Otros descriptores asignados por CLACSO: Centroamérica, independencias, bicentenario, historia, economía, políticas públicas, ensayo. Diseño de tapa: Ezequiel Cafaro. Corrección: Rosario Sofía Diseño interior: Ana Uranga B. Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a una evaluación por pares. Bicentenario de Centroamérica : historias comunes, luchas y transformaciones / Juliana Gil Ortiz ... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, Tailbook 2021. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-813-059-0 1. América Central. I. Gil Ortiz, Juliana. CDD 306.09 Bicentenario de Centroamérica Historias comunes, luchas y transformaciones CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones Equipo Editorial Lucas Sablich - Coordinador Editorial Solange Victory - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Bicentenario de Centroamérica. Historias comunes, luchas y transformaciones (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2021). ISBN 978-987-813-059-0 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | | Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas. LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana Índice Presentación Karina Batthyány .............................................................................................................................7 Modelos de acumulación y políticas públicas Patrimonialismo y desigualdad social en medio del subdesarrollo político y económico en el bicentenario centroamericano Agustín Haroldo Locón Solórzano ...................................................................................13 Los Estados del bicentenario en el norte de Centroamérica: del simulacro y autoboicot hacia el modelo propio Miguel Gomis ............................................................................................................................45 El populismo de Nayib Bukele Edgar Baltazar Landeros .....................................................................................................77 “¡Quieren torcer el rumbo!”. La voz denunciante: análisis del discurso de Cristina Fernández de Kirchner ante el golpe de Estado en Honduras Katherine Pose ....................................................................................................................... 109 Laberinto de explotación: improntas históricas en la configuración de las relaciones laborales en Guatemala Leslie Lemus ............................................................................................................................. 133 Política social y sanitaria en el bicentenario: la desconfiguración estatal del derecho a la salud y la ciudadanía en Guatemala Cristian Osorio y Ernestina Tecú ...................................................................................163 Movilidad humana, violencia y procesos de exclusión Violencia en tiempos de paz: la seguridad pública en El Salvador Juliana Gil Ortiz ....................................................................................................................201 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores de drogas ilícitas en Costa Rica Rodolfo Calderón Umaña ................................................................................................. 229 Nación y nacionalismo en movimiento. Polifonías en torno a la experiencia del exilio salvadoreño en México Cristina Sánchez Parra ......................................................................................................261 Migración centroamericana y espectralidad Emmanuel Pontones Roldán ........................................................................................... 293 La militarización de la naturaleza en Costa Rica Luis Diego Arias Campos ................................................................................................... 331 Saberes, luchas, conquistas y transformaciones históricas de los pueblos Defensoras de tierra y territorio, resistencias contra el extractivismo y visiones hacia un futuro igualitario postextractivista Laura Carlsen ..........................................................................................................................377 Bicentenario político de Centroamérica o humanismo común: espejo social atrapado entre Tlazoltéotl, la culpa y la máquina deseante Orlando Castillo ....................................................................................................................409 Exclusión e inclusión en Guatemala 1821-1944: revisando las raíces oligárquicas del pacto societario Néstor Véliz Catalán ...........................................................................................................441 El concepto “patria”: de la Constitución de Cádiz a la independencia de Honduras y Guatemala Ezel Obed Hernández Gamero ........................................................................................ 473 Mujeres frente al bicentenario: entre la invisibilización y la exclusión Ana Silvia Monzón Monterroso ..................................................................................... 507 Sobre las autoras y los autores .....................................................................................539 229 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores de drogas ilícitas en Costa Rica1 Rodolfo Calderón Umaña Introducción Los Acuerdos de Paz alcanzados en Centroamérica durante la década de 1990 constituyen uno de los eventos más importantes en la historia reciente del Istmo. Con ellos se logró poner fin a años de violencia armada, transitar hacia regímenes democráticos formales y, abandonar el modelo económico de base agroexportadora que se encontraba vigente desde finales del siglo diecinueve. En su conjun- to, estos cambios generaron expectativas de una vida mejor entre amplios sectores de la población; sin embargo, este anhelo pronto se desvaneció y quedó en evidencia que las transformaciones indicadas 1 Elaboré este trabajo como parte de las actividades desarrolladas en el marco de una licencia sabática otorgada por la Universidad de Costa Rica, razón por la cual quiero expresar mi gratitud a esta institución, así como también a la Dra. Nora Garita, Dr. Iván Orellana, MSc. Jesús Bedoya y Bach. Katherine Ballestero por sus comentarios a una versión preliminar del manuscrito. Rodolfo Calderón Umaña 230 no alcanzaron para aliviar la desigualdad social que había dado lu- gar a la guerra, ni tampoco la violencia que esta desencadenó.2 Ambas problemáticas no solo subsisten bajo nuevas modalidades (exclusión social y violencia difusa) sino que además se interrelacio- nan y articulan para generar fenómenos inéditos como las maras y los grupos locales dedicados a la comercialización de drogas ilíci- tas; de ahí el interés del artículo por comparar estos dos fenómenos, ya que su análisis permite evidenciar que, pese a las diferencias y especificidades de cada uno de ellos, en realidad se trata de dos ex- presiones de un mismo proceso: la respuesta desarrollada por una subjetividad que, ante los procesos y dinámicas sociales que sistemá- ticamente le niegan su participación social por las vías instituciona- les, intenta tomar control de su vida y dotarla de sentido en el marco de las posibilidades a su alcance. El ejercicio brinda, asimismo, herramientas analíticas para supe- rar tres falencias identificadas en la bibliografía sobre estos temas. Primero, frente a la práctica común de excluir a Costa Rica de cual- quier análisis regional comparativo, amén de presentarlo como con- trapunto de las tendencias regionales, aquí se ofrece una mirada en la que este país no constituye una excepción sino un caso en el que la problemática de interés se expresa de forma particular, debido a razones históricas e institucionales. Segundo, ante el determinismo estructuralista que entiende el fenómeno de las maras y los vendedores de drogas ilícitas como el resultado inevitable (variable dependiente) de dinámicas históri- cas-estructurales (cultura de la violencia, exclusión, etc.), aquí se re- cupera el papel de la subjetividad, no para oponerlo a la estructura y caer en explicaciones voluntaristas que vería en estos fenómenos el producto de decisiones y acciones personales (libres de cualquier 2 Una de las grandes paradojas de este cambio epocal es que el discurso democrati- zador vino acompañado de un dogma y unas prácticas antiestatales y privatizadoras que buscan (y han logrado con bastante éxito) imponer la lógica de mercado en la mayoría de las esferas de la vida social; por esta razón, Laval y Dardot (2016) sostienen que el neoliberalismo no es una doctrina económica sino una ideología. 