o se omitieran, debido a la manera apresurada con que se hicieron las cosas. Lo más preocupante era que estas deficiencias administrativas prevalecieran todavía, en un delicado momento en que la crisis económica ya tocaba las puertas del país, etapa en la cual los gastos de CODESA en el in- genio todavía eran considerables y necesarios; y no se veía cercano el mo- mento en que las necesidades de inversión comenzaran a menguar. CATSA fue un proyecto liberacionista, que, al final de cuentas, favorecía la presencia azucarera en Guanacaste y en función de ese objetivo había indis- puesto a diversos grupos sociales a lo largo del país, sectores o colectivos que se verían afectados por su apertura, tales como los cañeros de otras re- giones productivas, la oposición política al PLN, solo por citar algunos ejem- 5. En una carta dirigida al plos.5 Por ello, desde las “sombras” muchos trataron de estropear o ralentizar Concejo Municipal de Liberia, CATSA agregó que el ingenio el desarrollo de la Central. Esta no es una conjetura apresurada; pues, aun- iba dirigido a la región de que el ingenio tenía muchas deficiencias, es llamativo que se desatara una Palmar Sur, pero se montó en huelga con tanta prontitud. Guardia como una fuente de trabajo para los El movimiento huelguístico, desde este punto de vista, podía tener tanto moti- guanacastecos. (“Correspondencia n. 301-79 vos como fines políticos; entre ellos, arruinar la imagen del Estado Empre- dirigida al Concejo Municipal sario. Enfocando el asunto de ese modo, la cúpula sindical podía estar impul- de Liberia”, 1979 abril 2). sada o al menos influenciada por aquellos que desde un principio adversaron el proyecto azucarero. Por su parte, la prensa manejó el conflicto de una for- ma confusa y contradictoria, puesto que mientras unos diarios anunciaban que había concluido, otros hacían hincapié en que los episodios de violencia no habían cesado. Por eso, la huelga lució en muchos tramos, como un irre- suelto rompecabezas. La postura de los diarios no fue clara y bien podría in- ferirse que obedecieron a intereses empresariales, pues muchos de sus di- rectivos y accionistas habían estado asociados al azúcar y al grueso del sec- tor privado (La Nación de la familia Jiménez, misma que es propietaria del In- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 13 genio Juan Viñas); o bien, pudieron responder a otras camarillas, que aprove- charon la oportunidad para mostrar su descontento y atacar a CATSA. Regresando a los acontecimientos de la huelga, la conclusión del movimien- to, por la manera en que se había presentado, no podía estar ausente de cierto dramatismo. Ante la aguda sordera que mostraba la empresa, se optó por realizar una manifestación en San José en los primeros días de abril. El martes 3 de ese mes, se calculó que unos 600 empleados marcharon hasta la Casa Presidencial, exigiendo la intervención del mandatario y requiriendo el aporte de un árbitro para el conflicto. De vuelta en el cantón de Carrillo, la empresa solo reconoció un “cierto au- sentismo”, en tanto continuaba laborando; pero, esta vez con la ayuda de seis cosechadoras mecánicas que reemplazaban a 600 hombres y con otros 150 empleados, algunos de los cuales habían sido de muy reciente contrata- ción (“600 trabajadores de CATSA hoy en Casa Presidencial”, 1979, 4. Val- verde, 1979, 4A). Ese mismo día, Rolando Montoya, presidente de la cañera, informaba a Carazo que no había huelga y que se realizaban esfuerzos in- mediatos por mejorar la condición de los empleados, para lo cual se estaba enviando agua fresca en los cañales, así como botiquines, en tanto que el comedor y los vestidores continuaban en construcción (“Correspondencia n. 303-79 de Rolando Montoya (Presidente de CATSA) dirigida al Presidente de la República Rodrigo Carazo”, 1979 abril 3). Pese a la imagen de aparente tranquilidad que se empeñaba en transmitir la empresa, la presión rindió frutos y el gobierno accedió a nombrar al señor Ar- mando Sáenz, del Ministerio de Trabajo, como árbitro del conflicto, luego de que los manifestantes decidieran acampar en el Parque Nacional (frente a la antigua Casa Presidencial, hoy Tribunal Supremo de Elecciones). Ahora, el desplazamiento no pasó ajeno a la mirada de los medios de comunicación y, por fin, el diario La Nación aceptó que efectivamente “algo” pasaba en CA- TSA, de ahí la fuerte presencia policial en las instalaciones de la azucarera; pero haciendo la salvedad de que en todo caso no era una manifestación de trabajadores, porque muchos de los que desfilaron por las calles de San José –mujeres, niños y estudiantes– no eran empleados del ingenio. Su postura concluía que todos aquellos desmanes reivindicativos solo eran una estrate- gia para demostrar que el gobierno no tenía acciones, ni una voz unificada. Por su parte, la Ministra de Trabajo se unía con la empresa y lanzaba gestos de renuncia ante la falta de apoyo que percibió por parte del resto del Poder Ejecutivo, mientras el Presidente Carazo y el Ministro de Seguridad, Juan Echeverría Brealey, negociaban con los huelguistas. Para los medios de co- 6. El diario inquirió que existía municación, enfrascados en una actitud –si se quiere– un tanto reaccionaria, una relación entre esta huelga aquellas interrupciones no era solo un atentado contra el ingenio, eran un y otras acaecidas en las zonas bananeras, en empresas plan de gran envergadura para perjudicar al Estado mismo, ideado por extre- agrícolas de exportación mistas del comunismo, cuyos dirigentes buscaban pregonar el caos y atentar susceptibles al mercado y con un grueso de trabajadores contra el bien público: “En el fondo, pues, se trata de toda una estrategia del fácilmente manipulable por los movimiento sindical para poner al Gobierno en una encrucijada económica y sindicalistas de izquierda (“El social…”.6 de CATSA no es un conflicto aislado”, 1979, 14A). http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 14 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) La izquierda se convertía en un villano idóneo para culpar de cuanto revés experimentara el Gobierno de turno, aun cuando no tuviera relación directa con el asunto tratado o su influencia real fuera mínima. La huelga, para los más observadores era, sin embargo, uno de los primeros augurios de que el Estado Interventor llegaba a su fin, por lo menos, como hasta entonces había sido conocido, ya que venía a demostrar, algunas de sus principales falen- cias. En especial, que el aparato estatal era un tanto incompetente para sos- tener empresas de esta envergadura; ese era el discurso que planteaba los sectores empresariales privados y los (neo) liberales, por medio de la prensa. Carazo, por su parte, comunicó que el Gobierno no podía obligar a una em- presa a negociar una convención colectiva con sindicatos jurídicamente ine- xistentes y cuando así fuera procedente, por aquello de la no interferencia entre poderes, lo decidían únicamente los tribunales de justicia (“Fin al paro en CATSA”, 1979, 7). En otras palabras, el mandatario quería desentenderse del asunto lo antes posible, su imagen había sido vapuleada por los medios de comunicación y, en realidad, tal vez no le interesaba tanto si las protestas de los huelguistas eran atendidas, porque había otros problemas más apre- miantes que atender (como la disparada inflación, los compromisos financie- ros internacionales, entre otras crisis); al fin y al cabo, los asuntos del sector cañero no le desvelaban, el capítulo debía cerrarse sin más dilataciones. De cualquier forma, la huelga había concluido, aunque por el momento no era muy claro quien había resultado vencedor. En el caso de Montoya, Presiden- te de la Central, el triunfo parecía inobjetable, manifestándose: “…satisfecho por el arreglo tras el compromiso del presidente Carazo y dijo que –han triun- fado el derecho al trabajo, la paz, la concordia y el diálogo. Se probó que este último es un medio efectivo para lograr todo entendimiento.” (“Fin al paro en CATSA”, 1979, 7). CATSA no se rindió en ningún momento, incluso cuando ya había terminado la huelga, aseguró que la solución había nacido gracias a un arreglo directo que sostuvo con sus trabajadores y recalcó que los beneficios eran mutuos. Parecía temprano para pensarlo, pero ni la prensa ni el gobierno, muchos menos el ingenio o los trabajadores percibieron que a largo plazo, la imagen