Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 Este es un artículo de acceso abierto publicado bajo los términos de la Licencia Creative Commons 4.0 Internacional Atribución-No- Comercial-SinDerivadas. Recibido: 25 de enero de 2023 | Aceptado: 1 de agosto de 2023 Conflictos socioambientales por represas y proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, Panamá y la Zona Sur de Costa Rica Socio-environmental conflicts due to dams and hydroelectric projects in Chiriquí, Panamá and the Southern Zone of Costa Rica Alberto Gutiérrez Arguedas Universidad de Costa Rica San Ramón, Costa Rica alguar48@gmail.com Jonathan González Quiel Consultor independiente Chiriquí, Panamá jonathangonzalezquiel@gmail.com RESUMEN. El presente trabajo analiza la conflictividad socioambiental por represas y proyectos hidroeléctricos en dos regiones que han sido escenario de numerosas disputas alrededor de este tema en Centroamérica durante los últimos quince años: la provincia de Chiriquí, Panamá y la Zona Sur de Costa Rica. Para ello, se ha utilizado como perspectiva teórico-metodológica la ecología política latinoamericana (EPL), un campo caracterizado, entre otros aspectos, por un diálogo estrecho entre las reflexiones académicas y las luchas socioambientales contra el neoextractivismo. El análisis comparado revela que en ambas regiones los planes de expansión hidroeléctrica impulsados por los Estados y por el capital nacional y transnacional se han colocado en tensión con una multiplicidad de resistencias comunitarias en defensa de los ríos. Se observan notables similitudes, tanto en las estrategias del Estado-capital para impulsar los proyectos, como en las estrategias de lucha de las comunidades para defender sus ríos y territorios. Por otro lado, el análisis comparado también revela notables diferencias entre ambas regiones, la más evidente siendo que, mientras en ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 2 Chiriquí se registran 37 represas hidroeléctricas en operación, en la Zona Sur costarricense ninguna está operando, lo cual se explica por diferencias en las trayectorias nacionales de los respectivos países en relación con el asunto. El trabajo incluye cartografías de los proyectos hidroeléctricos –en operación, en trámite y/o cancelados- que permiten visualizar el fenómeno en su dimensión territorial. PALABRAS CLAVES. Conflictos socioambientales; represas/proyectos hi- droeléctricos; ecología política latinoamericana; Chiriquí, Panamá; Zona Sur, Costa Rica. ABSTRACT. This work analyzes the socio-environmental conflicts caused by dams and hydroelectric projects in two regions that have witnessed numerous disputes around this issue in Central America, during the last fifteen years: the province of Chiriquí, Panama and the Southern Zone of Costa Rica. For this, the theoretical-methodological perspective employed is Latin American political ecology, a field characterized, among other aspects, by a close dialogue between academic reflections and socio- environmental struggles aganist neoextractivism. The comparative analysis between Chiriquí and the Southern Zone reveals that in both regions the hydroelectric expansion plans promoted by the states and national / transnational capital have been put into tension with a multiplicity of community-based resistances in defense of the rivers. Notable similiarities are observed in the strategies of the state-capital to promote the projects, and the struggle strategies of communities that defend their rivers and territories. On the other hand, the comparative analysis also reveals notable differences between both regions, the most evident being that, while in Chiriquí, Panama there are 37 operating hydroelectric dams, in the Southern Zone of Costa Rica there are none, which is explained by differences in the national trajectories of the respective countries related to the issue. The work includes cartographies of the hydroelectric projects –in operation, in process and/or canceled- that allow visualizing the phenomenon in its territorial dimension. KEYWORDS. Socio-environmental conflicts; dams/hydroelectric projects; Latin American Political Ecology; Chiriquí, Panama; Southern Zone, Costa Rica. 1. INTRODUCCIÓN Alrededor del mundo, en muy variados contextos y geografías, ha proliferado un sinnúmero de conflictos socioambientales relacio- nados con la construcción de (o la intención de construir) represas en los ríos, sea para generación de energía o para otras finalida- des1. El presente trabajo analiza las tensiones entre la expansión de 1 No todas las represas son hidroeléctricas, es decir, la generación de energía es CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 3 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 represas/proyectos hidroeléctricos y las luchas socioambientales en defensa de los ríos en dos regiones que han sido escenario de numerosos conflictos alrededor de este tema en Centroamérica, en particular, durante los últimos quince años: la provincia de Chiri- quí, Panamá y la Zona Sur de Costa Rica. En el caso de Chiriquí, se trata de una unidad territorial político-administrativa, una provin- cia ubicada en el occidente panameño, en la vertiente Pacífico. En el caso de la Zona Sur, se trata más bien de una región socioeconó- mica/funcional, también denominada Región Brunca, ubicada en el sureste costarricense. En particular, se examinan los conflictos por hidroeléctricas en tres cantones/municipios ubicados en esta región: Pérez Zeledón (provincia San José), Buenos Aires y Coto Brus (provincia Puntarenas). El recorte geográfico utilizado para el presente estudio corres- ponde con una región transfronteriza, un espacio que, si bien está atravesado por la frontera internacional que divide estos dos paí- ses, presenta algunas continuidades y rasgos en común relevantes para el tema de esta investigación, tanto de orden geofísico como sociopolítico. En lo geofísico: ambas regiones están atravesadas por un mismo sistema montañoso y presentan una extraordinaria riqueza hídrica, que se expresa en una densa red de ríos que ba- jan con potencia desde las montañas, siendo estas las condiciones naturales idóneas para la explotación hidroeléctrica. En lo socio- político: en ambas regiones se ha planteado en tiempos recientes la construcción de una cantidad significativa de proyectos de re- presas para generación eléctrica, los cuales han suscitado conflic- tos socioambientales y procesos de defensa comunitaria de los ríos y los territorios frente al extractivismo hidroeléctrico. Al mismo tiempo, también se observan diferencias significativas entre ambos lados de la frontera, dentro de las cuales destaca una en particu- lar: en Chiriquí se registra un total de 37 represas hidroeléctricas en operación, mientras que en la Zona Sur, ninguna. Qué factores –históricos, sociopolíticos, institucionales- explican esta diferencia tan significativa, es una de las preguntas que orientan la presente investigación. Desde un punto de vista metodológico, el foco de la investiga- ción es analizar la expansión hidroeléctrica y las luchas socioam- una entre varias otras finalidades que puede tener una represa, como el abaste- cimiento de agua para centros urbanos o para irrigación agrícola. Dicho esto, el presente estudio se enfoca específicamente en represas hidroeléctricas. ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 4 bientales en defensa de los ríos en esta región transfronteriza de manera amplia y panorámica, pero, sin profundizar en estudios de caso específicos. Para ello, se construyó una base de datos que sis- tematiza los proyectos hidroeléctricos en Chiriquí y la Zona Sur, los cuales fueron clasificados según: (i) año de entrada en operación, (ii) potencia o capacidad de generación eléctrica, (iii) tipo de opera- dor - privado o público, (iv) río o cuenca hidrográfica y (v) – la más importante para el argumento del trabajo- su estatus jurídico-formal. En ambas regiones se verifica la existencia de proyectos que fueron concebidos y planeados por desarrolladores privados y públicos pero que, debido a la oposición de comunidades organizadas a es- calas local y regional, fueron impedidos de ser construidos. Asi- mismo, los proyectos registrados en la base de datos fueron geor- referenciados, lo cual permitió la elaboración de cartografías para visualizar este fenómeno en su dimensión territorial. Para la realización del estudio se consultó una diversidad de fuentes de información: literatura científica, documentación insti- tucional, publicaciones de organizaciones y movimientos socioam- bientales, así como datos primarios obtenidos en trabajo de campo, para el que se realizaron seis entrevistas semiestructuradas con ac- tivistas socioambientales y comunitarios, que han tenido un papel protagónico en las luchas contra proyectos hidroeléctricos, tanto en Panamá como en Costa Rica2. El artículo está dividido en cuatro apartados, sin contar esta in- troducción. Primeramente, se desarrolla un marco contextual del tema de represas hidroeléctricas, en diálogo con la ecología política latinoamericana. Luego, se hace exposición detallada de la conflic- tividad socioambiental por represas y proyectos hidroeléctricos en las dos regiones de estudio por separado, primero el caso de Chi- riquí y después el de la Zona Sur. Ambos apartados constituyen el núcleo de la investigación y en ellos se dilucida no solamente los “datos duros” resultantes de la sistematización de proyectos hi- droeléctricos, sino también aspectos más cualitativos acerca de las luchas socioambientales, sus trayectorias, dinámicas, significados y repercusiones. Finalmente, el apartado de cierre ofrece una síntesis de los hallazgos y reflexiones finales. 2 Los insumos obtenidos a partir de dichas entrevistas fueron incorporados al ar- gumento general del trabajo sin hacer citas directas ni referencia específica al nom- bre de las personas, en parte, con la intención de garantizar el anonimato de estas. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 5 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 2. REPRESAS, EXTRACTIVISMO HIDROELÉCTRICO Y LA ECOLOGÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA Las represas constituyen una de las mayores y más ambiciosas obras de infraestructura desarrolladas por las sociedades huma- nas. A partir de la segunda mitad del siglo XX este tipo de infraes- tructura se convierte en una industria de alcance global, experi- mentando una fuerte expansión, tanto en el número de represas existentes, como en su distribución geográfica por la mayoría de países y cuencas hidrográficas del mundo3. Durante varias déca- das las represas gozaron de una hegemonía casi incontestada como símbolos de modernización y desarrollo. Evidencia de ello es que un amplio conjunto de países, bajo gobiernos con signos ideológi- cos aparentemente antagónicos, apostaron por la construcción de mega-infraestructuras hídricas como piezas clave en sus proyectos nacionales desarrollistas; generalmente financiados mediante en- deudamiento con organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial (McCully 2004). Tal como subrayan Romero y Sas- so (2014), las represas han jugado históricamente un rol estratégico como “nodos de control”, a través del cual el Estado y las élites manipulan el ciclo natural del agua a través de complejas interven- ciones técnico-ingenieriles, en favor de sus intereses particulares. Sin embargo, conforme la industria de represas se fue expan- diendo a escala global, sus costos y daños se convirtieron en una preocupación pública grave. A partir de la década de 1980 comien- zan a ganar mayor visibilidad y atención los impactos socioambien- tales negativos provocados por este tipo de obra, en buena medida, como resultado de la presión política ejercida por comunidades afectadas y el movimiento ambiental. Según McCully (2004), desde mediados de esa década se conforma un movimiento internacional contra la industria de represas, integrado por miles de grupos eco- logistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales de todos los continentes, surgido a partir de la unión de numerosas campañas locales, regionales y nacionales, con algunas instancias de coordinación internacional. En este contexto se conformó, en 1997, la Comisión Mundial de Represas (CMR), con participación de personas de sociedad civil, academia, gobiernos, sector privado 3 Se informa que, de 5 mil grandes represas que existían en el mundo en 1949, pasó a haber cerca de 45 mil en el 2000, extendidas por más de 140 países (CMR 2000). ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 6 y asociaciones profesionales. Luego de varios años de investiga- ción, la CMR publicó un informe en el cual se elabora un diagnós- tico global de la industria de represas, documentando por primera vez de manera exhaustiva el conjunto de impactos ambientales, so- ciales y económicos de este tipo de obra (CMR 2000). El informe de la CMR representa un parteaguas en el tema. A partir de entonces, las represas fueron ampliamente cuestionadas y perdieron su hegemonía, lo cual condujo a que la industria bajara su ritmo de expansión a nivel global4, debido a que se tornó más difícil para agencias internacionales, donantes y gobiernos justifi- car financiamiento para estos proyectos (Del Bene 2018). No obs- tante, luego de algunos años se volvió a poner en marcha un nuevo ciclo de expansión de represas –específicamente para generación hidroeléctrica- a escala global, asociado a la gobernanza del cambio climático y la supuesta transición a las energías renovables. En este contexto, desde los principales agentes de la gobernanza ambiental mundial –organismos internacionales, gobiernos nacionales, think tanks, asociaciones de negocios, banca multilateral, etc.- se han impulsado masivas inversiones en infraestructura hidroeléctrica a través de una estrategia de “lavado verde” (greenwashing) y un discurso que la promociona como una fuente de energía “limpia” y “sostenible” (Fletcher 2009). Actualmente, la frontera de explo- tación hidroeléctrica continúa su expansión: un estudio reciente estima que existen unas 60 mil grandes represas a nivel mundial y más de 3.700 planeadas o en construcción, en un planeta en el cual apenas una tercera parte de los ríos aún fluyen libres sin estas barreras (Grill et al. 2019). Más allá del discurso de las energías “limpias”, este nuevo ciclo de expansión hidroeléctrica ha sido pautado desde una lógica de- sarrollista y mercantil y no ha avanzado en un cambio sustancial del modelo energético ni de los modos de producción y consumo dominantes (Gutiérrez 2020). Más bien, este tipo de proyectos tien- de a continuar el acelerado metabolismo social, respondiendo a la demanda energética de grandes consorcios empresariales e indus- triales. Estamos frente a un paradójico “extractivismo de las energías renovables” (Del Bene 2018), las cuales no solo son un campo de acu- mulación capitalista en sí mismo sino que juegan un papel estraté- 4 De acuerdo con Fletcher (2009), el ritmo de construcción de represas para la década de 2000 era la mitad en comparación con su momento pico, en la década de 1970. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 7 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 gico dentro de las geografías del extractivismo contemporáneo, a través de sus conexiones con otras ramas y sectores como, por ejem- plo, la minería (Granovsky-Larsen y Larreátegui 2023). En el caso de las represas, estas requieren de grandes infraestructuras, adqui- sición de tierras y un uso intensivo de materiales de construcción, las cuales a su vez provocan graves disrupciones en las ecologías y modos de vida locales, muchas veces, impuestas de forma forzosa y violenta. En otras palabras, se observan en las represas y proyec- tos hidroeléctricos las mismas dinámicas de despojo asociadas a otras industrias extractivas, perpetuando el modelo de explotación de recursos que conduce a la expoliación de territorios, la degra- dación ambiental y el empobrecimiento de comunidades (Duarte, Boelens y Yacoub 2015). La cuestión del (neo)extractivismo ha ocupado un lugar prota- gónico en el debate académico y político en América Latina en las últimas dos décadas. Entendido en pocas palabras como un mo- delo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales para su exportación como materias primas, el extractivis- mo se remonta al período colonial en América Latina, no obstante, presenta particularidades en el momento histórico actual, motivo por el cual se utiliza el prefijo “neo”, para dotarlo de mayor especi- ficidad conceptual. Según Composto y Navarro (2014), a partir de la década de 1990, con la consolidación del neoliberalismo como proyecto económico, político e ideológico, se pone en marcha un ciclo de “nuevos cercamientos”, en el cual los territorios y bienes comunes naturales en América Latina adquieren renovado prota- gonismo como uno de los núcleos centrales del desarrollo capita- lista. En este contexto, el fenómeno del extractivismo adquiere nue- vas dimensiones, tanto objetivas –por la cantidad y escala de los proyectos, los diferentes tipos de actividad, los actores nacionales y transnacionales involucrados- así como otras de orden subjetivo, a partir de la emergencia de grandes resistencias sociales frente al modelo, que cuestionan el avance vertiginoso de la frontera de los commodities, elaborando otros lenguajes y narrativas frente al des- pojo (Svampa 2019). A raíz del cambio en el modelo de acumulación y la consecuen- te expansión geográfica del neoextractivismo –minero, agrícola, energético, etc.-, se registra una proliferación y una profundización de la conflictividad socioambiental en América Latina en este pe- ríodo (Composto y Navarro 2014). Con base en los planteamientos ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 8 de Maristella Svampa (2019) entendemos conflictos socioambientales como aquellos procesos de antagonismo social ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, los cuales suponen de parte de los actores enfrentados intereses y valores divergen- tes en torno a los mismos, en contextos de grandes asimetrías de poder. Según la autora citada, se ha dado un “giro ecoterritorial” en las luchas sociales en América Latina, el cual da cuenta de una nueva gramática política, en donde convergen diferentes pers- pectivas y lenguajes de valoración, revelando un cruce innovador entre la matriz indígena-comunitaria, la narrativa autonómica, el ambientalismo y, más recientemente, el feminismo (Svampa 2019). En este contexto, ha emergido una multiplicidad de movimientos socioambientales de base comunitaria, muchos de los cuales se han conformado en coyunturas de conflicto y amenazas concretas. A pesar de su diversidad, tienden a compartir una serie de caracterís- ticas en común: son de pequeña-mediana escala, articulan espacios rurales y urbanos en forma de redes descentralizadas, funcionan bajo formatos horizontales y asamblearios y se alimentan tanto de conocimientos populares-tradicionales como también técnicos y científicos (Svampa 2013). Asimismo, la conflictividad socioambiental en América Latina ha tenido eco en la academia. Es posible observar una clara cor- relación entre la intensificación de conflictos socioambientales y la conformación de una ecología política latinoamericana (EPL), una tradición político-intelectual específica que se ha constituido en las últimas dos décadas a partir de la articulación de redes aca- démicas a escala regional, en diálogo estrecho con los procesos de lucha socioambiental contra el neoextractivismo (Moreano, Moli- na y Bryant 2017). La ecología política, en sentido amplio, es un campo de estudios interdisciplinario surgido en la década de 1980 en la academia anglófona –específicamente en la geografía marxis- ta-, enfocado en sus inicios en el estudio de problemas derivados del mal uso de la tierra y del acceso y control de recursos, incor- porando planteamientos de la economía política crítica a los enfo- ques ecológicos más tradicionales (Palacio 2006). Desde entonces la ecología política ha experimentado un crecimiento notable, en diferentes partes del mundo, siendo este un campo que se nutre de diferentes disciplinas e influencias teóricas, reflejado en múltiples perspectivas conceptuales y metodológicas. A pesar de su diver- sidad y heterogeneidad internas, la ecología política posee como CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 9 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 denominador común el esfuerzo por visibilizar las fuerzas políticas y las relaciones de poder que están en juego en el acceso, manejo y transformación del ambiente (Robbins 2012). La EPL, si bien se inspira en y toma elementos de los plantea- mientos de la ecología política anglófona, muestra una genealogía propia, en función del contexto social, político, territorial e inte- lectual desde donde se desarrolla. Una de sus características dis- tintivas es el encuentro y diálogo entre diferentes tradiciones del pensamiento crítico latinoamericano – por ejemplo, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia y el giro descolonial - y las vastas experiencias y estrategias de los pueblos en defensa de sus territorios y bienes comunes naturales frente al saqueo extractivista y la economía de rapiña (Alimonda 2017). Lo novedoso y diferen- cial de la EPL – sostiene uno de sus principales exponentes, el ar- gentino Héctor Alimonda (2017) - radica en elaborar sus reflexiones de un lugar de enunciación latinoamericano, marcado por el papel subordinado y colonial que históricamente le fue asignado a la re- gión en el sistema mundial, como proveedora de materias primas para el capitalismo europeo, primero, y norteamericano, después. La EPL es tributaria de la historia y del pensamiento crítico latinoa- mericano, abordando las relaciones sociedades-naturaleza a partir desde una perspectiva teórica interdisciplinaria, en donde conver- gen la historia ambiental, la economía política, la geografía crítica y los estudios culturales, entre otros (Roca-Servat 2020). De manera sintética, Moreano, Molina y Bryant (2017) hacen referencia a tres rasgos o “marcadores de identidad” que distin- guen la propuesta teórico-metodológica de la EPL: (i) la descolonia- lidad, (ii) la posicionalidad del/a investigador/a y (iii) la territorialidad. Es decir, cuestiona el pensamiento moderno euro-norteamericano y sus pretensiones de universalidad, en particular, la forma reduc- cionista e instrumental en que ha conceptualizado la naturaleza (descolonialidad); plantea un diálogo estrecho entre las reflexio- nes académicas y las luchas socioambientales, dando continuidad a una tendencia de producción teórica que busca comprender la realidad para transformarla (posicionalidad del/a investigador/a); y presenta un fuerte desarrollo teórico hacia la cuestión territorial –entendida como apropiación material y simbólica del espacio geo- gráfico-, el cual tiene no solamente un valor analítico sino también político, como instrumento de resistencia frente al despojo extrac- tivista (territorialidad). Como tal, se trata de un campo al mismo ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 10 tiempo teórico y político, el cual muestra una gran apertura hacia la construcción de conocimientos fuera de la academia, en particular, en espacios de activismo socioambiental. En síntesis, la EPL aborda las relaciones sociedades-naturaleza en el contexto latinoamericano haciendo hincapié en los conflic- tos socioambientales resultantes del antagonismo entre la expan- sión de actividades extractivas –para la acumulación capitalista- y la defensa comunitaria de los territorios y bienes comunes natu- rales –para la reproducción de la vida. Habiendo expuesto a gran- des rasgos el contexto y el instrumental teórico-metodológico de la EPL, los siguientes apartados buscan hacer un aporte novedoso a este campo a través de un estudio empírico de la conflictividad socioambiental asociada a la expansión de represas y proyectos hi- droeléctricos en Chiriquí, Panamá y la Zona Sur de Costa Rica. Vale mencionar, en línea con la perspectiva de la EPL, que muchas de las ideas aquí desarrolladas han brotado desde las propias expe- riencias de lucha/conflicto, considerando que los autores hemos tenido un doble papel –intelectual y activista- en la defensa de los ríos de Chiriquí y la Zona Sur durante la última década, frente a los agravios y amenazas del extractivismo hidroeléctrico. 3. EXPANSIÓN HIDROELÉCTIRCA Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN CHIRIQUÍ, PANAMÁ Chiriquí es el principal foco de producción hidroeléctrica de Pana- má. Según datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de ese país (ASEP 2021), se registra un total de 46 represas hidroe- léctricas en operación a nivel nacional, de las cuales 37 se ubican en dicha provincia. Algunas de las grandes represas “históricas” de Panamá se ubican en Chiriquí: Fortuna, construida en 1984 (con la mayor potencia instalada en el país, 300 megavatios –MW) y el complejo La Estrella-Los Valles, construido en 1976, con una poten- cia conjunta de 102 MW. Ambos proyectos fueron impulsados bajo el modelo “nacio- nalista-estatista” que estuvo en vigor entre las décadas de 1960 y 1990, en el cual el Estado panameño, a través del (hoy extinto) Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación –IRHE, ejerció control monopólico de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (Perdomo 2008). Con la creación del IRHE, en 1961, se pone en marcha un ambicioso programa de CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 11 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 electrificación del territorio nacional, que tuvo como eje central la construcción de grandes represas y demás infraestructura eléctri- ca -líneas de transmisión y distribución, etc.- intencionada para disminuir la dependencia petrolera, así como para extender la red eléctrica a provincias periféricas, más allá del eje Panamá-Colón. Durante la década de 1990, el sector eléctrico en Panamá expe- rimentó un proceso de privatización, al calor del ajuste estructural y el ascenso del neoliberalismo. El gobierno nacional –asesorado por organismos financieros internacionales, como el Banco Mun- dial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- impulsó una reforma integral del sector eléctrico, con la promulgación de dos leyes que marcaron un parteaguas: la Ley 26 de 1996 y la Ley 6 de 1997. En su conjunto, ambas crearon las condiciones de posibi- lidad para la intervención de capitales privados en el sector eléctri- co, cuya presencia se hizo sentir casi de inmediato. Como parte de esa reforma se planteó una “reestructuración” del IRHE, que en la práctica implicó su desmantelamiento y venta de activos a capitales privados, incluyendo las grandes represas. A partir de 1998 se dio la venta de instituciones pertenecientes al IRHE, iniciando con las correspondientes a actividades de generación: el consorcio Coastal Power & Hydro Quebec (EEUU-Canadá) adquirió la hidroeléctrica Fortuna, mientras que la empresa AES (EEUU) adquirió el com- plejo La Estrella-Los Valles. La misma dinámica de privatización ocurrió en las empresas dedicadas a la distribución eléctrica (Geo- Comunes 2019). Además del traspaso de infraestructuras preexistentes del Es- tado panameño a actores privados, esta reestructuración político- -institucional impulsó y estimuló un gran volumen de inversiones nacionales y transnacionales en nuevos proyectos de generación eléctrica, atraídos por una serie de incentivos y privilegios, lega- les y fiscales, proporcionados por el Estado5. Con ello, se abrió un nuevo nicho de acumulación capitalista que reconfiguró el mapa hidroeléctrico de manera significativa. Resulta nítida la correlación entre la privatización del sector eléctrico y la proliferación de proyec- tos hidroeléctricos en Panamá, que tuvo como epicentro Chiriquí. De 5 Mediante la Ley 45 de 2004, el estado panameño establece una serie de incenti- vos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica, así como de otras fuentes renovables. El impulso a la inversión de capitales privados en la genera- ción eléctrica vino de la mano con el discurso de las energías “limpias” caracterís- tico del capitalismo verde (Gutiérrez 2020). ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 12 los 37 proyectos en operación en la provincia, únicamente tres (los ya citados) son anteriores a la privatización, mientras que los 34 restantes fueron construidos y entraron en operación bajo el nuevo modelo eléctrico liberalizado de los años 1990. La figura 1 da cuen- ta de este “boom” hidroeléctrico en Chiriquí, que inició a partir de 2000 y alcanzó su pico en la primera mitad de la década de 2010. Figura 1. Proyectos hidroeléctricos en Chiriquí según año de entrada en operación Fuente: Elaboración propia. A diferencia de las grandes represas construidas en la época del IRHE, el patrón que se observa a partir de la privatización es más bien la conformación de un conglomerado de pequeñas y media- nas hidroeléctricas “a filo de agua”6. Un rasgo distintivo de este nuevo mapa hidroeléctrico es una fuerte concentración geográfica de las represas, muchas de las cuales se ubican próximas entre sí, “en cascada” sobre el mismo río o cuenca hidrográfica, provocando impactos acumulativos en el territorio (dicho sea de paso, impac- 6 Las represas “a filo de agua” o “de pasada” son aquellas que no cuentan con grandes embalses para almacenar el agua, por lo tanto, están en función del régi- men climático y de la disponibilidad inmediata de agua que haya en el caudal de los ríos. Ello les impone limitaciones para producir durante la estación seca (entre diciembre y abril en la región transfronteriza Chiriquí-Zona Sur) y las torna más vulnerables en el contexto de la crisis climática. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 13 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 tos que suelen ser ignorados en los estudios de impacto ambiental –EIA- que evalúan cada proyecto por separado). Tres cuencas hi- drográficas, todas ubicadas en la parte occidental de la provincia, concentran la mayor cantidad de hidroeléctricas: la del río Chiriquí Viejo (con diez), la del río Chico (con ocho) y la del río Chiriquí (con catorce). En contraste, se registran muchas menos represas en los ríos del oriente chiricano, colindante con la Comarca Ngäbe- -Buglé, como se aprecia en la figura 2. Esta acelerada y agresiva expansión hidroeléctrica tuvo como consecuencia el surgimiento de numerosos conflictos socioambien- tales en decenas de comunidades en Chiriquí. La mayoría de éstos se desata a partir de la segunda mitad de la década de 2000, con- texto en el cual el gobierno nacional declaró de interés público el otorgamiento de 100 concesiones para explotación hidroeléctrica privada en el país, 69 de estas en Chiriquí. Más allá del papel, la presencia de las hidroeléctricas se vuelve tangible en los territorios: comienza a verse maquinaria pasando por los caminos locales, to- pógrafos haciendo mediciones, emisarios de las empresas estable- ciendo los primeros acercamientos con vecinos de las comunidades (por lo general, a través de personas con algún tipo de liderazgo en la política local y/o vinculadas con partidos políticos tradiciona- les), etc. Desde un principio, los proyectos hidroeléctricos fueron fuente de conflicto y división interna en las comunidades, inclusive dentro de las mismas familias, como resultado de posiciones diver- gentes en el asunto. El principal factor que garantizó apoyo de una parte de las comunidades a los proyectos fue de tipo económico: las empresas ofrecían la creación de fuentes de trabajo en la cons- trucción de las represas, con salarios superiores al de las labores agropecuarias tradicionales, lo cual resultó muy atractivo7. Por otra parte, otro segmento de las comunidades comienza a organizarse y a ejercer una oposición activa frente a las hidroeléc- tricas. El formato organizativo predominante fueron los comités pro-defensa de ríos, instancias de articulación política a escala local- comunitaria, enfocados en la defensa de un río contra determina- 7 Las empresas utilizaron el tema del empleo como forma de manipular la opi- nión pública. Se llevó a cabo una táctica fraudulenta en la cual emisarios de las empresas hacían visitas casa por casa, solicitando a las personas que se anotaran en una lista en caso que estuvieran interesadas en trabajar en las hidroeléctricas. Luego adjuntaban esas firmas en el EIA, indicando que las personas manifestaban su aprobación para la realización de los proyectos. ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 14 dos proyectos en específico. Conforme avanzaba la expansión hi- droeléctrica en la provincia, provocando consigo graves impactos socioambientales (los cuales se detallan al final de este apartado), las personas comenzaron a registrar, advertir y denunciar esta pro- blemática, impulsando acciones de lucha en diferentes escalas. A nivel local-comunitario, los comités buscaron contraargumentar las promesas de las empresas, a través de la realización de cam- pañas informativas acerca de los impactos y amenazas del repre- samiento de los ríos, además de algunas acciones políticas direc- tas. Los comités locales se caracterizan por poseer una estructura organizativa mayoritariamente informal, horizontal y asamblearia, no vinculados con partidos políticos ni poseedores de personería jurídica o representación formal frente al Estado. Algunos de és- tos, inclusive, han tenido una existencia efímera, circunscrita a la amenaza concreta de los proyectos hidroeléctricos. No obstante, en determinadas coyunturas han tenido un papel muy activo, con ca- pacidad de movilizar a un porcentaje significativo de las personas de una comunidad. Además de los comités comunales – los cuales se conformaron en el contexto de la expansión hidroeléctrica privada - un conjunto de organizaciones ambientales preexistentes también se sumaron a las luchas en defensa de los ríos. Dentro de estos se puede hacer referencia a la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP), la Asociación Ambientalista de Chiriquí y la Alianza Integral Pro De- sarrollo Integral “Unidos por Panamá” (APRODIUPA), entre otras. Estas organizaciones no solamente proporcionaron recursos y co- nocimientos técnico-legales estratégicos, sino que también facilita- ron una plataforma de articulación política a escala regional y cola- boraron como interlocutoras en diversas instancias de negociación con el poder público. De esta manera, se organizaron encuentros en diferentes localidades de la provincia, las cuales incluían visi- tas a algunas de las represas existentes, con el fin de visibilizar los daños provocados por éstas e impedir que lo mismo sucediera en otros ríos amenazados por la expansión hidroeléctrica. Asimismo, otro actor que desempeñó un papel relevante en las luchas fue la Pastoral Social de la Iglesia Católica, en cuyo seno se conformaron algunos de los comités comunales. Merece una mención específica el conflicto alrededor del proyecto Barro Blanco, ubicado en las inmediaciones de la Comar- CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 15 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 ca Ngäbe-Buglé, el cual presenta una genealogía propia, diferente de los demás conflictos en que tuvieron protagonismo los comités comunales. Los planes de represar las aguas del río Tabasará se remontan a la década de 1980, este proyecto fue originalmente im- pulsado por el Estado panameño, intencionado para abastecer la demanda energética de la mina de cobre Cerro Colorado. Desde un principio el pueblo indígena ngäbe opuso férrea resistencia al proyecto, a partir de la cual se funda el Movimiento 10 de Abril, mejor conocido como M-10, un movimiento histórico en las luchas contra represas en Panamá. Luego de varios intentos que no ha- bían logrado avanzar debido a la resistencia de las comunidades, el proyecto Barro Blanco finalmente se concreta en el contexto de la privatización del sector eléctrico panameño. En 2007 – durante el gobierno de Martín Torrijos - se vuelve a lanzar, esta vez res- paldada por una declaratoria de “interés nacional”, la cual agiliza los trámites e inclusive autoriza el uso de la violencia de parte de agentes del Estado. Luego de una agria disputa que se prolongó durante varios años y que tuvo amplia repercusión nacional e internacional, en mayo de 2016 se dio inicio al llenado del embalse de la represa Barro Blanco, provocando consigo la inundación y el desplazamiento for- zado de varios poblados. Este proyecto de 28,8 MW pertenece a la empresa de capital hondureño Generadora del Istmo S.A. y recibió financiamiento de los Bancos de Desarrollo alemán (DEG) y ho- landés (FMO), además del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Inclusive, el proyecto estuvo registrado dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU, como proyecto de energía “limpia”. Durante los momentos más álgidos del conflicto, el gobierno panameño cedió a la presión del movi- miento social y, en febrero de 2015, ordenó la suspensión temporal de las obras las cuales fueron posteriormente retomadas hasta su conclusión. Durante el conflicto, se llevaron a cabo numerosas mo- vilizaciones, protestas, denuncias, campañas, pronunciamientos e intervenciones en medios de comunicación (González 2016; Mejía 2018). Si bien presenta una genealogía propia, la lucha contra el proyecto Barro Blanco se articuló con el movimiento socioambien- tal chiricano, contexto en el cual hubo solidaridad y apoyo mutuo entre las comunidades indígenas y las comunidades campesinas mestizas. Las luchas socioambientales en defensa de los ríos en Chiriquí ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 16 no solamente se articularon a escala regional sino también nacional e internacional. Al calor de estas luchas se conformó, en 2013, la Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá (REDAGUA), la cual reúne un conjunto de organizaciones de las provincias de Chiriquí, Coclé, Veraguas y de la Comarca Ngäbe-Buglé, cuyo ámbito de ac- ción no se limita al tema de las hidroeléctricas sino que también alude al papel del agua en otras actividades extractivas como la minería8. En el plano internacional, organizaciones y activistas pa- nameños se vincularon con espacios como la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (RE- DLAR) e International Rivers (ONG ambientalista de alcance mun- dial con sede en EEUU), las cuales ya poseían amplia experiencia en el tema y compartieron valiosos materiales e información acerca de lo que sucedía en otros países. Ello proporcionó un marco de análisis para entender la problemática y resultó fundamental para la construcción de una identidad como movimiento socioambien- tal. En este contexto, la localidad chiricana de Boquete fue sede del V Encuentro Mesoamericano de REDLAR, en abril de 2009, que reunió 260 personas provenientes de 13 países (Castro 2009). El repertorio de lucha del movimiento socioambiental incluye no solamente acciones en el plano de la “política de la calle” como marchas, movilizaciones, mítines, bloqueos, encuentros y cam- pañas informativas ciudadanas, sino también un conjunto de ac- ciones en el plano jurídico-formal. En este sentido, tuvieron un papel importante aquellas personas con formación técnica y pro- fesional dentro del movimiento, quienes se dieron a la tarea de re- visar los EIA de los proyectos (muchos de ellos con informaciones incorrectas, incoherentes e imprecisas), para luego contrarrestar, con argumentos técnicos, por qué no eran procedentes. Una de las acciones más importantes en esa línea fue la interposición de una demanda en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en con- tra de la Resolución 0691-2012 emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la cual regulaba las concesiones de agua, permitiendo la explotación de hasta el 90% del caudal de los ríos, 8 La REDAGUA se autodefine como “un espacio autónomo de encuentro, arti- culación, intercambio y solidaridad entre organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, campesinas, ecologistas, profesionales, colaboradores y comunidades, que luchan y se fortalecen con el objetivo de responder a la defensa de la tierra y el agua, como bien común y los derechos humanos” (https://es-la.facebook.com/ redaguapanama/). CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 17 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 cuyo 10% restante era el llamado “caudal ecológico”. La demanda, planteada en 2016, fue acogida por la Corte, la cual ordenó que dicha Resolución fuese declarada nula. Por su parte, otra estrategia utilizada por las organizaciones socioambientales fue interponer denuncias en los mecanismos de queja de la banca multilateral que financió los proyectos, lo cual los coloca en obligación de investigar y esclarecer el asunto (González 2018). Como resultado de estas luchas y esfuerzos el movimiento so- cioambiental de Chiriquí ha logrado detener la construcción de un conjunto de hidroeléctricas que estaban en fase de proyecto o trá- mites. Frente a la presión de las comunidades en lucha, en 2015 el Ministerio de Ambiente decidió cancelar varias hidroeléctricas me- diante un mecanismo conocido como prescripción, en el cual varios proyectos que estaban en lista fueron eliminados tomando en cuen- ta una serie de consideraciones técnico-administrativas, por ejem- plo, que se les vencieron los plazos o que el EIA estaba incorrecto. Algunas de las empresas presentaron recursos de reconsideración para revertir las prescripciones, sin embargo, la mayoría de estas fueron rechazadas por el Ministerio, consolidando su cancelación. Asimismo, varios bancos que financiaron proyectos ya no quisie- ron financiar otros, tomando en cuenta las resistencias comunales que amenazan con retrasar los plazos para realizarlos y aumentar considerablemente los costos. De esta manera, del total de 69 con- cesiones hidroeléctricas inicialmente aprobadas para la provincia Chiriquí, 37 proyectos fueron construidos y se encuentran en ope- ración (21 de ellos conectados a la línea SIEPAC9), mientras que 14 fueron cancelados mediante prescripción y 18 aún se encuentran en fase de proyecto y/o trámites, con posibilidades de concretarse a futuro (figura 2, página siguiente). Alrededor de los proyectos hidroeléctricos se teje una compleja economía política, pues además de las empresas que operan los proyectos, también tienen participación empresas constructoras, empresas proveedoras de insumos y materiales (por ejemplo, tur- binas), consultoras de ingeniería (que elaboran los EIA), bancos, firmas de abogados, entre otros. Hay presencia de capitales pana- 9 SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. Di- cha iniciativa consta de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 1800 km de longitud que atraviesa el istmo, desde Panamá hasta Guatemala, siendo esta la infraestructura que le da viabilidad material al mercado eléctrico regional (MER) centroamericano. ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 18 meños y también extranjeros, con numerosos vínculos y conexio- nes entre éstas. Tal es el caso de las empresas Enel Fortuna y AES Panamá, subsidiarias de las transnacionales Enel (Italia) y AES (EEUU), las cuales son propietarias de las mayores represas de Chi- riquí: Fortuna y La Estrella-Los Valles, respectivamente. Asimismo, esta trama de actores no se circunscribe al sector privado sino que involucra un conjunto de personas e instancias dentro del Estado panameño. De hecho, es común la existencia de “puertas giratorias” en el sector hidroeléctrico de Panamá, es decir, una circulación de individuos específicos entre el poder público y el privado, quienes suelen utilizar sus prerrogativas como funcionarios públicos para impulsar o facilitar negocios particulares. Por citar uno de muchos ejemplos, una persona que ejerció como abogado de una de las em- presas y luego fue nombrado director de ASEP, ente encargado de regular las concesiones para explotación hidroeléctrica. Figura 2. Proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, Panamá, según su condición de operación Fuente: Elaboración propia. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 19 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 Desgraciadamente el extractivismo hidroeléctrico ha provocado graves impactos socioambientales en Chiriquí, algunos de ellos ir- reversibles. El principal y más evidente es el acaparamiento y priva- tización del agua de los ríos: las comunidades han perdido acceso casi por completo a lo que antes era un bien común, del cual ha- cían uso para la recreación y socialización comunitaria y para su aprovechamiento con diferentes finalidades prácticas, domésticas y productivas. Barreras físicas como cercas, portones y muros im- piden a las personas tener acceso a los ríos; inclusive, las personas no tienen autorización para detenerse a mirar el sitio de presa, pues en pocos minutos algún funcionario de seguridad de las empresas les solicita retirarse. Las hidroeléctricas han provocado fuertes perturbaciones en el ciclo hidrológico, cuyos impactos van más allá de los sitios de pre- sa. A raíz de la construcción de túneles, fueron perforados mantos acuíferos subterráneos, de manera que muchas fincas han perdido el agua que extraían a través de pozos. Asimismo, el acaparamiento del agua para producción energética ha colocado mayor presión so- bre el recurso, provocando que muchos ríos hayan quedado prác- ticamente sin caudal durante la estación seca. En el otro extremo, durante períodos de lluvia intensos, las hidroeléctricas han sido señaladas como un factor agravante en la ocurrencia de inundacio- nes y otros desastres socionaturales, como el ocurrido durante el paso del huracán Eta, en noviembre 2020 (González 2020). Por otra parte, las represas también han generado importantes alteraciones en las dinámicas comunitarias y las relaciones sociales a escala local. Los proyectos implicaron la llegada masiva de per- sonas externas a las comunidades: trabajadores de la construcción, así como personas con perfil profesional como ingenieros, lo cual irrumpió de manera abrupta en el cotidiano de las comunidades, compuestas en su mayoría por algunas decenas de familias. Se re- portan fenómenos de desintegración familiar (rupturas, divorcios) y de deterioro social asociados, como un notable aumento en el consumo de alcohol. Asimismo, las hidroeléctricas reconfiguraron la tenencia de las tierras y las actividades económicas tradicionales, pues para la im- plementación de los proyectos las empresas adquirieron tierras que anteriormente eran fincas dedicadas a la producción agropecuaria. Hubo especulación en la compra y venta de tierras, en donde algu- nas personas -con acceso a informaciones sobre la ubicación de los ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 20 proyectos hidroeléctricos en trámite- adquirieron tierras a precios bajos, las cuales luego revendieron a las empresas. A raíz de estas dinámicas, muchas personas en las comunidades –presionadas por las dificultades económicas propias de las zonas rurales- decidie- ron vender sus tierras y trabajar para las empresas. Sin embargo, resultaron ser trabajos efímeros, circunscritos al tiempo que dura la construcción. Esto a su vez provocó procesos de emigración: sin tierras y/o sin trabajos, muchas personas abandonaron las comu- nidades en busca de oportunidades laborales. 4. EXPANSIÓN HIDROELÉCTRICA (PROYECTADA) Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA Al otro lado de la frontera, la Zona Sur se convirtió en el principal foco de conflictividad socioambiental por represas y proyectos hi- droeléctricos en Costa Rica en la última década. En la región han sido propuestos un total de 22 proyectos hidroeléctricos –algunos en épocas pasadas, pero la gran mayoría en el período menciona- do- de los cuales ninguno se ha materializado en represas, debido a la resistencia de las comunidades organizadas y movilizadas en de- fensa de los ríos. A pesar de enfrentar otras problemáticas y amena- zas socioambientales (algunas muy graves, como la contaminación por agroquímicos o la erosión y sedimentación de suelos por mo- nocultivos), los ríos de la Zona Sur aún fluyen libres sin represas. Todos los proyectos hidroeléctricos propuestos se ubican dentro de los límites de la cuenca del río Grande de Térraba, la mayor del país en términos de caudal y extensión territorial. La gran mayoría de estos proyectos pretendía explotar las aguas de un conjunto de ríos tributarios del Grande de Térraba, ubicados en la parte media de dicha cuenca, caracterizada por presentar ríos de corta extensión y fuertes pendientes. La Zona Sur fue escenario del primer conflicto por represa ocur- rido en la historia de Costa Rica: el proyecto hidroeléctrico Boruca. Se trataba de un megaproyecto impulsado por el Instituto Costarri- cense de Electricidad (ICE) para represar las aguas del río Grande de Térraba, cuyos antecedentes se remontan a la década de 1960. El proyecto Boruca tenía como propósito original proporcionar electricidad al proyecto de minería de bauxita de la empresa Alu- minum Company of America (ALCOA) en Pérez Zeledón el cual, CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 21 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 suscitó también una de las mayores luchas sociales en la historia de Costa Rica, en 1970. Desde un principio, el proyecto Boruca en- frentó fuerte oposición de los pueblos originarios de la Zona Sur, específicamente del pueblo boruca, cuyos territorios serían directa- mente impactados por las obras. El conflicto estuvo latente durante varias décadas hasta el año 2006, cuando el ICE oficialmente desis- tió del proyecto, teniendo en vista la oposición social generalizada (Pérez 2013). No obstante, apenas un año después de la cancelación del proyecto Boruca, en 2007 el ICE anunció el lanzamiento de otro megaproyecto en la cuenca del río Grande de Térraba, con carac- terísticas muy similares al anterior (650 MW de potencia y un em- balse proyectado de 65 km²) pero cuyo sitio de presa se ubicaría algunos kilómetros más arriba: el proyecto Diquís (Pérez 2011). Al igual que su antecesor, el Diquís impactaría directamente territo- rios indígenas, en este caso el territorio Térraba perteneciente al pueblo bröran, el cual constituyó el principal foco de resistencia. El conflicto alrededor del proyecto Diquís se extendió durante una década y llegó a tener amplia repercusión nacional e internacional. El pico de máxima tensión se dio entre 2010 y 2011 contexto en el cual, a raíz de una denuncia internacional interpuesta por la co- munidad, recibieron la visita del relator de asuntos indígenas de la ONU, James Anaya, quien constató que se había violentado el derecho a la consulta que poseen los pueblos originarios, recomen- dando la suspensión de las obras hasta que dicha consulta fuese realizada10 (Moreno 2011). Luego de un fallido intento de consulta, en noviembre de 2018 el ICE anunció la “suspensión indefinida” del proyecto Diquís (Durán 2018). Al igual que en Panamá, el sector eléctrico costarricense experi- mentó un proceso de privatización en la década de 1990, pero con características distintas. Después de cuatro décadas de monopo- lio estatal en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica desde 1949 con la creación del ICE; en 1990 y 1995 fueron aprobadas dos leyes (No. 7200 y No. 7508 respectivamente, conoci- 10 Si bien el proyecto Diquís nunca se concretó, durante varios años el ICE estuvo presente en el territorio indígena Térraba y realizó una serie de obras que impac- taron dicho territorio, como la apertura de caminos y de túneles. En su momento las y los vecinos denunciaron las perturbaciones que ello provocó en su cotidiano, con el recurrente tránsito de vehículos pesados, así como el fuerte sonido de las detonaciones utilizadas para perforar las montañas. ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 22 das como las “leyes de cogeneración”) mediante las cuales se auto- rizó la participación de empresas privadas en la generación eléctri- ca. A diferencia del resto de países centroamericanos, en los cuales la privatización del sector eléctrico fue abrupta y total –al menos en la parte de generación-, en Costa Rica se dio una privatización par- cial y gradual, caracterizada por la incursión de capitales privados, pero con la permanencia de instituciones públicas en el sector, en donde el ICE continúa teniendo un papel central. Actualmente un 22% de la capacidad de generación eléctrica en Costa Rica está en manos de empresas privadas, mientras que el 78% restante se dis- tribuye entre el ICE (mayoritariamente) y otro tipo de actores como cooperativas y empresas municipales, de alcance local y/o regional (GeoComunes 2019). En buena medida, en Costa Rica no ha habido una privatización total del sector eléctrico por la existencia de fuertes resistencias so- ciales que la han impedido. El hito principal de estas resistencias fue la lucha contra el llamado “Combo del ICE”, un proyecto de ley tendiente a la privatización integral de la energía y las teleco- municaciones que no logró ser aprobado debido a una amplia e intensa movilización social en el año 2000 (Solís 2002). A pesar de ser parcial y gradual, la privatización del sector eléctrico costarri- cense ha tenido implicaciones muy significativas, a nivel político, económico y territorial. Entre otros aspectos, se observa la misma correlación entre la privatización y la proliferación de proyectos hidroeléctricos: del total de 60 represas en operación a nivel na- cional, únicamente existían catorce antes de 1990, mientras que las 46 restantes entraron a operar a partir de esta fecha (Gutiérrez y Villalobos 2020). También se observa un patrón geográfico carac- terizado por una aglomeración de pequeñas y medianas represas –denominados enjambres hidroeléctricos- que en los años 1990 y 2000, se concentró en dos cuencas hidrográficas en la Zona Norte del país: la del río San Carlos (con quince represas) y la del río Sa- rapiquí (con doce). Al calor de la lucha contra el Combo del ICE, se politizó como nunca antes el debate alrededor del modelo eléctrico nacional. En este contexto, convergieron diferentes reivindicaciones y frentes de lucha, protagonizados por diferentes actores: por un lado, la defen- sa del ICE como institución pública con vocación social, cuyo pro- tagonista principal fue el movimiento sindical. Por otro, el proyecto del Combo generó preocupaciones del punto de vista ambiental, CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 23 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 considerando que ello implicaría liberalizar aún más la generación eléctrica que había iniciado desde 1990, amenazando con el repre- samiento de decenas de ríos del país para negocios privados. Por ese motivo, el movimiento ecologista también fue protagonista, en donde tuvieron importante participación organizaciones socioam- bientales de base comunitaria, algunas de las cuales se encontra- ban en lucha contra proyectos hidroeléctricos privados. Destaca el caso del Comité de Defensa de los Ríos de Pérez Zeledón, que en los años 1990 luchó en defensa del río Chirripó Pacífico contra el proyecto hidroeléctrico Los Gemelos, perteneciente a una empresa de capital español (Cartagena 2010). Más allá de la resistencia con- tra el Combo del ICE, se plantearon numerosas críticas y cuestiona- mientos a las leyes de cogeneración (FECON 2003a). Asimismo, en este contexto se abrieron canales de diálogo y co- laboración entre diferentes procesos comunitarios de lucha contra represas que, hasta entonces, se encontraban dispersos en dife- rentes regiones del país. Comienza a conformarse un movimiento socioambiental en defensa de los ríos contra la expansión hidroeléctrica (Gutiérrez 2019) que tiene como hito principal la realización, en 2001, del primer Foro Represas Hidroeléctricas y Comunidades, or- ganizado por el Grupo de Trabajo Energía de la Federación Ecolo- gista y para la Conservación de la Naturaleza (FECON 2003b). Ello proporcionó una plataforma de articulación política a escala na- cional, mediante la cual las diferentes organizaciones comunitarias pudieron intercambiar sus experiencias y conocimientos, así como brindarse apoyo mutuo y plantear acciones de lucha más allá de lo local. En estos espacios, resultó fundamental la experiencia previa de comunidades afectadas por represas que –a través de diversos registros, como fotografías, videos, etc.- lanzaron una advertencia a otras comunidades amenazadas por la expansión hidroeléctrica. Desde entonces, se han realizado numerosos encuentros naciona- les de comunidades en defensa de los ríos, en sedes rotativas, así como algunos eventos internacionales, por ejemplo, el VI Encuen- tro Mesoamericano de REDLAR, realizado en setiembre de 2011, en Pacuare de Turrialba (Durán 2011). A partir de 2012 se desata un nuevo ciclo de conflictividad so- cioambiental por proyectos hidroeléctricos –en su mayoría pri- vados- que tiene como epicentro la Zona Sur. Además de los dos megaproyectos del ICE a los que ya se hizo referencia (con carac- terísticas singulares, como el hecho de impactar pueblos y territo- ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 24 rios indígenas) y del proyecto privado Los Gemelos, en la última década se plantearon diecinueve nuevos proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur, de los cuales quince pertenecen a empresas priva- das y cuatro corresponden con proyectos públicos del ICE. El actor principal que impulsó esta nueva expansión hidroeléctrica fue H. Solís, una empresa de capital costarricense tradicionalmente dedi- cada al sector de la construcción y mantenimiento de infraestruc- tura vial (la cual, dicho sea de paso, protagonizó en años recientes un gran escándalo de corrupción asociado a favorecimientos irre- gulares en el otorgamiento de licitaciones y contratos para obras de infraestructura vial, a cambio de sobornos a funcionarios públicos) (Núñez 2021). Diez de los quince proyectos hidroeléctricos priva- dos planteados para la Zona Sur eran propiedad de esta empresa, la cual creó un conjunto de sociedades anónimas con nombres dis- tintos, debido a las disposiciones legales que impiden que una mis- ma empresa privada tenga más de una concesión hidroeléctrica11. La expansión hidroeléctrica proyectada para la Zona Sur siguió el mismo patrón geográfico de “enjambre”, con dos o más proyectos “en cascada” sobre un mismo río (Álvarez 2013). Desde el momen- to en que las personas de las comunidades tuvieron conocimiento de estos proyectos, comenzaron a gestarse procesos de organiza- ción y movilización en contra de los mismos, a pesar que también había personas que tenían una opinión favorable, provocando si- tuaciones de conflicto y división dentro de las comunidades. En un principio, las resistencias se gestaron a escala local-comunitaria y –al igual que en Chiriquí- el formato político-organizativo predo- minante fueron los comités o comisiones de defensa de ríos, cada uno enfocado en la defensa de un río en específico. Los primeros comi- tés en conformarse fueron los de los ríos Chirripó Pacífico (contra el proyecto Hidrosur), Convento/Sonador (proyectos Montever- de I y II) y Peñas Blancas (proyectos Peñas Blanquitas I y II), los cuales comenzaron a intercambiar información y se percataron que se trataba de una expansión a escala regional. En este sentido, es oportuno mencionar que, por lo general, el impulso los proyectos hidroeléctricos se ha caracterizado por el secretismo de parte de las empresas, las cuales omiten proporcionar información clara a las 11 Se descubrió que los diferentes proyectos pertenecían a la misma empresa de- bido a que contaban con la misma persona como representante legal. Además, los trámites se llevaban simultáneamente y en todos ellos la redacción del EIA era prácticamente la misma. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 25 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 comunidades acerca de los mismos. Figura 3. Proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur de Costa Rica, según estado de construcción Fuente: Elaboración propia. Al descubrir que se trataba de una amenaza generalizada para toda la Zona Sur, los tres comités pioneros empezaron a convocar otras comunidades y es ahí que se conforma el Movimiento Ríos Vivos, en 2013. Poco a poco, se fueron creando otros comités locales y se fueron incorporando a Ríos Vivos, funcionando como una pla- taforma de articulación política a escala regional. La conformación de este movimiento (así como de la REDAGUA en Panamá) es un claro ejemplo de una política de escalas, es decir, de una estrategia de acción política en la cual los actores en lucha deliberadamente cam- bian la escala del conflicto con el propósito de modificar el balance de fuerzas a su favor (Santos 2011). Característico de los “nuevos movimientos socioambientales latinoamericanos” (Svampa 2013), Ríos Vivos presenta una dinámica organizativa mayoritariamente ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 26 informal y horizontal, en la cual no hay una coordinación centra- lizada sino que cada comité tiene autonomía y maneja su propia agenda. Los liderazgos y protagonismos son rotativos, así como los locales donde realizan los encuentros que reúnen a los diferentes comités, en los cuales se discuten diferentes temas bajo un formato asambleario. Al mismo tiempo en que Ríos Vivos enfrentó la expansión hi- droeléctrica a escala regional, de manera coordinada, cada proce- so tuvo una trayectoria particular. Se observa una diferencia im- portante entre las luchas en Pérez Zeledón y Buenos Aires, por un lado, con las de Coto Brus, por otro, en donde además de algunos proyectos privados, también se impulsaron cuatro proyectos del ICE. Del punto de vista político, en Coto Brus los comités locales tuvieron mayor acceso e incidencia en las esferas de poder formal- -institucional, lo cual contribuyó para que la propia Municipalidad ejerciera un papel activo en contra de las hidroeléctricas. Por el con- trario, en Pérez Zeledón y Buenos Aires los comités pertenecien- tes a Ríos Vivos siempre se mantuvieron marginados de la política institucional a escala municipal y su praxis fue mayoritariamente de carácter autónomo. A pesar de ello, las organizaciones socioam- bientales ejercieron una fuerte presión sobre los gobiernos locales, a través de la cual lograron que, en 2013, ambas municipalidades decretaran moratorias a la expansión hidroeléctrica, es decir, que no se otorgarían permisos para nuevos proyectos. No obstante, en Pérez Zeledón y Buenos Aires estas fueron derogadas poco tiem- po después, mientras que en Coto Brus la moratoria impulsada en 2014 sigue vigente. En el contexto de estas luchas quedó en evidencia los estrechos vínculos entre el poder económico y el poder político, en donde – por lo general- el accionar de las instituciones públicas encargadas de regular los proyectos hidroeléctricos se mostró parcializado ha- cia los intereses de las empresas privadas. Por ejemplo, muchos de estos proyectos fueron tramitados en “tiempo récord” para evitar que se vencieran los plazos, en donde lo que usualmente podría durar más de un año