231 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... condicionante), sino para comprender el aporte de cada uno de estos factores y sus interrelaciones en la emergencia y funcionamiento de las problemáticas en cuestión. Tercero, de cara al reduccionismo que atiende exclusivamente la dimensión criminal del problema, aquí se retoman no solo sus múl- tiples aristas (sociales, políticas y delictivas) sino también, y sobre todo, las razones que expresan sus protagonistas para vincularse a estas actividades, pues ellas muestran que se trata de motivaciones que poco o nada tienen que ver con la naturaleza criminal de estos fenómenos. Se escogió el caso salvadoreños para estudiar las maras, porque en este país el tema se ha estudiado consistentemente desde sus orí- genes hasta la actualidad, lo que provee bibliografía abundante para conocer sus principales características y transformaciones; además, porque es en este lugar donde el fenómeno adquiere sus rasgos pro- totípicos si se le compara con Honduras y Guatemala, escenarios centroamericanos donde también se registra la presencia de estos grupos (Argueta, 2016; Hernández-Anzora, 2016). La selección de Costa Rica se debe a que este fue el único país del Istmo para el que se encontraron investigaciones sobre los mercados locales de drogas ilícitas; pero, además, para superar la exclusión de este caso de los análisis y comparaciones regionales sobre la violencia y la desigual- dad social. El trabajo descansa en análisis documental; en este sentido, vale destacar que, para caracterizar los fenómenos de interés se privilegió la consulta de estadísticas oficiales, así como el análisis de informes e investigaciones que hubiesen generado datos primarios, cuantitati- vos o cualitativos. Se utilizó, además, una entrevista que el autor del texto realizó con un distribuidor de droga. Aclarado esto, se procede a caracterizar en sendos apartados los fenómenos de interés, para luego ofrecer una interpretación conceptual de sus comunalidades y, concluir señalando algunos desafíos y posibilidades para el diseño de políticas públicas. Rodolfo Calderón Umaña 232 Maras salvadoreñas Al observar la configuración histórica de estos grupos es posible identificar tres momentos clave para la definición de los rasgos que los caracterizan actualmente; a continuación se analiza cada uno de ellos.3 Hibridación cultural y enraizamiento local: este proceso constitu- ye el acto fundacional que tuvo lugar durante el segundo lustro de la década de 1990, en el contexto de la transición a la democracia y la reestructuración económica que vivió El Salvador en esos años. La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad del Inmigrante sancionada en 1996 en los Estados Unidos provocó que una gran cantidad de personas centroamericanas que habían come- tido algún delito en territorio estadounidense fuera deportada a su país de origen (Musto, 2019); entre los repatriados arribó un grupo que había crecido en el sur de California y pertenecido a alguna de las bandas callejeras de esta ciudad, sobre todo a la MS13 y Barrio 18 (Cruz, 2014; Cruz, 2010; ERIC, IDESO, IDIES, 2001; Savenije y Beltrán, 2005; Savenije, 2011). La presencia de estas personas, junto con la fascinación que expe- rimentaron por la cultura de los recién llegados las pandillas salva- doreñas que ya para ese momento tenían años e incluso décadas de existir en el país, estimuló un proceso de hibridación cultural marca- do por la difusión, adopción y apropiación de los símbolos, normas y valores de las pandillas californianas por parte de sus homólogas salvadoreñas (Cruz, 2014; Savenije, 2011). 3 Esta periodización y caracterización sintoniza con lo expresado en la mayoría de los textos consultados, pero eso no significa compartir el presupuesto subyacente en muchos de ellos; esto es, que el origen y transformación de las maras serían un producto (causa) directo de las acciones o inacciones del Estado, pues esto llevaría a obviar el papel de la subjetividad y más bien, recuperar este elemento constituye una preocupación central del ensayo. 233 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... Esta dinámica dio paso al surgimiento de dos característicos de las nuevas pandillas locales: la creación de un sistema axiológico cuya legitimidad se construyó frente a la de un Estado y una insti- tucionalidad débiles (Musto, 2019), así como la producción de una identidad fuertemente arraigada en lo local, como referente espacial inmediato del grupo al que se pertenece (clica), pero con referentes supranacionales igualmente importantes, cuyos vínculos se estable- cen a partir de elementos simbólicos más que en relaciones objeti- vas ligadas a actividades criminales de tipo transnacional. En otras palabras, la clica en tanto forma elemental de organización de estos grupos, se constituye desde sus orígenes hasta la actualidad, en una entidad autónoma, sin determinantes de subordinación a un poder central, pero definida por su pertenencia (subjetiva y simbólica) a una comunidad global imaginada (InSight Crime y Center for Latin American and Latino Studies [CLALS], 2018; Moreno-Hernández, 2016; Musto, 2019; Wolf, 2012). Manodurísmo y profesionalización: En el marco de las políticas de mano dura que comenzaron a aplicarse en El Salvador durante el primer quinquenio del siglo veintiuno, las maras consiguieron una mayor organización de sus estructuras internas y de su economía criminal (Cruz, 2014; Hernández-Anzora, 2015, 2016; Musto, 2019).4 El encarcelamiento masivo que resultó de la ejecución de los planes an- timaras, así como la decisión de las autoridades de encerrar juntos a los miembros de una misma pandilla, favoreció el contacto entre estas personas y creó las condiciones para que dentro de los penales pudieran reunirse, conversar y tomar decisiones que a la postre trae- rían cambios organizativos (López Ramírez, 2019). En el ámbito nacional aparece una especie de junta directiva denominada ranfla, compuesta por los líderes encarcelados y sus mediadores en libertad (palabreros); a nivel regional surgen los así 4 El Plan Mano Dura y la Ley Antimaras se ejecutaron durante la administración del presidente Flores, específicamente en el año 2003 y el segundo plan denominado Súper Mano dura, entró a regir en la administración de Elías Saca en 2004 (Hernán- dez-Anzora, 2015). Rodolfo Calderón Umaña 234 llamados programas, que son agrupaciones regionales de estructu- ras locales básicas —clicas— y los encargados de llevar instruccio- nes desde la cárcel donde se encuentran los principales líderes de las MS13 y Barrio 18 son los palabreros (InSight Crime y CLALS, 2018; López-Ramíerez, 2019). Estos cambios, junto con la definición y apli- cación de algunas reglas disciplinarias por parte de la mara sobre sus miembros, no provocó la constitución de un mando jerárquico y cen- tralizado sino la formación de una red de agrupaciones o células — clicas— (Hernández-Anzora, 2015; López-Ramírez, 2019; Wolf, 2012). Por otro lado, la persecución ejercida por las autoridades sobre los pandilleros promovió una mayor clandestinidad de sus acciones y con ello una mayor dificultad para obtener recursos financieros. Enfrentados a estas circunstancias, los mareros empiezan a pro- fesionalizar (organizar) la extorsión en tanto base de su economía criminal, así como a incursionar en nuevos delitos, sobre todo la venta de drogas en pequeña escala en los territorios por ellos con- trolados. Esta profesionalización y ampliación de la base económica de la mara si bien incrementa notoriamente los recursos a su dispo- sición, no han alcanzado para llegar al punto de acumulación y en- riquecimiento de sus miembros (Cruz, 2010, 2014; InSight Crime and Center for Latin American and Latino Studies [CLALS], 2018; López- Ramírez, 2019; Wolf, 2012).5 Tregua e incursión política. El tercer hito importante en la trans- formación de estos grupos fue la negociación política que se produ- jo entre ellos y las autoridades del gobierno salvadoreño en 2012. Lamentablemente, la documentación consultada no permite diluci- dar cuál de las partes inició el proceso, lo cual es determinante para entender los alcances que podría llegar a tener este aspecto en un fu- turo inmediato. Lo que sí está claro, sin embargo, es que por primera 5 Con base en la revisión de un expediente fiscal, Martínez et al. (2016) señalan que los ingresos anuales de la Mara Salvatrucha en El Salvador (por concepto de extor- sión), podrían rondar los 31 millones de dólares americanos y el lavado de dinero que realizan se encuentra enclavado en las mismas colonias populares que controlan. Ci- tado en López-Ramírez (2019). 