de la promisoria Central Azucarera había sido estropeada y que a partir de entonces, muchos harían eco de las críticas que en aquel contexto tuvieron lugar contra un ingenio que no cumplía las expectativas originalmente plan- teadas. Quizás sin proponérselo, aquel acontecimiento había dado origen a un largo y tortuoso proceso de erosión empresarial ¿era la senda de la priva- tización? La ficticia y forzada debacle de CATSA El final de la huelga no aportó mayor calma a la novel empresa. Al contrario, nuevos y latentes problemas estallaban casi ininterrumpidamente. Uno de los departamentos que resultó indirectamente afectado fue la destilería, cuyo de- sarrollo aún estaba en ciernes. Este proyecto se venía barajando al menos Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 15 desde 1977, cuando CODESA recibió financiamiento del Banco Do Brasil para comprar equipo que posibilitaría mezclar alcohol anhidro con gasolina (el “gasohol”). Para ello recibió un crédito de $12 837 630 destinado a finiqui- tar un contrato con la PETROBRAS, pasando a contar con una capacidad de producción cercana a los 240 000 litros durante la zafra. Del mismo modo, esperaba destinar para la producción de alcohol el 50% del jugo de caña pro- ducido por CATSA y emplear parte de la melaza de Taboga, El Viejo y El Pal- mar; mientras los programas de expansión agroindustrial que llevaban a cabo esos ingenios, le permitirían a la Central dedicarse exclusivamente a la pro- ducción de alcohol. Ese mismo año se comenzaba a temer la escasez de azúcar, situación que efectivamente se dio (“Correspondencia n. 331-79 de Rolando Montoya (Presidente de CATSA) dirigida al Presidente de la Repú- blica Rodrigo Carazo”, 1979 abril 9). Para abril de 1979, la iniciativa se encontraba paralizada por los altos costos de producción, por la insuficiencia de materia prima disponible y porque se le dio prioridad a la obtención de azúcar. Así las cosas, tanto la baja producción como el fracaso con la destilería no hicieron más que encrudecer las postu- ras contra el complejo (“Improvisación”, 1979, 6). Pero el calvario de CATSA apenas comenzaba, pronto tuvo que enfrentar las inundaciones del río Libe- ria, daños en los fertilizantes y semillas (se perdieron 200 toneladas), el me- noscabo de 175 Has de tierras recién aradas, así como destrozos de canales y puentes; e inclusive, acusaciones de contrataciones turbias (“CATSA perdió ¢2 millones”, 1979, 12).7 Nuevamente, la azucarera sería investigada y la ex- 7. Aparentemente, el gerente periencia comenzaba a exasperar los ánimos del gobierno. En general, había Montoya influyó en asegurarle las compras a una firma que sido un pésimo año para la empresa, pero la verdadera crisis apenas estaba ofrecía equipo de calidad por comenzar. inferior a la de sus competidoras; lo que A principios de 1980, CATSA informó a CODESA de sus múltiples proyectos finalmente redundaba en que enfocados en lograr el éxito productivo y económico, entre estos lineamientos los rendimientos fueran menores a lo esperado y de destacaba acelerar el programa de siembras, canalizar ciertas áreas conti- forma consecuente, se guas al Tempisque y con ello ampliar el área cultivada (así como nuevo equi- malograron cuantiosos recursos que, en última po de riego), estimular el empleo de fertilizantes, comprar caña a terceros instancia, eran públicos (entre estos destacaba El Viejo), destinar a los productores un crédito de ¢50 (“Expendedores 1979, 8A. 000 000 del Banco Central y reducir la fuerza laboral estacional, sustituyén- “CATSA afirma que otorgará licitación sin presiones”, 1979, dola por una mayor mecanización de la corta. Sin embargo, estas medidas 6A). no garantizaban que la empresa finalmente despegaría, al contrario, los infor- mes de CODESA que analizaban el temprano desempeño de la cañera, no eran tan halagüeños y lanzaban una sutil crítica que enfatizaba el comporta- miento irregular seguido hasta la fecha: “Debo mencionar, esperando que se interprete solo como una crítica constructiva, que la organización de CATSA y sus sistemas actuales de operación y control no corresponden de ninguna manera a una empresa de su magnitud e importancia.” (“CATSA – Informe Analítico”, 1980 enero 2). El día 19 de enero de 1980 se lanzó la primera piedra que marcaría el co- mienzo de la crisis de la Central. Ese mismo día se esperaba con ansías la inauguración de la destilería, con la presencia del Presidente Rodrigo Carazo Odio, haciendo de anfitrión de tan esperado acto. Como era de rigor, el man- http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 16 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) datario dio el discurso respectivo, pero lejos de mostrar orgullo y complacen- cia, más bien destacó su desencanto e impaciencia por los problemas que acarreaba la empresa. En la ceremonia también estaba presente el Embaja- dor de Brasil, país cuya participación en la planta era fundamental, lo cual no impidió que Carazo enfatizara en el alto costo de las instalaciones (superior a los ¢130 000 000) y su obsoleta dotación tecnológica, que implicaría una multiplicación de las erogaciones productivas. Tantos problemas, añadía el gobernante, tan solo para producir tres millones de litros de alcohol, insufi- cientes para suplir las necesidades del país. Una vez concluida la inaugura- ción de la planta, en el mismo acto, Carazo inmediatamente procedió a clau- surarla (“Discurso pronunciado por el Sr. Presidente de la República, Lic. Ro- drigo Carazo Odio, en CATSA, en Liberia, Guanacaste, el día 19 de enero de 1980”, 1980 enero 19). Uno de los primeros que alzó la voz contra esta medida, fue el ex presidente y padre del ingenio, el reconocido Daniel Oduber. Para el líder liberacionista, lo que estaba ocurriendo es que el mandatario realizaba una campaña de desprestigio contra las empresas de CODESA, con el fin de trasladarlas al sector privado, ya fuera vendiéndolas a grupos transnacionales o por medio de sus “testaferros criollos” (“Memorándum para el Presidente de la Repúbli- ca Rodrigo Carazo de Carlos Vargas: Destilería de alcohol en CATSA. Posi- ción de don Daniel Oduber”, 1980 enero 24). Oduber aseguraba que especia- listas como Bernardo Kopper (asociado a ingenios de la Meseta Central), Juan Bonilla (ex directivo de CODESA) y otros, respaldaban un informe en el que se demostraba de manera fehaciente que las fallas técnicas y agronómi- cas que se habían hecho evidentes, habían sido inducidas por el Estado. Oduber declaró de forma tajante: Desde principios del actual gobierno se lanzaron a des- truir CODESA con negarle administración adecuada y fi- nanciación oportuna para sus empresas. Las han ido quebrando una a una, y en el mejor de los casos debili- tándolas para venderlas a amigos y personas cercanas… se les quiere favorecer vendiéndolas a precios de prein- flación, lo que permitirá a intermediarios y compradores hacer buenas utilidades. (“Oduber acusa a Gobierno de quebrar empresas de CODESA”, 1980, 4A). Es cierto que las acciones de Carazo Odio resultaban un tanto extremas, pues cerrar la destilería implicaba desperdiciar una cuantiosa inversión que aún no había terminado de ser liquidada a los brasileños, aunque no dejaba de ser aceptable su raciocinio, en el sentido de no permitir la continuación de los excesos cometidos en nombre de CODESA. Debería entonces darse es- pacio a preguntas atrevidas, ¿Es que acaso Oduber temía que fueran “otros” Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 17 los que se apropiaran de CATSA y no sus allegados? Era evidente el interés del exmandatario en materia del azúcar y sus derivados. También es conoci- do que sembró algunas hectáreas de caña en sus terrenos en Liberia, así como que era asiduo simpatizante del sector ganadero y defendió el despe- gue económico de la provincia guanacasteca. La conjetura no ha sido confirmada por ninguna fuente, pero es evidente que la participación de Oduber en la caña debió ser más extensa de lo que se lle- gó a creer y sí, fue el padre de CATSA, papel que compartió equiparablemen- te con Jenkins, también pudo ser uno de los más interesados en adquirirla y con ello, fortalecer su posición como actor central de la élite cañera. A me- diano plazo, Daniel Oduber no percibió ni desestimó, que detrás de Jenkins se esgrimía el poder de la familia Taboga, la cual estaba en pugna por domi- nar el PLN y que prefería