Rev. Ciencias Sociales 180: 65-90 / 2023 (II) ISSN Impreso: 0482-5276 ISSN ELECTRÓNICO: 2215-2601 EL SICARIATO EN COSTA RICA: UN ACERCAMIENTO A PARTIR DE ESTADÍSTICAS OFICIALES ASSASSINATIONS FOR HIRE IN COSTA RICA: AN ANALYSIS BASED ON OFFICIAL STATISTICS Rodolfo Calderón Umaña* Tipo de documento: artículo académico RESUMEN El artículo brinda un acercamiento al comportamiento del sicariato en Costa Rica, durante los años 2006-2015, para lo cual utiliza un enfoque basado en estadísticas oficiales, entrevistas con funcionarios públicos y herramientas de estadística descriptiva. Los resultados demuestran que estos asesinatos exhiben patrones territoriales y sociodemográficos que replican los del resto de los homicidios intencionales. También se han encontrado indicios sobre la heterogeneidad del fenómeno y de su vinculación con el negocio de las drogas ilícitas. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias efectivas de prevención y control de este tipo de crimen en el país. PALABRAS CLAVE: COSTA RICA * VIOLENCIA * SICARIATO * HOMICIDIO * ESTA- DÍSTICA * CRIMEN ABSTRACT The article provides an approach to the behavior of contract killing in Costa Rica, during the years 2006-2015, for which it uses an approach based on official statistics, interviews with public officials and descriptive statistical tools. The findings demonstrate that these murders exhibit clearly defined territorial and sociodemographic patterns that mirror those of other intentional homicides in the country. Additionally, there are indications of the heterogeneity of this phenomenon and its link to the illicit drug trade. These findings provide a solid foundation for future research and the development of effective strategies for the prevention and control of this type of crime in the country. * Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, Mercedes de Montes de Oca, San José, Costa Rica. https://orcid.org/ 0009-0003-8660-5106 rodolfo.calderon@ucr.ac.cr 66 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) INTRODUCCIÓN Las muertes por contrato son un tipo particular de homicidio intencional en el que el asesino ejecuta a sus víctimas por una re- muneración económica.1 Sin embargo, este es solo el síntoma de un entramado de vio- lencia criminal que trasciende al hecho y a sus protagonistas, para conformar un sistema de posiciones y relaciones sociales en el que la violencia homicida se comercializa, tiene un precio monetario. A este fenómeno, en su conjunto, suele denominársele “sicariato” y, en sus manifestaciones contemporáneas, suele estar asociado y promovido por el desarrollo de otras dinámicas criminales como el negocio de las drogas ilícitas. En el contexto latinoamericano, la po- pularidad del término y la expansión del fe- nómeno se vinculan con los asesinatos que empezaron a contratarse en Colombia duran- te los años ochenta, en el marco del flore- ciente negocio de la cocaína (Montoya, 2009; Schlenker, 2012). En las últimas décadas, el problema no ha hecho más que agudizarse, y se ha extendido a la mayoría de los países de la región, aunque con una intensidad, frecuencia y efectos diferenciados. Esto ha estimulado, también de manera dispar, el surgimiento de una creciente investigación académica sobre el fenómeno. Entre los aspectos que más se han estudiado, destaca, entre otros, la vinculación de estas muertes con el crimen organizado, sobre todo con el negocio de las drogas ilícitas (Betancourt y Castillo, 2019; Chacón, 2020; López, 2022; Martell, 2021; Pontón, 2009), 1 De acuerdo con la Clasificación Internacional del Crimen para Propósitos Estadísticos (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2015) el homicidio intencional se entiende como una muerte causada ilegalmente con el propósito o intención de matar o causar lesiones severas. En la legislación costarricense, los homicidios por remuneración están sancionados por el Inciso 9 del Artículo 112 del Código Penal. así como su representación en la literatura, la música y la televisión (de Bragança, 2015; Ger- mán Van Der Linde, 2016; Schlenker, 2009; Temelli, 2017; Villoria, 2002). Además, se han realizado estudios sobre el perfil psicosocial de los sicarios y el contexto en el que emer- ge la problemática (Cisneros, 2014; Montoya, 2009; Ruíz et al., 2017a; Ruíz et al., 2017b; Yepez, 2015). Muy poca investigación se encuentra, eso sí, en torno a las características