Fundación Museos Banco Central de Costa Rica Junta Administrativa Mario Vargas Serrano - Presidente Fernán Vargas Rohrmoser - Secretario Eduardo Ulibarri Bilbao - Tesorero Natalia Zamora Bregstein - Directora Juan Carlos Sanabria Murillo - Director Museos del Banco Central Virginia Vargas Mora - Directora Ejecutiva José Hernán Solano Romero - Gerente Financiero- Administrativo Manuel B. Chacón Hidalgo - Curador de Numismática Universidad de Costa Rica Escuela de Historia Dra. Ana María Botey Sobrado - Directora Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) Dr. David Díaz Arias - Director Dra. Elizet Payne Iglesias - Coordinadora del programa de investigación Las sociedades centroamericanas entre el mundo colonial y la modernidad. Comité Editorial Dra. Ana María Botey Sobrado Dr. David Díaz Arias Dra. Elizet Payne Iglesias Dra. Alejandra Boza Villarreal Dr. Manuel B. Chacón Hidalgo Fundación Museos Banco Central de Costa Rica Apdo. Postal: 12388-1000 San José, Costa Rica Tel.: (506) 2243-4202 • Fax: (506) 2243-4220 • e-mail: museos@bccr.fi.cr • www.museosdelbancocentral.org Dirección: Calle 5, Avenida Central y Segunda (Bajos Plaza de la Cultura). San José, Costa Rica. © Copyright ® Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica. Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los textos e imágenes contenidas en este libro en cualquier forma, incluso por medios electrónicos, sin la debida autorización escrita del editor. Fundación Museos Banco Central de Costa Rica. 972.86 B793c Boza Villarreal, Alejandra De colonia a república : economía, política e Iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX) / Alejandra Boza Villarreal, Manuel Benito Chacón Hidalgo, Patricia Clare Rhoades, Esteban Corella Ovares, David Díaz Arias, Verónica Jerez Brenes, Elizet Payne Iglesias, Carmela Velázquez Bonilla. – 1ª. edición – San José, Costa Rica : Fundación Museos Banco Central de Costa Rica, 2017. 320 páginas : ilustraciones ; 21.6 x 14 cm. ISBN 978-9968-530-41-5 1.COSTA RICA – IGLESIA – HISTORIA – SIGLO XVIII – XIX. 2. COSTA RICA – HISTORIA – ECONOMÍA – SIGLO XVIII - XIX. 3. COSTA RICA – HISTORIA – POLÍTICA – SIGLO XVIII – XIX. I. Chacón Hidalgo, Manuel Benito. II. Clare Rhoades, Patricia. III. Corella Ovares, Esteban. IV. Díaz Arias, David. V. Jerez Brenes, Verónica. VI. Payne Iglesias, Elizet. VII. Velázquez Bonilla, Carmela. VIII. Título. Créditos Coordinación editorial: Alejandra Boza Villarreal, Manuel B. Chacón Hidalgo, Elizet Payne Iglesias Diseño gráfico: Museografía MBCCR Imagen de portada: Archivo Nacional de Costa Rica, Álbum de Figueroa, v. 1, f. 21v. Impresión: Masterlitho DE COLONIA A REPÚBLICA: economía, política e Iglesia en Costa Rica (siglos XVIII-XIX) Alejandra Boza • Manuel B. Chacón • Patricia Clare Esteban Corella • David Díaz • Verónica Jerez Elizet Payne • Carmela Velázquez 93 LA VENTA DE BIENES de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás en Costa Rica (1805-1840) * Bachiller en Historia por la Universidad de Costa Rica. Egresada del Posgrado Centroamericano de Historia donde es tesiaria. Asistente de investigación del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y docente de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Correo elec- trónico: veronica.jerezbrenes@ucr.ac.cr. Verónica Jerez Brenes* Figura N.° 1. “Padres, hermanos carmelos y carmelas saliendo de la iglesia del Carmen de Cartago, año de 1828”. Fuente: ANCR, Álbum de Figueroa, v. 1, f. 70v. 95 INTRODUCCIÓN Las cofradías son asociaciones de laicos que se organizaban para el culto o la devoción a un patrono en particular, para su funcionamiento reu- nieron bienes que constituyeron, en algunos casos, grandes fortunas en tierras y ganado. Estos capitales tenían como finalidad no solo financiar los aspectos del culto asociados a impulsar la devoción a su santo patrón o patrona de la cofradía, como por ejemplo el pago de las misas, sermo- nes y procesiones, la compra de vestiduras para las imágenes, candelas para velarla o iluminar las celebraciones; sino también tener fondos para cubrir sus acciones caritativas, como por ejemplo, los gastos de los fune- rales de los miembros de la cofradía. Durante el periodo colonial, estas asociaciones no solo cumplieron con la finalidad de pagar los gastos de las festividades religiosas, sino que se constituyeron en entidades capaces de brindar financiamiento a terceros por medio de créditos. Con la puesta en práctica de las reformas llevadas a cabo por la Corona española de la casa de los Borbones, desde finales del siglo XVIII e inicios del XIX, comienza un proceso de expropiación y venta de dichos bienes, orientado a abastecer las arcas del imperio por medio de la consolida- ción de vales reales en 1804, para tomar esos dineros como préstamo y aliviar la crisis económica que atravesaba España, causada por un siglo de guerras libradas en el contexto europeo, desde la guerra de Sucesión de inicios del XVII, así como los distintos conflictos bélicos con los princi- pales imperios europeos,en pos de conservar su posesiones. Las cofradías de la provincia de Costa Rica no fueron la excepción y sus bienes fueron inventariados y rematados. Este remate se dio en un momento clave, en el que miembros de la élite económica de la provincia aprovechan para afianzar su posición, logrando hacerse con los bienes a un precio muy por debajo de su valor real. Dicho proceso tiene dos etapas, una inicial que va de 1805 a 1809, impulsada por la Corona, y un segundo periodo posterior a la independencia que finaliza en 1860, dejando los bienes en 96 manos de la élite económica de la naciente república, pero que en reali- dad no solventaron las presiones económicas que impulsaron su venta. Para ilustrar este proceso de expropiación se trabajará a partir de un estu- dio de caso: la venta y remate de bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás. Se tomó esta cofradía como ejemplo debido a que durante la última década del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se levantaron inven- tarios de bienes, lo que permite establecer un estimado de los recursos que la cofradía poseía en la jurisdicción de Bagaces y los principales inte- resados en adquirirlos. Además, las entradas en sus libros de cuentas de mayordomía se extinguen en la década de 1830, la cual estuvo marcada por un decreto, esta vez por parte del jefe de Estado, que promovía la venta de dichos bienes, luego de que en la década anterior las cofradías quedaran en manos de las municipalidades para los asuntos económicos. En el caso de Nuestra Señora de Ujarrás se percibe una disminución en los gastos para las festividades y esta llega a verse en la necesidad de solicitar dinero para la misa y procesión al mayordomo de propios de la ciudad de Cartago.1 La cofradía y sus funciones principales Iniciemos con una breve definición y una explicación básica de las fun- ciones de una cofradía. Las cofradías son asociaciones de laicos fundadas para gestionar el oficio de prácticas religiosas y son reguladas por el dere- cho canónico; de modo que una cofradía responde a formas colectivas de religiosidad. Carmela Velázquez Bonilla en su Diccionario de términos coloniales la define como una “congregación o hermandad laica fundada por los devotos de una advocación religiosa”.2 Las primeras agrupaciones de este tipo se originaron en la Edad Media en Europa y al Nuevo Mundo llegaron de manos de los españoles como 1. Archivo Nacional de Costa Rica (en adelante ANCR), Municipal Cartago 842 (1822). Dinero entregado por el mayordomo de propios para la misa y procesión de Nuestra Señora de Ujarrás. 2. Velázquez Bonilla, Diccionario de términos coloniales, 34. 97 una manera de fortalecer el proceso evangelizador. Cada una se creaba y amparaba bajo la protección de un santo patrono o patrona que podía ser Jesucristo, una advocación mariana o un santo o santa reconocido como tal por la Iglesia. Como institución, dichas corporaciones pueden analizarse desde tres ejes fundamentales: un primer eje se encuentra vinculado con la piedad y las prácticas religiosas, un segundo eje devela aspectos de sociabilidad y el carácter asistencial de dichas asociaciones, y finalmente, un tercer eje se relaciona con su dimensión económica, que será el que nos permitirá analizar el proceso de la venta de bienes píos. Para iniciar funciones, la cofradía debía contar con dos cosas primordia- les: una imagen del patrono o patrona y un capital para cubrir los gastos. Los bienes de la cofradía surgían de lo pagado por los cofrades como donación o limosna al momento de ser inscritos como tales o cuando legaban dineros, tierras, ganado e incluso imágenes por vía testamenta- ria.3 La figura religiosa escogida dictaba el carácter que tendría la cofra- día: penitencial, de gloria, de caridad, entre otros. Cada corporación se regía por una serie de disposiciones conocidas como ordenanzas, que era una especie de reglamento en el que se indicaban la composición y el tipo de labor asistencial que se llevaría a cabo, la manera en que se dispondría del orden de los participantes en las procesiones y festividades religiosas, así como también fijaban el monto a pagar por concepto de filiación o las multas impuestas en caso de incumplir dicha normativa. 