transferir el ingenio a las cooperativas (acción que Óscar Arias Sánchez concretó en 1987), antes que verla en manos de su enemigo político, lo que podría haberle dado (a Oduber) una posición venta- josa que le permitiera resistir la arremetida y competencia de los cañeros asentados en el Bebedero. Dejando de lado estas hipótesis, los medios de comunicación no tardaron en arremeter contra el Estado y CATSA, exigiendo una solución inmediata al problema, no perdiendo la ocasión para plantear que este era el momento oportuno para deshacerse de la Central: …debe ser vendida cuanto antes por el Estado, quitándo- sela de las manos con la premura que lo haría si se trata- ra de una brasa ardiendo, salvo que esté decidido a per- der todos los años, a través de CODESA, sumas astronó- micas de millones para cargarlas sobre las ya totalmente agobiadas espaldas del pueblo. Si fuera una empresa pri- vada, hace muchos años que habría sido declarada en quiebra… (“La venta de CATSA”, 1980, 2). En párrafos como este se pronosticaba de forma abierta el posible camino hacia la privatización. Tal fue el caso, y todavía durante el plazo correspon- diente a la administración Carazo Odio, se aprobó la Ley n. 6453 (“Ley Prie- to”), la cual autorizaba una eventual venta de las empresas controladas por CODESA. Aunque de momento, limitaba la participación de extranjeros en el proceso y la cantidad de acciones que una persona física o jurídica podía ad- quirir; de todas formas, el terreno parecía presto para una futura privatización 8. La ley “Prieto” fue u otra medida de similar naturaleza.8 presentada por los diputados verdiblancos Luis Alberto Este discurso de la privatización, cobraba fuerza. En una misiva dirigida a Monge y Marcelo Prieto en julio Carazo Odio, el nuevo Presidente de CODESA, Trino Araya Borge, detalló de 1980 (Vega, 1984, 74-75; que aunque CATSA ya se encontraba en su tercera zafra, aun no se habían Vásquez, 1994, 58-59). concluido ciertas obras complementarias como la nivelación de tierras, di- http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 18 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) ques, canales, caminos y viviendas. También, estaba pendiente la instalación de dos molinos adicionales, una caldera y la expansión de los cultivos. Araya dejaba claro el enorme potencial de la azucarera, pero aun había “algo” que impedía concretarlo: CATSA es una empresa gigante que entusiasma y llena de optimismo por la gran capacidad de producción que rendirá en el momento que opere en todo su conjunto, pero a la vez es motivo de preocupación. Por lo menos en lo que a mí respecta, lo ha sido durante toda mi ges- tión. No creo que se puedan manejar eficientemente como empresas públicas. Necesita el marco de acción de una empresa privada. Si CODESA tuviera que seguir manejándola, de acuerdo con las limitaciones existentes (…), sugiero que se divida su actividad en: empresa agrí- cola, ingenios, destilería y compañías de servicios para corta y acarreo de caña. Considero que esta es la fórmula idónea de minimizar las pérdidas. Además, con una es- tructura como la descrita, sería mucho más fácil traspa- sar a la empresa privada compañías más pequeñas. (“Informe de labores de CODESA dirigido al Presidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo Odio”, 1981 febrero 9, folios 95-96; el énfasis es nuestro). La sugerencia de Araya era muy tentadora y, además, coincidía con la finali- dad que se venía persiguiendo desde su creación. Era una empresa atribula- da que, en lugar de ser liquidada, más bien seguía siendo el destino de un amplio volumen de recursos públicos y equipo nuevo. Uno de los primeros síntomas que evidenciaría el cambio, fue la creciente tasa de endeudamiento que CODESA había adquirido por concepto de las inversiones en la Central. Mientras la prensa aseguraba en junio de 1982, que los compromisos eran cercanos a los ¢400 000 000, CODESA replicaba que éstas apenas ascen- dían a ¢200 000 000. Los bancos acreedores informaron que la planta co- menzó sus problemas financieros en 1977 al comprar terrenos aledaños so- brevalorados, con un 30% a 40% más de su valor real (“CATSA acosada por deudas”, 1982, 10A). Para el nuevo gerente de la Central, Juan Manuel Revilla, el ingenio requería tres años para su restauración, reducir la zafra de 4 a 2 meses, (con el fin de ahorrar unos ¢50 000 000 en gastos), así como renovar los cultivos, el siste- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 19 ma de riego y el drenaje. De forma indirecta, Revilla culpabilizó al Gobierno anterior, destacando la ruinosa situación en que se encontraba la Central: Debe quedar claro ante el país que recibimos CATSA en condiciones increíbles de abandono y de desastre, a tal extremo que nunca pensé en encontrar semejante barba- ridad, tanto la maquinaria como la atención de las fincas y su aspecto administrativo son lamentables. Da la impre- sión de que todo se hizo a propósito, porque en otra for- ma no se concibe que esto pueda haber pasado (“Asegu- ran que restauración de CATSA durará tres años”, 1982, 12A). A estas quejas se le sumaba que el programa de producción de gasohol se encontraba estancado, se reportaban calderas dañadas, la destilería no se reactivaba… Se resolvía un problema, o tan siquiera quedaba planteado, cuando simultáneamente, aparecían otros. Aunque, también luce como si los medios de comunicación, en complicidad con ciertas autoridades políticas cercanas a CODESA y subsidiarias, estuvieran empecinados en desprestigiar a la Central y apresurar su separación del Estado e integración a la esfera privada. La estrategia de estos entes (prensa y aliados) dio sus frutos, ya que se de- signó una comisión asesora integrada por Ramón Herrero, Mario Miranda Arrinda (del Ingenio El Palmar) y Álvaro Jenkins (propietario de El Viejo9); lo 9.El ingeniero Jenkins, una cual demostraba que, desde el punto de vista de los nuevos dirigentes esta- figura destacada del Partido Liberación Nacional y amigo tales, paulatinamente, CATSA debía empezar a ser conducida con criterios cercano de Oduber Quirós, fue acordes a la empresa privada. El 7 de enero de 1983, el Banco Nacional in- gerente de Taboga en la década de 1960, a mediados tervino para cobrarle deudas a la empresa y obligó a que se colocaran como de los setentas, adquirió El administradores a la tríada antes citada. Un mes después, el presidente Luis Viejo, con el beneplácito de Alberto Monge Álvarez, reinauguró la empresa e indicó que las condiciones sus antiguos empleadores; asimismo, se destacó como un de CATSA al momento de asumir su mandato eran deplorables, con fincas gran líder del gremio cañero. abandonadas y canales colmados de lodo y maleza (“CATSA operó ayer y producirá unas 15000 Tons. de azúcar”, 1983, 2). Si nos afiliamos al mensaje del mandatario, el ingenio se encontraba en una condición totalmente lastimera. Pero, las razones detrás de este descalabro estaban un poco más claras en un informe de 1983 elaborado por CODESA, en torno a la situación de CATSA. Este documento precisaba que se habían detectado múltiples anomalías: el registro de activos estaba desactualizado, no había detalle de su ubicación (ni un encargado del control de estos), no se registraba su depreciación, no se realizaban inventarios; en otras palabras, se desconocía de manera exacta los recursos con los que disponía la empre- sa (“Estudio de las Garantías de Central Azucarera Tempisque S.A. (CATSA)”, 1983, 1-2). La crisis de CATSA se originaba, no tanto en la condi- http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 20 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) ción de sus plantaciones o su maquinaria, sino por sus caóticas finanzas, así como por el miasma de malversación que se percibía en su interior. Confor- me la prensa y el Gobierno comenzaron a indagar aún más de cerca sobre la situación de la empresa, más fiascos salieron a la luz. Tomando como base algunos informes de la Corporación, el diputado socialcristiano Marvin Herre- ra, denunció ante la Contraloría supuestas irregularidades, tales como el al- quiler no pagado de terrenos, venta de diésel a ciertos allegados de los admi- nistrativos, alquiler y uso de equipos de riego en arrozales con el consecuen- te abandono del riego de los cañales de la empresa; así como errores en la facturación o la ausencia de firmas responsables. En cuanto