de este tipo de muertes (distribución geográfica, mon- tos pactados, etc.), sus víctimas y victimarios (sexo, edad, grados educativos, etc.). De hecho, para este trabajo solo se encontró una publi- cación que aborda el tema utilizando notas de prensa (Carrión, 2009). Asimismo, los regis- tros oficiales, estadísticas en particular, no son una fuente de datos típicamente utilizada en los estudios sobre el sicariato, lo cual parece responder a los problemas de registro y falta de confiablidad que aqueja a estas cifras en la mayoría de los países de la región. En el caso costarricense, existe litera- tura especializada sobre el tema de los homi- cidios dolosos y de su relación con el negocio de las drogas ilícitas (Álvarez, 1994; Bejarano y Sáenz, 2000; Bonilla, 2003; Carranza y So- lana, 2004; Herring et al., 2008; Loría, 2014; Mata y Solano, 2006; Monge-Nájera y Vega, 2012; Rodríguez et al., 2017; Sáenz, 2006, 2010; Vargas et al., 2009; Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convi- vencia y Seguridad Ciudadana (COMESCO), 2017; Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2012, 2014; Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 2013, 2018). Sin embargo, nin- guno de estos trabajos analiza el caso especí- fico de las muertes por encargo y las que sí se refieren al tema, no caracterizan el fenómeno, sino que más bien se centran en analizar as- pectos jurídicos (Rojas et al., 2010) y de políti- ca criminal (Alvarado et al., 2018; Silva, 2016; Solano y Cruz, 2017). KEYWORDS: COSTA RICA * VIOLENCE * CONTRACT KILLINGS * HOMICIDE * STATISTICS * CRIME 67El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) El vacío de conocimiento existente sobre el fenómeno de los asesinatos por en- cargo en el país, su aparente incremento en años recientes y la creciente inquietud en la sociedad costarricense ante este problema, conllevaron a emprender una investigación ex- ploratoria desde la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de esta investigación consiste en identificar y descri- bir, utilizando fuentes de datos disponibles, al- gunas de las características fundamentales de estos homicidios en el país. Específicamente, el enfoque se centra en el análisis de estadísti- cas policiales, sentencias condenatorias y notas de prensa con el propósito de obtener informa- ción relevante y precisa. En virtud de lo anterior, esta pesquisa no pretende ni puede abordar el fenómeno del sicariato en toda su complejidad; ni mucho menos explicarlo, ya sea en términos causales, hermenéuticos, históricos o de cualquier otro tipo. Únicamente busca aproximarse al tema a partir de su manifestación visible (el asesi- nato), con la esperanza de que los resultados obtenidos sienten las bases para desarrollar futuras investigaciones que, a partir de mode- los compresivos y explicativos, puedan generar insumos relevantes para informar el diseño de políticas públicas, dirigidas a controlar y eventualmente reducir este tipo de violencia homicida. Por lo pronto, en este artículo se presen- tan y se discuten resultados parciales de inves- tigación. En concreto, el análisis de los datos contenidos en los Anuarios de Estadísticas Policiales (AEP) que publica el Poder Judicial y que brindan información sobre el hecho y las víctimas, más no así sobre los victimarios. El manuscrito inicia con unas reflexiones teórico- metodológicas, para luego evaluar el alcance y la limitación de los datos empleados. Poste- riormente, se exponen y discuten los resultados de investigación y, finalmente, se ofrecen las principales conclusiones del estudio. 1. ANOTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICO-TÉCNICAS En virtud de la naturaleza exploratoria del proyecto que origina el presente artículo, este no cuenta con un marco conceptual sis- temáticamente formulado, sino que más bien —y según la práctica establecida—, se parte de una concepción general que orienta la recolec- ción y el análisis de los datos. En este caso, la noción de “mercado de la violencia” (Elwert, 1999) que implica, entre otras cosas, la exis- tencia de un sistema de posiciones y relaciones sociales que vincula a un conjunto de actores no estatales entorno a la mercantilización de la muerte. No se trata, entonces, de una con- cepción individualista-utilitaria que vería esta problemática como una mera transacción eco- nómica que acontece entre actores racional- mente