235 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... vez en su existencia, estos grupos se sientan a la mesa para negociar formalmente con las autoridades de ese país. A cambio de su compromiso por reducir la violencia, específica- mente la cantidad de homicidios, la MS13 y Barrio 18, lograron una serie de reivindicaciones gremiales como el traslado de sus líderes a centros penales de menor seguridad, mayor facilidad para rela- cionarse con sus socios en libertad y beneficios económicos para sí mismos y sus familiares (Hernández-Anzora, 2015; InSight Crime y CLALS, 2018; Moreno-Hernández, 2016);6 negociaciones que aparen- temente han sido reanudadas por el gobierno actual (El Faro, 2021). Esta etapa abre una nueva dimensión del problema: el carácter po- lítico de estas agrupaciones y su despertar hacia una senda que po- dría llevarles a constituirse en un grupo de presión con capacidad real para alterar las reglas del juego político (Hernández-Anzora, 2015). Junto con estas transformaciones, las maras también han alcan- zado un control efectivo sobre los territorios donde se asientan. Esto supone exclusividad para desarrollar una serie de actividades entre las que destacan las siguientes: recolectar impuestos vía extorsión, definir e imponer pautas de comportamiento y sociabilidad sobre las personas que viven en las colonias que controlan —por ejemplo, vi- gilar y controlar sus movimientos— y monopolizar y gestionar una buena parte de la violencia que acontece en sus territorios (Pérez- Sáinz, 2018; López-Ramírez, 2019; Zetino, Brioso y Montoya, 2015). Sobre este último punto es importante destacar que las formas de violencia más sistemáticas y atroces ejecutadas por estos jóvenes no derivan, al menos no directamente, de la comisión de los delitos que alimentan su economía criminal sino más bien de la defensa de su territorio, su mara y en último término de su identidad (InSight Crime y CLALS, 2018; López-Ramírez, 2019). Pero como la identidad 6 Ya en dos ocasiones anteriores (2009 y 2010) estos grupos habían expresado su di- mensión política al manifestarse públicamente contra distintas medidas legales que las autoridades habían tomado en su contra; este es el caso de La Ley contra el Crimen Organizado, la Ley Penitenciaria y la Ley de Proscripción de Pandillas (Moreno-Her- nández, 2016). Rodolfo Calderón Umaña 236 está estrechamente ligada al territorio y este a su vez constituye la base de su economía criminal, es difícil establecer límites claros en- tre las diversas formas de violencia que ejercen estos grupos. Lo que sí es claro es que el blanco predilecto de esta dinámica lo constituye la mara enemiga, las fuerzas del orden y quienes ellos con- sideren traidores y la expresión más frecuente de violencia es el homi- cidio; al menos así lo corroboran los datos de Cruz y sus colaboradores (Cruz et al., 2017, pp. 31-32), quienes encontraron que de la totalidad de las y los pandilleros que entrevistaron para su estudio, el 45 % había sido acusado de asesinato y el 42 % dijo que alguien cercano a ellos (un amigo o un miembro de la familia), había sido asesinado en el año anterior ya fuera por la mara de pertenencia o la mara rival, así como por la policía (Cruz et al., 2017). Lo descrito no debe, sin embargo, eclip- sar otra forma de violencia que estos grupos practican con bastante frecuencia como la violación y el abuso sexual (El Faro, 2013). En cuanto a las personas que protagonizan este fenómeno, un es- tudio reciente entrevistó a más de 1200 pandilleros y encontró que el 90 % eran varones, con una edad promedio de veinticinco años, una escolaridad media de siete años y que, la mayoría (71 %) pertenecía a hogares en condición de pobreza; el 82 % dijo no estar empleado al momento de su detención y solo el 14 % reportó tener un trabajo informal. Cerca del 46 % manifestó haberse unido al grupo porque le gustaba pasar el rato con otros jóvenes y pandilleros, el 17 % afirmó que el grupo le proporcionaba amigos cercanos y solo un 5 % dijo que se ligó a la mara para acceder a drogas, mujeres o dinero. El 60 % afirmó como beneficios derivados de su pertenencia a la pandilla, la confianza en sí mismos, el 53 %, el respeto de sus comunidades y la sociedad en general y, el 52 % la protección contra amenazas prove- nientes de pandillas rivales, policía y otros grupos (Cruz et al., 2017).7 7 Al controlar las respuestas sobre los beneficios de pertenecer a la mara según edad, estado de pertenencia a la pandilla (activo vs. inactivo) y posición dentro de la pandilla, emerge un claro contraste entre las visiones y valoraciones positivas de las personas más jóvenes, frente a las apreciaciones más negativas de las personas de mayor edad (Cruz et al., 2017). 237 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... Si bien estos resultados no corresponden a una muestra pro- babilística, sí son consistentes con lo reportado en otros estudios realizados en El Salvador (Cruz y Carranza, 2006; Cruz y Portillo, 1998; Santacruz-Giralt y Concha-Eastman, 2001) y Honduras (ERIC et al., 2001; Savenije, 2011). De ahí que la evidencia existente permi- te afirmar que las maras, luego de casi tres décadas de existencia, siguen siendo un fenómeno predominante, aunque no exclusiva- mente, juvenil y masculino, alimentado por personas en condición de desventaja social y que, pese a las transformaciones descritas, sigue cumpliendo funciones de grupo primario; dígase, brindar a sus miembros seguridad, confianza, sentido de pertenencia y afecto; así como también labores propias de un grupo secundario como el desarrollo de habilidades vocacionales para el cumplimiento de sus tareas en la pandilla. A la luz de lo descrito, un aspecto importante de destacar es que, como parte de las transformaciones experimentadas por estos gru- pos en el contexto de las políticas de mano dura, la participación de las mujeres, que ya de por sí era restringida, se ha visto aún más limi- tada (Hernández-Anzora, 2016; Wolf, 2012). Y, pese a que la informa- ción sobre este tema es muy escasa, la que existe ayuda a formarse una idea de su realidad. En este sentido, destaca el trabajo realizado por María Santacruz Giralt y Cecile Ranum en 2010, con dieciséis pandilleras; ellas encontraron que la edad promedio en que estas mujeres ingresaron a la mara fue de catorce años, con una media de educación de ocho años que pertenecían a hogares con enormes li- mitaciones económicas y que iniciaron trayectorias laborales en los primeros años de su vida en actividades precarizadas. En cuanto a las razones esgrimidas por estas pandilleras para unirse a la mara, no existe una sola, pero recurrentemente las en- trevistadas destacaron la búsqueda de protección, comprensión y apoyo, así como un referente de identidad y una fuente de poder para vengarse de quienes las habían victimizado en el ámbito se- xual, lo que implica trastocar su condición de víctima y participar del ejercicio cotidiano de la violencia en una doble