a las oscuras contrataciones con arroceros, unos de los principa- les beneficiarios fue Víctor Julio Román Méndez, representante de las em- presas Los Mayas S.A. y OLURA S.A., a las que aparentemente se benefició, 10. Otro aspecto cuestionado, desviando 400 litros de agua por segundo, por un valor de tres mil colones10 fue que a OLURA y diarios. También, destacaban alquileres de tractores y terrenos a Elio Espi- Cosechadora Los Mayas se les nar en condiciones totalmente cuestionables, porque no se cumplían los con- alquiló los equipos de riego (por hora) a un precio mucho tratos signados o se arrendaron los tractores de Espinar por un precio por menor al que se pactó con hora significativamente mayor al ofertado por otros licitadores. Estos hechos otras empresas que también ocurrieron entre agosto y diciembre de 1982, mientras el Banco Nacional dic- solicitaron el servicio. Mientras a éstas se les cobró ¢20.83 y taminó que tales acciones le pudieron haber causado a la empresa perjuicios ¢90.25, respectivamente, a por cientos de miles de colones, todo esto, para favorecer “inexplicablemen- otras empresas y personas se 11 les asignaron las siguientes te” a ciertos arroceros. Como resultado de las anomalías, se destituyó al ge- tarifas: Edwin Baltodano ¢100, rente administrativo Antonio Carmona Ocampo y al auditor Luis Elizondo Republic Tobacco Co. ¢28.84 y González. Entonces, la hoguera mediática se atizó enfatizando que si CODE- Agrícola Pardomán S.A. ¢90.25; aunque la pregunta SA había sido difícil de manejar, no sorprendía que su “hija” siguiera el mis- debía ser, ¿por qué estas mo camino (“Anomalías en CATSA”, 1983, 14A). discrepancias en las tarifas, ¿cuáles eran los criterios para Entre diciembre de 1983 y enero de 1984, finalmente, se decidió que CATSA asignarlas? (“Un diputado sería vendida al movimiento cooperativo nacional, por un monto de cinco mil denunció grave falla en CATSA”, 1983, 2). millones de colones, a un plazo de cinco décadas, con diez años de gracia e intereses anuales del 1% (“Planean vender CATSA en ¢5000 millones”, 1983, 11. Cabe agregar que las 6A). Para llevar a cabo la venta, se contrató a un alto funcionario del ingenio familias Román y Espinar son dos de las más influyentes de San Antonio de Nicaragua, el cual tendría a su cargo la sección agrícola de la la élite liberiana. La primera empresa. También, se esperaba que la COOPEVICTORIA asumiera tempo- está estrechamente asociada al PLN y, en muchas ralmente la dirigencia de la CATSA-cooperativa, una medida calificada como ocasiones, sus miembros han positiva debido a su amplia experiencia gerencial; pero que no prosperó (“La recibido diputaciones, no eran expropiación del rancho Ghesling”, 1984, 10). campesinos comunes del arroz. En el caso particular de Víctor Julio Román, este fue diputado en la administración Arias Sánchez, 1986-1990. Al borde del precipicio de la bancarrota Todas estas intenciones y los planes que se estaban diseñando en torno a la empresa, habrían de quedar frustrados, cuando en enero de 1984 una noticia sacudió a la Central Azucarera. La compañía brasileña Dedini Metalurgia S.A., solicitaba al Juez Segundo Civil de San José –William Sing Zeledón–, iniciar el proceso de quiebra de la cañera, con el fin de obtener $495 000 que se le adeudaban. La respuesta de los dirigentes del ingenio fue enérgica y Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 21 aseguraban que se había llegado a un acuerdo previo para readecuar los pa- gos. Fuese o no cierta la afirmación de los representantes de la empresa, la reali- dad es que la obligación procedía de 1978 y no había sido atendida oportu- namente. Sin embargo, para solventar la situación y evitar la bancarrota, se trató de obtener otro préstamo del Banco Nacional por la suma de veinte mi- llones de colones; con este fin CODESA decidió asumir las deudas de CA- TSA, que ascendían a más ¢667 000 000 e intentó ceder sus propias accio- nes al Sistema Bancario Nacional, que estaban valoradas en cuatrocientos millones de colones, con tal de obtener los recursos y paliar las deudas de la subsidiaria. Ante la amenaza legal que esta situación implicaba, el ingenio también se empeñaba en conseguir, por medio del Banco Nacional, créditos con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y con ellos enfrentar sus múltiples obligaciones financie- ras.12 12. En medio de esta batalla por frenar la bancarrota, Mientras el futuro de la azucarera estaba en riesgo, se avizoraban leves sig- Herrero –uno de los nos de recuperación, pues se habían registrado ganancias de más o menos administradores de CATSA– afirmó que esta empresa había ¢30 000 000, gracias, en buena medida, a la oportuna intervención de la nue- sido manejada como “un va administración de Jenkins Morales y los expertos cañeros. Para la zafra ministerio, donde a nadie le 1984-85, se esperaba sembrar unas 3000 nuevas hectáreas, a las que se importaban los gastos”, aunque ahora ya se comportaba más adicionarían otras 1500 Has que serían aportadas por particulares, con lo afín con las empresas privadas cual se proyectaba obtener una molienda de 300 000 toneladas y utilidades (“Declarada por juez quiebra superiores a los ¢100 000 000. Otro detalle positivo fue que el ingenio había de CATSA”, 1984, 6A. “Decretada quiebra de comenzado a emplear bagazo como fuente de energía, logrando un ahorro CATSA”, 1984, 3). cercano a los ¢20 000 000 anuales (Vega, 1984, 1C). Pese a todo, la confianza en la azucarera estaba trastocada y el Banco Na- cional no se fiaba en el rumbo seguido; temía, que la empresa no pudiera su- perar sus dificultades económicas. Hasta ese momento, el SBN había presta- do más de ¢100 000 000 a la Central Azucarera; siendo así, sus recelos no eran del todo injustificados, porque los mismos administradores de CATSA se enfrentaban a CODESA, aduciendo que no se les permitía manejar la empre- sa como se debía, como una entidad privada; lo cual llevó a la renuncia de Jenkins como directivo-asesor. Esto mostraba que el caos regía en la azuca- rera en un pésimo momento, cuando era seguida de cerca por las entidades financieras. Juan Bonilla Ayub, quien nuevamente fungía como presidente de CODESA, más bien defendía por todos los flancos a sus representadas. Aseguraba que la situación del ingenio era envidiable para las empresas privadas (pues sus pasivos y activos eran elevados) y que los informes publicados por la prensa o que daban a conocer los implicados en el caso de la bancarrota, eran del todo exagerados y con la intención explícita de quebrar a la empresa, aun, cuando esta se encontraba en la capacidad de hacerle frente a sus obligacio- nes con los acreedores (“Actas de banco revelan dificultades de CATSA”, http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 22 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) 1984, 6A. “Bonilla: situación de CATSA la desearía empresa privada”, 1984, 4). ¿Qué estaba ocurriendo en tan convulsa empresa? Unos decían que estaba creciendo, pero otros pedían su inminente cierre. Sin embargo, por contradic- torio que parezca, ambos procesos podían estar ligados. Era innegable que el complejo azucarero estaba creciendo a pasos agigantados, pues continua- mente se ampliaban los terrenos cultivados a su alrededor, tanto de produc- tores independientes como propios. De igual forma, las dificultades financie- ras podían verse de manera distinta pues, aunque inobjetablemente habían adquirido la forma de deudas, se originaron en inversiones para mejorar el complejo agroindustrial, y daba la sensación de que ya rendían algunos fru- tos. Aunque, para el observador más perspicaz, con esos recursos se favore- ció de manera indirecta (en ocasiones, directa) a los arroceros u otros gran- des empresarios de la región. Por su parte, CODESA se había convertido en el conducto que extraía recur- sos públicos del SBN o de la USAID y los dirigía a la subsidiaria. Es muy po- sible que muchos temieran el surgimiento de un cuarto ingenio sólido en la región del Pacífico Seco y que esto llegará a significar la absoluta hegemonía de los azucareros guanacastecos dentro del gremio. La bancarrota podía im- pedir o al menos detener momentáneamente ese proceso. Mientras que, para otros grupos ajenos a la caña, simplemente se trataba de una malver- sación de fondos descarada e infame y por ello, se empeñaban en detenerla. Pero, para los