213 Capítulo 7 NICAR AGUA DESPUÉS DEL FR AUDE ELECTOR AL DE 2021: ESCENARIOS PROSPECTIVOS Alberto Cortés Ramos 1. Introducción El presente artículo analiza el escenario que se configuró en Nicara- gua, tras las elecciones presidenciales fraudulentas del 7 de noviem- bre de 2021, con dos objetivos: por un lado, analizar el contexto internacional, en su dimensión geopolítica y económica, con el pro- pósito de entender cómo este condiciona la evolución del régimen y, por otro lado, analizar el contexto interno, asumiéndolo como el factor determinante en términos de la posibilidad de un cambio de régimen. Sobre esa base, se hace un ejercicio de proyección de posi- bles escenarios sobre el futuro de la dictadura dinástica de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 214 2. Aspectos conceptuales y metodológicos En la parte conceptual y metodológica, este trabajo tiene como ante- cedentes un par de publicaciones anteriores desarrolladas por el au- tor en las que se ha hecho un ejercicio de prospectiva y de proyección de escenarios internacionales y con relación a Nicaragua (Cortés Ramos, 2020; IEC, 2021; Snyder, 2002). En lo fundamental, intere- sa mantener el esquema de análisis que utilizó Snyder para estudiar las transiciones de regímenes autoritarios hacia regímenes democrá- ticos, caracterizado por tratar el contexto internacional como un factor condicionante (a menos que haya una guerra o invasión, que modifica su rol) y por tratar el contexto interno o nacional como factor determinante de la trayectoria del proceso político que se está estudiando. En el caso del contexto internacional, se incorpora al análisis las va- riables geopolíticas y económicas, analizando diversos actores nacio- nales o regionales así como instituciones multilaterales de diverso tipo, para comprender las interacciones entre estas variables y el pro- ceso político interno que se está estudiando. Se estudian las alianzas internacionales favorables y contrarias al régimen. En el caso del contexto nacional, por un lado, se estudia la coalición que sustenta al régimen dominante, poniendo atención al núcleo duro de conducción del régimen así como a los sectores que otorgan un apoyo blando a este. Por otro lado, se estudia a las fuerzas políti- cas, económicas y sociales que se oponen el régimen, analizando el nivel de cohesión y efectividad en su accionar, para posteriormen- te poder determinar la correlación de fuerzas existentes y, sobre esa base, poder proyectar algunos escenarios posibles: uno funcional al régimen, uno favorable a la oposición y uno de transición híbrida. 215 3. El nuevo contexto posterior a las elecciones del 7 de noviem- bre de 2021 La coyuntura actual está marcada por las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre de 2021 y por la forma en que el régimen autoritario de Ortega y Murillo decidió liquidar las pocas condiciones de partici- pación que le quedaban a la oposición (Miranda, 2021). Este nuevo giro autoritario tiene dos eventos críticos: primero, el encarcelamien- to de todas las personas que podían ser candidatas a la presidencia desde la oposición, que empezó con la detención de Cristina Cha- morro el 3 de junio de 2021 y fue seguida por la detención de las de- más posibles candidaturas. Este proceso culminó con la cancelación, el pasado 7 de agosto, de la personería jurídica del partido Ciuda- danos por la Libertad (CxL), a solicitud de la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), formación colaboracionista con el régimen, al Consejo Supremo Electoral (CSE). 3.1. El contexto interno El nuevo giro represivo y abiertamente antidemocrático amerita un esfuerzo de análisis sobre las posibles valoraciones que pudo haber llevado al régimen a este cambio con un alto costo a nivel interna- cional. En esa línea, se puede intentar responder varias preguntas: primero, ¿por qué bajo condiciones de control absoluto del proceso electoral decidieron dar ese giro hacia una deriva claramente dicta- torial? Cuando se señala el control del proceso, debe recordarse que tenían en sus manos las reglas del juego electoral, pues no hicieron ninguna reforma, incumpliendo el compromiso con la Organización de los Estados Americanos (OEA), ni tampoco cambiaron a las autorida- 216 des del Consejo Supremo Electoral. Además, tenían a su alcance la decisión de quienes podían ser sus adversarios electorales por medio de prohibiciones y sanciones. También tenían la posibilidad de divi- dir y debilitar a la oposición, que se encontraba ya dividida alrededor de varios puntos: si participar o no (¿se le hacía el juego o no a la dictadura?); si llamar a la abstención, al voto nulo o a votar por la candidatura que se lograra inscribir; desde qué partido participar y con qué candidatura. Todas estas disyuntivas polarizaban a las prin- cipales organizaciones de la oposición. Si bien habría sido obvio que la cancha electoral estaba claramente inclinada a favor de Ortega y Murillo, un triunfo en una elección con participación de alguna candidatura de oposición real hubiera permitido al régimen entrar a disputar interna e internacionalmente la narrativa de que es una dictadura y hasta podría haber reclamado una legitimidad de origen electoral y democrático. Esta posibilidad se cerró cuando apostó por eliminar cualquier atisbo de competen- cia electoral. Es presumible que el núcleo del régimen que define y ejecuta la estra- tegia tuvo que haber valorado seriamente las consecuencias internas y externas que tenía la cancelación del proceso electoral, acompaña- do del aumento de la represión y el encarcelamiento de la oposición política y civil. Posiblemente, en la pareja dictatorial está todavía presente el trauma que significó la derrota de 1990 frente a Violeta Barrios. Por ello, volviendo al presente, pareciera que el control total sobre los factores que determinan el resultado electoral no era suficiente para la pareja dictatorial. Cualquier fisura que permitiera la participación de la oposición podría dar margen a una mayoría del pueblo nicara- 217 güense de sacarles del poder como en 1990, tal y como señalaban los datos de las encuestas independientes (CID Gallup, 2021). Una hipótesis adicional es que un proceso electoral, incluso en con- diciones de alta restricción, tiene que permitir alguna participación electoral de los partidos de oposición al régimen, lo que incentivaría la movilización, el proselitismo, la organización electoral y también la articulación de un tendido organizativo en todo el territorio, lo que fortalecería a los actores que quieren un cambio democrático en el país. Esa movilización de la oposición, sobre todo, de las organizaciones sociales, tensionaría la dinámica electoral, introduciendo el espíritu de abril con reclamos de liberación de presos y presas políticas, de espacios de libertad de asociación, de organización y de expresión, de justicia transicional y de retorno seguro de la población exiliada y refugiada. Esa tensión, de manera previsible, iría subiendo conforme se acercara el día de las elecciones. Frente a un muy probable fraude, esta energía y organización acumulada podría reaccionar de nuevo como en abril de 2018, pero con mayor experiencia acumulada, ge- nerando una situación cuyo desenlace sería incierto para el régimen y configurando un escenario de imprevisible desenlace. Por supuesto, esto es un análisis contrafactual y, por lo tanto, hipo- tético. Sin embargo, el cambio de estrategia es un dato fáctico corro- borable: aumento de la represión, con más personas –políticas, acti- vistas, empresarios, periodistas, artistas o, simplemente, críticas del régimen– detenidas y encarceladas o deportadas de forma arbitraria con acusaciones basadas en una legislación aprobada el año anterior (2020) con el propósito de aplastar no solo a la sociedad civil, sino también de establecer un régimen basado en el miedo y el terror. A 218 abril de 2022, el régimen tiene detenidas de forma arbitraria a más de 180 personas y ha cancelado 178 personerías jurídicas