3. Por ejemplo, María Cardoso en 1639 dona a “la Santa Cofradía del Santísimo Sacramento 15 ducados para gozar de los méritos tan grandes que se goza en dar esta limosna” (ANCR, Protocolos Cartago 805, f. 280 (1639)); o Juana de Llanos deja “la mitad del hato de Ujarrás a la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y la otra mitad a la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio” (ANCR, Protocolos Cartago 809, f. 57 (1649)). Información consultada en: Base de datos de sacerdotes de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica (1750-1850). Centro de Investigaciones Históricas de América Central, proyecto B1062 “El clero secular en la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica: reformas borbónicas e independencia 1750-1850”, Universidad de Costa Rica. Elaborada por Carmela Velázquez con la ayuda de Félix Alfaro y David Chavarría, 2012. El tema de las legaciones testamentarias puede consultarse en: Velázquez Bonilla, “Las actitudes ante la muerte”. 98 Con las ordenanzas creadas se procedía a enviar a un representante ante el obispo o el encargado de la diócesis en sede vacante, en este caso a la ciudad de León que era la sede de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica,4 y se presentaba la documentación pertinente para solicitar la aprobación de la erección de la cofradía,5 cumpliendo de esta manera con los trámites administrativos que permitían su reconocimiento. Partamos entonces desde el primer eje descrito. La cofradía como objeto de estudio permite identificar las devociones más populares y las prác- ticas religiosas seguidas por los fieles, lo cual posibilita ver cómo estas se integraban en un entramado mayor de religiosidad, geográficamente hablando. Dentro de cada pueblo se impulsó la existencia de al menos una cofradía, pero en los sitios densamente poblados era normal la pre- sencia de un número mayor, ya que la filiación a una cofradía no excluía la participación en otra. El caso de la ciudad de Cartago es ilustrativo al respecto, ya que miembros de la élite usualmente aparecen como miem- bros de distintas cofradías,6 ya fuese en las cofradías de Cartago7 o en pueblos tan cercanos como por ejemplo Ujarrás, o tan lejanos como 4. La Diócesis de León fue erigida en 1531 por el papa Clemente VIII y confirmada en 1534 por Paulo III, pero Costa Rica se une hasta 1545. Al respecto véase: Blanco Segura, Obispos, arzobis- pos y representantes, 41. 5. Esto especialmente a partir de que el papa en 1604 prohibiera el funcionamiento de cofradías no autorizadas, ya que estas cobraban los derechos de las celebraciones y por la administración de los sacramentos sin estar inscritas. A pesar de esto, muchas cofradías funcionaron durante años en espera del permiso del obispo, por lo que en sus libros figuran datos anteriores al año oficial de su fundación. 6. Estaban compuestas por los hermanos o cofrades, que una vez al año se reunían para elegir a los encargados de los puestos principales: por ejemplo, un mayordomo era el encargado de la administración de los bienes de la cofradía, llevaba las cuentas y custodiaba el fierro con que se marcaba el ganado, era un puesto de prestigio y reservado para los miembros de la élite. Una explicación básica la ofrece Sanabria: “el personal directivo de cada cofradía era el siguiente: un mayordomo, un prioste, cuatro oficiales llamados también diputados, patronos o patronas, varios patronos o patronas del campo y las alguacilas y alguaciles”. Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica, 15. 7. En Cartago podemos señalar la existencia de las cofradías de la Pura y Limpia Concepción, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de los Ángeles, Santísimo Sacramento (llamada también Nuestro Amo), la Santa Cruz, Nuestra Señora del Carmen, san Nicolás de Tolentino y Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo. Algunas que se fundaron en el periodo de mayor proliferación, en los siglos XVII y XVIII. 99 Nicoya o Matina. Esto quiere decir que las personas en su búsqueda de salvación rogaban por la intercesión de distintos patronos o santos de su preferencia, lo que permite analizar la participación con que se llevaban a cabo prácticas tanto individuales como colectivas:8 rezos, rosarios, misas o procesiones, por nombrar algunas. El segundo aspecto de análisis tiene que ver con la dimensión asistencial y de sociabilidad. A través de las ordenanzas se puede determinar cómo eran manejados aspectos como la composición étnica, social y de género dentro de la cofradía. En América estas agrupaciones siguieron el modelo español, pero incorporaron otros elementos; por ejemplo, una mayoría eran de tipo abierto,9 lo que quiere decir que admitían, aunque de manera diferenciada, individuos de distintos grupos étnicos como miembros o cofrades. Por lo general se llevaba el recuento en libros aparte del de los españoles y pagaban un monto menor al momento de inscribirse como miembros. Este procedimiento permitía, además, asegurar que solo los españoles tuviesen acceso a los puestos de más renombre, como los de mayordomo, prioste o diputados; a menos que fuesen diputados de “naturales”. Esto se debía en parte a que los cargos superiores estaban asociados con el manejo de los bienes que poseía la cofradía, ya fuese ganado, plata o cacao; y para mantener el orden en una sociedad clara- mente jerarquizada. En otras partes de América existieron las cofradías cerradas, destinadas para un determinado grupo étnico. Como es de esperar, existieron las que solo aceptaban a españoles, pero también otras en que se agrupaban indígenas o negros (tanto libres como esclavos). Se debe aclarar que un 8. Para ampliar este tema consúltese: Velázquez Bonilla, El mundo de la piedad colonial. 9. Al respecto de la clasificación utilizada en este apartado, se siguió la planteada por Isidoro Moreno Navarro, quien establece como criterios: el número de miembros o grado de exclusi- vidad (abierta o cerrada), la manera en que se integran sus miembros de acuerdo a una misma categoría socioeconómica o actividad profesional, por ejemplo gremial (horizontal o vertical) y finalmente, el grado de identificación simbólica de sus miembros en grupal, semicomunal, comunal o supracomunal, de acuerdo a su alcance geográfico. Al respecto: Moreno Navarro, Las hermandades andaluzas. 100 factor que determinaba si eran abiertas o cerradas era la cantidad de población.10 Entre las primeras podemos citar para el caso de Costa Rica las cofradías de Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de la Purísima Concepción o Nuestra Señora del Rosario, por indicar algunas11 que se fundaron en Nicoya. En el caso de las cofradías exclusivamente de negros, por el momento no se han encontrado registros para la provincia de Costa Rica; no obstante, en México (las de san Nicolás de Tolentino o san Benito de Palermo en Veracruz12), Perú o Cartagena de Indias sí existieron y representaron espacios importantes de sociabilidad y dis- tinción para sus miembros. Un panorama de participación muy distinto tenían las mujeres, al menos en el caso de las cofradías de la Costa Rica colonial, ya que no podían llegar a ser mayordomos, priostes ni diputados, puestos de mayor renombre y reservados para los señores principales. Recordemos que en este momento la mujer debía en toda decisión estar amparada por un hombre, ya fuese su esposo, padre, tío o hermano, y dada la responsabilidad de estos puestos en lo tocante a materia de dinero, su participación se reducía a puestos de patronas que se encargaban de recibir y alojar a la imagen cuando iba de visita a los pueblos.13 Como ya se ha mencionado, las cofradías se convirtieron en espacios de sociabilidad y de reunión un poco menos vigilados o controlados, aun- que no eran del todo autónomas de la autoridad religiosa, ya que reque- rían de la presencia de un sacerdote que oficiara las misas y dijera los ser- mones en las festividades, confesara a sus miembros y diera legitimidad a la elección del mayordomo. En algunos casos, los mismos sacerdotes 10. Dado que las cofradías subsistían en parte de la cuota pagada por sus miembros, tener un número reducido de cofrades significaba un menor ingreso, por lo que la apertura, aunque de manera diferenciada, a otros grupos étnicos, les proveía de bienes y de miembros. Esto se traducía en una mayor suntuosidad al tener más personas participando de las procesiones. 