se resolvía en unos pocos días. A pesar de ello, el movimiento socioambiental llevó a cabo una labor estraté- gica de fiscalización y monitoreo de los proyectos hidroeléctricos en el campo jurídico-formal, al mismo tiempo en que desarrollaron estudios técnicos de manera independiente, que permitieron con- traargumentar el discurso de las empresas. De esta manera, uno CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 27 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 por uno los proyectos hidroeléctricos fueron siendo archivados y/o cancelados en las instancias administrativas correspondientes, al demostrarse su falta de viabilidad social, ambiental y legal. En algunos casos, las empresas desistieron más rápidamente de los proyectos, mientras que en otros dedicaron más recursos e insis- tieron durante más tiempo. El conflicto que más se prolongó y que alcanzó mayor nivel de intensidad fue el del proyecto San Rafael (de H. Solís), el cual fue suspendido en 2019 a raíz que el Ministerio de Ambiente negó otorgarle una declaratoria de interés nacional, necesaria para avanzar en los trámites (Chacón 2019). En síntesis, las organizaciones socioambientales en defensa de los ríos en la Zona Sur, articuladas alrededor del Movimiento Ríos Vivos, utilizaron un amplio repertorio de estrategias de acción polí- tica -tanto informales como jurídico-formales- cuyos resultados po- dríamos calificar como muy exitosos. A través de un intenso trabajo de organización y movilización local y regional, lograron concien- tizar a la población acerca de los impactos y amenazas de la expan- sión hidroeléctrica, lo cual estimuló la participación de un amplio sector de las comunidades en coyunturas específicas. En esta labor, recibieron importante apoyo de un conjunto de actores políticos e institucionales, por ejemplo, el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y la organización Voces Nuestras, además de la FECON, en cuya junta directiva han tenido participa- ción algunas personas de Ríos Vivos. Como se aprecia en la figura 3, todos los proyectos hidroeléctricos propuestos para la Zona Sur de Costa Rica han sido detenidos por las luchas socioambientales en defesa de los ríos. No obstante, se trata de una amenaza laten- te: existe la posibilidad que los proyectos vuelvan a lanzarse en el futuro, de manera que las organizaciones de las comunidades se mantienen vigilantes. 5. REFLEXIONES FINALES El presente texto ha ofrecido un análisis de la conflictividad so- cioambiental por represas y proyectos hidroeléctricos en Chiriquí, Panamá y la Zona Sur de Costa Rica, con énfasis en los últimos quince años. Para ello, se ha utilizado como perspectiva teórico- -metodológica la ecología política latinoamericana (EPL), un cam- po teórico-político surgido en las últimas dos décadas en el con- texto del neoextractivismo y caracterizado, entre otras cosas, por ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 28 un diálogo estrecho entre las reflexiones académicas y las luchas socioambientales en defensa de los territorios y bienes comunes na- turales. Al mismo tiempo que el trabajo se ha visto inspirado por los planteamientos de la EPL, también busca enriquecer y aportar a dicho campo, a través de la realización de un estudio empírica- mente localizado en esta región transfronteriza de Centroamérica, la cual hasta el momento ha sido poco estudiada desde la acade- mia. Asimismo, el trabajo ha utilizado la perspectiva del análisis comparado, un abordaje de investigación en donde dos o más casos son explícitamente contrastados entre sí en relación con un deter- minado proceso o fenómeno, en busca de identificar semejanzas y diferencias entre ambos (Azarian 2011). En el caso de Chiriquí y la Zona Sur, se verifican importantes se- mejanzas y diferencias en relación con el tema en cuestión. Por un lado, hemos visto cómo en ambas regiones los planes de expansión hidroeléctrica impulsados por los estados y por el capital nacional/ transnacional se han colocado en tensión con una multiplicidad de resistencias comunitarias en defensa de los ríos. Se observan nota- bles similitudes entre ambas regiones, tanto en lo que respecta a las estrategias de los desarrolladores para impulsar los proyectos, como en las estrategias de lucha socioambiental de las comunida- des para defender sus ríos y territorios. De parte del Estado-capital, queda en evidencia: la forma instru- mental, poco transparente –y en ocasiones coercitiva- con la cual se acercan y se relacionan el Estado y las empresas con las comunida- des en donde existe interés en construir proyectos hidroeléctricos; los estrechos vínculos e influencias entre las instituciones públicas y el sector privado -poder político y poder económico-, cuya máxi- ma expresión son las “puertas giratorias”; y una clara correlación entre la privatización –total o parcial- de los sistemas eléctricos na- cionales y la proliferación de proyectos hidroeléctricos, en forma de “enjambres” o conglomerados de represas. En otras palabras, en ambas regiones se verifica una expansión hidroeléctrica –real o potencial- asociada al neoextractivismo, siendo este uno de los ejes centrales del modelo de acumulación instaurado en Centroamérica a partir de la década de 1990. De parte de las comunidades, hemos visto cómo se han gestado procesos de lucha socioambiental enrai- zados a escala local (comités de defensa de ríos), articulados a nivel regional, nacional e internacional, como parte de una política de es- calas. En estos conflictos, las organizaciones socioambientales han CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 29 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 combinado estrategias de lucha informales y jurídico-formales, a través de las cuales han logrado impedir la construcción de decenas de proyectos hidroeléctricos que estaban en agenda. Con ello, han incidido en las políticas públicas nacionales en materia de energía y han contribuido a modificar la opinión pública en relación con los proyectos hidroeléctricos y sus impactos. En lo que respecta a las diferencias entre ambas regiones, la más evidente es que Chiriquí ha sido objeto de un agresivo extractivismo hidroeléctrico, mientras que la Zona Sur hasta la fecha permanece libre de represas. La principal explicación a tan notable diferencia es la existencia de luchas socioambientales que lo han impedido. Sin embargo, es una explicación insuficiente, tomando en consi- deración que en Chiriquí también ha habido numerosas luchas en defensa de los ríos y también se ha logrado detener un conjunto de proyectos hidroeléctricos. Aquí entran en juego diferencias en las trayectorias nacionales de los respectivos países en relación con el sector eléctrico, tanto en su dimensión institucional como sociopo- lítica. En lo institucional, conviene señalar una diferencia funda- mental en los modelos eléctricos de ambos países: en Costa Rica la hidroelectricidad ha sido la principal fuente de generación de energía eléctrica desde que inició esta actividad –a finales del siglo XIX- hasta la fecha. Por su parte, en Panamá la hidroelectricidad se incorporó a un sistema eléctrico nacional preexistente, sustituyen- do progresivamente a la energía térmica como la principal fuente de generación. A la fecha, la hidroelectricidad ocupa el primer lu- gar en la matriz eléctrica de ambos países: 72,97% de la generación eléctrica en Costa Rica y 68,53% en Panamá para el período 2020- 2021 (Rojas 2022), sin embargo, en el primero tiene raíces históricas más profundas que en el segundo. Esta diferencia informa acerca de las trayectorias sociopolíticas en ambos países. En Panamá, Chiriquí es el principal foco de pro- ducción hidroeléctrica, el cual experimentó una acelerada expan- sión a partir de la década de 2000, asociada a la neoliberalización del sector eléctrico. En el momento en que este “boom” hidroeléc- trico neoextractivista llega a Chiriquí, la mayoría de las personas en las comunidades no tenía conocimiento acerca del impacto de este tipo de proyectos, lo cual tornó posible su rápida expansión en el territorio. Hoy día, luego de haber sufrido estos impactos en carne propia, la población está más informada y politizada sobre el asunto, cuya más clara evidencia son las luchas socioambientales ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 30 de los últimos quince años. Por su parte, en Costa Rica se registra una proliferación de conflictos socioambientales por proyectos hi- droeléctricos –en diferentes regiones del país- a partir de la década de 1990, también asociada a la neoliberalización del sector eléctrico y su correspondiente extractivismo hidroeléctrico público-privado (Gutiérrez 2019; Gutiérrez y Villalobos 2020). Ello quiere decir que, antes del “boom” de proyectos propuesto para la Zona Sur en la úl- tima década, ya había experiencia previa con el tema de las hidroe- léctricas y, consecuentemente, ya existía un movimiento socioam- biental en defensa de los ríos a escala nacional. Este antecedente de lucha resultó fundamental, como base, referencia e inspiración, en la experiencia de la Zona Sur. Para finalizar, subrayamos la relevancia teórica y política de estu- diar procesos de conflicto, caracterizados por Carlos Walter Porto- -Gonçalves (2003) como “contradicción en estado práctico”. En los conflictos se tornan visibles las fuerzas políticas y las relaciones de poder a través de las cuales se configura, en este caso, la generación de energía eléctrica mediante el represamiento de los ríos. A través de las luchas socioambientales, las comunidades no solamente han logrado salvaguardar decenas de ríos de los abusos del extractivis- mo hidroeléctrico, sino que también han posicionado en el debate público y académico un discurso alternativo y contrahegemónico en relación con el tema, afirmándose como actores sociales y políti- cos en un campo que históricamente les ha excluido de la toma de decisiones. Dentro de esta perspectiva, se reivindica el agua y los ríos como bienes comunes, que pertenecen a todos/as y a nadie al mismo tiempo, en contra de su acaparamiento y privatización para la acumulación de capital, cuyas consecuencias socioambientales han sido muy perniciosas. REFERENCIAS Alimonda, Héctor. 2017. «En clave de sur: la Ecología Política Latinoame- ricana y el pensamiento crítico». En Ecología política latinoamericana, Vol. 1, coordinado por Hector Alimonda, Catalina Toro Pérez y Fa- cundo Martín, 33-50. Buenos Aires: CLACSO. Álvarez, Mauricio. 