de organiza- ciones e instituciones de la sociedad civil, algunas de ellas sin militan- cia alguna (La Prensa, 2022b). El montaje de la farsa electoral del 7 de noviembre, cuyo resulta- do casi exacto había sido anunciado antes por la última encuesta de MyR1, estaba orientado a proyectar un triunfo contundente de la pareja dictatorial con un 75,9% de los votos, según el CSE2. Este montaje se vio opacado por el trabajo realizado por la organización Urnas Abiertas, un observatorio ciudadano independiente, que hizo un importante esfuerzo de monitoreo del proceso electoral en todo el territorio nacional para determinar el nivel de participación de la ciudadanía en la votación. El reporte generado por esta organización de la sociedad civil logró colocar ante la opinión pública nacional e internacional que el proce- so electoral se había caracterizado por una bajísima participación de la ciudadanía (cerca del 20%)3, lo que pone en duda la legitimidad del proceso electoral mismo, reforzando los cuestionamientos que ya existían sobre la falta de condiciones para desarrollar un proceso elec- toral de carácter democrático en Nicaragua (Urnas Abiertas, 2021). Posteriormente, una encuesta poselectoral de Investigaciones Psico- sociales (2021) arrojó datos que confirmaban un alto abstencionis- mo (52,8%) y que Ortega y Murillo habían obtenido en realidad no 1 Se trata de una casa encuestadora cercana al régimen. Se hace referencia a esta encuesta: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:120749-encuesta-de-m-r-fsln-cuenta- con-669-de-solidez-del-voto-nicaraguense. 2  Pueden consultarse los resultados aquí: https://es.statista.com/estadisticas/1275025/ resultado-de-las-votaciones-para-elegir-presidente-nicaragua/. 3 El reporte se encuentra en este enlace: https://nicaraguainvestiga.com/politica/65051-ur- nas-abiertas-reporta-abstencionismo-votaciones-nicaragua-2021/. 219 el 75% de los votos, sino un 29,4% de quienes dijeron haber votado, es decir, equivalente a cerca del 15% del universo total de potenciales votantes. Esto representaría el porcentaje de apoyo electoral más bajo obtenido por el FSLN y por Ortega en su larga trayectoria electoral, reafirmando que actualmente la coalición del régimen no logra mo- vilizar el voto de su militancia. Durante y después de la elección, el régimen ha mantenido una na- rrativa coherente con la realidad alternativa que viene construyendo desde abril de 2018, cuyo concepto estratégico principal es que la protesta autoconvocada de abril fue un intento de golpe de Estado blando4. En esa línea, van las acciones represivas principales de ju- nio de 2021, que incluyeron el encarcelamiento de posibles rivales en la contienda electoral y la cancelación de la personería de partidos opositores, bajo el argumento de que había que detener a todo el liderazgo que apoyó y participó del golpe de Estado blando, acusán- dolos de traición a la patria a partir de una legislación aprobada en 2020, precisamente para poder judicializar este proceso y detenerles sin pruebas ni debido proceso. Procedimentalmente, el proceso que sustenta las detenciones es ar- bitrario y sin fundamento jurídico y el trato en las cárceles se carac- teriza por ser inhumano, violatorio de los derechos humanos y de la legislación internacional: las más de 30 personas detenidas en esta ola represiva (aunque son más de 180 si se suman las personas previa- mente encarceladas por razones políticas) están en condiciones muy precarias de salud. Tan grave es que ya le costó la vida a Hugo To- rres5, general de brigada, héroe nacional y opositor desde la disiden- 4  Difícil que se pudiera dar porque las Fuerzas Armadas eran leales al régimen y la insu- rrección era, fundamentalmente, cívica (aunque hubo algunos lugares donde la respuesta aislada de pequeños grupos opositores no lo fue). 5 Hugo Torres falleció el 12 de febrero de 2022. Paz a sus restos. 220 cia del sandinismo, al que el régimen no dio tregua6. Este hecho ha tenido impacto en diversos sectores, así como importante resonancia internacional. Sobre este caso, a las condenas de la oposición y de varios países, se sumó una semana después del fallecimiento de Torres, una carta pú- blica, titulada “Compañero Hugo Torres”, de Humberto Ortega, general en retiro y hermano del dictador, quien luego de hacer un recuento de las importantes gestas y acciones en las que había par- ticipado Hugo, incluyendo la que permitió la liberación del propio dictador, señaló: “... Este lamentable, doloroso desenlace de un com- pañero de luchas, que cumple hasta el final consecuentemente este juramento [revolucionario], debe contribuir en la ruta de solución a la crisis política que padece nuestra patria, que requiere urgente- mente un clima de reconciliación, que lo genera de ser puestos en libertad los encarcelados políticos, por medio de cualquiera de los instrumentos jurídicos, legales requeridos”. Desafortunadamente, ni este llamado ni varios anteriores que ha he- cho Humberto Ortega han sido escuchados. Las detenciones y encarcelamientos han sido complementadas por cancelaciones de personerías y figuras jurídicas de partidos políticos, instituciones universitarias, organizaciones sociales y no guberna- mentales de orientación crítica con el régimen, pero también inde- pendientes, como la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. En abril de 2022, el régimen había cancelado más de 180 organizaciones e instituciones desde 2018 (RFI, 2022), entre las que cabe mencio- 6 El Ejército de Nicaragua, de manera vergonzosa, no mencionó la muerte de uno de sus héroes y fundadores. 221 nar a 14 universidades privadas, que pasarían a ser propiedades del Estado dinástico. En lo que respecta a la coalición que sustenta al régimen, es difícil tener una valoración informada dado el secretismo con el que se maneja el círculo de poder en este tipo de regímenes cerrados. En principio, parece que no hay grandes contradicciones internas y que la línea vertical de mando ejecutada cotidianamente por la vicepre- sidenta Murillo funciona de forma eficaz, sustentada en dos líneas principales: por un lado, la represión, el control y el miedo, principal- mente para la oposición, pero estos dos últimos componentes tam- bién con la propia base del FSLN. Y por otro, políticas clientelares que permiten canalizar recursos a cambio de sostener una estructura territorial, con alcance barrial, de escucha y vigilancia. Una forma perversa de desarrollo de lo que el sociólogo Michael Mann (2006) denomina el poder infraestructural del Estado que penetra y enraíza a este en la sociedad civil, con la diferencia de que, en teoría, esta penetración se lleva a cabo por medio del lado “blando” del poder estatal, v.g. los servicios públicos, y no por medio de la capacidad des- pótica del Estado, que es lo que está pasando en Nicaragua. La estrategia represiva progresiva seguida por el régimen busca no solo cancelar cualquier espacio de organización independiente de la sociedad civil, sino también lograr la transformación de un régimen político autoritario cerrado a uno de carácter crecientemente totali- tario, en el que se inhibiría de raíz toda forma de pensamiento libre y toda opinión crítica al régimen, sobre la base del miedo, la violencia y el terror de Estado (Bataillon, 2021). En esa línea se está siguiendo a pie puntilla el consejo de orientación totalitaria que le diera Tomás Borge a Daniel Ortega en 2009 poco antes de morir: “Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder”. Ade- 222 más, agregó: “Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la de- recha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: ‘Hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder’. Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente San- dinista hoy, mañana y siempre” (Sancho, 2018; La Prensa, 2009). Sin embargo, por más represión que haya, nunca el control logra ser absoluto. En 2022 han ocurrido algunos eventos que evidencian que el exceso de represión, sumado al asesinato de Hugo Torres, y el control excesivo y la desconfianza paranoide de la vicepresidenta Murillo con la dirigencia de su propio partido empiezan a generar fisuras dentro del bloque de poder que sostiene a la dinastía. Entre estos eventos se pueden mencionar los más relevantes: la renuncia el pasado 23 de marzo del embajador ante la OEA, Arturo McFields, quien denunció en ese mismo momento, en la propia sesión de esta entidad, que el Gobierno encabezado por Daniel Ortega era una dic- tadura. McFields hizo valoraciones importantes sobre el porqué de su decisión: “La gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada;  cansada de la dictadura y de sus acciones, y cada vez van a ser más los que digan basta… Desde el año 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay uno solo. No existen. Todos fueron cerrados, expulsados o clau- surados. No hay partidos políticos independientes, no hay eleccio- nes creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos” (BBC, 2022). Cuando McFields menciona el cansancio, incluye no solo a la opo- sición, sino también a los propios militantes sandinistas. Pocos días 223 después, renunció el prestigioso abogado Paul Reichler, quien había sido el principal asesor legal internacional de Nicaragua durante la Revolución y también en el Gobierno actual. En su carta de renun- cia, luego de una introducción en la que hace un reconocimiento a la trayectoria de Ortega y su aporte a la democracia en Nicaragua, plantea que no sabe lo que le pasó al dictador, pero ya no es quien él admiró y respetó, para, acto seguido, plantear su renuncia después de hacer una crítica demoledora al dictador. Entre otras cosas, Reichler señala lo siguiente: ...Me resulta inconcebible que ese Daniel Ortega hubie- ra reprimido manifestaciones pacíficas tan despiadada- mente, resultando en cientos de trágicas muertes, en abril de 2018. Me resulta aún más inconcebible que ese Daniel Ortega hubiera arrestado, confinado en condiciones into- lerables y enjuiciado a más de 50 ciudadanos destacados –de la política, los medios de comunicación, las universi- dades y los negocios– con cargos falsos que no son más que un pretexto para eliminar la disidencia y la oposición. Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega a quien orgu- llosamente serví hubiera destruido la democracia en cuya construcción él participó decisivamente y hubiera estable- cido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar, con elecciones falsas, una legis- latura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia, y el silenciamiento de la libertad de ex- presión y de los medios de comunicación independientes. También me resulta inconcebible que el Daniel Ortega al que serví pudiera haber forzado al exilio a sus más ilus- tres ciudadanos, incluidos Sergio Ramírez, Luis Carrión, Carlos Fernando Chamorro, Edmundo Jarquín, Giocon- 224 da Belli, Mónica Baltodano, Julio López Campos y mu- chos otros héroes sandinistas y no sandinistas, así como miles de nicaragüenses de todas las tendencias políticas cuya libertad ha sido negada o amenazada. Me resul- ta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y la muerte (Confidencial, 2022). A estas renuncias deben sumarse los malestares de militantes histó- ricos sandinistas que tienen una posición crítica contra el liderazgo rosado chicha de la vicepresidenta Murillo, quejas verbalizadas de forma abierta por un activo participante en redes llamado el Chino Enoc, quien considera que la vicepresidenta ha orientado al Gobier- no de Ortega hacia la derecha (La Prensa, 2022). Sin embargo, este grupo defiende al presidente y considera responsable de los errores del Gobierno actual a Rosario Murillo. En síntesis, pareciera que no todo es color rosa dentro del FSLN. En lo que respecta a la oposición y a las fuerzas políticas, económicas y sociales que están luchando por impulsar un cambio político de- mocrático en Nicaragua, cabe señalar que, en un primer momento, el aumento de la represión por parte del régimen de cara a las elec- ciones, sumado a la decisión del liderazgo formal de la oposición de privilegiar la estrategia electoral como única posible, desechó una es- trategia que podría haber mantenido el esfuerzo electoral y, de forma paralela, la movilización social y territorial. De forma tal que, cuando el espacio electoral fue cerrado por la dinastía, la mayor parte de la oposición quedó descolocada estratégicamente. El tejido territorial y social se había debilitado o se estaba organizado en modo electoral, con las contradicciones no resueltas que había hasta el día en que 225 empezaron los encarcelamientos y cancelaciones de partidos. A ello se debe sumar que la escalada represiva también generó un aumento importante del flujo de activistas y líderes hacia el exilio, a Costa Rica, de manera creciente a Estados Unidos y en menor me- dida, a España y México. En marzo de 2022 se calculaba que había cerca de 150.000 personas solicitantes de refugio en Costa Rica (AC- NUR, 2022). En el caso de Estados Unidos, el dato más contundente es el de las deportaciones en la frontera que, de enero de 2021 a enero de 2022, alcanzaron 98.554 detenciones de personas nicaragüenses, superando a las deportaciones de población salvadoreña (Expediente Público, 2022) Sin embargo, también es importante señalar que hay indicios de que, con el juego electoral e inmediato ausente, la oposición empieza a recomponerse, hay un mayor diálogo entre sectores y grupos que antes no tenían interacción y se construye una agenda que podría eventualmente crear una plataforma más amplia que las que había previamente, en la que la liberación de las personas presas políticas y la recuperación del Estado democrático de derecho son puntos de amplio consenso7. Uno de los desafíos importantes que tiene la opo- sición es evitar la desconexión del exilio con los sectores que aún es- tán dentro de Nicaragua. Como bien señala la literatura que analiza casos de transición política, el factor de mayor peso en el éxito de las transiciones es tener una oposición cohesionada y organizada y con capacidad de presión dentro del país. Un último elemento a analizar brevemente es el tema económico. En el año 2021, a pesar de la crisis política, Nicaragua ha tenido una re- 7  Esta valoración sobre la oposición es resultado de la interacción del autor con diversas personas y organizaciones integrantes de la oposición en el exilio. 226 cuperación económica importante. Según el Banco Mundial (BM), la actividad económica en 2021 recuperó a los niveles anteriores a 2018. El PIB real creció un 10,3% el año pasado. El BM atribuye esta recuperación a los siguientes factores: 1) el consumo privado impul- sado por las sólidas entradas de remesas (producto del aumento de la emigración); 2) el consumo y la inversión pública destinados a aten- der los impactos de la COVID-19 y los daños causados por los hura- canes (con fuerte apoyo internacional); y 3) la inversión privada y las exportaciones respaldadas por los precios favorables de las materias primas. La minería, la manufactura, la construcción y el comercio han sido los principales motores del crecimiento; el turismo se está recuperando lentamente (BM, 2022). Sin embargo, hay un punto crítico para el régimen en este panora- ma económico favorable: el empleo y los salarios no se terminan de recuperar, ha aumentado de manera importante la informalidad y los ingresos familiares disminuyeron para un 44% de los hogares a mediados de 2021 (BM, 2022). En una imagen: pareciera que hay recuperación macroeconómica, pero que ello no termina de bajar a la microeconomía, que es donde la población sobrevive. Llegados a este punto, es necesario hacer el ejercicio de proyectar una línea de tiempo de mediano plazo, 2022-2027, para poder visualizar algunos hitos formales que la dinastía de Ortega y Murillo tendrá que enfrentar para poder perpetuarse en el poder. En este quinque- nio hay tres momentos internos que tensionarán al régimen: prime- ro, las elecciones municipales de noviembre de 2022. Poco después, en marzo de 2023, se tienen que realizar las elecciones regionales. Finalmente, en noviembre de 2027 tienen que llevarse a cabo las presidenciales. Las dos primeras podrían generar focos de tensión y conflictividad social dentro del país, lo que también dependerá de la 227 combinación de diversos factores, incluyendo el aprendizaje que la oposición haga de las elecciones de 2021 y de su capacidad de organi- zarse para incidir en esos procesos. Sin embargo, las elecciones presidenciales de finales de 2027 son más complejas para el régimen por varios factores. El más importante es el tema de la sucesión presidencial: ¿podrá ser Ortega candidato nue- vamente? Si fuera Rosario Murillo o Laureano Ortega8, ¿tendrían capacidad de sostener la coalición que ha permitido que la dictadura actual se sostenga? Estos son elementos que darán base a los escena- rios que desarrollaremos más adelante. 