motivados por intereses egoístas; libres de cualquier condicionante histórico, social, cultural, etc. Antes bien, lo que se busca es privile- giar una perspectiva sociológica que permita identificar y comprender las dinámicas y los procesos sociales que posibilitan la existen- cia de este fenómeno. Esto significa tomar en cuenta condiciones estructurales, proce- sos subjetivos y las relaciones de condiciona- miento mutuo entre ambos grupos de factores. Por ejemplo, los crecientes procesos de des- igualdad y exclusión social que aquejan a las sociedades contemporáneas (Jock, 1999; Pé- rez-Sáinz, 2014). Las dificultades que encuen- tran los estados para monopolizar con éxito el ejercicio de la violencia y, con ello, el surgi- miento de actores que compiten entre sí y con- tra el Estado para acaparar y administrar este recurso (Arias, 2017; Koonings y Kruijt, 2004; Kruijt, 2015). La subordinación de la vida social a la lógica mercantil (Laval y Dardot, 2013), lo que incluye la comercialización de la violencia (Currie, 1997). Y, por otro lado, la emergencia de sistemas y dispositivos morales que vienen a fundamentar, regular y justificar el uso de la violencia por parte de los diversos actores extraestatales que recurren a ella (Ka- randinos et al., 2014). En este sentido es importante considerar que estos factores o “fuerzas sociales” impac- tan diferencialmente a los diversos grupos que conforman la sociedad, debido a la capacidad y los recursos con que cuenta cada uno de ellos para enfrentarlos. Por esta razón, es dable 68 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) pensar, a modo de hipótesis, que la mercanti- lización de la violencia y de la muerte no se distribuyen aleatoriamente, sino que siguen pa- trones y tendencias observables. Sumado a ello, es preciso distinguir las muertes por contrato de aquellas intrínsecas al funcionamiento de los mercados ilícitos, pues se trata de fenómenos relacionados pero distintos. Una cosa es que un grupo que organiza actividades criminales contrate personas exclusivamente para aniquilar a sus rivales (sicariato) y otra que los miembros de ese grupo recurran al asesinato como parte de su quehacer diario (forma de acumulación primitiva). En virtud de esta distinción es posi- ble considerar que la demanda de los homici- dios por contrato trascienda el mundo criminal y se desborda hacia las relaciones sociales. De ahí que es posible esperar que, personas ajenas al mundo del delito también utilicen estos ser- vicios para resolver sus conflictos personales, familiares, comerciales, etc. (Banco Interame- ricano de Desarrollo (BID), 2013; Montoya, 2009; Schlenker, 2012). Desde esta perspectiva, el análisis de los datos no responde a una mera sistematización de cifras sino más bien a una aproximación reflexiva que busca evaluar la validez de la información empleada, identificar patrones en el comportamiento de los datos, distinguir las muertes por contrato de aquellas ligadas al fun- cionamiento de otros mercados ilícitos y buscar indicios sobre la heterogeneidad del mercado de la muerte en términos de oferta, demanda y modos de operar. Por esta razón, una de las primeras tareas que se realizó, consistió en re- construir, a partir de análisis documental y en- trevistas a funcionarios judiciales, los criterios y los procedimientos utilizados por las autori- dades para generar las cifras sobre homicidios intencionales y por derivación, las relativas a las muertes por contrato. En segundo lugar, dada la ausencia de investigaciones nacionales e internacionales que examinen las estadísticas sobre homicidios por contrato, se utilizó (como recurso meto- dológico y analítico) un contraste sistemático del comportamiento de estas muertes contra lo que sucede con el resto de los homicidios inten- cionales. Esto con el propósito de especificar —a partir de las variables existentes en la fuente de datos utilizada— la dinámica de las muertes por contrato y sus comunalidades con el resto de la violencia homicida del país. En tercer lugar, para el análisis de los datos se recurrió al uso de herramientas de estadística descriptiva; específicamente, el cómputo de razones y pro- porciones, así como coeficientes de correlación de Pearson. 2. EVALUACIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS Los AEP que produce la Sección de Es- tadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial, constituyen, tal y como ya se dijo, la fuente de la cual se extrajeron los datos aquí analizados. Una de las mayores fortalezas de estos compendios es que se generan perió- dicamente y de manera ininterrumpida desde hace más de tres décadas. Sin embargo, regis- tran dos limitaciones muy importantes. Por una parte, omiten datos básicos sobre los hechos de interés. Por ejemplo, información sobre los pre- suntos victimarios, así como también sobre el resultado de las investigaciones policiales. Por otra parte, no consignan los criterios ni los pro- cedimientos utilizados para generar las cifras estadísticas sobre homicidios intencionales y la clasificación de los móviles que a la postre da origen a los datos sobre muertes por contrato. Solventar la primera de estas falencias excede el objetivo de este artículo, ya que ello implica el uso de fuentes distintas a la que aquí se trabaja. Enfrentar la segunda de las limitacio- nes, por el contrario, es una tarea constitutiva de la meta propuesta, ya que, de lo contrario, sería imposible evaluar la calidad y la compa- rabilidad de los datos y, por tanto, precisar los alcances y las limitaciones del trabajo. Desde este punto de vista, dado que este ejercicio no ha sido realizado por ninguna otra investigación en el país —al menos de las que se consultó para este trabajo—, aquí se considera que el mismo constituye un aporte fundamental para la investigación sobre el homicidio intencional en Costa Rica.2 2 Respecto a la necesidad de precisar los criterios que utilizan las entidades nacionales para generar 69El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Para reconstruir los procedimientos y los criterios utilizados por el Poder Judicial, para generar los datos sobre homicidios inten- cionales y su clasificación en distintos móviles —entre los que destaca el de sicariato—, fue necesario realizar análisis documental (AEP e informes conexos) y entrevistas con las per- sonas encargadas de generar las cifras. En este sentido, vale la pena señalar que la primera referencia que existe sobre homicidios remu- nerados en los AEP se remonta al 2001 bajo la clasificación de homicidios por “Contrato de profesional”.3 Estos asesinatos se refieren a aquellos casos en los que “...existe un con- trato doloso en el cual un tercero contrata los servicios de un sicario para dar muerte a una determinada persona” (Poder Judicial de Costa Rica, 2001, p. 82). A partir de este momento, la denominación de estas muertes para fines estadísticos ha variado en cuatro ocasiones: de 1999 a 2004 se utilizó “Contrato de profesio- nal”, de 2005 a 2007 “Por encargo”, de 2008 a 2015 “Presunción de sicariato” y de 2016 a 2022 “Profesional (sicariato)”. Las tres primeras categorías abarcan los datos correspondientes al periodo compren- dido entre 1999-2015 y, únicamente, expre- san un cambio de nomenclatura. Todas ellas se refieren a homicidios por remuneración o promesa de remuneración. Durante este lapso (1999-2015), la elaboración de los datos es- tuvo a cargo de la Sección de Estadística del Poder Judicial y fueron generados utilizando el mismo procedimiento metodológico, de ahí que sean comparables entre sí. Las cifras gene- radas a partir de 2016 pierden comparabilidad con las del periodo 1999-2015, pues, además de un cambio de nomenclatura, la información empieza a generarse por otra instancia del los datos sobre homicidios y su eventual impacto en el desarrollo de estudios comparados, ver Rogers y Pridemore (2023). 3 En el Anuario de 2001 se lee textualmente que: “...El término como tal [refiriéndose a la cate- goría “Contrato de profesional”] es reciente en nuestro país (a excepción de un caso registrado ya hace varios años atrás), pues a partir del año 1999 el fenómeno reaparece” (Poder Judicial de Costa Rica, 2001, p. 82). Poder Judicial: la Unidad de Análisis Criminal (UAC) de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con criterios distintos a los utilizados hasta ese año por la Sección de Estadística del Poder Judicial. El procedimiento empleado por la Sec- ción de Estadística del Poder Judicial para clasificar el móvil de los homicidios intencio- nales ocurridos durante el periodo 1999-2015, fue el siguiente —esto según declaraciones del funcionario que estuvo a cargo del proce- so—. Cada vez que ingresaba el reporte de una muerte que se pensaba era un homicidio, el personal de la Sección de