defensores del ingenio, la meta era mantener la compañía a flote el tiempo suficiente para transferirla a sus nuevos dueños, no importaba si eso implicaba la desaparición de la Corporación de Desarrollo; lo que sin duda no podía pasar, era perder el ingenio. De momento, CATSA tenía todas sus baterías dirigidas a impedir que la ban- carrota se hiciera efectiva. La misma CODESA se defendía ante los medios de comunicación aduciendo que ellos intentaron negociar con la firma brasi- leña, pero que esta no aceptó ninguno de los posibles acuerdos. Agregaban que desde junio del año anterior se había estado preparando un préstamo con el Banco Nacional por la suma de medio millón de dólares, del cual la mi- tad se emplearía en saldar parte de la deuda contraída con los suramerica- nos (“En relación a la quiebra de CATSA, CODESA aclara a la opinión públi- ca”, 1984, 3). Pese a todos estos contratiempos, la Central continuaba ope- rando y pagando a los productores de caña, mientras que preparaba a sus abogados con incidentes de reposición y nulidad para revertir el veredicto de quiebra. Los defensores de CODESA y la subsidiaria enfatizaban en que el ingenio aun contaba con importantes recursos, por lo que la quiebra no tenía sentido y era una medida bastante precipitada. La deuda con Dedini (47 millones de colones) no era la mayor de las preocupaciones del ingenio estatal, las ma- yores responsabilidades correspondían, en primer lugar, a la Corporación (522 millones de colones; sumando otros 139 millones en intereses) y, en se- gundo término, al SBN con 137 millones de colones (“Una controvertida deci- sión que puede dejar enseñanzas”, 1984, 6A). Sobre todas las cosas, se re- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 23 velaba la gran dependencia de CATSA respecto a los dineros públicos, en conjunto, casi unos 800 millones de colones. La deuda con la brasileña era una excusa y, en realidad, lo que se estaba fraguando era el descrédito de la cañera, mostrando estos datos como la prueba irrefutable de la bancarrota y el despilfarro, en lugar de precisar en qué se invirtieron los recursos. De acuerdo con lo que se ha venido hilvanando, el capital estaba siendo usado en fortalecer el complejo agroindustrial, colocándolo en los primeros puestos a nivel nacional, dentro del sector azucarero. Todos estos reveses no minaron los esfuerzos que se venían dando para cooperativizar la empresa, pues el Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOOP) trataba de adquirirla y más bien se insistía en mantenerla viva; en especial, cuando la dinámica de la demanda interna de azúcar era promisoria, al igual que la respectiva cuota estadounidense (“CATSA y la eco- nomía nacional”, 1984, 12. Loaiza, 1984, 9). En ese contexto donde aún exis- tía peligro de escasez interna de azúcar y tras tantos retos que la empresa había superado, la idea de la quiebra era un tanto irrazonable. Ese mismo año, se estimaba que la azucarera alcanzaría ganancias de varios millones de dólares por concepto del procesamiento de 250 000 toneladas de caña, lo que equivalía a 460 000 bultos de 50 Kg. de azúcar (cada uno a un precio de 441 dólares). Muy pronto, el ingenio podría trabajar al máximo de su capaci- dad y alcanzar la meta de las 500 000 toneladas de caña (“$10.1 millones ga- nará este año empresa CATSA”, 1984, 4). Las acciones de los abogados favorecieron a la compañía azucarera, ya que la Jueza Quinto Civil de San José, Lcda. Liana Rojas, decretó nula la quie- bra, amparándose en que el Juez Sing no tomó en cuenta ciertas cláusulas contractuales, tales como que la compañía brasileña primero debía notificar a CATSA del atraso en sus pagos y luego iniciar el proceso para solicitar la quiebra, lo cual nunca ocurrió. Visto así, la deudora no estaba en cesación de pago, por ello no podía decretarse su quiebra. Inmediato al fallo, el Gobierno de Luis Alberto Monge decidió acelerar el proceso de cooperativización. El 9 de marzo terminaba el polémico episodio, ya que CATSA depositó los $548 000 adeudados a Dedini (cifra que se había elevado por los intereses), la que por medio de sus abogados retiró el dinero y no dio más largas al asunto. Aunque resultaron bastante caros al ingenio, el pago de honorarios a los abo- gados y al curador –custodio del patrimonio de la empresa durante el proce- so–, servicios por los cuales tuvo que cancelar la suma de ¢94 000 000; de estos, 84 millones para el curador y 2,5 millones para cada uno de los cuatro abogados. Encarrilando los vagones del ingenio Tras el abrupto y escarpado episodio de la bancarrota, la empresa comenzó a encontrar su camino. Entre 1983 y 1984, había obtenido ganancias cerca- nas a los ¢56 millones y se habían dado unas ligeras mejoras salariales. En este mismo periodo creció la expectativa ante la posibilidad de exportar al- http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 24 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) cohol anhidro –bajo asesoramiento brasileño– a los Estados Unidos y dentro de las oportunidades comerciales ofrecidas por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Para ello, se proyectaba reactivar la destilería de CATSA, lo que im- plicaba la habilitación de infraestructura y, para financiar estas inversiones LAICA solicitaría un ajuste en el precio del azúcar al consumidor costarricen- se. Finalmente, se tenía garantizado que CATSA reactivaría la destilería a partir de 1985 y la mayor parte de su producción, 200 000, de un total de 350 000 toneladas de caña, se destinarían a la fabricación de alcohol. Para apoyar el plan, LAICA invirtió ¢57 000 000 en el puerto Punta Morales, Puntarenas, lo que incluía reparar la carretera, dos tanques de almacena- miento de 3750 m3 cada uno, así como una tubería para la recepción y des- carga del líquido, con capacidad de 500 T/hora (“Anuncian la exportación de alcohol anhidro próximo año”, 1984, 8A. “Reanudan producción de alcohol en 1984 con gran excedente de azúcar”, 1984, 9. “CATSA reactivará destilería de alcohol a partir de enero”, 1984, 4. Vega, 1984, 8A). El 20 de febrero de 1985 partió el primer embarque desde Punta Morales hacia Tampa, Florida con una carga de 1 500 000 litros destinada a la compañía Químicas Holan- da. La empresa aprovechó esta buena racha para solicitar un préstamo al SBN por ¢130.000.000 y con este capital financiar la llamada “zafra muerta”, la época en la que el ingenio no producía, misma en la que se debía dar mantenimiento a las instalaciones, atender los cultivos, entre otras obligacio- nes (Vega, 1985, 8A. “Alcohol anhidro producido por CATSA originará entra- da de ¢100 millones”, 1985, 8 (sección 2). “22 millones de litros de alcohol producirá CATSA”, 1985, 3). La producción de alcohol se lograba en un buen momento, ya que los bajos precios del azúcar azotaban al gremio y esta se convertía en una medida idó- nea para impedir el hundimiento de la industria cañera. Asimismo, se decidió que CATSA no elaboraría más azúcar de momento, ya que su función dentro de la estructura productiva nacional era la de procesar el excedente de caña y convertirlo en alcohol. A pesar de las limitantes, el proyecto del alcohol pro- seguía (“CATSA inició elaboración de alcohol deshidratado”, 1986, 12A). Ya en estos momentos, quedaba claro que la Central Azucarera se había conso- lidado como uno de los cuatro grandes ingenios y que todo estaba listo para transferirla al sector cooperativo. En contraste con el ingenio destrozado que supuestamente encontró Luis Alberto Monge al inicio de su administración, los manejos turbios de dinero o recursos, la abultada deuda y el drama de la bancarrota; desde la zafra de 1980-1981, la empresa se había convertido en una de las mayores productoras de azúcar en el país, algo impresionante para un ingenio que supuestamente se encontraba en una situación de extre- ma decadencia. Para en este punto, continuamente saltaban editoriales en la prensa rogando al Gobierno que se deshiciera de la azucarera y cuando por fin destacaba sus logros, más enfatizaban los articulistas en que era la hora de transferirla. El modelo de CODESA hasta cierto punto había cumplido con su cometido, pero de una forma desgastante y hasta lesiva para el país. El sector privado de los cañeros guanacastecos se ahorró de invertir durante diez años (1975- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 25 1985) en el desarrollo