trasgresión: la de Rodolfo Calderón Umaña 238 la norma penal y la de los estereotipos de género (Santacruz-Giralt, 2019; Santacruz-Giralt y Ranum, 2010). Con base en lo expuesto, puede afirmarse que las maras son un fenómeno social híbrido, ya que, por un lado, cumple funciones de grupo primario e inclusive secundario (por ejemplo, ofrecer a sus miembros un sentido de pertenencia e identidad, así como protec- ción, autoestima y formación vocacional) y, por el otro, organiza y ejecuta actividades propias de una banda criminal; actividades es- tas que conllevan un grado importante de organización jerárquica y normativa (por ejemplo, extorsiones y venta de drogas en peque- ña escala). Pero además, la mayor parte de la violencia que ejercen no parece estar directamente motivada en razones económicas sino más bien identitarias.8 Igualmente, cuentan con la capacidad para negociar formalmente con las autoridades de gobierno y controlar los territorios donde se asienta, lo cual le permite generar formas de sociabilidad acordes a sus intereses. Tratando de captar esta complejidad, recientemente se ha con- ceptualizado a las maras como una “[…] estructura social de poder cuyas fortalezas residen en la movilización de recursos humanos y económicos, elementos de gestión organizativa adecuados y la cons- trucción de territorialidad y control territorial”. (López-Ramirez, 2019, p. 109). En esta propuesta lo que distingue a las maras de otros grupos que también pueden ser considerados estructuras sociales de poder, por ejemplo los grupos relacionados con el negocio de las drogas ilícitas, sería el control territorial ligado a la identidad, ya que, según López, a diferencia de la mara, para aquellos el territo- rio no comporta ningún tipo de elemento identitario; sin embargo, esto puede que sea cierto para los grupos encargados del tráfico in- ternacional de drogas, pero no necesariamente para aquellos involu- crados en la venta local de estas sustancias, tal y como se verá en el siguiente apartado. 8 Trabajos como los compilados por El Faro (2013) o bien los realizados por Martínez (2015) documentan en todos sus detalles estas dinámicas y expresiones de violencia. 239 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... Vendedores de drogas ilícitas en Costa Rica El comercio de cocaína y crack en los países centroamericanos es un fenómeno que surge a inicios de la década de 1990 como uno de los efectos no intencionados de la política ejecutada desde los años ochenta del siglo pasado, por el gobierno de los Estados Unidos para reducir la producción y la comercialización de estas sustancias (Bagley, 2012). Uno de los primeros logros de esta esta iniciativa fue el control obtenido por las autoridades de ese país sobre las rutas que hasta ese momento habían utilizado los grupos criminales para llevar la droga desde los centros de producción hacia los de consumo (Bagley, 2012; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2007). En este escenario, Centroamérica emergió como una pieza clave para sostener el trasiego internacional de dichas sustancias; esto como efecto no solo de su ubicación geográfica sino también por la debilidad institucional de los países de la región (Mesa-Peinado, 2018). Es así que ya para inicios de la primera década del siglo vein- tiuno, el 90 % de la cocaína que llegó a los Estados Unidos lo hizo por el corredor centroamericano (Hurst, 2019; UNODC, 2015) y los flujos financieros generados por esta actividad llegaron a represen- tar, en ese momento, el 5 % del PIB regional (Banco Mundial, 2011). A lo interno de los países centroamericanos esta dinámica estimuló el florecimiento de toda una economía criminal; primero con activi- dades de apoyo logístico brindadas por actores locales a las bandas internacionales, para transportar, almacenar, custodiar y proteger la mercancía; posteriormente con iniciativas ligadas a la comerciali- zación local de la droga que se queda en el Istmo.9 En Costa Rica, este proceso ha repercutido en los patrones de con- sumo de drogas ilícitas y en la configuración de un mercado local para 9 Junto a estos procesos, también florecieron las operaciones asociadas al lavado de activos. Rodolfo Calderón Umaña 240 el crack y la cocaína.10 Las primeras dosis de crack se identificaron en el país en 1991 (Calderón, 2012); sin embargo, es partir del 2000 que su consumo empieza a evidenciarse. Por ejemplo, la tasa de prevalen- cia subió entre 2006 y 2015 de 0,1 % a 0,2 % y la de cocaína, pese a las variaciones registradas, también reportó un incremento entre 1990 y 2015: pasó de 0,1 % a 0,4 %, lo que ubica a estas sustancias entre las drogas prohibidas de mayor uso entre la población nacional. A esto hay que sumar el incremento en la importación y uso de la marihua- na cuya tasa de prevalencia pasó de 0,4 % en 1990 a 3,2 % en 2015 y al igual que en el caso de la cocaína, el uso que de ella hacen los hombres define el comportamiento general de la prevalencia (Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia [IAFA], 2018).11 Por otra parte, la comercialización de estas sustancias en el país ha configurado una dinámica que parece responder, en lo fundamental, a lo que Bagley (2012) denomina el modelo de crimen desorganizado; esto es, una situación marcada por disputas constantes entre bandas rivales, debido a que ninguna de ellas logra monopolizar el negocio y de esa forma controlar y regular el mercado, lo que desemboca en al- tos índices de violencia homicida que en algunos casos ha llevado al aniquilamiento casi total de sus participantes como sucedió en 2015 con dos de las bandas más reconocidas del distrito de Pava al este de San José o bien, la guerra abiertamente declarada que tuvo lugar en- tre 2012 y 2017 en Desamparados, otro distrito populoso del sur de la ciudad (Chacón-Echeverria y Zuñiga-Rodriguez, 2016; Organismo de Investigación Judicial [OIJ], 2013; Pérez-Sáinz et al., 2018).12 10 La venta de estas y otras sustancias ilícitas está regula por la Ley 8204 del 11 de enero de 2002: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terro- rismo. De aquí en adelante denominada Ley sobre estupefacientes, para facilitar la ex- posición. 11 Con respecto a la marihuana es importante mencionar que la mayoría se importa de Colombia y Jamaica, pero también hay producción local (OIJ, 2013). 12 En las antípodas de este modelo se encuentra lo que sucede en las favelas de Río de Janeiro (Misse y Grillo, 2014) o en algunos territorios de Colombia y Ecuador (Cortés-Vargas et al., 2012) en los que uno o varios grupos monopolizan la actividad, 241 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... A este respecto, un distribuidor de crack y cocaína, afincado en un barrio urbano marginalizado de San José, manifestó que: “[…] aquí hay muchos conflictos porque los que venden en el barrio son de di- ferentes barras; son diferente gente que distribuye la droga […] unos hermanos que eran narcos aquí en el barrio tuvieron que matar a otra gente para ganarse el respeto y ganarse la plaza de esa gente” (MV33, comunicación personal, 10 de febrero de 2014).13 Si bien esta violencia homicida se relaciona directamente con las disputas por el territorio, la droga y el dinero, ella tiende a desbordar- se hacia el resguardo de la imagen personal (reputación masculina) y el honor grupal, lo cual parece responder a dos hechos particulares; en primer lugar, que las bandas nacionales se estructuran principal- mente sobre relaciones de parentesco, de hecho, en muchos casos se trata de grupos familiares (OIJ, 2013) y; en segundo lugar, que los participantes de esta actividad viven los ataques rivales como una afrenta personal más que como un problema económico (Calderón- Umaña, 2020). Desde esta perspectiva, violencia, territorio e identidad no pue- den ser desligados, ya que proteger la reputación y la credibilidad personal y grupal pasan por defender el territorio como espacio don- de ambas se constituyen; tema este que ha sido señalado por otras investigaciones. Por ejemplo, un estudio que analizó el comercio de sustancias ilícitas en un barrio estadounidense habitado mayorita- riamente por personas de origen puertorriqueño, encontró que los vendedores de droga, al defender la mercancía, también protegían controlan el territorio, se coluden con las autoridades locales y, logran mantener ba- jos los índices de violencia (Desmond Arias, 2017). 