3.2. La dimensión geopolítica e internacional Como se señaló anteriormente, la dinastía construirá la legitimidad de esta huida hacia adelante que fue la cancelación de la democracia electoral por medio del uso de la geopolítica. Su importancia se refle- ja no solo hacia el exterior, sino también hacia el interior de Nicara- gua, constituyéndose en un importante hilo conductor que envuelve toda su narrativa: a) La llegada de Ortega en 2007 es una segunda etapa de la Revolu- ción Popular Sandinista, recreando una imagen de Guerra Fría 4.0; b) La insurrección de abril de 2018 es resultado de una estrategia de agresión y penetración del “imperio norteamericano”, negando de esa forma el carácter de insurrección civil autoconvocada y de lucha de carácter democrática; c) Quienes apoyaron la insurrección son golpistas y traidores a la pa- tria y por eso están encarcelados. Es más, no merecen ser considera- dos parte de la patria. 8  Uno de los nueve hijos de la pareja presidencial. 228 En esa línea, un día después de las elecciones, el 8 de noviembre de 2021, Ortega realizó, sobre esas premisas, uno de sus discursos más virulentos, refiriéndose a las personas secuestradas por su régimen de la siguiente manera: “Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yankis, se los deberían llevar para allá, a los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser ni- caragüenses hace rato..., no tienen patria, que se los lleven para allá9”. Es esperable que el régimen continúe profundizando la polarización con Estados Unidos, proyectando al régimen como víctima de la agresión externa y fortaleciendo, por otro lado, vínculos geopolíticos con países y potencias que se alinean de manera cada vez más clara en un eje de regímenes autoritarios o no democráticos. Inicialmente estaban Rusia, Irán, Cuba, Venezuela y Bolivia, que se consideran actores activos en la construcción de un orden global multipolar y en contra de la hegemonía norteamericana y sus socios subordinados, la Unión Europea. Fue de estos países que provinie- ron los apoyos, los saludos y los reconocimientos internacionales al fraude. A estos países se sumaría China. En el otro vector geopolítico, hay una gran cantidad de países, y no solo Estados Unidos. El fraude electoral generó una reacción de rechazo en la mayoría de los países del continente americano, de la Unión Europea y de otros países (Inglaterra o Suiza, por ejemplo) (Salinas Maldonado, 2021). Entre los calificativos que predomina- ron en las declaraciones de representantes de varios de estos países se encuentran “elecciones fake”, “farsa electoral”, “pantomima” y “bur- la” (Del Campo y Ruiz Rodríguez, 2021). Sin embargo, si vemos más allá del momento electoral, y analizamos 9 Ver https://youtu.be/QU7ldyBIDco. 229 el escenario internacional con una perspectiva de más largo aliento, ubicando a Nicaragua en la bifurcación geopolítica en la que se ha insertado y pasando de la escala global a la nacional, tenemos que, en la primera escala, donde las potencias hacen geopolítica, el principal foco de antagonismo sería con los Estados Unidos. A diferencia de los ochenta del siglo pasado, en la que existió la vía armada de la contrarrevolución apoyada por Estados Unidos, en la actualidad la vía armada está desechada por la oposición y no se ha planteado un escenario de intervención militar. Pese a la retórica antinorteamericana, EE UU es el principal socio comercial de Ni- caragua, recibiendo más del 60% de las exportaciones del país cen- troamericano en 2019 (CID, 2019). El 2021 fue un año récord en las exportaciones desde Nicaragua hacia ese país, al sumar 4.651,3 millones de dólares, cifra que supera incluso a los años de prepan- demia. Las exportaciones en 2021 superaron en 19,7% a los envíos de bienes y mercancías en 2019, que totalizan 3.885,5 millones de dólares (IEC/FUNIDES, 2022). Además, Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de remesas en 2021, alcanzando un monto de 1.370,4 millones de dólares, lo que representa un 11% del producto interno bruto (PIB) del país centroamericano (SwissInfo, 2022). Ambos indicadores económicos evidencian que la potencia del norte tendría una fuerte capacidad para impactar en la trayectoria econó- mica del país. Sin embargo, pese a haber aprobado la denominada Nica Act durante la Administración Trump (2018) y, posteriormen- te, durante la Administración Biden (2021), la Ley Renacer, que permite excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA) –como respuesta a 230 os encarcelamientos arbitrarios del liderazgo de la oposición–, esto no ha sucedido. Estados Unidos ha optado por sanciones individuales, así entre 2017 y 2022 ha sancionado a 47 personas, incluyendo a la vicepresidenta Murillo, a cuatro de sus hijos y a algunos jerarcas del Ejército. Tam- bién ha sancionado a cuatro instituciones: Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral, Ministerio Público y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). Una posible hipótesis que puede contribuir a explicar esta línea es el hecho de que una medida como la exclusión de Nicaragua del CAF- TA podría tener un impacto que haría que la economía nicaragüense tuviera una contracción cercana al 5% del PIB, lo que generaría un aumento importante de la migración hacia EE UU. La inmigración es un asunto sensible para la política interna de esta potencia, siendo uno de los principales temas electorales. Con las votaciones de medio período en noviembre de 2022, el Gobierno de Biden no parece estar dispuesto a seguir esa línea. Esta misma orientación de sanciones individuales, y a algunas ins- tituciones, ha sido seguida por la Unión Europea, Canadá, Suiza y España, que son los países que han tenido una línea más activa de denuncia de la deriva autoritaria y de las violaciones de derechos hu- manos que comete el régimen. En el caso de América Latina y el Caribe, la posición de la mayoría de los países ha sido crítica con la dinastía, como se refleja en las votacio- nes de la Organización de Estados Americanos (OEA), configuran- do una mayoría que oscila entre 24 y 25 países. 231 Dos países claves de América Latina son Argentina y México. El pri- mero ha tenido una posición cambiante, en parte debido a las dife- rencias entre el presidente, Alberto Fernández, más crítico con Nica- ragua, y la vicepresidenta, Cristina Fernández, que tiende a alinearse con el bloque geopolítico favorable a Nicaragua. Sin embargo, en la sesión 51 de la OEA, realizada entre el 10 y el 12 de noviembre de 2021, en la que se aprobó una resolución sobre las elecciones nicaragüenses, Argentina votó a favor de esta. Entre los contenidos de la resolución, están los siguientes: “... Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad demo- crática”. Además, se dio un plazo de 18 días para que el Consejo Per- manente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país “... de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que “... tome las acciones apropiadas”. Ambos planteamientos forman parte de los procedimientos establecidos en la Carta del organismo para la suspensión de un Estado miembro tras demostrarse que se rompió el orden democrático en el mismo (Confidencial, 2021). La posición favorable de Argentina es considerada un cambio im- portante de posición que rompe la coordinación que venía desa- rrollando con México, que mantuvo su línea de abstenerse ante las mociones apoyadas por Estados Unidos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero dejando en claro que esa posición en el voto no significaba un aval al régimen sandinista. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, externó sus preocupaciones sobre el proceso electoral en relación a la falta de libertad de expre- sión, el encarcelamiento de líderes opositores y la ausencia de com- petencia. Incluso, México llamó a consulta al embajador acreditado 232 en Nicaragua, una medida considerada muy fuerte en los códigos diplomáticos (Petrich, 2021). La reacción del régimen no se hizo esperar. Frente a la resolución de desconocimiento de las elecciones, aprobada por 25 países y que mandataba a la Secretaría General a valorar si Nicaragua había viola- do la Carta Democrática –con ello se justificaría su futura expulsión de la OEA–, el Gobierno de Ortega y Murillo, usando la polariza- ción geopolítica con EE UU, acusó al organismo interamericano de ser un instrumento de los intereses imperialistas definidos por Was- hington para intervenir a los países de América Latina y el Caribe y anunció de manera formal su retiro de la OEA. De esa forma, evitaba la posibilidad de una futura expulsión. El proceso para concretar esta decisión toma dos años, en los cuales Nicaragua sigue participando en este foro (Salinas Maldonado, 2021). Otro país que hay que mencionar es Chile, pues aunque su Gobierno tuvo un giro hacia la izquierda con la elección del presidente Gabriel Boric, su política exterior mantiene una línea crítica de la izquierda autoritaria que justifica la represión interna y la violación de los dere- chos humanos en nombre del antimperialismo. Muy simbólico fue el nombramiento como canciller de Antonia Urrejola, quien había sido presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (CIDH) y que hizo el informe Concentración del Poder y Debi- litamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que registra la grave crisis política y social que enfrenta el país más grande de Centroamé- rica y en el que se denuncia la grave situación del Estado de derecho. Es interesante señalar que el de Boric es el primer Gobierno de nueva izquierda que claramente denuncia a la izquierda autoritaria, mante- niendo una línea crítica con Nicaragua. 233 Otro caso interesante a poner atención es el de Honduras. En este país, vecino de Nicaragua, el presidente de derecha Juan Orlando Hernández (2014-2022), conocido como JOH, había mantenido una posición constante de apoyo a Ortega. Se podría considerar una afinidad de “hombres fuertes”, que se apoyaron mutuamente en sus fraudes y presidencias caracterizadas por el irrespeto al Estado de de- recho y por la violación de derechos humanos. JOH tenía acusacio- nes pendientes por colaborar con carteles del narcotráfico, razón por la cual condenaron a cadena perpetua a su hermano y que refleja por qué se considera a Honduras un narco-Estado. Hernández fue uno de los pocos mandatarios que tuvo presencia en el acto de traspaso de Ortega y Murillo. En 2021 las elecciones de Honduras fueron ganadas por Xiomara Castro, candidata del partido Libre, de izquierda, y esposa del ex- presidente Mel Zelaya. Por la relación de esta última figura con la izquierda bolivariana, distintos analistas presumían un giro ideoló- gico favorable a Ortega. Sin embargo, este no se ha dado claramente. Todo parece indicar que la presidenta Castro quiere desarrollar una política exterior pragmática, en la que no se alinea con ninguno de los bloques geopolíticos, sino que mantiene relaciones fluidas con los dos. En una votación reciente, el pasado 1 de abril, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, Honduras votó en contra. Ante las reacciones críticas en su país por colocarse a la par de los aliados de la dinastía (Rusia, Cuba, China, Venezuela, Bolivia, y Eritrea), el Gobierno de Xiomara Castro cam- bió su voto de en contra a abstención. 234 Costa Rica, el otro país vecino, ha tenido una política exterior de Estado consistente en su posición crítica con Ortega y de exigencia de respeto de los derechos humanos. Este país es el principal afectado por la crisis política, pues es el mayor receptor de población refugiada que huye de la represión y la dictadura. Como se mencionó antes, desde 2018 este país ha recibido a más de 150.000 personas refugia- das, un número significativo para un país de poco más de cuatro mi- llones de habitantes y que pasa por una difícil situación económica. En los últimos dos años, el Gobierno de Costa Rica, de la mano de su Cancillería, ha impulsado una estrategia multilateral para confrontar a la dictadura. En ese marco, se logró la consolidación de una Alianza para el Desarrollo en Democracia con Panamá y República Domini- cana, una suerte de triángulo sur, en el que la posición sobre Nicara- gua es un tema crítico. Esta alianza ha permitido sacar del contexto bilateral la relación de Costa Rica con Nicaragua para ponerla en un plano multilateral. Con el cambio de Gobierno en mayo de 2022, parecía que la línea de Costa Rica podría modificarse dado que el futuro canciller había anunciado el envío de embajador a Nicaragua (no tiene desde 2018). Pero la decisión de la dinastía de expulsar a la misión de la OEA en Managua y de expropiar la sede, violando su inmunidad diplomáti- ca, hizo que Rodrigo Chaves, el presidente entrante, manifestara su decisión de no concretar el envío de embajador. En balance, en la OEA se tiene un bloque mayoritario de países con- sistentemente críticos del régimen: Antigua y Barbudas, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guya- na, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, 235 Bolivia, que es parte del bloque de apoyo al gobierno de Nicaragua, más otros siete países, tienden a abstenerse: Argentina, Belice, Hon- duras, México, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Santa Lucía. Es decir, solo Nicaragua vota por sus propias posicio- nes. Guatemala, Belice, Haití no siempre son consistentes con res- pecto a la línea crítica con Nicaragua. Venezuela está representada por el Gobierno de Guaidó en la OEA, pero este ha ido perdiendo fuerza y legitimidad. Es probable que, en un plazo relativamente corto, Maduro vuelva a ser reconocido por Estados Unidos y otros Estados. De alguna manera, la ruta que está siguiendo Maduro es opuesta a la de Ortega, en el sentido de que está explorando posibilidades de negociación con la oposición, facilita- dos gracias a los poderosos intereses petroleros de Estados Unidos en Venezuela, en respuesta a la crítica situación energética que se está viviendo a escala global por la invasión de Rusia a Ucrania. Frente al creciente aislamiento que enfrentaba Nicaragua por el fraude electoral, el régimen dio un golpe geopolítico importante al romper relaciones diplomáticas con Taiwán para restablecerlas con China. Taiwán había sido un generoso aliado con la Nicaragua orte- guista, canalizando importantes recursos financieros sin importar su carácter crecientemente autoritario. Este apoyo fue particularmente importante en el Banco Centroamericano de Integración Económi- ca (BCIE), del que el país asiático es socio. En el momento de la rup- tura, la isla era el donante bilateral más importante del país centroa- mericano, donde financiaba 27 proyectos por valor de entre 30 y 50 millones de dólares, según datos del Gobierno nicaragüense, esto sin tomar las inversiones en zonas francas (EFE, 2021). 