11. Para un estudio más amplio acerca de las cofradías indígenas puede consultarse: Quirós, “Las cofradías indígenas en Nicoya”. 12. Masferrer León, “Por las ánimas de negros bozales”. 13. Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica, 15. 101 podían ser miembros, como fue el licenciado Baltazar de Grado,14 quien perteneció a la de san Nicolás de Tolentino de Cartago. Parte de los fondos de las cofradías se destinaban para la ayuda en la vida y en la muerte, esta era su labor asistencial. Los cofrades enfermos podían recibir ayuda económica, visitas de sus hermanos o si el desenlace era fatal, sus hijos o viudas eran ayudados con los gastos del funeral y en ciertos casos con una colaboración para que no quedaran del todo des- amparados. La ayuda ultraterrena consistía en rezar o pagar misas por las almas de todos los cofrades difuntos. Durante fechas específicas, los her- manos se reunían para confesarse, oír misa y rezar por los fallecidos con la esperanza de librarlos del purgatorio y que llegaran a la gloria eterna. Dependiendo del patrono titular, las cofradías llevaban a cabo distintas tareas de asistencia a nivel comunitario. Por ejemplo, la cofradía de Nues- tra Señora de la Concepción de Cartago (1593) entre sus ordenanzas esta- blecía que parte del dinero recogido en la limosna se usara para “colocar a las doncellas pobres en estado de matrimonio”;15 otras se encargaban de ayudar a los menesterosos o brindar atención a los enfermos, una tarea importante en tiempos en los que no había hospitales o centros de atención médica, así como acompañar a sus compañeros durante la vela y el funeral. Para organizar los aspectos administrativos, cada cofradía debía llevar al menos tres libros: dos de asiento, donde se anotaban los nombres de los cofrades y el monto pagado para su filiación, y un tercer libro que daba cuenta de los aspectos contables, como los ingresos y los gastos. De acuerdo a lo observado en los libros de Nuestra Señora de la Con- cepción y san Nicolás de Tolentino, ambas establecidas en Cartago, y de Nuestra Señora de Ujarrás y Nuestro Amo en Ujarrás, el pago promedio era de dos pesos, pero podía ser también de telas o candelas. En el caso 14. Baltazar de Grado fue el primer nacido en la provincia de Costa Rica en alcanzar la dignidad del sacerdocio, al respecto: Sanabria, Reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica, 133. Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (en adelante AHABAT), Cofradías Cartago, caja N.° 3. 15. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.° 1 (1593). 102 de personas adineradas o sacerdotes se registraba la cantidad de cuatro pesos, mientras que hubo personas que no pagaron y entraron de caridad. Por lo general se manejaban dos libros, porque en uno se inscribía a los españoles y en el otro a los indios, mulatos y negros. En el caso de que se llevase un único libro, se indicaba claramente la etnia de la persona inscrita y qué pago entregaba.16 Como se mencionó anteriormente, la cofradía debía contar con capital para financiar los trámites de erección y para la compra de imágenes, manteles y todo lo necesario para las festividades; es decir, nuestro tercer eje de análisis. Por lo general ese capital se obtenía de dos fuentes prin- cipales: el pago de la matrícula o filiación de sus miembros y la creación de un hato.17 Un hato representaba una buena fuente de ingresos debido a que, si se le daban los cuidados pertinentes, este iría aumentando su número ya que las reses se irían reproduciendo y estas se podían vender para aumentar el capital. El hato generaba ganancia no solo con la venta de ganado, sino con productos derivados como queso, cebo, pieles, etc. El recuento de tales bienes era llevado por el mayordomo electo en un libro en el que se anotaban los ingresos y egresos, a manera de un libro contable.18 La necesidad de este control de ingresos y gastos radicaba en que las cofradías estaban reguladas por el derecho canónico: 16. En el libro de la cofradía de la Pura y Limpia Concepción de Cartago se destacan entradas que indican: “Manuel Gómez, yndio dos baras de sinta” o “Clemencia López dio una cabellera para Nuestra Señora”. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.° 1. 17. Un hato es el conjunto de cabezas de ganado o el lugar donde se alimentan o son pastoreados. De acuerdo con Héctor Pérez Brignoli, dentro de la dinámica comercial entre los comerciantes de la ciudad de Guatemala y los ganaderos de las otras provincias, el ganado era un bien muy importante ya que el ganado y sus derivados se podían intercambiar “por bienes europeos y ‘de la tierra’, así como por dinero en plata” de ahí su valor como fuente generadora de recursos. Pérez Brignoli, De la Ilustración al liberalismo, 53. 18. Cada libro de cofradía posee una cronología propia, ya que las anotaciones anuales no correspon- den con el año civil, sino con la festividad del patrono o patrona, que abre el año con la elección de mayordomo. Por ejemplo, para el caso de Nuestra Señora de Ujarrás era el 2 de febrero, o el de san Nicolás de Tolentino que era el 9 de setiembre. Ese libro se conoce como de Cargo y data, en este se daba “cuenta y razón” de los ingresos y gastos. Para más información consultar: Villaluenga de Gracia, “Aproximación a los fundamentos contables”. 103 3.° Los bienes de las cofradías aprobadas como hemos dicho por el obispo, se colocan en la clase de bienes eclesiásticos, y como tales ina- lienables sin las formalidades prescritas. En lo que no hay ninguna dificultad, dice Barbosa, cuando los bienes están unidos a las iglesias y capillas en que hace la cofradía sus ejercicios de piedad.19 Estos bienes formaban parte del patrimonio de cada cofradía, de ahí que debían conseguir sus propios fondos y administrarlos. Esto explica por qué existieron cofradías relativamente pobres o, por el contrario, muy acaudaladas, dependiendo del sitio donde se asentaban, la cantidad de habitantes y de la composición socioeconómica de los cofrades que la integraban. Como se ha mencionado anteriormente, lo más común era pagar en moneda de plata, en cacao o en especie, como por ejemplo libras de cera,20 varas de tela o cintas21 o con la donación de una hechura para la imagen del patrono o patrona, como las andas, entre otras necesidades. Los libros de cuentas debían ser llevados con orden por el mayordomo de caja, que anotaba los gastos y las entradas haciendo un balance anual.22 Estos libros eran revisados al menos una vez al año, idealmente por el obispo o en su defecto por un delegado del obispo, y en el caso de que el mayordomo no supiera leer ni escribir le pagaba a otra persona para anotar las cuentas por él. Además de la importancia religiosa de la cofradía, su importancia eco- nómica durante el periodo colonial estaba dada por su carácter de enti- dad financiera. Cabe recordar que estas agrupaciones se establecieron a lo largo de un periodo en el cual no existían entidades para el finan- ciamiento como las conocemos hoy en día, y en el caso de la provincia de Costa Rica a esto se agregaba una escasez importante de dinero en 19. Diccionario de derecho canónico, 306. 20. Por ejemplo, la cofradía de san Nicolás de Tolentino estableció en sus ordenanzas que los espa- ñoles pagaran un peso y ocho reales y una libra de cera, o en caso de no poder aportar la cera su equivalente en dinero: dos reales. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.º 3. Cofradía de San Nicolás de Tolentino. 21. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.º 1. Cofradía de la Pura y Limpia Concepción. 22. Igual que la elección de mayordomo, ese ciclo anual de gastos se regía por la festividad del patrono y no correspondía con el año civil ni con los ciclos del calendario eclesiástico. 