13 Hombre de treinta y tres años, con secundaria incompleta, trayectoria laboral dis- continua y una carrera delictiva que inició en la juventud. Al momento de la entre- vista se encontraba en proceso de rehabilitación por problemas de adicción; antes de llegar al centro de rehabilitación se dedicaba a la venta y distribución de droga. Para proteger su identidad se lo identifica como MV33. Rodolfo Calderón Umaña 242 su credibilidad y honraban el compromiso moral que habían adqui- rido con los otros miembros del grupo (Karandinos et al., 2014). En cuanto a la estructura interna de estos grupos, el tema es aún más controvertido, pues según la descripción que ofrecen las autori- dades (OIJ, 2013) se trata de organizaciones de mando único con una clara división del trabajo. Pero las constantes disputas entre agru- paciones, así como las narrativas de los propios vendedores de dro- ga, brindan elementos suficientes para dudar de que estas bandas hayan alcanzado el grado de profesionalización que le atribuyen las autoridades (Calderón-Umaña, 2020), tal y como se ilustra en estas palabras: […] ya más bien yo no vendía en la calle, sino que yo era el que distri- buía, a mí me decían: tome, vaya distribuya tal cosa a tal lado. Tal vez jalaba con mil piedras, tal vez con mil puros, cincuenta o doscientas cincuenta puntas (dosis individuales de cocaína). Siempre lo llevaba todo encima, me daban una moto, me daban un carro. Yo sabía lo que era andar una escopeta en un carro por si alguien se me metía, tenía que defenderme yo y defender la galeta [cargamento de droga] (MV33, comunicación personal, 10 de febrero de 2014). Claramente, esta persona, pese a haber alcanzado el rango de dis- tribuidor, debía realizar, además de esa tarea, otras como el transpor- te y la defensa de la droga; superposición de funciones que también fue encontrada por Karandinos y sus colegas (2014). Ellos reportaron que sus entrevistados realizaban, simultáneamente, diversas labores como vender, vigilar y defender la mercancía, el dinero y el territorio. Sobre los vínculos que mantienen las bandas que comercian la droga localmente con las agrupaciones que organizan el tráfico in- ternacional existe muy poca información; sin embargo, hay indicios para pensar que las primeras mantienen bastante autonomía res- pecto a las segundas; lo que significa que no son meras extensiones de ellas, ni siquiera en los casos donde los grupos trasnacionales pro- veen la droga; menos aún en aquellas situaciones donde existe una desconexión total entre ambos actores, tal sería el caso de las bandas 243 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... que se abastecen de droga recuperando cargamentos abandonados o bien, robándola a otras bandas locales o transnacionales (Calderón- Umaña y Salazar Sánchez, 2015; Kjelstad, 2018). Al analizar las sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia durante el periodo 2015-2019 por infracciones a la Ley sobre estupefacientes (5 611 en total), se observa que el 53 % de estas (2 976) correspondió a la figura venta de drogas; el 84 % de los casos por venta de drogas (2 515) recayó sobre hombres y el 62 % (1838) fue imputado a personas jóvenes; esto es, menores de 35 años (Poder Judicial de Costa Rica [PJCR], 2021).14 Por su parte, los datos sobre población penitenciaria a junio de 2021 muestran que del total de personas recluidas por infracciones a la Ley sobre estupefacientes (4 174), el 90 % (3 761) son hombres; casi el 50 % (2007) se encuentra en el segmento de población comprendido entre los 18 y 34 años; más del 40 % (1 816) guarda prisión por el delito específico de venta de dro- gas;15 casi el 60 % (2407) tiene estudios de primaria completa o menos y, la inmensa mayoría (98 %) reportó trabajos con poca o ninguna calificación (Instituto Nacional de Criminología [INC], 2021).16 En el caso de las mujeres es importante destacar que si bien su peso en el total de sentencias impuestas durante el periodo 2015-2019 es bajo si se compara con el de los hombres: 16 % versus 84 % (PJCR, 2021), lo cierto es que cuando se analiza la información penitencia- ria, se observa que más de dos terceras partes (68,5 %) del total de mu- jeres recluidas en centros penales en 2016, descontaba prisión por delitos relacionados con la Ley sobre estupefacientes (Consejo Nacional de Rectores [Conare], 2017, p. 288); es decir, que ésta representó la 14 Según la Ley General de la Persona Joven de Costa Rica del año 2002, la juventud responde al segmento de población comprendido entre 12 y 35 años. 15 Esta cifra aumentaría considerablemente si se suman otras clasificaciones conteni- das en la base de datos del Instituto Nacional de Criminología [INC] que están vincu- ladas a la venta de drogas; por ejemplo: comercio de drogas, tenencia de droga, posesión de drogas e introducción de droga en centro penal, entre otras. 16 A todas luces, estas cifras dan cuenta del eslabón más débil y vulnerable del nego- cio de las drogas ilícitas; de hecho, en la base de datos del INC solo se reportan tres personas sentenciadas por legitimación de capitales. Rodolfo Calderón Umaña 244 razón principal de su encierro. Pero, además, el último dato dispo- nible (junio de 2021), revela que de las 413 privadas de libertad por infracciones a la ley sobre estupefacientes, casi el 60 % responde a la figura venta de droga. Los datos del sistema penitenciario también muestran que el nú- mero de mujeres con primaria completa o menos es siete puntos por- centuales mayor que el de los hombres (65 % vs. 58 %), el porcentaje de mujeres jóvenes (18 a 34) es inferior al de los hombres en 16 puntos porcentuales (34 % vs. 50 %) y, en términos de actividades laborales, no hay diferencias importantes respecto a los varones: la mayoría de ellas también reportó trabajos poco calificados (INC, 2021). Respecto a las motivaciones o razones declaradas por hombres y mujeres para involucrarse en la venta de drogas, ambos manifiestan el deseo por acceder al dinero y el respeto que este negocio ofrece, pero los matices entre géneros son bastante marcados.17 Los prime- ros buscan satisfacer necesidades primordialmente individuales, asociadas a una existencia que califican de vida loca; esto es, acceso a drogas, autos, ropas y electrónicos de marca, entre otros. Pero por encima de esto, a lo que más importancia le dan en sus relatos es al respeto, entendido como capacidad para infundir temor en los otros (Calderón-Umaña y Salazar-Sánchez, 2015), tal y como se observa en declaraciones como las siguientes: “[…yo] no quería hacer eso (vender droga), porque sabía las consecuencias que me iba a traer […] pero empecé a ver la plata y me gustó […] pero lo que más me gustó fue el respeto […]” (Calderón, 2012, p. 166). “[…] Tal vez yo pasaba caminando y escuchaba donde decían: no se meta con él porque si se mete [con él] lo pueden hasta matar […] yo escuchaba todas esas frases y ya me sentía como el capo. Yo decía: ya tengo respeto” (MV33, comunica- ción personal, 10 de febrero de 2014). Las mujeres, por su parte, en lo que respecta al dinero, se orien- tan más bien a solventar requerimientos familiares y del hogar: pago 17 Igual que en las maras, el involucramiento de estas personas en la venta de drogas es el resultado de una concatenación de decisiones tomadas a lo largo de su vida. 245 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... de servicios, comida, enseres, una vivienda y eventualmente algún gusto para su descendencia, lo cual puede incluir ropas de marca. En este sentido son ilustrativas las declaraciones ofrecidas por dos vendedoras de droga quienes afirman que: “[…] yo todo era para la casa, nada que ver para mí, que vamos de tanda (fiesta) y eso, no” (Palma-Campos, 2016, p. 200); “no, vieras no era para comprarme co- sas para mí, quería