236 Este es un giro geopolítico importante, porque el régimen logró el apoyo de la segunda potencia económica del planeta después de los Estados Unidos. Sin embargo, todavía no es claro el alcance de la cooperación bilateral y cuánta prioridad le dará China a Nicaragua, en un contexto en el que la potencia asiática está buscando cómo ampliar su influencia comercial en esta parte del planeta, como se evidencia en el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cos- ta Rica (2007), Panamá (2017), República Dominicana (2018) y El Salvador (2018). Uno de los elementos que aparece como una incógnita es si China impulsará megaproyectos, incluyendo la construcción del canal in- teroceánico por Nicaragua, dado el origen chino de Wang Jing, el empresario de Hong Kong a cuya empresa Ortega le dio una conce- sión canalera de carácter leonino y violatorio de la soberanía nacional en 2013 (López Baltodano, 2017) y que, más allá de la retórica del régimen, no pasó de ser un proyecto fallido. Hasta el momento, no pareciera que Nicaragua vaya a recibir un tratamiento geopolítico y comercial preferente. La relación con Rusia es distinta a la de China, dado el componente altamente geopolítico que tiene el vínculo ruso-nicaragüense, refle- jado en el tipo de convenios de cooperación, orientados de manera principal hacia temas de seguridad, inteligencia y ayuda militar. No pareciera que la afinidad de estos dos regímenes sea ideológica, sino más bien de posicionamiento geopolítico e internacional y también de afinidad o compadrazgo autoritario10. Sin embargo, es probable que la guerra que está llevando a cabo Rusia en Ucrania le reste re- cursos y debilite su capacidad para actuar globalmente y que eso afec- 10 Sobre este particular, el artículo de Armando Chaguaceda, “La alianza ruso-nicara- güense: un ejemplo de cooperación autocrática”, en este mismo libro amplía el tema (N. del ed.). 237 te al apoyo material que le pueda seguir brindando a la dictadura de Ortega. Un último apartado merece el BCIE, banco de integración y desarro- llo de la región centroamericana que ha sido una importante fuente de recursos para el Gobierno de Nicaragua una vez que se agotó la ge- nerosa cooperación venezolana. Según fuentes del mismo banco, la cartera activa en el país en 2020 ascendía a 2.818,22 millones de dó- lares. En términos de colocación de créditos por año, el monto oscila entre 300 y 500 millones de dólares, un monto importante para una economía como la nicaragüense. A pesar de los cuestionamientos de diversos sectores y países, la presidencia ejecutiva del banco, a cargo del hondureño Dante Mossi, ha decidido mantener la misma orien- tación. La posibilidad de un cambio en esta orientación dependerá de lo que pase en 2023 con la elección de la presidencia ejecutiva de este organismo multilateral. 4. Escenarios prospectivos para Nicaragua (2022-2027) A partir de esta contextualización interna e internacional, se plan- tean tres escenarios futuros para Nicaragua: el primero, funcional para la dinastía; el segundo, híbrido con variantes, y el tercero, fun- cional para la oposición. En términos del análisis, primero se explica la dinámica o tendencia dominante en el escenario y, en un segundo momento, la combinación de factores que lo hace posible. 4.1. Escenario uno: funcional para el régimen Ortega-Murillo (escenario más realista) El escenario más realista para 2022-2027 en Nicaragua es el de la con- tinuidad del régimen. Se trata de un régimen que, aunque no está 238 exento de contradicciones internas, se encuentra bastante cohesiona- do y con una comunicación política que cumple su objetivo. 4.1.1. Factores que configuran el escenario a) La dinastía mantiene el control absoluto sobre todas las institucio- nes del Estado, en particular, el monopolio de la violencia por medio del Ejército y la Policía, además de mantener los grupos paramilitares. b) El discurso oficial traslada de manera efectiva a los partidarios del FSLN el mensaje de que la legitimidad del régimen no se basa en pro- cesos electorales, sino en la resistencia contra un enemigo exterior (hasta 2018 la legitimidad radicó en la estabilidad y el crecimiento económico). c) El régimen consigue mantener sus redes clientelares, incluyendo la gran cantidad de servidores públicos, con fondos del Estado. Las políticas clientelares son complementadas con la persecución, el con- trol y el terror de Estado. d) En este escenario las elecciones municipales de 2022 serán una continuidad del ejercicio electoral de 2021. e) Ortega y Murillo logran mantener alineado, por medio de conce- siones y, de manera principal, por extorsión, al sector empresarial de peso o gran capital. f) La interlocución con los empresarios permitiría una ligera recu- peración económica, que serviría como estabilizadora del régimen actual y tendría un efecto normalizador para el conjunto de la socie- dad, incluso si la pobreza se mantiene por encima del 40%. g) El Estado conseguiría mantener, al menos en el corto plazo, los flu- jos financieros de instituciones como el BCIE y FMI, así como cierta estabilidad macroeconómica, que no se refleja en la microeconomía, fuente potencial de inestabilidad. h) En esta misma línea, los niveles de migración y la fuga de cerebros 239 se mantendrían crecientes, aunque sin llegar a la escala de crisis hu- manitaria regional. El proceso de expulsión de nicaragüenses ayuda a mantener niveles de subsistencia interna, por el aumento de las reme- sas y su peso específico en el PIB del país. La inversión extranjera di- recta no regresaría a los niveles anteriores a la crisis en este escenario. i) Continuando con los factores determinantes, el escenario funcio- nal al régimen asume como elemento clave que los sectores de oposi- ción que promueven un cambio democrático no logran constituirse en un solo movimiento. Además, siguen sufriendo una intensa re- presión, se encuentran desarticulados en el territorio nacional y con muchos liderazgos fragmentados en el exilio. No hay cohesión a nivel organizacional ni demandas comunes. j) Un elemento relacionado con el punto anterior es que el factor electoral sigue siendo un elemento divisivo en los procesos que se darán en este período (noviembre de 2022, marzo de 2023 y noviem- bre de 2027). Se trata de una oposición que no logra una posición compartida y un programa claro. Es evidente que no aprendió de las elecciones de 2021 ni obtuvo lecciones. k) Un efecto de los puntos anteriores es que en este escenario la opo- sición no logra configurar una organización que se perciba interna y externamente como alternativa al régimen. Más importante aún, la falta de articulación democrática se traduce en un abandono casi absoluto de una resistencia cívica organizada y disciplinada en un contexto represivo. Como consecuencia de ello, no hay protestas so- ciales, ni resistencia ciudadana de gran envergadura y visibilidad. l) Una parte importante del liderazgo opositor se encuentra en el exilio y sin condiciones para regresar. Estos sectores siguen viviendo represión selectiva, y en el caso del campo y los territorios la repre- sión alcanza cuotas más violentas, aunque sin generar gran impacto mediático. La dinámica del exilio se configura de tal forma que se establece una distancia creciente con los sectores de la oposición den- 240 tro de Nicaragua. ll) El régimen mantiene grupos opositores “zancudos11” en las ins- tituciones, dentro y fuera de Nicaragua, pero estos tienen baja cre- dibilidad, aunque a veces logran dividir y desorientar debido a que se infiltran apoyando posiciones divisionistas o generando informa- ción falsa. m) El rol de la comunidad internacional, si bien no es un factor de- terminante sino condicionante, tiene mucho peso. En este escenario EE UU, la UE y otros actores relevantes desconocen –en sus diversas variantes– los resultados de las elecciones de 2021 y la legitimidad del Gobierno Ortega-Murillo. De hecho, por el rechazo mayoritario a sus elecciones y deriva autoritaria, Nicaragua sale de la OEA. n) México y Argentina mantienen posiciones ambiguas, al igual que los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), menos Costa Rica, Panamá y República Dominicana. ñ) Para completar el panorama, el régimen mantiene sus relaciones con Rusia. Sin embargo, estas serían más que nada simbólicas dado el costo económico y geopolítico que tendría la invasión de Rusia a Ucrania. o) China, con una geopolítica orientada hacia el apoyo comercial y económico, implicaría un apoyo importante para la dinastía. Aun- que no construye el canal interoceánico, sí desarrolla proyectos de infraestructura, aumenta el intercambio comercial y canaliza présta- mos blandos para proyectos de desarrollo. p) La geopolítica del petróleo haría que Estados Unidos promue- va las negociaciones de Maduro con la oposición, descarrilando la presidencia de Guaidó, pero Venezuela mantendría un perfil de bajo apoyo económico con Nicaragua. q) Estados Unidos y la UE no cambiarían su línea principal de san- 11 En Nicaragua se les llama zancudos (mosquitos) a aquellas personas o grupos políticos que simulan ser de oposición y se presentan, por ejemplo, a las elecciones, pero que apoyan con sus acciones al Gobierno (N. del ed.). 