de un moderno complejo agroindustrial. Esquivó desde plagas de roedores, hasta conflictos sociales como huelgas y en el proceso adquirió más tierras para la siembra de caña de azúcar. La empresa de todos los trabajadores… Concluido el escollo de la amenaza de quiebra, la administración Monge de- cidió concretar la conversión a cooperativa, bajo la promesa de que la Cen- tral fuera propiedad de casi 8000 cañeros de distintas zonas, como Guana- caste, Puntarenas, San Ramón, Grecia y Turrialba (Carvajal, 1987, 15A). Aunque la idea no era nueva (ya se impulsaba en Costa Rica desde los años cincuenta), las cooperativas habían cobrado mayor fuerza en los ochentas debido en gran parte a la crisis económica que atravesaba el país. Gracias a estas, los productores supuestamente iban a ser partícipes de las utilidades generadas en las etapas de mercadeo y venta; mientras disminuía el papel de los intermediarios. Más importante, era el afán de que, a largo plazo, se pretendía construir una sociedad donde todos pudieran ser empresarios. En este contexto, promover o insinuar “privatización” era un gran riesgo político y por eso la opción más aconsejable se encontraba en las cooperativas, pese a que otras empresas de CODESA, como FERTICA, fueron directamente priva- tizadas. Desde junio de 1982 se venía trabajando en el tema de la cooperativización, pero sin resultados concisos. Del mismo modo, iban y venían las ofertas de grupos como LAICA o ciertas entidades vinculadas al mundo cooperativo (como UNACOOP, COOPEVICTORIA o INFOCOOP) para adquirir el ingenio (“CONACOOP. Desarrollo cronológico de actividades para la cooperativiza- ción de CATSA”, s.f.). Al menos, la Ley para el Equilibrio Financiero del Sec- tor Público promulgada en 1984, ordenó que se realizara un avalúo de CA- TSA por parte de la Contraloría General de la República, lo que perfiló de manera definitiva la contracción de CODESA. El avalúo dictaminó que el va- lor del ingenio era de unos ¢3 500 000 000, pero el presidente de CODESA Edgar Brenes, precisó que restando la cantidad de ¢1 200 000 000 en pasi- vos, su valor era de tan solo ¢2 300 000 000. De igual forma, se concluyó que la empresa contaba con 1500 hectáreas no aptas para la caña y por ello, estas tierras debían venderse o sustituirse por otras útiles, así como eliminar gastos financieros y activos superfluos, antes de ser formalmente traspasa- da. Otro punto estrictamente establecido con referencia a la venta, era que las acciones únicamente se podrían ceder al sector cooperativo nacional: “Las tierras de CATSA deberán destinarse a proyectos ligados a los progra- mas de desarrollo agrario y, en ningún caso podrán venderse directa o indi- rectamente a personas físicas o jurídicas extranjeras.” (“Ley de Emergencia para el Equilibrio Financiero del Sector Público. Decreto N.° 6955 del 16 fe- brero de 1984”, 1984, folio 629). Aunque los lineamientos que debía seguir la transición a cooperativa ya esta- ban claramente establecidos, fue el advenimiento del primer gobierno de Ós- http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 26 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) car Arias Sánchez en mayo de 1986, el que dio un impulso definitivo a la transferencia, pues se trataba de un asunto incluido entre sus promesas de campaña. En 1987, una Comisión especial integrada por el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) junto con LAICA, CATSA y CODESA; analizó las alternativas para la transformación de la planta. Seguidamente, propusie- ron varias opciones acerca de la estructura organizacional de la nueva em- presa, la cual podría operar como 1) “Consorcio (organismo auxiliar)”: formado por varias cooperativas, trabaja- dores y productores independientes asociados a la actividad cañera. Pero, como limitantes a esta alternativa, estaba la falta de reglamentos y una posi- ble disparidad en la distribución de utilidades entre los socios. 2) “Sociedad de responsabilidad limitada”: similar a la anterior, pero contaría con un marco jurídico que la respaldara, los dividendos se distribuirían de acuerdo con la contribución de cada grupo de accionistas. Dado que su meta sería obtener rentas, esto obligaría a que su operación fuera acorde con una empresa capitalista más tradicional (una de corte privado). De antemano, esta se percibía como una de las opciones más viables. 3) “Fideicomiso”: encargado de traspasar las acciones a una cooperativa, porque hasta el momento no se había logrado vender la empresa al sector cooperativo (“Ley de Emergencia para el Equilibrio Financiero del Sector Pú- blico. Decreto N.° 6955 del 16 febrero de 1984”, 1984, folios 8-10). La tercera propuesta fue la ratificada y se designó que la Fiduciaria de Inver- siones Transitorias, S.A. (FINTRA), a partir de setiembre de 1987 y por un plazo de doce meses, tuviera a su cargo la reorganización de la empresa, etapa durante la cual contrataría o despediría personal, manejaría activos, obtendría utilidades y realizaría las inversiones necesarias para asegurar el traspaso de las acciones a las cooperativas. También, se acordó que las ga- nancias acumuladas serían para CATSA, mientras que las eventuales pérdi- das generadas durante el proceso las asumiría FINTRA. Lo que restaba era buscar recursos para financiar la garantía de entre 200 y 250 millones de co- lones que las cooperativas interesadas debían entregar en la cuenta del fidei- 13. comiso.13 Por otra parte, se decidió Este dinero terminó siendo aportado por la USAID, a la cual tam- que CATSA mantendría el bién se le acusó de presionar para que se diera la cooperativización (Archivo estatus de Sociedad Anónima por dos años más, ya que para Nacional de Costa Rica, 1989 febrero). ratificar su condición de cooperativa, esto primero Pero, aclaremos, la USAID no presionó por la cooperativización, más bien se debía ser aprobado por ley en encargó de llevar a cabo buena parte del proceso, buscando en realidad su la Asamblea Legislativa eventual privatización, pues fue la creadora de FINTRA. De acuerdo con la (“Propuestas tres alternativas para transformación de tesis de Jorge Vásquez Rodríguez, en 1985 la USAID había creado el Centro CATSA”, 1987, 8. “Traspaso de para la Privatización, el cual regularía estos procesos tanto en Costa Rica CATSA se hará en julio”, 1987, 8A. “Garantía de ¢250 millones como en el resto de Latinoamérica (Vásquez, 1994, 65). Posteriormente, piden para traspasar CATSA”, donó $140 000 000 para que fueran destinados a la venta de las subsidiarias 1987, 4. “Gobierno autorizó de CODESA, con cuyos recursos saldaría las deudas pendientes con el Ban- traspaso de CATSA”, 1987, 3. “CATSA será reorganizada en co Central. un lapso de 12 meses”, 1987, 8A). FINTRA procedió a solicitar la colaboración de la industria azucarera de Lui- siana a través de la firma F.C. Shaffer & Associates, para que realizara un Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 27 nuevo avaluó de CATSA, cuyos representantes concluyeron en julio de 1987 que el valor del ingenio oscilaba tan solo entre los 7 a 9 millones de dólares, lo que equivalía en esa época a 500 o 650 millones de colones. Mientras que Tributación Directa había valorado, solo los terrenos del ingenio, en más de ¢320 000 000; aunque en última instancia se fijó un precio de venta de tan solo ¢500 000 000, cuando en realidad se recomendaba, y los avalúos así lo indicaban, que el complejo tenía un valor mínimo cercano a los ¢3 500 000 000 (Vásquez, 1994, 89-90). La campaña mediática para promocionar la venta de las acciones del inge- nio, comenzó en febrero de 1988, utilizando diferentes espacios de la prensa escrita, radio y televisión. La cruzada señalaba que para adquirirlas se po- dían utilizar las líneas de crédito disponibles en el INFOCOOP, BANCOOP, el Banco Popular y en Fedecrédito. FINTRA continuó con sus inversiones, alcanzando la cifra de ¢78 000 000 en equipos agrícolas, tractores, sistemas de cómputo y una ampliación de los cultivos de hasta 1.000 Has. Asimismo, la Fiduciaria vendió maquinaria obso- leta y un 4% de las tierras de la empresa que correspondían a suelos inade- cuados para la siembra de caña (“FINTRA. Correspondencia entre Gonzalo Vega (FINTRA) y Edgar Díaz (CONACOOP)”, 1988 julio 5. “Correspondencia PE n.113-88 entre Edgar Brenes (CODESA) y Rodrigo Arias (Ministro de la Presidencia)”, 1988 abril 14). La administración de