comprarles a ellos [los hijos] tenis caras y así” (Palma Campos, p. 205). El tema del respeto aparece en las mujeres con menos fuerza que en los hombres y más bien está asociado a la idea de mostrar que tienen las agallas y el valor para involucrarse y ejecutar actividades ilegales, lo que para ellas implica, al igual que para las mareras, una doble trasgresión: la de la norma penal y la del (rol) mandato cultural de sumisión y pasividad (Palma-Campos, 2016). La paradoja del sujeto negado La información contenida en las secciones anteriores revela lo siguiente. Primero, que las maras y los mercados locales de crack y cocaína emergen en el contexto de la reestructuración social y eco- nómica que experimentó Centroamérica una vez finalizados los con- flictos armados. Segundo, que se trata de fenómenos conformados en su inmensa mayoría por hombres jóvenes en condición de des- ventaja social. Tercero, que enfrentados a un contexto de carencias extremas, estas personas activan su potencial creador para imaginar y escoger (dentro de las posibilidades a su alcance) cursos de acción que les permitan tratar de dar sentido a sus vidas y alcanzar los ob- jetivos que para ello se han propuesto. Cuarto, que la violencia es un elemento central para el funcionamiento de ambas problemáticas y que ella no puede ser reducida a la dicotomía clásica que le asigna un sentido instrumental o expresivo, pues su ejercicio cotidiano rompe constantemente estos límites. Rodolfo Calderón Umaña 246 Con respecto a las desventajas que resienten quienes se involu- cran en las maras y la venta de drogas ilícitas, destacan la falta de acceso a educación y empleos de calidad; la privación de estatus (res- peto y reconocimiento social) y, la carencia o debilidad de grupos pri- marios (familia, amigos, comunidad, etc.) que les brinden un entor- no adecuado (protección y apoyo) para desarrollar su personalidad (sentido de autonomía, dignidad, respeto, etc.). Esto quiere decir que las carencias vividas por estas personas son de dos tipos: unas ma- teriales que limitan sus alternativas para alcanzar, por sendas ins- titucionales, una vida digna según los parámetros sociales vigentes; otras existenciales que restringen el desarrollo de sus potencialida- des para funcionar como seres humanos plenos (Therborn, 2013); de ahí la necesidad de desarrollar rutas alternativas, aunque ilegales, para tratar de controlar sus vidas y dotarlas de sentido; en último término, reivindicar su subjetividad en tanto potencial para formu- lar y escoger alternativas y resistir la negación que enfrentan.18 A este respecto es importante destacar que uno de los rasgos cons- titutivos de las sociedades centroamericanas actuales es justamente la exclusión social que experimenta un grupo importante de la po- blación (Pérez-Sáinz et al., 2012; Pérez-Sáinz y Mora-Salas, 2007). En concreto, se trata de dinámicas que conllevan, en el plano laboral, desempleo, desregulación de los puestos de trabajo y autogenera- ción de actividades de subsistencia y, en el ámbito de los derechos de ciudadanía social, contracción y deterioro de los sistemas de seguri- dad social y de la educación pública (Pérez-Sáinz et al., 2012). Uno de los grupos más afectados en este escenario ha sido la ju- ventud. De acuerdo con un estudio reciente (Mora-Salas, 2018) el 20 % de esta población en Costa Rica (sin diferencias por sexo) y el 40 % en El Salvador (hombres mayoritariamente) se encontraban expuestos, 18 En atención a los trabajos de Joas (1996) y Wieviorka (2018), aquí se entiende el su- jeto como la capacidad creadora de la acción humana; esa potencialidad de formular elecciones y con ello resistir las lógicas dominantes, ya sean económicas, sociales, políticas, etc. En contraste, la desubjetivación sería el debilitamiento de este potencial así como el impedimento para traducirlo en acción. 247 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... en distintos grados, a sufrir exclusión sociolaboral; esto es, priva- ciones relacionadas con vivienda, servicios básicos y consumo, así como desempleo, precariedad en el puesto de trabajo y el desempeño en actividades de subsistencia.19 Sumado a estos procesos (exclusión social como mecanismo generador de desigualdad), el trabajo reveló la discriminación que experimentan muchas de estas personas en el mercado laboral, debido a la estigmatización (relaciones intersubje- tivas) que pesa sobre ellos debido al lugar donde residen; esto es, co- munidades urbanos marginales signadas por la presencia de maras o venta de drogas (Pérez-Sáinz et al., 2018). Confrontadas a estas amenazas de exclusión y estigmatización social, las personas —en este caso, jóvenes— activan su capacidad de reflexión, decisión y acción, las cuales se expresan en distintos patrones de respuesta; la inmensa mayoría, según constata en las in- vestigaciones sobre el tema, se mantiene dentro de los límites insti- tucionales por precarios que éstos sean (Calderón-Umaña y Salazar- Sánchez, 2015; Pérez-Sáinz et  al., 2018; Zetino, Brioso y Montoya, 2015); sin embargo, otros, muy pocos, optan por vías innovadoras como la afiliación a las maras y la venta de drogas ilícitas, para tratar de conseguir los fines que se han propuesto para sus vidas, en con- cordancia con las orientaciones y expectativas culturales que esta- blece la sociedad (Merton, 1996). No es el propósito de este trabajo ahondar en las razones por las cuales personas en condiciones similares de desventaja social res- ponden de manera distinta a su situación; lo que interesa, más bien, es destacar, en el caso de quienes se han incorporado a la mara o a la venta de drogas, el peso que tienen las decisiones y acciones persona- les, así como el sentido que sus protagonistas les asignan, para com- prender el surgimiento de este curso de acción como una de las posi- bles respuestas ante los desafíos de la exclusión y la desubjetivación 19 El estudio circunscribe la población joven al grupo comprendido entre 15 y 29 años e indica que para 2016, este segmento fue de 621  867 personas en Costa Rica y de 913 636 en El Salvador en 2015. Rodolfo Calderón Umaña 248 que esta conlleva. La idea es pensar las decisiones y acciones de estos individuos en el contexto donde existen y tienen sentido; por tanto, el énfasis analítico no está en las causas de las causas (procesos y dinámicas estructurales), lo que no implica desconocerlas, sino en las causas inmediatas de la acción, esto es, en las reflexiones y deci- siones que esas personas toman en las condiciones que les ha tocado vivir. Varios son los aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora de analizar las razones o motivaciones que ofrecen las personas para explicar su vinculación a las maras o la venta de drogas ilícitas. Primero, ninguno de los estudios consultados registró casos de par- ticipación forzada, pero ello no significa que este tipo de prácticas no exista, ni tampoco que no haya coacciones sociales como las que pueden originar los grupos de pares, lo único que indica es que en la evidencia disponible no se han registrado situaciones de este tipo. Segundo, la incorporación y permanencia en estos grupos es el re- sultado de una cadena de eventos y decisiones que se articulan en el marco de un proceso vital marcado por un conjunto de privaciones extremas; esto quiere decir que no existe una decisión o motivación única que se haya establecido de una vez y para siempre. Tercero, las decisiones tomadas por estas personas para involu- crarse en la mara o en la venta de drogas muestran, en muchos casos, un grado importante de reflexión que surge de una serie de acciones previas, por ejemplo, estudiar, trabajar, o bien, ligarse a núcleos fa- miliares distintos de aquel en el que nace, para intentar cambiar las condiciones de vida y así lograr los objetivos que se han propuesto como expectativas de vida; es decir, como aquellas cosas por las que vale la pena esforzarse (Agnew, 1998). Cuarto, más allá de los matices reportados entre hombres y mujeres y entre mareros(as) y vendedo- res(as) de droga, lo cierto es que en todos los