104 moneda metálica. Por eso, al facilitar préstamos mediante “censos” las cofradías se convirtieron en una especie crédito privado. María del Pilar Martínez López-Cano resume a la perfección la importancia del crédito durante el periodo colonial: El crédito se utilizó ampliamente para afrontar necesidades relaciona- das con el consumo, así como gastos extraordinarios derivados de una enfermedad, de un revés en los negocios, de la construcción y repa- ración de la vivienda, de una dote ante el matrimonio o la entrada en la vida religiosa de un miembro de la familia, y hasta para fines espirituales como la dotación de memorias de misas, de capellanías o fundaciones piadosas.23 Esta autora explica que a lo largo del periodo colonial se produjo una creciente demanda de bienes y servicios, así como inversión en distintas áreas productivas, especialmente en los centros de producción y en las ciudades virreinales. Sin embargo, a pesar de que se dio una movilización de recursos y capitales, persistió la escasez de monedas, debido a que estas rara vez se quedaban en América pues eran enviadas como remesa hasta la metrópoli. En la provincia de Costa Rica, esta situación se vio agravada por su carácter marginal respecto al Imperio español.24 En la provincia de Costa Rica, las cofradías por lo general tenían una hacienda con su hato fuera de la zona del Valle Central. Por ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás tenía un hato en Bagaces, en una hacienda con casa y con personal que se encargaba de su cuidado y mantenimiento. En sus libros aparece el gasto en 1764 anotado por don Manuel de Guzmán y Portocarrero: “9 pesos que se gastaron en el transporte de Santiago Solís con todo lo necesario para hacer la fierra del hato de Bagaces”;25 además de esto se menciona ganado en el Carmen de Abangares, sitio al que regularmente se enviaba al “mayordomo de 23. Martínez López-Cano, “La Iglesia y el crédito en Nueva España”, 306. 24. Chacón Hidalgo, “Historia monetaria de Costa Rica en el periodo colonial”, 16. 25. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.º 1. Libro de cargo y data de Nuestra Señora de Ujarrás (1760-1818). 105 la demanda” para que recogiese la limosna para cofradía, y otro hato en Poás. El libro de cuentas de la cofradía es particularmente valioso en lo que a este tipo de información se refiere, pues se pueden encontrar entradas de gastos como: la ida de los diputados al hato de Nuestra Señora que está en Abangares a traer dieciséis reses, costo de una mula alquilada en pesos y media fanega de maíz que constó doce reales de plata y una labradura otros doce, y un peso en dulce uno en cacao, quatro reales en carne.26 Estos eran los que se indicaban como gastos para el año de 1799, pero no eran datos aislados. Por el contrario, gastos como la ida a los hatos a revisar las reses y hacer la fierra se repiten una o dos veces al año. Las entradas con gastos del hato de Abangares van desde 1782 y hasta 1803, lo que sugiere que, si bien no es tan importante como el de Bagaces, este otro hato igual tenía un mayordomo a cargo y se suplía de lo necesario para su cuidado y mantenimiento. Es importante destacar que, si bien el libro de cargo y data de la Cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás conserva entradas a partir de 1760, se ha logrado comprobar por medio de transacciones que la obligación que Juan Ginés de Hinojosa contrae a favor de esa cofradía27 que esta no solo estaba en funcionamiento en 1690 sino que poseía fondos como para financiar préstamos de hasta cien pesos. A lo largo del periodo de 1756-183328 se realizaron al menos tres inventarios de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora,29 lo cual para los fines de este artículo brinda información valiosa porque permite tener una idea del tipo de bienes que poseía. El primer inventario que se ha encontrado se realizó en 175630 por el fallecimiento del mayordomo don Francisco Fernández de la Pastora, 26. Ibíd., f. 51v (1799). 27. ANCR, Protocolos Cartago 839 (1690). 28. Se menciona 1833 por tratarse del año en que nuevamente las autoridades, ahora en la persona del jefe de Estado, solicitan un inventario de bienes, a lo que responde la municipalidad que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás ya no posee ningún bien. ANCR, Municipal 79 (1833) 29. Dos remates durante el siglo XVIII y el tercero en 1805. 30. AHABAT, Fondos antiguos. Documentación encuadernada, caja N.° 24, fs. 62-63 (1756). 106 quien estuvo en el cargo entre 1753-1756, por lo que al nuevo mayor- domo, don Tomás de Soto y Barahona, le correspondió realizarlo para conocer el estado de los bienes al momento de asumir su cargo. En su mayoría se anotaron joyas como aretes, collares de perlas, anillos de oro, así como vestidos que tenía la imagen. El segundo inventario y remate se realizó en 1794,31 con motivo de la demanda interpuesta contra la cofradía por el antiguo mayordomo don Antonio de la Fuente,32 el 28 de abril de ese año, para cobrar unos dine- ros que esta le debía.33 De todo este proceso se destaca la tasación de los bienes (ganados y alhajas) y su remate para cubrir lo que se adeudaba. Según De la Fuente, “trescientos sincuenta y un pesos de plata y ciento y un pesos de cacao”,34 y que en sentencia la cofradía debía cubrir ese monto además de las costas del proceso. El mayordomo de caja, don Joaquín de Oreamuno, indicó que no se podía pagar lo demandado por “hallarse la citada cofradía en la mayor miseria, por no tener más que unos cortos ganados que su número no pasa de tres cientos y cinquenta reses mayo- res y menores y las alajas del uso de la imagen”,35 una cifra muy distinta es la que se discutió en el expediente de la demanda, pues Antonio de la Fuente dice en la declaración anotada por el escribano: 31. AHABAT, Fondos antiguos. Documentación encuadernada, caja N.° 36, fs. 223-227, 230-234, 247-288. Participaron en el remate: Marcos Morales como mayordomo del hato, Benito Fajardo como “avaluador” y José María del Valle en calidad de testigo. Los oferentes fueron el teniente coronel don Juan Francisco de Bonilla y don Francisco Javier Navarro, quienes pagaron precios inferiores al valor dado por Fajardo. 32. Don Antonio de la Fuente fue mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás entre 1784 y 1792. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.º 1. Libro de cargo y data de Nuestra Señora de Ujarrás (1760-1818). 33. A lo largo del periodo se puede notar que los vecinos de Ujarrás estaban descontentos con el manejo de los bienes por parte del mayordomo don Antonio de la Fuente; en 1796: “los vecinos de Ujarrás ruegan a Su Ilustrísima el obispo electo, que libre a la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás de la dependencia del Alférez real don Antonio de la Fuente. Están de acuerdo en que se arriende la finca del Carmen de Abangares, pero no quieren que el aumento de la hacienda sea en beneficio del arrendatario”. Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica, 79. [El destacado es nuestro]. 34. Monto anotado en la sentencia que emite el vicario foráneo respecto al juicio, dándole la razón a Antonio de la Fuente. AHABAT, Fondos antiguos. Documentación encuadernada, caja N.° 36, fs. 196-222 (1794). 35. Ibíd., f. 201. 107 Tenía esta ochocientas reses de principal y no tenía deuda alguna que pagar quando estaba en este pie hizo dicho señor los suplementos que haora cobra y al ingreso a la cobra al ingreso a la administración el que responde los libros de su cargo, y a más de esto, ha tenido que pagar dos cientos pesos que por este juzgado se le mandó pagar de obenciones al reverendo padre cura de aquel pueblo.36 Como se puede notar, los bienes de estas corporaciones fueron muy ape- tecidos, por lo que las cofradías debieron crear distintos mecanismos para asegurarse de no perderlos. En este caso, se indica que hay una cantidad muy inferior a la expresada por De la Fuente en el hato de Bagaces y que no hay ganado nuevo (por lo menos en el otro hato que tiene la cofradía en Poás se dice que “no hay novillos y como 50 vacas”). La mención de los inventarios es un antecedente que muestra que existía un interés por conocer la cantidad y calidad de los bienes que poseía la cofradía y que, los miembros de la élite en el proceso de las reformas borbónicas hallan una manera de hacerse con ellos, como veremos a continuación. Las reformas borbónicas y la consolidación de los vales reales Con la llegada de los Borbones al trono se ponen en marcha una serie de medidas destinadas a sanear la crisis económica que enfrentaba el Imperio luego de la guerra de Sucesión que los había llevado al poder. No obstante, además de los problemas financieros, los Borbones debían lidiar con una base de funcionarios reacios a perder su posición, pues durante el reinado de los Habsburgo se les había delegado la administración polí- tica y económica en América. Es así que una de las medidas iniciales fue colocar a otros funcionarios leales a la nueva casa real, por lo que se creó un sistema de intendencias37 y gobernadores. Estas fueron reformas de 36. Ibíd., f. 204. El pago de la deuda por concepto de misas y sermones fue una constante en la cofradía. En 1793 el cura Joaquín Hidalgo eleva su causa para que se le paguen 145 pesos y 1 real que le debe la cofradía por diez años de servicios. Ibíd., fs. 41-42. 