Estadísticas consul- taba los datos del Departamento de Medicina Forense (resultados de autopsia), para estable- cer que efectivamente se trataba de un homi- cidio. Luego se revisaba el expediente policial y se entrevistaba a las personas encargadas del caso (investigadores policiales y fiscales) para determinar el móvil. Este primer escenario se utilizaba cuando el homicidio tenía suficientes elementos para iniciar una investigación poli- cial (caso con indicio). En los homicidios donde no existían suficientes elementos para iniciar una inves- tigación policial (casos sin indicios) se seguía el mismo procedimiento. La única diferencia es que, en vez de revisar el expediente po- licial, personal de la Sección de Estadística entrevistaba a familiares de la víctima y a los agentes policiales encargados del caso; esto para intentar clasificar el móvil del homicidio. En ambas situaciones (casos con y sin indi- cios para investigación policial), cuando no era posible determinar el móvil del homicidio siguiendo el procedimiento descrito, entonces los asesinatos se clasificaban como “ignora- dos” (M. Solano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020).4 Con base en lo expuesto, resulta claro que la determinación preliminar del móvil 4 Nótese que se trata de una clasificación prelimi- nar con fines estadísticos, pues la clasificación definitiva del móvil del homicidio solo se podría establecer una vez concluida la investigación policial, finalizado el juicio correspondiente y emitida una sentencia con condenatoria en firme. 70 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) o causa del homicidio era el resultado de un proceso sistemático de recolección y análisis de datos por parte del personal del Depar- tamento de Planificación del Poder Judicial. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que algunos de los asesinatos ejecutados bajo los parámetros de remuneración o promesa de remuneración, pudieran quedar errónea- mente clasificados bajo otros móviles. Esto es particularmente cierto para aquellos homici- dios agrupados en la categoría “problema por drogas”5 y, si bien, estos casos eventualmente se podrían reclasificar según avanzara la in- vestigación, ello resultaba casi imposible debi- do al bajo porcentaje de resolución de este tipo de casos (M. Solano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). A partir de 2016, como se mencionó, la determinación del móvil de los homicidios dolosos empieza a ser realizada por la Unidad de Análisis Criminal del OIJ (M. Solano, co- municación personal, 26 de setiembre de 2020; R, Zúñiga y O. Corrales, comunicación perso- nal, 16 de noviembre de 2021) y la reporta a la Sección de Estadística del Departamento de Planificación del Poder Judicial. De hecho, en el Anuario de Estadísticas Policiales de 2016 se menciona que hubo un cambio de meto- dología que implicó una “…variación en los procedimientos utilizados para la recopilación de las estadísticas policiales en el último año, prescindiendo de los métodos manuales, tra- dicionalmente utilizados en el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación…” (Poder Judicial de Costa Rica, 2016, p. 5). Sin embargo, este documento no explica ni detalla en qué consistió esa transformación, ni tampo- co los efectos que ella tuvo sobre los datos, por lo que fue necesario una nueva entrevista, pero ahora con el personal de la UAC, para conocer el nuevo procedimiento y criterio de genera- ción de datos y clasificación de móviles. 5 “Problema por drogas” se refiere a aquellos casos en los que el acreedor mata al deudor por un asunto de drogas. Se lo clasifica como “pro- blema de drogas” y no como “sicariato”, porque el acreedor no está contratando a nadie para que ejecute al deudor (M. Solano, comunicación per- sonal, 26 de setiembre de 2020). Según los funcionarios de la UAC, el nuevo procedimiento conlleva tres etapas. En la primera, el personal de la UAC efectúa una clasificación preliminar de los homicidios con base en una entrevista a las o los investiga- dores que llevan el caso. Luego se corrobora que efectivamente se trate de un homicidio, para lo cual se utilizan los datos de la autopsia generados por Medicina Forense y, si no se puede establecer el tipo de homicidio según las categorías utilizadas por la UAC, entonces el caso se clasifica como “ignorado” o “indeter- minado”. Por último, en la tercera