241 ciones contra personas del régimen y algunas instituciones. Esto ge- nera incomodidad, pero el régimen logra gestionarla. r) El uso de ‘sanciones-país’ genera variantes al escenario planteado. No hay salida de Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Por una parte, hay diversas complicaciones legales para ello12, pero también coinciden en que las implicaciones políticas se- rían severas para los mismos europeos, pues sacar al país de acuerdos comerciales impacta negativamente en la vida de los nicaragüenses más vulnerables. s) Un caso particular es la posición de Estados Unidos y el uso de sus sanciones. Difícilmente estas se orientarán hacia la suspensión de Nicaragua del CAFTA en el corto plazo, incluso con la Ley Renacer, debido a las elecciones de medio período y el temor a un aumento importante de la emigración hacia Estados Unidos como consecuen- cia de la crisis que se generaría. t) En lo que respecta a la represión y el encarcelamiento del lideraz- go de la oposición, el régimen de Ortega-Murillo mantendrá en las cárceles a las personas detenidas y aumentará la represión de la opo- sición interna. Además, seguirá con la cancelación de las persone- rías jurídicas de organizaciones e instituciones, buscando reducir al máximo a las organizaciones independientes de la sociedad civil. 4.1.2. Variante pesimista a) El régimen mantiene el nivel de represión actual más allá del es- cenario electoral, llegando incluso a atacar a miembros de la Iglesia católica; decide no liberar a ninguna de las personas encarceladas; y se niega a abrir ningún canal de comunicación con la Administración 12 El pilar de Diálogo Político del Acuerdo de Asociación (AA) aún no ha sido ratificado por el total de países europeos. Por tanto, esta parte del acuerdo no está en vigor. Adicional- mente, el AA es un acuerdo de naturaleza regional y las partes consultadas no están seguras de que se pueda proceder al retiro de un solo país. 242 Biden ni con otros países y sectores económicos nicaragüenses, a los que mantiene extorsionados. b) En lo que se puede llamar un proceso de “cubanización”, el régi- men termina de cerrar los medios de comunicación (como la Radio Corporación) y controla aún más los espacios digitales. A su vez, la desconfianza e inseguridad jurídica en el país provocaría fuga de ca- pitales, más disminución de la inversión extranjera y nacional, nume- rosos cierres de empresas y un mayor éxodo masivo de nicaragüenses al exterior. c) En este escenario, Nicaragua estaría caminando hacia un régimen de control totalitario por parte de la dinastía. 4.2. Escenario dos: funcional para la transición democrática (optimista) El escenario funcional para la transición democrática en 2022-2027 es conducido por la oposición que logra cohesionarse y unirse por medio de un programa de unidad nacional que consigue incentivar la descomposición interna del régimen y el apoyo del Ejército. 4.2.1. Factores que configuran el escenario. a) La descomposición del régimen tiene lugar en el corto y mediano plazo por la desaparición o ausencia física de Ortega o Murillo, lo que desata una seria disputa por la sucesión. b) Los sectores más pragmáticos y blandos de la coalición que susten- ta al régimen establecen comunicación con la oposición para buscar una ruta que haga viable la transición. c) La fractura del régimen dictatorial podría ser incentivada por una aplicación contundente de la Ley Renacer. Esta puede llevar a san- cionar a instituciones relevantes (en especial, al Ejército), en coor- 243 dinación con otros actores como la UE y Canadá, lo que hace que sectores y actores claves de la coalición dominante lleguen a la con- clusión de que están en un callejón sin salida y que hay que hacer un cambio de régimen. d) Se da una exposición de casos de corrupción con fondos de la coo- peración internacional que involucran a actores claves del régimen, lo que limita el acceso a fondos de financiación del FMI o del BCIE, entre otras instituciones. En este resultado tiene un importante rol el exilio organizado. Este factor contribuye a reducir la capacidad de crecimiento de la economía nicaragüense. e) En este escenario, una parte importante del sector empresarial asu- me un claro compromiso con la transición democrática y logra neu- tralizar a los sectores cercanos al régimen. f) El resultado del proceso de negociación en Venezuela, favorable a una apertura democrática, resta fuerza a la posición de Ortega. g) EE UU refuerza su presión sobre Nicaragua para impedir que se consoliden sus relaciones con China. h) Rusia queda imposibilitada de brindar algo, más allá de un apoyo retórico. i) El papel de EE UU se ve acompañado por otros países, incluidos latinoamericanos, en una gran coalición que rompe la narrativa or- teguista de “agresión norteamericana”, desconocen a la dictadura y facilitan la negociación entre sectores disidentes del FSLN y la opo- sición. j) En el SICA, países con posiciones ambiguas, como Guatemala, Honduras y Belice, se suman a suspender a Nicaragua de este marco institucional mientras no haya condiciones democráticas y apoyan la negociación entre la disidencia y la oposición. k) Las sanciones económicas generan, en el corto plazo, una crisis económica que afecta a amplios sectores de la sociedad, desencade- nando un aumento importante de la migración. 244 l) Las afectaciones económicas, producto de las sanciones, la falta de financiamiento y el aislamiento internacional, serían particularmen- te relevantes para el Estado, debiendo reducir su tamaño y viéndose obligado a hacer despidos masivos en el sector público. Esto haría pasar a una buena cantidad de ciudadanos, incluyendo sandinistas, de insatisfechos silenciosos a afectados directos. ll) Como consecuencia de la crisis económica, una parte importante de la sociedad, incluyendo sectores que simpatizaban con el régimen, desarrollan brotes de protestas y movilizaciones sociales espontáneas y, posteriormente, organizadas, que son claves para volcar al Ejército en contra de la dictadura y para viabilizar el acuerdo entre la disiden- cia y la oposición. m) El Ejército toma partido por la transición democrática, apoya y garantiza el acuerdo entre la disidencia del régimen y la oposición, e inicia el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y la reestruc- turación de la Policía Nacional. o) Se convoca a misiones internacionales para observar la transición y garantizar la tutela de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho. p) En todos los escenarios optimistas se parte de la base de un mo- vimiento prodemocracia que es capaz de conformar un actor más o menos coherente y reconocible, con mensajes y demandas claras, que sirva como interlocutor para las fuerzas externas y como referencia para las fuerzas internas. q) Este actor opositor democrático es capaz de plantear una hoja de ruta creíble para la transición, conectar con las necesidades de la po- blación y presentarse como alternativa viable para resolver sus pro- blemas. Además, tiene la facultad de organizar