37. Héctor Pérez indica que para el caso de Costa Rica, por tratarse de un “territorio alejado del poder de la audiencia, se decidió por parte de la Corona que quedase como gobierno militar, lo que teóricamente también se ajustaba a los intereses centralizados de la monarquía”. Pérez Brignoli, De la Ilustración al liberalismo, 56. 108 corte político-administrativo y, según Enrique Florescano e Isabel Gil, las medidas llevadas a cabo por la Corona española se pueden dividir en tres áreas fundamentales: en primer lugar, las que estaban orientadas a cambiar el régimen político de los Habsburgo; en segundo lugar, las que estaban enfocadas en modificar el plano administrativo del gobierno y a la aplicación de esas nuevas políticas, por medio de la contratación de nuevos funcionarios provenientes de la clase media ilustrada y extranje- ros en su mayoría; y finalmente, las destinadas a modificar la economía y la hacienda colonial, es decir, para que las colonias le otorgaran financia- miento a la metrópoli.38 Miles Wortman, por su parte, establece que en Centroamérica dichas medidas estaban orientadas a seis rubros: 1. Estimular las comunicaciones y el comercio en un esfuerzo por fomentar mayor tráfico entre todas las ciudades españolas y las colonias. 2. Limitar el poder eclesiástico por medio de un ataque a la propiedad y los privilegios de la Iglesia. 3. Apoyar parcialmente a los productores del interior en sus quejas contra la clase comerciante de Cádiz-Guatemala. 4. Reformar al gobierno con la institución de intendencias que reem- plazaran a los funcionarios “corruptos” en el interior. 5. Reformar la estructura tributaria para que ofrecieran mayores rentas con el objeto de financiar un mayor poder del gobierno. 6. Mayor actividad militar dirigida contra la presencia económica y física de los británicos en Centroamérica.39 De lo mencionado anteriormente, los puntos dos y cinco son los que más impacto tendrían en las cofradías y sus bienes. La Corona, al querer retomar el poder político y económico, debió reducir el poder que tenían 38. Florescano y Gil Sánchez, “La época de las reformas borbónicas”. 39. Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica, 164. 109 otros grupos locales como los encomenderos o la Iglesia. En primera instancia, los Borbones buscaron reducir el poder eclesiástico al limitar el número de miembros: prohibieron la fundación de nuevos conventos o la admisión de novicios, también disminuyeron su influencia en la educación (con la expulsión de los jesuitas en 1767) y, principalmente, se hicieron de los bienes que administraban las cofradías.40 La real cédula de 1804 “relativa a la venta de los bienes de obras pías en mis reynos de las Indias é Islas Filipinas” fue contundente en iniciar el proceso: Mandé enagenar los bienes raíces pertenecientes á obras pías de todas clases, y que el producto de sus ventas, y el de los capitales de censos que se redimiesen ó estuviesen existentes para imponer á su favor, entrase en mi Real Caxa de Amortizacion, con el interés anual del tres por ciento, y la especial hipoteca de los arbitrios destinados, y que sucesi- vamente se destinaren al pago de las deudas de la Corona, á más de la general de sus rentas.41 En la expropiación de los bienes de las cofradías durante la primera mitad del siglo XIX, podemos establecer dos periodos. El primero inició con esta real cédula y su ejecución, entre 1805 y 1809 aproximadamente, y un segundo periodo correspondiente a las décadas de 1830 y 1840, que respondió a las reformas pos-independencia. Recordemos que la mayoría de cofradías y obras pías en general tenían en “censo”42 o en arriendo sus bienes y al momento de la consolidación de los vales43 se tuvo que proce- der a solicitar la cancelación inmediata para que quedaran como bienes 40. Florescano y Gil Sánchez, “La época de las reformas borbónicas”, 204. 41. Archivo General de Indias, Colección Documentos de Indias, Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones 33, N.° 62 (1804). 42. Un censo es un “contrato protocolizado por medio del cual el beneficiario tomaba el principal de una capellanía con cargo hipotecario más el pago de un rédito del 5 por ciento anual”. Velázquez Bonilla, Diccionario de términos coloniales, 33. 43. Proceso en el que se “dispuso que las catedrales, parroquias, conventos masculinos y femeninos, juzgados de capellanías y obras pías, cofradías, hospitales y colegios, entre otros, se desprendie- ran del dinero líquido y de los bienes raíces y capitales de inversión que poseían y los depositaran en la Tesorería Real”. Von Wobeser, “La consolidación de vales reales”, 373. 110 libres. Los deudores que no tenían cómo pagar se declararon insolventes debido al problema de la escasez de metálico; pues a pesar de tener una fortuna bastante conocida no había monedas con qué pagar, sino bienes e inmuebles. Para apoyar tal afirmación basta con leer los testamentos de los deudores, que en su haber mencionan casas, ganado, esclavos, joyas y hasta herramientas. Los remates efectuados a partir de la real cédula de 1805 tuvieron como anticipo un arrendamiento de los hatos o haciendas en lapsos de entre dos y ocho años, y a un rédito que podía llegar al 5 por ciento. Los remates de los bienes como tales iniciaron cerca de 1808, muchos de ellos que- dando en manos de un único postor.44 Para la provincia de Costa Rica, el proceso inició cuando el gobernador don Tomás de Acosta, en 1805, mandó copia del real decreto45 a todos los pueblos y procedió con el ava- lúo de los bienes, especialmente los que tenían las cofradías en haciendas ganaderas en la zona de Bagaces. De acuerdo con Lowell Gudmundson, este proceso de apropiación de las haciendas ganaderas respondía a que las cofradías “detentaban conside- rables extensiones de las mejores tierras y gran número de ganado, hasta su expropiación por parte de los apresurados funcionarios reales o los ambiciosos intereses nacionales y su lógico traspaso al dominio parti- cular dentro de la sociedad local”.46 A la Corona lo que le importaba era obtener dinero de manera inmediata y a la élite hacerse de bienes a buen precio, por lo que resultó en un negocio bastante rentable. En muchos casos, los funcionarios reales encargados de las remates aceptaron pagos 44. Una excepción fue el caso de la cofradía del Santísimo Sacramento de Bagaces, en que concurren varios postores, dos de ellos con claras disputas entre sí. El primero era el receptor de alcabalas y jefe de correos de Bagaces don Joaquín Bonilla Oreamuno (hijo del jefe político que fue el “inventariador” de los bienes, don Santiago de Bonilla); el segundo postor era el presbítero Nicolás Carrillo, sacristán mayor de Bagaces y que había administrado los bienes de la cofradía; y el tercero era un josefino, don Juan Manuel Cañas que tenía en representación suya al cura de Bagaces, José de la Encarnación Fernández. ANCR, Complementario colonial 3040 (1808); Gudmundson, “La expropiación de los bienes de las obras pías”, 51-52. 45. ANCR, Colonial Cartago 1089, f. 192. Microfilmado rollo n.° 31. 46. Gudmundson, “La expropiación de los bienes de las obras pías”, 39. 111 parciales o muy por debajo del valor del remate, principalmente porque una vez adjudicado el rematario y a pesar de tener una riqueza compro- bable, se aducía incapacidad para hacerle frente a la deuda adquirida. Es válido aclarar en este punto que los postores a estos bienes conocían a la perfección la cantidad o calidad de estos, pues ellos mismos o sus parien- tes cercanos fungieron como mayordomos de las cofradías. Nos centraremos en el caso de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás porque ilustra a la perfección dicho proceso. Un breve vistazo a los nexos entre los participantes en las transacciones nos permite comprobar la aseveración hecha por Lowell Gudmundson, acerca de que el “proceso de remate se efectuó, podríamos decir, entre amigos.47 Emparentados por vía consanguínea o política, estos hombres compartieron otras caracte- rísticas como la pertenencia a las milicias en distintos grados o detentar puestos políticos. Entre ellos se fiaron, se compraron y vendieron terre- nos o esclavos y establecieron una serie de alianzas que les permitieron funcionar como un grupo cohesivo. Este proceso del arrendamiento de los bienes de la cofradía fue solicitado por el capitán de milicias don Juan Manuel de Alvarado,48 fiado por el coronel de milicias don Juan Francisco de Bonilla,49 el alcalde provincial 47. Ibíd., 51. 