casos, las reflexiones y las decisiones que ofrecen estas personas para asociarse con estos grupos están orientadas por un deseo y una necesidad de tomar con- trol de sus vidas, por tratar de satisfacer lo que han definido como sus necesidades materiales, afectivas, sociales y simbólicas en el 249 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... marco de unas relaciones sociales, políticas e interpersonales que les niega esta posibilidad. Desde esta perspectiva, la acción pandilleril y la venta de drogas no pueden explicarse a partir de su dimensión criminal y más bien tienen que analizarse como resultado de un proceso más amplio; lo que Wieviorka (2009) denomina el interés de los protagonistas por reivindicar su subjetividad, su capacidad para postular su propia existencia y construir trayectorias significativas que les permita, en un contexto adverso —desestructurado y poco significativo—, lo- grar el reconocimiento de otro que también es sujeto, pues sentirse valorado y respetado por los demás es tan esencial para las personas como satisfacer sus necesidades materiales (Sayer, 2005). Enunciado de otra manera: participar en la mara o la venta de drogas expresa el esfuerzo de una subjetividad que al ser negada tra- ta de controlar y dar sentido a su vida en un sistema de relaciones que no le permite emerger. El problema de este curso de acción; sin embargo, es que, debido a la centralidad que reportan la trasgresión y la violencia en ambos casos, el mismo conlleva, paradójicamente, un nuevo proceso de desubjetivación, ya que las acciones transgre- soras que realizan estas personas de manera sistemática y cotidia- na (extorsiones, violaciones, homicidios, venta de drogas, etc.), las condenan a una vida de clandestinidad e ilegalidad, aumentando no solo el aislamiento social sino también el descontrol y la pérdida de sentido (total o parcial) de sus vidas, las cuales quedan sometidas, cada vez más, a una dinámica que no controlan. Debido a la naturaleza violenta y transgresora de ambos fenó- menos; estos no pueden servir a su propósito inicial de fundar y constituir al sujeto, ya que más bien terminan por reforzar la desub- jetivación que se quería superar a través de ellos. De esta manera, emerge esa otra significación y dimensión del sujeto que supone su- jeción, subyugación, y, por ende, el individuo queda ubicado en las antípodas de la autonomía, la libertad y la creación. Esto último le resulta cada vez más claro a las personas de mayor edad, quienes lue- go de participar durante varios años en la mara o la venta de droga Rodolfo Calderón Umaña 250 y, quienes después de haber experimentado el encarcelamiento, la adicción y la violencia, terminan por renegar de su participación en estos grupos (Calderón-Umaña, 2012; Cruz et al., 2017). Un último aspecto para señalar es que la violencia que ejercen estos grupos y sus miembros no es el resultado de una mera expresi- vidad (frustración, masculinidad, identidad, etc.) ni tampoco de una pura racionalidad (medio para conseguir determinados fines) sino que más bien, esta violencia se descarga y recarga de sentidos que la transforman constantemente en su relación con los procesos de subjetivación y desubjetivación dentro de los cuales tiene lugar, tal y como ha señalado Wieviorka para referirse a otros contextos y fenó- menos (Wieviorka, 2018, p. 303). Esto significa, que la violencia no es un recurso que los protagonistas ajustan o controlan en un umbral por ellos definido, ni tampoco una mera expresión de sus estados de ánimo, sus personalidades o su cultura, ya que, en muchos casos, dado el carácter cotidiano de la misma y la transformación de los sujetos que la usan, el sentido cambió y se modifica, incluso se pier- de: un día puede ser utilizada para garantizar el pago de la extorsión, otro para la reafirmación de la identidad o bien, para infundir temor en los adversarios, así como recuperar la droga y reivindicar la mas- culinidad o simplemente, por sumisión a una orden o compromiso grupal. En palabras de Wieviorka, la violencia “[…] pasa de un nivel a otro […] de la infrapolítica a la delincuencia [...] El mismo actor puede […] entusiasmarse en derivas cada vez más sangrientas e ilimitadas o re- gresar a una delincuencia de baja envergadura” (Wieviorka, 2018, p. 303). A este respecto, vale indicar que, en concordancia con la violen- cia del periodo bélico, esta también emerge de la negación del sujeto subalterno, pero a diferencia de aquella, carece de objetivos políti- cos lo que no niega que pueda tener implicaciones políticas, pues, el propósito de sus protagonistas ya no radica en controlar el Estado e impulsar un proyecto de sociedad alternativo sino en una disputa individualista —aunque no individual— por incluirse socialmente. 251 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... Desafíos La respuesta estatal y gubernamental para enfrentar el tema de las maras y la venta de drogas ilícitas ha sido fundamentalmen- te represiva: legislaciones de mano dura y súper mano dura en El Salvador y promulgación de la ley sobre estupefacientes en Costa Rica. El inconveniente de estas iniciativas es que no han consegui- do los efectos propuestos: reducir la criminalidad y la violencia de- rivada de estos fenómenos. Por ejemplo, según algunos expertos, la reducción experimentada por la tasa de homicidios en El Salvador entre 2015 y 2019 (pasó de 103 por cada 100 000 habitantes a 36), no parece responder a ningún plan específico para atacar este delito sino más bien a una nueva negociación entre el gobierno y las maras y, mientras esto sucede, otros delitos asociados a estas agrupaciones siguen en aumento, por ejemplo, las extorsiones y las desapariciones (El Faro, 2021; López-Ramírez, 2021). De igual manera, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que los países centroamericanos se en- cuentran en la lista de aquellos donde se producen o transitan más drogas ilícitas y en los que se registra mayor lavado de activos pro- venientes de esa actividad (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement [BINLE], 2017); esto sin olvidar que el aumento ex- hibido por las tasas de homicidios en Costa Rica durante el periodo 2010-2016 se atribuyó a las acciones del crimen organizado, especial- mente a aquellas ligadas al comercio de drogas (Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana [COMESCO], 2017). Sumado a este fracaso, dichas medidas han generado otros pro- blemas como el incremento exponencial de la población penitencia- ria. Actualmente, El Salvador ocupa el segundo puesto mundial en tasas de encarcelamiento: 562 personas por cada cien mil habitan- tes, y Costa Rica ostenta el lugar número quince con una tasa de 378 (World Prison Brief, 2021). La sobrepoblación penitenciaria generada Rodolfo Calderón Umaña 252 por esta situación ha provocado, además, que diversos organismos hayan expresado reiteradamente su preocupación por la tutela efec- tiva de la dignidad y los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad en estos países (CONARE, 2017). Frente a este escenario, entender que las maras y la venta local de drogas ilegales se originan en el esfuerzo desarrollado por sus pro- tagonistas, para intentar tomar control de sus vidas en el marco de un sistema de relaciones sociales, políticas e interpersonales que les está evitando emerger y constituirse a sí mismos en seres humanos plenos, permite llamar la atención sobre la necesidad de diseñar otro tipo de medidas que avancen en distintas esferas y niveles. En primer lugar, hay que trabajar sobre el mecanismo y las prác- ticas que causan la exclusión e inferiorización de quienes han sido socialmente relegados; esto implica transformar, por un lado, las es- tructuras institucionales que están bloqueando el flujo de recursos hacia estas personas; específicamente lo que respecta al acceso a la educación y los empleos de calidad, así como a los recursos produc- tivos necesarios para generar emprendimientos dinámicos. Por otro lado, se requieren acciones tendientes a superar las prácticas sociales (obstáculos no formales) que