acciones de resistencia cívica con regularidad, hasta el punto de realizar auténticas campañas de lucha no violenta que socavan los pilares del régimen dictatorial. La resistencia cívica no sería únicamente de los sectores urbanos de 245 las ciudades. r) Este movimiento prodemocracia, que no necesariamente se con- forma en una sola organización, si bien es reconocible, es también diverso, albergando a grandes sectores de la población (líderes socia- les y civiles, campesinos, empresarios, políticos y religiosos de todo el espectro ideológico). Se hace énfasis en el apoyo de la Iglesia al movi- miento: asume un papel activo de apoyo a la transición democrática y al proceso de organización de la oposición cívica y política. s) Este movimiento pasa de ser oposición a ser un actor con capaci- dad de conducir la transición democrática y de llegar a un acuerdo con la disidencia del régimen y el Ejército, sin sacrificar reivindicacio- nes históricas de la sociedad nicaragüense. t) El reflejo del escenario optimista es el desmoronamiento del régi- men, la liberación de las personas presas y el forzar a la convocatoria de unas elecciones adelantadas en el plazo razonable y sin participa- ción de la dinastía y su círculo inmediato. u) El ejercicio electoral se da con un mínimo de garantías electorales, con observación nacional e internacional, retorno y protección de los exiliados, así como con el ejercicio básico de libertades y derechos. 4.3. Escenario tres: la coalición de poder se fractura. Caen Or- tega y Murillo, pero la disidencia interna del régimen conduce la transición (híbrido) En este escenario híbrido la coalición gubernamental se resquebra- ja, como resultado de haber sufrido el impacto de las sanciones, el aislamiento internacional y por la conducción cada vez más errática de la pareja presidencial y su círculo inmediato, generando descon- tento y contradicciones dentro de sus filas. De allí surge una nueva coalición de sectores disidentes dentro del régimen y del Ejército que desplazan a Ortega y Murillo, conduciendo una transición política y 246 manteniéndose en el poder aunque con apertura democrática. 4.3.1. Factores que configuran el escenario a) La ejecución de la Ley Renacer genera una profunda crisis econó- mica, lo que debilita el control de las instituciones del Estado, y hace que el régimen pierda el apoyo implícito de la mayoría de los grandes capitales. A nivel social, continúa con apoyos en mínimos históricos. b) En este caso, el régimen se descompone también al perder el fi- nanciamiento del BCIE y otras instituciones financieras debido a la incapacidad del régimen para cumplir sus compromisos financieros internacionales. c) A diferencia de la Policía, que mantiene su alianza con Ortega y Murillo, el Ejército, en parte por las sanciones directas que recibe como institución, se distancia de la pareja dinástica y apoya a las figu- ras disidentes del régimen comprometidas con una transición políti- ca que conduzca a un régimen democrático. d) Las sanciones a instituciones o sectores importantes impactan sig- nificativamente en la economía, aumentando la migración y la fuga de cerebros. Las remesas tienen cada vez más peso en la economía, como elemento estabilizador, pero no logran detener la caída libre en la que va la economía nicaragüense por la suspensión del CAFTA. e) Hay impacto en las inversiones nacionales e internacionales y cie- rre de empresas. Esto no lleva a la gente a las calles, pero aumenta la insatisfacción de la clase empresarial vinculada al régimen. Los otros sectores empresariales también presionan ante el escenario de una economía en profunda crisis. El sector público también se ve afec- tado, aumentando el malestar, aunque el impacto no es mediático. f) Los grupos de oposición mejoran su organización, pero su proceso de unificación y cohesión todavía es parcial. g) Las fuerzas tradicionales –núcleos empresariales prodemocracia, 247 Iglesia y partidos políticos– mantienen una agenda diferente a los movimientos sociales y la sociedad civil y se mantiene el tono público crispado entre estos sectores. h) Las organizaciones surgidas en abril de 2018 logran articular algu- nas acciones de resistencia cívica. Estas no llegan a transformarse en auténticas campañas de lucha no violenta, pero evidencian el rechazo de la población al Gobierno. i) Por otra parte, hay regresos esporádicos de opositores exiliados y la gran mayoría de los presos políticos –sobre todo, aquellos vincula- dos al sector empresarial– son liberados. j) Del lado de los elementos condicionantes, Nicaragua se mantiene en la agenda internacional. Las actuaciones de EE UU, la UE y otros mantienen fuerte la tensión sobre Ortega y Murillo, aunque el papel de los países latinoamericanos, y particularmente Argentina, Belice, Honduras y México, se mantiene alejados de impulsar una transi- ción. Rusia no tiene posibilidad de intervenir por su debilitamiento internacional debido a la invasión en Ucrania y China condena cual- quier forma de intervención en Nicaragua, pero no va más allá. k) Resultado de lo anterior, y ante la descomposición del régimen,los sectores marginados del FSLN y sectores disidentes internos logran convencer a sectores claves dentro del Ejército de la necesidad de dar un golpe de Estado. El nuevo Gobierno, constituido por la di- sidencia del FSLN con el apoyo del Ejército, acuerda la celebración de elecciones en una fecha razonable, avalada por la oposición y la comunidad internacional. l) Asimismo, como consecuencia de la movilización y protesta social en la que participa el movimiento azul y blanco y sectores de base sandinista, el Gobierno de transición asume un compromiso con las reformas electorales acordadas con la OEA, una disminución impor- tante de la represión, la liberación de las personas presas y el retorno seguro del exilio. 248 5. Breve corolario La proyección de escenarios tiene como propósito principal contri- buir a reflexionar sobre cuáles son los factores que condicionan y de- terminan la posibilidad de un cambio de régimen en Nicaragua. Ob- viamente, podría haber muchas combinaciones más. La intención del autor es que este análisis y el ejercicio de escenarios sea un insumo de utilidad para quienes están luchando por hacer una transforma- ción democrática; en particular, jóvenes y mujeres nicaragüenses que quieren un cambio profundo. Como se habrá observado, ningún escenario abre la posibilidad de que la oposición opte por la lucha armada. No se ha hecho por el pro- fundo respeto que merece el liderazgo opositor con el que este autor ha tenido contacto, y, en particular, la juventud activista exiliada en Costa Rica, que está absolutamente convencida de que, para romper con el ciclo de violencia que caracteriza la historia nicaragüense, es necesario acabar con este régimen por la vía política. Solo así, dicen, se logrará la no repetición de los ciclos de violencia y consolidar una verdadera transformación democrática de la cultura política en su amado país. A juzgar por la convicción con que lo transmiten y prac- tican, no cabe dudas de que así será. 249 BI BL I OG R AFÍA ACNUR (2022): “El número de nicaragüenses desplazados en Costa Rica se ha duplicado en menos de un año”, 25 de marzo. Disponible en:  https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/3/623d08ed4/ el-numero-de-nicaraguenses-desplazados-en-costa-rica-se-ha-dupli- cado-en.html. BBC (2022): “El embajador de Nicaragua ante la OEA denuncia públicamente al gobierno de Ortega antes de dejar el cargo”, BBC News Mundo, 23 de marzo. Disponible en:  https://www.bbc.com/ mundo/noticias-america-latina-60853568. — (2021): “Elecciones en Nicaragua: el recuento en Nicaragua da a Ortega una aplastante victoria en unas elecciones que EE.UU. ca- lifica de ‘pantomima’”, BBC News Mundo, 8 de noviembre. Dis- ponible en:  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati- na-59202246. Banco Mundial (2022): “Nicaragua: panorama general”. 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