48. En 1796 Alvarado solicitó la hacienda y el ganado que la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás tenía en el Carmen de Abangares, por lo que el arriendo de 1805 no era la primera transacción que intenta lograr con la cofradía. Al respecto véase Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica, 79. 49. Coronel Bonilla, quien estaba casado con doña Ana Rita Gómez de Lara, hija del gobernador Miguel Gómez de Lara y de doña Juana María de Soto y Barahona. Fue el gobernador Gómez de Lara quien se encargó de la construcción de una iglesia de cal y piedra en Ujarrás. Bonilla consi- guió en 1805-1806 con el remate de los bienes de los Ángeles de Cartago ubicados en Las Huacas, unos terrenos, galeras, un corral de palo, dos canoas y ganado (184 reses, 8 bueyes, 12 caballos y 29 yeguas), véase ANCR, Complementario colonial 3828; ANCR, Protocolos Cartago 1031. Con los de Nuestra Señora de Concepción y los de Santísimo Sacramento de Ujarrás, adquirió 87 reses, 6 caballos y 6 yeguas, véase ANCR, Protocolos Cartago 1035; ANCR, Complementario colonial 3842. Adquirió unas tejas propiedad de la cofradía de san Juan de Dios en Ujarrás, véase ANCR, Protocolos Cartago 1036. Asimismo, obtuvo unas 500 reses, 6 yeguas y 6 caballos de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles de Cartago, véase ANCR, Complementario colonial 3863 y 3672; ANCR, Protocolos Cartago 1037. Esto por mencionar algunas de las transacciones en las que participó. 112 don Manuel Marchena y su suegra doña María Petronila de Bonilla, de quienes dice que “cada uno de por sí, aseguran el principal, en la misma especia pues tienen mayor número de ganado que la cofradía”.50 Cuando se efectúa el remate, el gobernador don Tomás de Acosta indica que por estar en otras diligencias enviará a un sustituto, nombrando el 22 de abril de 1805 a don Manuel Marchena (de Vargas Machuca) “regidor y alcalde provincial y ordinario segundo”,51 quien según el mismo docu- mento era a la vez fiador en la misma transacción. La figura de Marchena es interesante y su presencia en la documentación inicia en 1791, cuando se levanta su información matrimonial. En ese mismo año se indica que es natural de España, por lo que no es un funcionario criollo; a lo largo de su vida se le siguen varias causas criminales que están más relacionadas al honor que a asuntos de administración y finanzas.52 Este recién lle- gado no rompe con los intereses de los funcionarios locales, sino que los refuerza por vía matrimonial y fiando a miembros de la élite cartaginesa a lo largo de su vida, tal y como lo explica Eduardo Madrigal al indicar que “en América, muchas veces el solo hecho de que se fuera español y se estuviera emplazado en un puesto de oficial real, corregidor, escribano o en el ejército, era suficiente para ser admitido como consorte de la hija de una poderosa familia de la elite”.53 La importancia de que un individuo estuviese bien relacionado social y económicamente con otros miembros de la élite resultaba un paso nece- sario para el desarrollo de todo tipo de transacciones, desde compra-ven- tas, fianzas para la obtención de puestos e incluso para participar en los remates de bienes de las cofradías. 50. ANCR, Complementario colonial 3846, f. 1. Expediente del arrendamiento y remate de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, 1805-1808. 51. Ibíd., f. 4v. 52. Se le sigue una causa criminal por injurias al gobernador José Vásquez Téllez (del cual era cuñado). Según el documento, “los disgustos” se deben a asuntos de orden amoroso y a ciertas libertades que Marchena se había tomado minando la autoridad del gobernador, véase ANCR, Complementario colonial 5769, f. 63. Marchena fue casado por la fuerza con doña Francisca Leonarda del Corral por haberla deshonrado. 53. Madrigal Muñoz, “Cartago república urbana”, 409. 113 El rematario, don Juan Manuel de Alvarado, se aseguró de tener y se convierte en postor único para el arriendo por ocho años de los bienes y animales que tiene la cofradía en Bagaces. Alvarado solicita un avalúo que cubre los siguientes bienes: Quatro caballerías de tierra a treinta pesos cada una, por quatrocientas cabezas de ganado quatro pesos quatro reales cabeza, por nuebe caba- llos a seis pesos cada uno, por nuebe lleguas a quatro pesos, por dos fierros de herrar a tres pesos cada uno, por una casa y cocina de paja beinte y sinco pesos, por una piedra de moler tres pesos, por una hacha y machete quatro pesos quatro reales, por una ymagen con su nicho dos pesos quatro reales, por dos corrales viejos beinte y ocho pesos, por una palera para terneros con su chiquero sinco pesos, por una canoa con su cajón para hacer quesos siete pesos.54 Todo lo enumerado ascendía a un precio de arriendo de 2 091 pesos, de lo cual fueron notificados el mayordomo de la cofradía, Marcos Morales, y el defensor de cofradías, don José María Peralta. El 30 de marzo de 1805 se pega en la puerta del cabildo el pregón y el “yndio José Antonio Ortega” es el que hace de pregonero. Se hacen dos pregones más (el 8 y 17 de abril), pero al no presentarse postor que mejorara la oferta, se estableció el remate para el 22 de abril de 1805 a un censo del 5 por ciento. Tres años más tarde, estos bienes se ponen en remate sin que conclu- yera el periodo de arriendo. Una explicación podría ser que don Juan Manuel Alvarado no logró cumplir con los pagos y, por tanto, pasaran nuevamente a ser bienes libres. No obstante, en el documento, el nuevo interesado, el presbítero Pedro José de Alvarado, ofertó por los bienes de Bagaces y adujo que el arrendamiento hecho no estaba conforme a lo prevenido en la real instrucción, especialmente porque se incumplió el 54. ANCR, Complementario colonial 3846, f. 2 (1805). 114 artículo 18,55 que establece el procedimiento del avalúo y que este debe ser realizado por dos “avaluadores”, uno por el juzgado y otro de parte de la cofradía. Sin embargo, este no parecía ser un motivo de peso, pues el procedimiento con solo un “avaluador” se siguió en otras cofradías. Para las funciones de avalúo se nombra a don Manuel Ruíz y a don Manuel Flores,56 respectivamente. Resulta curioso que en el expediente que da seguimiento a este remate no hay ningún documento en el que don Juan Manuel Alvarado interponga alguna medida para conservar el arriendo a su nombre, o en que se le reintegre lo que hasta ese momento había can- celado. Esto hace presumir que el problema no fue la falta de “avaluadores” durante el primer proceso, sino más bien la falta de pago de la deuda. Es particular que el presbítero don Pedro José Alvarado57 “hace postura a la hazienda de ganado de Nuestra Señora de Ujarrás, sita en la juris- dicción de Bagaces por la cuarta parte menos de su avalúo”,58 esto por cuanto pide un segundo avalúo que dejó los bienes a un precio de 1 973 pesos 6 reales,59 y luego oferta por todo solo 1 582 pesos 2½ reales. Dos razones pueden conducir a esta caída del precio: por un lado, el descuido en el que hayan estado la hacienda y el hato, que explicaría la mención en el documento de “un machete inútil por el fierro en quatro reales” o de una “canoa de leche inútil y otros dos peores en dies reales”.60 Junto con esto existe la idea del poco valor de los terrenos, no precisamente porque 55. El mencionado artículo que según Pedro de Alvarado fue incumplido indica lo siguiente: “18. La primera diligencia debe ser la tasación de la finca por dos peritos de toda probidad é inteli- gencia, que nombran el principal interesado ó representante de la Obra pía, y el Diputado de la Comisión gubernativa ó sus tenientes”. Archivo General de Indias, Colección Documentos de Indias, Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones 33, N.° 62 (1804), f. 9. 56. Es elegido por el nuevo mayordomo Manuel José Quesada, además se indica que es vecino de Valle Hermoso y que está pronto a viajar a Bagaces. 57. El presbítero Alvarado testó en tres ocasiones: 1817, 1823 y 1829. En su testamento de 1823 “Deja a N. Señora de Ujarrás 25 pesos y su cáliz”. Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los protocolos, VI:55. 58. ANCR, Complementario colonial 3846, f. 8. 59. La principal diferencia entre ambos es que deja por menos dinero a las tierras, estableciendo el precio de las cuatro caballerías en 20 pesos cada una aduciendo que no son útiles. Ibíd., f. 15. 