dificultan el acceso de personas social- mente excluidas al mercado laboral, entre ellos, la estigmatización que legitima y consolida una jerarquía social y una evaluación moral que denigra a quienes han sido inferiorizados y con ello refuerza las dinámicas de exclusión. En segundo lugar, y en línea con lo antedicho, es necesario pro- mover y garantizar que quienes están siendo socialmente relegados, especialmente la juventud, puedan participar efectivamente en los espacios de formulación y toma de decisiones, para que encuentren vías institucionales para gestionar sus expectativas y vigilar que sus demandas sean atendidas y con ello evitar nuevos procesos de desubjetivación. El reto está, entonces, en lograr que estas personas puedan articular políticamente sus demandas y que al mismo tiem- po, estas sean reconocidas como legitimas por el Estado y sus insti- tuciones, ya que solo de esta forma se puede evitar el surgimiento de 253 Expresiones de una subjetividad negada: El caso de las maras salvadoreñas y los vendedores... acciones disruptivas por parte de quienes están siendo sistemática- mente negados (Wieviorka, 2009). En tercer lugar, es necesario insistir en el trabajo de prevención y aquí el caso nicaragüense puede resultar de utilidad, pues el aborda- je desarrollado por la policía junto con las comunidades para enfren- tar el tema de la violencia y la criminalidad (esto hasta antes de la crisis política del 2018) representó un verdadero hito en este campo por varias razones. Primero, porque demostró que la prevención de tipo comunitario y participativo realmente es eficaz para prevenir el surgimiento de fenómenos como las maras; segundo, porque reveló que tales medidas funcionan aún y cuando no se hayan superado los problemas estructurales como la desigualdad y la debilidad institu- cional. Tercero, porque evidencia que factores como la pobreza, la desigualdad o el pasado bélico no pueden ofrecerse como explanans de la violencia en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ya que todos estos se encuentran presentes en Nicaragua, cuyos índices de violencia criminal son más cercanos a los de Costa Rica, país del cual se diferencia en todos los aspectos indicados (Zinecker, 2012).20 En cuarto lugar, hay que diseñar programas de rehabilitación y reinserción que contemplen en otros, el tratamiento de las adic- ciones, el desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, el acompañamiento jurídico para enfrentar procesos judiciales pen- dientes (Cruz et al., 2017) y el abordaje de la masculinidad violen- ta. Sin embargo, la poca capacidad técnica y presupuestaria de los Estados de la región, pero sobre todo la falta de voluntad política y el ethos punitivo y antiestatal que se ha instalado en el marco del experimento neoliberal que inició en la década de los ochenta del 20 Este razonamiento no significa que la experiencia nicaragüense sea fácilmente re- plicable en otros contextos, pues justamente uno de los factores que diferencia este caso del salvadoreño, por ejemplo, es la naturaleza triunfante de la Revolución San- dinista y, el capital social que ello generó durante la época del conflicto, el cual no fue desarticulado una vez que concluyó la guerra como sí aconteció en El Salvador (Zinecker, 2012). Rodolfo Calderón Umaña 254 siglo pasado, advierten sobre las pocas opciones que existen para ello (Wacquant, 2000). Quinto, la desistencia respecto a estos grupos se ve limitada no solo por la falta de programas para este fin sino también por las ca- racterísticas de la membresía, ya que en casos como el de las maras, esta conlleva un compromiso de por vida, lo que significa que aban- donar la pandilla deja de ser una decisión en control del individuo y se convierte en una prerrogativa grupal, lo cual limita aún más la ca- pacidad de estas personas de controlar sus vidas y refuerza los proce- sos de desubjetivación que enfrentan estas personas.21 Bibliografía Agnew, Robert (1998). Foundations for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. En The Criminology Theory Reader (p. 611). New York: New York University Press. Argueta, Otto (2016). Transformación de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras. En Fundación Heinrich Böll Stiftung (editor), Reconceptualización de la violencia en el Triángulo Norte (p. 154). San Salva- dor: Fundación Heinrich Böll-México Centroamérica y El Caribe. 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[Traducido al español de Gewaltarmut in Nicaragua - Mythos oder Realität?] HSFK-Report, (5). 539 Sobre las autoras y los autores Luis Diego Arias Campos: Bachiller en Historia y estudiante de la Licenciatura en Educación No Formal y de la Maestría en Historia, ambas en la Universidad de Costa Rica [UCR]. Investigador en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Longo Mai, en el sureste de Costa Rica, en temas de conflictos socioambientales, geopolítica de la bio- diversidad, botánica y cartografía. Rodolfo Calderón Umaña: Sociólogo costarricense, cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de Costa Rica, donde enseña e investiga en las áreas de sociología de la violencia y sociología de las desigualda- des. Antes fue consultor para diversos organismos internaciona- les (PNUD, ILANUD, USAID, UKAID), así como investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Costa Rica, donde coordinó diversos proyectos sobre seguridad y violencia en Centroamérica y República Dominicana. En 2012 ganó el 1er lugar en el concurso latinoamericano sobre Seguridad Pública, Victimización y Justicia en América Latina, organizado por UNODC-México. Algunas de sus publicaciones más recientes incluyen: “Mercados locales de drogas ilícitas en Costa Rica: Claves analíticas para su comprensión” (2020), publicado en Revista Teoría y Praxis; “Consideraciones metodológicas para la investigación con privados de libertad: reflexiones de una experiencia en cárceles de Costa Rica” 540 Sobre las autoras y los autores (2018), publicado en Acta Sociológica; “Central America: Violence and Social Exclusion in Urban Contexts” (2018), publicado en el libro Social Theories of Urban Violence. Laura Carlsen: Coordinadora de investigación para Asociadas por lo Justo, una organización global que apoya la construcción de movi- mientos de mujeres en Mesoamérica, Asia Sureste y África del Sur. Tiene Licenciatura Multidisciplinaria en Historia, Antropología y Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford y Maestría en Estudios Latinoamericanos de Stanford. Fue directora del Centro de Análisis sobre Relaciones Hemisféricas, el Programa de las Américas, y ha sido consultora para la Organización Internacional de Migraciones, el Global para Mujeres, entre otros. Fue investiga- dora visitante en la Universidad del Mar en 2017. Entre sus publica- ciones recientes están: “Movimientos sociales y seguridad”, publica- do en Seguridad y Asuntos Internacionales en el año 2021; “Opposing Extractivism: Social Movements for Rights and Sustainability”, pu- blicado en After the Fall: Energy Prices, Sustainable Development and the Environment, University of Miami en 2017 y numerosos trabajos periodísticos. Trabaja temas de género, seguridad e integración. Orlando Castillo: Profesor de Historia de la Escuela de Estudios Generales, de la Universidad de Costa Rica, posee una maestría aca- démica en Historia por la Universidad de Costa Rica. Su trabajo de graduación final, titulado “La ‘Vallegeneralidad’. Entre el imaginario y la producción social: Historia de una región de colonización tardía: Pérez Zeledón, en la zona sur de Costa Rica: (1931-1970)” fue decla- rado con mención honorífica. Ponente en foros Latinoamericanos (Cátedras Martianas), en contra del modelo neoliberal. Ha dado cla- ses en cárceles de hombres y mujeres en Costa Rica. Promotor so- cial en campamento de refugiados El Achiote (CR). Sus dos últimas publicaciones por la Editorial Académica Española es su trabajo de graduación en dos tomos. Actualmente, trabaja en dos obras concer- nientes a la influencia católica en la moral del costarricense y en la