FINTRA no estuvo exenta de cuestionamientos, el pro- ceso de cooperativización públicamente pareció buscar el beneficio de los productores; pero tras bastidores, la élite del gremio azucarero influyó en la suerte del controvertido ingenio. Algunos no tardaron en denunciar estos mo- vimientos: “No se ha dado definición política, creo yo, por la gran influencia de algunos potentados del negocio del azúcar, que incluso tienen asientos en FINTRA y el Gobierno Central y más parecen estas interesados en un cierre total de su competencia (CATSA).” (“Correspondencia entre Juan Rafael Mu- ñoz Fonseca y José Salazar (CODESA)”, 1989 febrero 6). Pero estas voces estaban equivocadas, a largo plazo no se estaba cerrando la competencia, simplemente se estaba consolidado la posición de CATSA como uno de los cuatro grandes del gremio. Al fin y al cabo, estos cuestiona- mientos demostraron no ser más que un mal menor y la venta de acciones continuaba de forma encomiable, ya que para 1989 se habían presentado más de 250 000 solicitudes de compra ante el CONACOOP. Frente a esto, los personeros de CODESA afirmaban que los cooperativistas interesados representaban a miles de entidades y que la empresa ya estaba vendida en un 75% (¢536 000 000), otro 5% correspondió a los trabajadores del ingenio. En cuanto a los compradores menores se puede precisar que la Cooperativa 14. La lista de los accionistas de Cañeros de San Ramón, R.L. adquirió cinco millones de colones en accio- y cooperativas que adquirieron CATSA se encuentra en la nes y otras cinco mil acciones se destinaron a cooperativistas guanacaste- tesis de Mercedes Zuñiga (en cos.14 El plan fundamental consistía en que las federaciones cooperativas o la sección de anexos) e incluye el número de asociados y la agrupaciones afines fueran partícipes de la Central, así como las grandes en- proporción de acciones que tidades del ramo, como Dos Pinos y Montecillos (empresas de lácteos yem- cada una de estas adquirió butidos), los trabajadores del ingenio y otros pequeños colectivos indepen- (Zuñiga, 1991). http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 28 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) dientes. En la práctica, casi la mitad de las acciones quedaron en manos de la Dos Pinos y del resto, no se tiene constancia segura de su paradero. Finalmente, el 26 de julio de 1989, el presidente Arias Sánchez encabezaba el acto oficial de traspaso de la Central a los productores, se mostraba orgu- lloso y complacido, pues aseguraba que más de trescientos mil costarricen- ses serían propietarios de CATSA; garantizando la democratización económi- ca del país, proceso que era parte trascendental de su Plan Nacional de De- sarrollo. Destacaba que la azucarera poseía activos por un valor superior a los tres mil millones de colones y 5262 hectáreas rebosantes de fertilidad; 2700 Ha de estas estaban sembradas con caña y 820 eran aptas para el arroz o el nuevo cultivo del melón. Enfatizaba que la empresa entregada se encontraba lejana de una situación de crisis: No estamos entregando a los nuevos propietarios una empresa en crisis. No se trata del traspaso de una em- presa deficitaria. Todo lo contrario. Entregamos una em- presa con activos por más de 3000 millones de colones. En este momento, CATSA proyecta un total de ventas, en 1989, de casi seiscientos millones de colones, con gene- ración de utilidades. Su producción, en este año, se acer- cará al medio millón de bultos de azúcar blanco y crudo. Es decir, el Gobierno está entregando a las cooperativas de Costa Rica una de sus más productivas y promisorias empresas. (“CATSA: principal peldaño de la democratiza- ción económica”, 1989, 3). No se equivocaba en su afirmación, excepto en un aspecto, y es que precisa- mente se había transferido una empresa pujante, vital para la economía de Guanacaste y con grandes expectativas, pero el error radicaba en que no se estaba entregando únicamente a las cooperativas costarricenses, pronto se vería como otras manos pudieron disfrutar de la gran compañía cañera. El ingenio en manos extranjeras A principios de los noventas los medios recalcaron que la empresa cooperati- vizada ahora sí estaba en marcha. En febrero de 1990, se había concretado la venta de otras 500 000 acciones de CATSA por un total de ¢500 000 000, para ese año el ingenio abarcaba una extensión total de 6.037 hectáreas, la cual abastecía el 67,50% de la caña empleada por la empresa. El sector cooperativista recibió una empresa con inversiones en nuevos activos supe- Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 29 riores a los ochenta millones de colones y unas utilidades acumuladas duran- te la administración de FINTRA de más de ¢180 000 000 (“Medio millón de Cooperativistas dueños del mayor complejo agrícola industrial del país”, 1990, 9A). El mes siguiente se adquirió otra finca de unas 775 hectáreas por un valor de ¢81 992 494, pagados al contado. También se recibieron recursos de la USAID para solventar sus deudas en maquinaria y a los accionistas se les otorgó un plazo de 10 años para saldarle a FINTRA. Seguidamente, se reac- tivó la destilería, pues LAICA encargó 2 500 000 de litros de alcohol, de es- tos, 500 000 litros se destinarían para su exportación a Brasil. El ingenio pre- tendía diversificar sus cultivos y por ello experimentaba con la siembra de mango, melón, cítricos y tomate industrial; cuyos resultados serían evaluados al finalizar la zafra. La prensa enfatizó en que, durante la administración estatal, CATSA acumuló masivas deudas y pocas ganancias; pero la nueva etapa parecía ser bastan- te distinta, con una producción de bultos de azúcar que ascendía de 850 000 a 1 200 000, así como visibles aumentos en la caña procesada y el rendi- miento por tonelada. Al mismo tiempo, se iniciaban nuevos retos productivos, tales como el arroz, la cogeneración eléctrica y el refinamiento de azúcar. El crecimiento (en moneda local) en las utilidades registradas para los últimos años, demostraba el éxito de la cooperativa; verificando ¢102 802 000 en la zafra 1988–1989, ¢209 986 000 para la de 1989–1990 y para 1990–1991, se obtuvo un total de ¢361 033 000 de ingresos (“El éxito de la democratiza- ción”, 1992, 3). El buen suceso de la empresa pasaba a formar parte de los logros de algo que bien podría denominarse como privatización encubierta; pero investiga- doras como Mercedes Zúñiga han sido muy claras en señalar el proceso como un montaje falaz, pues el “éxito” era bastante artificial. Primero, porque a CATSA se le condonaron sus deudas a través de los $140 000 000 de dóla- res que la AID donó a CODESA; sumado a esto, se vendió la Central a un precio ínfimo de ¢500 000 000, mientras el organismo estadounidense tam- bién donó la cifra de ¢3 500 000 000 al Banco Central para saldar el costo 15. Esto implicaba que la USAID “compró” hasta cierto del ingenio y que éste pudiera venderse a un precio disminuido (Zuñiga, punto a CATSA con la premura 1991, 256-258). Si se agrega que FINTRA realizó diversas mejoras a los te- de traspasarlo al sector rrenos y equipos; en otras palabras, los nuevos accionistas obtuvieron un in- cooperativo, ¿por qué desembolsar tantos millones? genio de primera, a un precio irrisorio (mil colones cada acción) y con una Lo más factible es que la producción lista para aumentar y generar provechosas ganancias.15 La época USAID buscaba acelerar el proceso de transformación del de los escándalos había pasado, la Central era una empresa en apariencia Estado que de por sí Arias ejemplar y su desempeño óptimo no merecía la otrora atención o el amarillis- Sánchez apoyaba tan mo de la prensa. fervientemente y dejar el portillo abierto para la entrada A mediados de los noventas, la Cooperativa Dos Pinos, dueña mayoritaria de del capital transnacional en los años venideros. Además, el las acciones del ingenio, decidió emprender una masiva modernización y ad- dinero recibido por el Banco quirir nuevas instalaciones en El Coyol de Alajuela; sin embargo, prefirió no Central ayudaría a paliar recurrir a engorrosos préstamos, optando por vender las acciones que poseía momentáneamente las deficiencias de la economía en la cañera. Como parte de este movimiento, consorcios costarricenses y costarricense y mostrar las guatemaltecos lograron adquirir el 54% de las acciones de la Central, pues privatizaciones como el camino al desarrollo. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 30 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) no solo Dos Pinos vendió sus acciones (que representaban un 36%), la em- presa Cañera Continental (con un 10%) y otros pequeños accionistas tam- bién participaron en la transacción (estos últimos sumaban un 8% en accio- nes). La venta se concretó por la suma de 18 millones de dólares (¢4 320 000 000 en ese momento) y los principales propietarios guatemaltecos fueron el Grupo Campollo, la familia Aguilar (también de Guatemala) y una firma costarricense no identificada, que adquirió una pequeña participación (cerca 16. En principio, Dos Pinos 16 intentó vender las acciones a de un 2,5%). una empresa costarricense y luego a un consorcio inglés, Tras la sigilosa venta, en 1998, al calor del debate por la aprobación de la pero ninguna de las dos nueva ley de la caña, nuevamente el ingenio salió a colación, los diputados iniciativas fructiferó (Delgado, se preguntaban ¿qué había pasado con CATSA? Para responder parcialmen- 1997). te a esta pregunta, es mejor referirse al Presidente de la Comisión de Asun- tos Hacendarios de la Asamblea, diputado Luis Román Trigo (del PLN-Libe- ria), quien declaró: …nunca he sido enemigo de la inversión extranjera, pero sí es preocupante que en actividades tan sensibles, de donde dependen tantos costarricenses, tan tradicional, que el capital extranjero pueda, de una forma u otra adueñarse de ingenios muy grandes que puedan cambiar el panorama que hemos conocido nosotros. Por ejemplo, en la adquisición de un porcentaje importante de las ac- ciones de CATSA por un grupo guatemalteco. Es lamen- table que la Dos Pinos, que ganó muchos millones con la negociación porque fueron acciones muy baratas, preci- samente por ser una cooperativa para que se buscara cómo ir democratizando nuestra economía, precisamente vio en CATSA únicamente el interés de ganar dinero, no el interés de favorecer a los pequeños y medianos pro- ductores de caña de Guanacaste porque perfectamente se pudieron haber vendido esas acciones a los producto- res dejando las mismas acciones en garantía y que los productores firmaran una retención por cada tonelada de caña que entregaran en CATSA iba para el banco para ir pagando, poco a poco, esas acciones. Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 31 No sé si financieramente es factible, pero ni siquiera se le dio la oportunidad a que la idea fue estudiada, sino que de una forma muy rápida y rajatabla se hizo la nego- ciación. (“Ley Orgánica de la Caña Costa Rica”, 1998, fo- lio 630). Ciertamente, el consorcio guatemalteco que compró las acciones, Grupo Campollo, no era ajeno al sector cañero; al contrario, este a su vez era pro- pietario de la entidad Derivados de Caña S.A., la cual tenía a su mando el In- genio Madre Tierra, uno de los más grandes de Guatemala (Camacho, 2003).17 Pero, la respuesta más directa a la pregunta antes planteada, la brin- 17. Otro sitio agrega: “MADRE TIERRA: Opera el ingenio dó el diputado socialcristiano Gonzalo Fajardo Salas, ya que fue el único en Madre Tierra en Guatemala, emplear las palabras más sencillas: Central Azucarera del Tempisque en Costa Rica y el Nosotros prácticamente regalamos CATSA. Este país, Ingenio Barahona en República Dominicana, produce más de como país regaló CATSA, favoreciendo a las cooperati- 10 millones de quintales al año” (Ortiz, 2008). vas, ¿qué hizo la Dos Pinos? Llegó a un 20% y subió un 30% [de acciones] vendiendo su parte, haciendo un ex- traordinario negocio a intereses foráneos. (“Ley Orgánica de la Caña Costa Rica”, 1998, folio 781). Otros diputados concluyeron que, en definitiva, el capital foráneo se había atrincherado en CATSA. También confirmaron que detrás de los intereses guatemaltecos se encontraba el capital de los grandes azucareros mexica- nos, ávidos de expandir sus negocios en la región centroamericana. Sin duda, la Central por mediación de CODESA había absorbido cuantiosos re- cursos públicos, los cuales terminaron en manos privadas y extranjeras. Des- pués de tantas tribulaciones para reactivar y maximizar la capacidad del inge- nio, este, que fuera construido con los recursos de todos los costarricenses, terminó en manos de unos pocos. Una jugada de alta especulación, tal vez ignominiosa, pero en definitiva altamente rentable. Conclusiones Si bien no es menester de este ejercicio cuestionar o aplaudir el papel de la socialdemocracia liberacionista entre 1950 y 1980, hay que aclarar que la verdadera ideología de este partido ha sido el pragmatismo y que se puede (y debe) cuestionar la idealización en torno a su fase de Estado Empresario. Simplemente, no es fácil defender tenazmente este modelo, no por las falen- cias del modelo en sí mismo, sino porque se empleó el aparato y los recursos públicos para favorecer a políticos empresarios. Entonces, considerando el http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. 32 Origen, crisis empresarial y privatización encubierta de la Central Azucarera del Tempisque, Guanacaste, Costa Rica (1975-1990) modelo como absolutamente equitativo, ¿por qué se concentró en Guana- caste?, una respuesta indicaría que su propósito, como lo aseveró Oduber, era lograr el desarrollo de la región. Sin embargo, no fue casual que el foco de recepción de los recursos estata- les se ubicó precisamente en la cuenca media del río Tempisque, asiento de diversas empresas agroindustriales en manos de los grupos dominantes. El argumento central se transforma y se podría proponer que los proyectos de CODESA se intensificaron en la península de Nicoya, con la finalidad de be- neficiar directamente a múltiples políticos, incluido el mismo Oduber, y otras familias de élite; es decir se practicó el tipo de clientelismo que este artículo propuso desde el inicio. De esta forma, lo que se terminó creando, en una co- yuntura de aguda crisis, como lo fue el final de la década de los setentas; fueron empresas destinadas al sector privado. Pronto, el país estuvo sumido en una debacle causada en gran parte, por los excesos de estos proyectos faraónicos que extrajeron sus capitales de los tributos de la sociedad costarri- cense y del endeudamiento externo, mismo que tendría que ser sufragado por las futuras generaciones. Cuando los neoliberales llegaron al poder, continuaron parte de la obra de los impulsores de CODESA, pues cristalizaron su sueño, transfirieron las empre- sas al sector cooperativo o directamente al privado. Sería inoportuno concluir que desmantelaron por completo el Estado Empresarial, pues quedaron algu- nos vestigios de este. Pero el estudio del proceso ayuda a comprender más claramente quiénes eran los interesados en CATSA y cuáles eran sus razo- nes. Tras la azucarera, Oduber y sus aliados observaron el hundimiento de la Corporación, pero esta ya había cumplido su cometido, muchas empresas y proyectos guanacastecos (como el mismo Distrito de Riesgo) habían surgido o se estabilizaron gracias al Estado. También, se podría deducir, que los de- más ingenios guanacastecos apoyaron la cooperativización de la Central para algún día absorberla, aunque pareciera que no habían contado con la intervención de los empresarios guatemaltecos. A pesar de este aparente re- vés, el ganador indiscutido del proceso fue la expansión cañera en la región. Al finalizar esta revisión de los pormenores de CATSA entre 1975 y 1995, pa- reciera que las voces disonantes que se escucharon en su contra durante la casi-bancarrota o ante la cooperativización, solo eran actores dentro de una comedia, todo un esplendor histriónico con la misión de asegurar que la so- ciedad costarricense aborreciera la iniciativa pública e histéricamente se lan- zara a la aventura neoliberal de las privatizaciones encubiertas. Tampoco hu- biera sido una mejor solución mantener una empresa tan costosa. En definiti- va, al final se privatizó, sin mayores explicaciones, una corporación que fi- nanciaron todos los costarricenses y cuyo destino fue decidido solo por unos pocos. Rev. Rupturas 8(1), Costa Rica, Ene-Jun 2018. ISSN 2215-2466. pp 1-39. http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/ Jorge Marchena Sanabria 33 Referencias $10.1 millones ganará este año empresa CATSA. (1984, marzo 5). La República, p.4. 22 millones de litros de alcohol producirá CATSA. (1985, mayo 28). 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