60. Ibíd. 115 sean quebrados ni mucho menos, sino porque en ese momento no hay un interés por las tierras para destinarlas a cultivos extensivos.61 Por otro lado, retomando la idea de la falta de acción por parte de don Juan Manuel Alvarado, la caída del valor podría estar explicada por otra causa. Haciendo una breve revisión de la genealogía del presbítero don Pedro José Alvarado, todo apunta a que es hermano del arrendador inicial. De acuerdo con las Genealogías de Cartago de monseñor Víctor Manuel Sanabria,62 ambos eran hijos del capitán don Pedro José de Alvarado Guevara y de doña Manuela de Baeza. En la misma ficha que aparece mencionado el presbítero Alvarado y el resto de la descendencia de la pareja, se incluye a “Juan José Lorenzo”, corregido en nota al margen: Juan Manuel, casado con doña Josefa Trinidad Ruiz Fernández. Todo hace suponer que se trata de la misma persona, dado que coinciden los datos (el nombre de la esposa), el periodo y hasta la mención del rango militar.63 Esta familia estuvo vinculada con los bienes de la cofradía hasta por la vía política, pues la hermana del arrendador y del rematario, doña María Francisca de los Santos Alvarado, estaba casada desde el año 1763 con don Antonio de la Fuente, mayordomo de la misma cofradía y deman- dante en el juicio por deuda en 1794. No cabe duda de que los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás quedaron en la familia Alvarado. En esta primera etapa, que inició en 1805, se realizaron cerca de 32 expro- piaciones,64 muchas de las cuales respondieron a los bienes de una misma cofradía, pero en distintos sitios. Este fue el caso de la de Nuestra Señora de Ujarrás con bienes en Bagaces, Poás y Abangares. Además, fueron expropiaciones concentradas en pocas familias o individuos que de una 61. Al respecto puede consultarse: Acuña Ortega y Molina Jiménez, Historia económica y social de Costa Rica, para productos como tabaco y posteriormente café. 62. Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 1850. 63. Don Juan Manuel Alvarado llegó a ser capitán de milicias del batallón de Cartago, también fue rematario del estanquillo de aguardiente de Ujarrás en 1808. Testa en 1819 confirmando a sus progenitores: “Testa el Capitán don Juan Manuel Alvarado, hijo legítimo de don Pedro Alvarado y de doña Manuela Baeza. Casado con doña Trinidad Ruiz”. Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los protocolos, VI:19. 64. ANCR, Complementario colonial 3672 (1805). Libro de cargo y data de la tesorería de capellanías y cofradías de Cartago. 116 u otra manera se interrelacionaron ya fuese a nivel de negocios o por vía familiar. Los partícipes en el arrendamiento de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás en Bagaces, participan de manera activa en puestos políticos. Los miembros del ayuntamiento de Cartago nombra- dos para el año de 1809 eran: don Tomás de Acosta, gobernador; don José María Peralta y don Nico- lás Oreamuno, alcaldes ordinarios; don Juan Francisco Bonilla, alférez real; don Manuel Marchena, alcalde provincial; don Joaquín Orea- muno, alguacil mayor; don Juan Manuel Alvarado, fiel ejecutor; don Salvador Oreamuno y don Nicolás Carazo, regidores sencillos; don Hermenegildo Bonilla, procurador síndico general.65 Existe una coincidencia de los participantes que no es casual si se realiza un breve seguimiento de su presencia en la documentación del periodo como se realiza en la siguiente tabla: 65. Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los protocolos, V:364. 117 Miembro del ayuntamiento Puesto a desempeñar Nexos económicos y comerciales Relaciones familiares Don Tomás de Acosta Gobernador En su puesto como notario y poste- riormente como gobernador (1797- 1810) se encuentra nombrado en variadas transacciones de com- pra-venta, arriendos, transacciones de esclavos, entre otros; que por cuestiones de espacio no se deta- llarán aquí. Le deja bienes a la nume- rosa descendencia del capitán Gregorio de Oreamuno. Don José María Peralta Alcalde ordinario Fue oficial de pluma de la Admi- nistración de Tabacos, capitán de milicias y nombrado defensor de cofradías entre 1804-1807. Casado con doña Ana Benita (del Corral o Corrales), su hija doña María Joaquina Esco- lástica se casa con don Nicolás Carazo en 1805. Don Nicolás Oreamuno66 Sancho Alcalde ordinario Compra los bienes de la cofradía de San José de las Cañas por 1087 pesos, además fía a su suegro don José Antonio del Campo y a don Juan Francisco de Bonilla como rematarios del ramo de aguardiente. Casado con doña María Josefa del Campo Capitán don Juan Francisco Bonilla Alférez real 1782 se desempeñó como teso- rero general, fue mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás (1776-1783), rematario de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Cartago en 828 pesos, y le fían Manuel Mar- chena y Joaquín Oreamuno en 1812 cuando se convierte en el rematario de los diezmos de la provincia. Casado en primeras nup- cias con doña Ana Rita Gómez, y en segundas nupcias con doña Sinfo- rosa Prieto 66. Se ha encontrado que hay dos troncos de los Oreamuno, ambos procedentes de Panamá. Estos son descendientes del sargento mayor don José Antonio de Oreamuno y de doña María Catalina Ibarra de Moya. Tabla 1. Relación de tipo familiar, política y comercial entre los miembros del ayuntamiento de Cartago, 1809 118 Miembro del ayuntamiento Puesto a desempeñar Nexos económicos y comerciales Relaciones familiares Don Manuel Marchena Alcalde provincial Le compra una chacarilla al capitán don Juan Francisco Bonilla; fue por un tiempo el apoderado, junto con don José María Peralta, de los bie- nes de su suegra doña Joaquina del Corral. En 1797 cuando enferma de gravedad nombra como su albacea a don Joaquín de Oreamuno. Casado con doña Fran- cisca del Corral, cuñado del gobernador don José Vázquez y Tellez. Concu- ñado de don José María Peralta por estar casa- dos con la hermanas del Corral. Don Joaquín Oreamuno67 Alguacil mayor Fungió como apoderado del gober- nador Vázquez y Tellez en 1794, en el pleito que el gobernador sostiene con Marchena. Casado con doña Floren- cia Jiménez, tío político de Hermenegildo Bonilla Don Juan Manuel Alvarado Fiel ejecutor Arrendador de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Uja- rrás (1805). Hermano del presbítero Pedro José Alvarado, rematario de los mismos bienes. Don Salvador Oreamuno Regidor sencillo Rematario de los bienes de la cofra- día del Santísimo Sacramento en 694 pesos y los de N. Señora del Rosario (ambas de Cartago) por 404 pesos. Fiador de Nicolás Carazo. Yerno de don José María Peralta Don Nicolás Carazo Regidor sencillo Rematario de los bienes de las cofra- días de Nuestro Amo y de Nuestra Señora del Rosario en 2117 pesos, lo fía don Salvador Oreamuno. Yerno de don José María Peralta. Don Hermene- gildo Bonilla Procurador síndico general En 1805 se desempeñó como teniente de San José, fungió como alcalde primero (1832) y como alcalde tercero (1826). Casado con doña Mar- garita Facie, sobrina de don Salvador Oreamuno; pero fallecen sin dejar descendencia. 67. Descendientes del gobernador don Francisco Javier de Oreamuno y de doña Ana Efigenia García Estrada, segundo tronco de los Oreamuno encontrado en los documentos. Fuente: elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los protocolos, vol. V.; Archivo Nacional de Costa Rica, Índice de los protocolos, vol. VI; Sanabria Martínez, Genealogías de Cartago hasta 1850; Sanabria Martínez, Datos cronológicos para la historia eclesiástica. Tabla 1. Relación de tipo familiar, política y comercial entre los miembros del ayuntamiento de Cartago, 1809 (continuación) 119 La tabla anterior tiene la intención de mostrar brevemente cómo las per- sonas involucradas en la compra de los bienes de las cofradías estaban relacionadas entre sí por una serie de nexos, no solo comerciales sino también familiares. Estos últimos eran tanto consanguíneos como por la vía matrimonial y de familia política. Estos vínculos de igual manera les sirvieron para fiarse con el fin de constituirse en los rematarios de pues- tos que les dejarían jugosos réditos. También se apoyaron para adquirir bienes de las cofradías como fue el caso de Nicolás Carazo, Salvador Oreamuno, Juan Francisco de Bonilla y Nicolás Oreamuno. Luego de esa etapa iniciada en 1805, los bienes de las cofradías experi- mentaron nuevamente, en la década de 1830, un proceso enfocado en la apropiación de sus bienes, solo que ahora lo importante no era el hato ganadero, sino los terrenos. Esta segunda etapa fue sentida con mayor impacto en las cofradías indígenas, ya que estas perdieron los bienes de la cofradía junto con las tierras comunales como parte de las refor- mas pos-independencia, que “buscaban el crecimiento y productividad económicas, según las luces de sus intereses de grupo”.68 En el primer quinquenio de la década de 1830, vemos la lenta extinción de los libros de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, y con esto, la disminución en la suntuosidad de sus festividades, pues pasan de gastar cerca de 200 candelas en el día de la Candelaria a pedir fondos a la municipalidad para pagar la misa. Una de las preocupaciones en la Costa Rica independiente fue conocer la cantidad de bienes que aún conservaban las cofradías. En 1825 “el Gobierno pide informe de los fondos pertenecientes a las obras pías y hermandades”,69 proceso que se siguió en San José, Escazú, Esparza, entre otros sitios, y cuya mención fue constante dentro de las actas municipales de esas localidades. Esto nos deja ver cómo fueron las municipalidades las que tomaron el control de los nuevos inventarios de bienes y cuentas de las cofradías. Tres años más tarde, el diputado Pedro Zeledón propuso que las cofradías localizadas en un mismo pueblo se fundieran en una sola 68. Gudmundson, “La expropiación de los bienes”, 69. 