2013. «Proyectos hidroeléctricos privados chocan con comunidades del Pacífico Sur por uso de agua». Ambientico, 237-238: 49-51. ASEP. 2021. «Concesiones otorgadas- Centrales hidroeléctricas en opera- CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 31 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 ción». Acceso el 12 octubre 2022, https://www.asep.gob.pa/wp-con- tent/uploads/electricidad/concesiones_licencias/concesiones_li- cencias/2023/concesiones_operacion_mar30.pdf Azarian, Rose. 2011. «Potentials and limitations of comparative method in social sciences». International Journal of Humanities and Social Sciences, 1, n.° 4: 113-125. Cartagena, Rafael. 2010. «El ambientalismo y la lucha contra el combo del sector eléctrico (1998-2001)». Revista de Ciencias Sociales. 2-3, n.° 128-129: 49-61. Castro, Gustavo. 2009. «V Encuentro Mesoamericano de la REDLAR» Otros Mundos Chiapas, 25 de abril de 2009. Acceso el 20 octubre 2022, https://otrosmundoschiapas.org/wp-content/uploads/2009/04/ redlar_mesoamericano_v.pdf Chacón, Vinicio. 2019. «Ministro de Ambiente denegó declaratoria de conveniencia nacional a PH San Rafael». Semanario Universidad, 17 de julio de 2019. Acceso el 15 noviembre 2022. https://semanariou- niversidad.com/pais/ministro-de-ambiente-denego-declaratoria-de- -conveniencia-nacional-a-ph-san-rafael/ CMR. 2000. Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de deci- siones. Londres: Earthscan. Composto, Claudia y Mina Navarro. 2014. «Claves de lectura para enten- der el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en Amé- rica Latina». En Territorios en disputa, compilado por Claudia Com- posto y Mina Lorena Navarro, 33-75. Ciudad de México: Bajo Tierra. Del Bene, Daniela. 2018. «Hydropower and ecological conflicts. From re- sistance to transformations». Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. Duarte, Bibiana; Rutgerd Boelens y Cristina Yacoub. 2015. «Hidroeléc- tricas: ¿energía limpia o destrucción ecológica?» En Agua y ecología política. El extractivismo en la agroexportación, la minería y las hi- droeléctricas en Latinoamérica, editado por Cristina Yacoub, Bibiana Duarte y Rutgerd Boelens, 199-204. Quito: Abya Yala. Durán, Osvaldo. 2011. «Mesoamérica se reúne en Pacuare: VI Encuentro en Defensa de los Ríos y las Comunidades». Otros Mundos Chiapas. 15 de setiembre de 2011. Acceso el 29 setiembre 2022, https://otros- mundoschiapas.org/mesoamerica-se-reune-en-pacuare-vi-encuen- tro-en-defensa-de-los-rios-y-las-comunidades Durán, Osvaldo. 2018. «PH Diquís: triunfo social y oportunidad para cam- biar el modelo eléctrico de Costa Rica». Informa-Tico. 12 de noviem- ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 32 bre de 2018. Acceso el 15 octubre 2022. https://www.informa-tico. com/12-11-2018/ph-diquis-triunfo-social-oportunidad-cambiar-mo- delo-electrico-costa-rica-0 FECON. 2003a. «¿Qué modelo energético queremos?». Revista Degenera- ción Eléctrica, 3-4. FECON. 2003b. II Foro Nacional de Comunidades Frente a la Expansión Hidroeléctrica. San José: FECON. Fletcher, Robert. 2009. «When environmental issues collide: climate chan- ge and the shifting political ecology of hydroelectric power». Peace & Conflict Review, 5, n.° 1: 1-15. GeoComunes. 2019. Expansión de proyectos eléctricos en Centroamérica. El desarrollo de un Sistema eléctrico regional fuera del control de los pueblos. Ciudad de México: Fundación Rosa Luxemburgo. González, Jonathan. 2016. «Pueblo Ngäbe Buglé pierde territorio y 3 co- munidades son desplazadas por una hidroeléctrica». Cultural Survi- val. 1 de noviembre de 2016. Acceso el 15 noviembre 2022, https:// www.culturalsurvival.org/news/pueblo-ngabe-bugle-pierde-territo- rio-y-3-comunidades-son-desplazada-por-una-hidroelectrica González, Jonaathan. 2018. «Comunidades indígenas Ngäbe y Buglé y su experiencia ante la aplicación del mecanismo de queja para los cum- plimientos ambientales y sociales SECU de las Naciones Unidas». Cultural Survival. 22 de octubre de 2018. Acceso el 2 diciembre 2022, https://www.culturalsurvival.org/news/comunidades-indigenas- -ngabe-bugle-y-su-experiencia-ante-la-aplicacion-del-mecanismo-de- -queja González, Jonathan. 2020. «Crisis ambiental e hidroeléctricas». Dam Wat- ch International. 2 de diciembre de 2020. Acceso el 1 diciembre 2022, https://damwatchinternational.org/es/crisis-ambiental-e-hidroe- lectricas/ Granovsky-Larsen, Simon y Paulina Larreátegui. 2023. «Environmental conflict and the expansion of renewable energy in Central America: exploring Canadian participation». Canadian Journal of Latin Ameri- can and Caribbean Studies, 48, n.° 2: 192-214. Grill, Günther et al. 2019. «Mapping the world´s free-flowing rivers». Na- ture, 569: 215-221. Gutiérrez, Alberto. 2019. «”¡Ríos para la vida!”: conflictos socioambien- tales por proyectos hidroeléctricos y el movimiento social en defensa de los ríos en Costa Rica». En Agua y poder en Costa Rica. 1980-2017, editado por Felipe Alpízar, 53-104. San José: Centro de Investigación CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 33 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. Gutiérrez, Alberto. 2020. «Capitalismo verde y energías “limpias: Costa Rica como laboratorio mundial de descarbonización». Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, 11: 195-227. Gutiérrez, Alberto y Dany Villalobos. 2020. «Proyectos hidroeléctricos y resistencias comunitarias en defensa de los ríos en Costa Rica: un análisis geográfico». Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 29, n.° 1: 133-151. McCully, Patrick. 2004. Ríos silenciados: ecología y política de las grandes represas. Buenos Aires: Proteger. Mejía, Camilo. 2018. «Grupo indígena gana batalla legal, pero la presa Barro Blanco inunda sus tierras». Mongabay. 27 de enero de 2018. Acceso el 15 noviembre 2022, https://es.mongabay.com/2018/01/ panama-barro-blanco-conflicto/ Moreano, Melissa; Francisco Molina y Raymond Bryant. 2017. «Hacia una Ecología Política Global: aportes desde el sur». En Ecología política latinoamericana. Vol. 1, coordinado por Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín, 197-211. Buenos Aires: CLACSO. Moreno, Marcela. 2011. «El desarrollo de megaproyectos en territorios in- dígenas costarricenses». Revista Jurídica IUS Doctrina, 7: 1-52. Núñez, María José. 2021. «Empresas investigadas en caso “cochinilla” cru- zaban la frontera comercial con amplios lazos familiares». Semanario Universidad. 7 de julio de 2021. Acceso el 10 noviembre 2022, https:// semanariouniversidad.com/pais/empresas-investigadas-en-caso-co- chinilla-cruzaban-la-frontera-comercial-con-amplios-lazos-familia- res/ Palacio, Germán. 2006. «Breve guía de introducción a la Ecología Política (Ecopol): orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad». Ges- tión y Ambiente, 9, n.° 3: 7-20. Perdomo, Domingo. 2008. «Contradicciones en el desarrollo de las hidroe- léctricas en Panamá». Tareas, 129: 15-28. Pérez, Bohián. 2011. «Reflexiones sobre el proyecto hidroeléctrico El Di- quís y sus impactos sociales en las comunidades de Térraba, Buenos Aires y Ceibo». Revista Reflexiones, 90, n.° 2: 9-25. Pérez, Bohián. 2013. «Proyecto Hidroeléctrico Boruca: varados en la histo- ria». CR Hoy. 25 de marzo de 2013. Acceso el 20 octubre 2022. https:// archivo.crhoy.com/opinion-proyecto-hidroelectrico-boruca-varados- -en-la-historia/ Porto-Gonçalves, Carlos Walter. 2003. «A geograficidade do social: uma ALBERTO GUTIÉRREZ Y JONATHAN GONZÁLEZ 34 contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América Latina». En Movimientos sociales y conflictos en América Latina, compilado por Seoane, José. Buenos Aires: CLACSO. Robbins, Paul. 2012. Political ecology. A critical introduction. Nueva York: Willey-Blackwell. Roca-Servat, Denisse. 2020. «Introducción. Los comunes desde las eco- logía(s) política(s) del Sur/Abya Yala. Visibilizando alternativas al desarrollo extractivista en la región». En La lucha por los comunes y alternativas al desarrollo frente al extractivismo, coordinado por Denisse Roca-Servat y Jenni Perdomo-Sánchez, 27-37. Buenos Aires: CLACSO. Rojas, Manuel. 2022. Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 2021. Ciudad de Mé- xico: CEPAL. Romero, Hugo y Jimena Sasso. 2014. «Proyectos hídricos y ecología polí- tica del desarrollo». Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 97: 55-74. Santos, Renato Emerson. 2011. Movimentos Sociais e Geografia. Sobre a(s) espacialidade(s) da ação social. Rio de Janeiro: Consequência. Solís, Manuel. 2002. «Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la priva- tización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica». Revista de Ciencias Sociales, 1, n.° 95: 33-47. Svampa, Maristella. 2013. «“Consenso de los commodities” y lenguajes de valoración en América Latina». Nueva Sociedad, 244: 30-46. Svampa, Maristella. 2019. Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas de- pendencias. Bielefeld: Bielefeld University Press. INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO. Este artículo es resultado de un proyecto de investigación, inscrito en el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Cos- ta Rica, el cual cuenta con financiamiento de la Vicerrectoría de In- vestigación de dicha universidad. El proyecto se titula: “Expansión de infraestructura eléctrica y tensiones territoriales en Centroamé- rica: los casos de Chiriquí, Panamá y el Pacífico Sur de Costa Rica”. ALBERTO GUTIÉRREZ ARGUEDAS es costarricense. Bachiller en Geografía por la Universidad de Costa Rica (UCR) y Máster en Geografía por la Universidad Federal de Rio Grande do Norte CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR REPRESAS EN COSTA RICA Y PANAMÁ 35 Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos, ISSN: 2215-2873 Núm. 14, enero-diciembre, 2023: 1-35. DOI: 10.15517/aciep.v0i14.53865 (UFRN, Brasil), actualmente cursa estudios doctorales en el Progra- ma de Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central de la UCR. Se desempeña como docente e investigador en la UCR, en la Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente y en el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP). ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0953-5899. JONATHAN GONZÁLEZ QUIEL es panameño. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), actualmente cursa estudios de maestría en el Posgrado en Historia de la UNACHI. Se desempeña como consultor e inves- tigador en organismos internacionales y ONG relacionados con el tema ambiental. Áreas de trabajo: cartografía, sistemas de informa- ción geográfica, historia de los pueblos originarios, conservación y desarrollo. ORCID: https://orcid.org/ 0009-0005-6655-780X