69. ANCR, Municipal 130. 120 y que sus terrenos se vendieran públicamente, pasando a ser propiedades privadas; el dinero que quedara se destinaría en primer lugar para el “culto al Divinísimo” y luego de manera proporcional a los bienes que tenían, se les entregaría dinero para el culto a los patronos restantes.70 Ese mismo año apareció un proyecto de la Asamblea Constitucional que buscaba sistematizar la administración de los fondos de las cofradías,71 pues se adujo que la administración era infructuosa respecto a la recolección de los diezmos y su distribución para cubrir gastos. Todo ocurría muy a pesar de las quejas de los vecinos de los pueblos, quienes lo percibían como un ataque a la autonomía administrativa de los gastos de las cofradías. Todo esto condujo a que en 1833, la municipalidad declarara que respecto a los bienes de la cofradía de Nuestra Señora de Ujarrás, “después de haber examinado nuevamente la materia, no se encuentran bienes algunos de cofradía, tan solo un encierro abierto, hecho gratis por el vecindario”.72 Cuando Rafael Gallegos se convirtió en vicejefe de Estado en el ejercicio del poder emitió el decreto oficial para poner en subasta pública los bienes de las cofradías73 y junto con estos las tierras comunales. En ese mismo año de 1833 se decretó que los bienes de las cofradías serían administra- dos por las municipalidades.74 La lucha por conservar los pocos bienes existentes, según Yamileth González, se enfocó en la “inexistencia” de documentos que acreditaran la posesión de estos y en la lentitud para enviar la información solicitada por las municipalidades, junto a otros mecanismos, ya que “algunas cofradías no poseen documentos legales o no quieren presentarlos a la municipalidad o simplemente desaparecen”.75 La necesidad de adquirir estas tierras se debía al requerimiento no solo de espacios para los cultivos, sino también de cooptar mano de obra, la cual al tener acceso a terrenos comunales se dedicaba a la autosubsistencia y no al trabajo asalariado. No obstante, los dueños de las tierras y del trabajo serán, nuevamente, los miembros de las familias que a inicios del siglo XIX se hicieron con los bienes de las cofradías. 70. ANCR, Asamblea Legislativa 772. 71. ANCR, Asamblea Legislativa 742. 72. ANCR, Municipal 79. Acta municipal de Ujarrás. 73. ANCR, Hacienda 8162 y 8229. 74. ANCR, Gobernación 13484. Sobre enajenación de los bienes de cofradías y obras pías. 75. González García, “Desintegración de bienes de cofradías y de fondos píos”, 293. 121 Conclusiones Las cofradías resultaron ser durante el periodo colonial e inicios del periodo independiente una institución que velaba por sus miembros de manera integral: en lo espiritual les aseguraban apoyo en la vida ultrate- rrena, les daban un sentido de pertenencia a un grupo en el cual podían reunirse y verse asistidos en caso de estar enfermos o necesitados y, final- mente, les brindaba apoyo financiero. En este último aspecto, los mayores beneficiarios de la venta de bienes resultaron ser las familias principales de Cartago, quienes en un inicio ampliaron sus hatos, por ser la ganadería un producto rentable al inicio del siglo XIX. Luego de la independencia, el valor y la posesión de las mejores tierras de cultivo tomó importancia en la coyuntura del desarrollo de los cultivos extensivos, incluso de pro- ductos que antes de la independencia habían tomado fuerza: tabaco en la región del Valle Central occidental y, ya para la década de 1830-1840, el café. La vida de las cofradías como institución estuvo marcada durante la pri- mera mitad del siglo XIX por el impacto de los cambios político-admi- nistrativos: en un inicio, respondiendo a las necesidades de la Corona española de reorganizar la recaudación de dineros y eliminar el poder de los grupos locales que les pudiesen restar apoyo a las nuevas medidas impulsadas por las reformas borbónicas; y en una segunda etapa, con las reformas pos-independencia y la paulatina desaparición de su autono- mía a manos de las municipalidades. Cada uno de estos procesos tuvo su aporte en la pérdida del poder económico que otrora habían tenido las cofradías y en la disminución del esplendor de las manifestaciones de culto público que estas tenían en sus manos. El problema del circulante en metálico, que se mantuvo a lo largo de todo el periodo y se notó en la falta de “efectividad” del proceso de consoli- dación de vales reales, solo permitió recaudar una parte del valor real de los bienes por la premura con que se ejecutaron los remates. Los mayores beneficiados resultaron ser las élites locales que, en muchos casos, como postores únicos se adjudicaron los bienes de las cofradías mediante los remates de 1805, y que nuevamente participaron en los remates impul- sados por el decreto de Gallegos de 1833. 122 El remate de los bienes de cofradías y obras pías es un tema que debe ser retomado a futuro, debido a que ha formado parte de investigaciones recientes, pero de manera tangencial, manteniéndose como clásicos en el tema los trabajos de Lowell Gudmundson y de Yamileth González. Por lo tanto, es necesario un análisis a profundidad que permita poner en práctica nuevas técnicas y metodologías como el estudio de redes y la prosopografía propuesta por Eduardo Madrigal, que puede ser muy útil para explicar elementos de fondo que van más allá de los aspectos econó- micos o financieros de un proceso de remate, y que permitan ver de cerca las continuidades y las rupturas durante la primera mitad del siglo XIX. 123 FUENTES PRIMARIAS SIN PUBLICAR Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.° 1. AHABAT, Cofradías Cartago, caja N.° 3. AHABAT, Fondos antiguos. Documentación encuadernada, caja N.° 24. AHABAT, Fondos antiguos. Documentación encuadernada, caja N.° 36. Archivo Nacional de Costa Rica ANCR, Asamblea Legislativa 742. ANCR, Asamblea Legislativa 772. ANCR, Colonial Cartago 1089. ANCR, Complementario colonial 3040 ANCR, Complementario colonial 3672. ANCR, Complementario colonial 3828. ANCR, Complementario colonial 3842. ANCR, Complementario colonial 3846. ANCR, Complementario colonial 3863. ANCR, Gobernación 13484. ANCR, Hacienda 8162. ANCR, Hacienda 8229. ANCR, Municipal 130. ANCR, Municipal 79. ANCR, Protocolos Cartago 805 ANCR, Protocolos Cartago 809. ANCR, Protocolos Cartago 1031. ANCR, Protocolos Cartago 1035. ANCR, Protocolos Cartago 1036. ANCR, Protocolos Cartago 1037. Otras Archivo General de Indias, Colección Documentos de Indias, Archivo Histórico Nacional, Diversos Colecciones 33, N.° 62 (1804). “Real cédula de Fernando VII dirigida a sus virreyes, presidentes y audien- cias de Indias para que se cumpla el real decreto e instrucción insertos sobre la venta de bienes de obras pías en Indias y Filipinas”. http:// pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&- txt_id_desc_ud=1339957&fromagenda=N 124 Base de datos de sacerdotes de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica (1750-1850). Centro de Investigaciones Históricas de América Cen- tral, proyecto B1062 “El clero secular en la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica: reformas borbónicas e independencia 1750-1850”, Uni- versidad de Costa Rica. Elaborada por Carmela Velázquez con la ayuda de Félix Alfaro y David Chavarría, 2012. FUENTES PRIMARIAS PUBLICADAS Archivo Nacional de Costa Rica. Índice de protocolos de Cartago. Vol. V, 1785-1817. San José: Imprenta. Nacional, 1918. Archivo Nacional de Costa Rica. Índice de protocolos de Cartago. Vol. VI, 1818-1850. San José: Imprenta Nacional, 1930. BIBLIOGRAFÍA Acuña Ortega, Víctor Hugo e Iván Molina Jiménez. Historia económica y social de Costa Rica (1750-1950). San José: Editorial Porvenir, 1991. Blanco Segura, Ricardo. Obispos, arzobispos y representantes de la santa sede en Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1984. Chacón Hidalgo, Manuel B. “Historia monetaria de Costa Rica en el periodo colonial (1502-1821)”. 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