etapa, una vez concluida la investigación policial (esto para los casos con indicios), se revisa la clasifi- cación preliminar del móvil, para confirmarlo o reclasificarlo según sea el caso (R. Zúñiga y O. Corrales, comunicación personal, 16 de noviembre de 2021). Resulta claro, entonces, que al igual que sucedía con la metodología utilizada por la Sección de Estadística del Poder Judicial hasta 2015, aquí también hay un procedimiento ri- guroso y sistemático para clasificar el móvil de los homicidios dolosos. Sin embargo, de nueva cuenta, en este caso también existe la posibilidad de que asesinatos que responden a la figura de remuneración o promesa de re- muneración queden erróneamente clasificados en otras categorías. De hecho, la probabilidad de que esto ocurra ahora es mayor que antes, debido a la creación, a partir de 2016, de la categoría “Ajuste de cuentas y venganza”, pues en ella se incluyen todos los homicidios rela- cionados con problemas de drogas o “grupos delincuenciales organizados”.6 El problema con este procedimiento es que habría una cantidad de casos que a pesar de estar relacionados con drogas y “grupos organizados”, más bien parecen responder a homicidios por contrato, lo cual constituye una hipótesis razonable si se tienen en cuenta las siguientes razones. Primero, que, según un 6 La categoría “Ajuste de cuentas y venganza” se refiere a los asesinatos “…en los cuales existió diferencias interpersonales o mediaron circuns- tancias relacionadas con temas de drogas o grupos delincuenciales organizados” (O. Corrales, comu- nicación personal, 19 de noviembre de 2021). 71El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) informe de la misma Policía Judicial, en Costa Rica existen grupos de individuos dedicados al sicariato que ofrecen sus servicios a otros grupos y “…en menor medida, pueden formar parte de la planilla de los grupos criminales locales y realizar tareas de recuperación de droga y ajuste de cuentas” (Organismo de In- vestigación Judicial (OIJ), 2013, p. 5). Esto significa que no hay que asumir que todos los homicidios relacionados con drogas o grupos delincuenciales organizados no impliquen la contratación de un tercero para ejecutar a las víctimas. Segundo, de acuerdo con los datos de los AEP, dentro de las “ocupaciones” de las víctimas por homicidio contratado, las que reportan un mayor peso porcentual son las de “Narcotraficante” (20%) y “Vendedor de droga” (17%), lo que refuerza la tesis ante- rior.7 Tercero, debido a que el porcentaje de no resolución de los homicidios por “Ajuste de cuentas y venganza” ronda la mitad de los casos (44,5%), una eventual reclasificación del caso es altamente improbable.8 Esto significa que una cantidad desconocida de homicidios relacionados con drogas o grupos que organi- zan actividades criminales responderían más a la categoría de sicariato que a la de “Ajuste de cuentas y venganza”. La entrevista y las consultas posteriores con el personal de la UAC permitieron conocer otros aspectos importantes para los objetivos de este trabajo. Primero, que a partir de 2016 hubo un cambio en la nomenclatura que se venía utilizando desde 1999, para clasificar el móvil de todos los homicidios dolosos. Esto implicó, entre otras cosas, que los homici- dios relacionados con remuneración o prome- sa de remuneración empezaron a registrarse con la etiqueta de “Profesional (sicariato)” y que se creara una nueva categoría: “Ajuste de cuentas, venganza”9 que ahora absorbe, en 7 Cfr. Imagen 7. Sección Análisis de datos. 8 Cfr. Tabla A2 del Anexo metodológico. 9 “Ajuste de cuentas” se usó en 2016 y 2017, luego se cambió por “Ajuste de cuentas y venganza”, pero no fue posible determinar a qué respondió este cambio en el nombre de la categoría. No promedio, casi el 50% del total de los homici- dios intencionales.10 Segundo, que el número de homicidios remunerados (“Profesional”) se desplomó a partir de 2016 —pasó de un promedio de 29 casos por año, para el periodo comprendido entre 2006-2015, a un promedio anual de 3,2 en el periodo 2016-2020—,11 lo cual parece responder al cambio introducido en la metodo- logía para clasificar el móvil de los homicidios dolosos, antes que a una reducción efectiva de tales asesinatos. Esta hipótesis toma fuerza al contrastar los datos sobre homicidios remu- nerados que generó la UAC y la Sección de Estadística, simultánea e independientemente entre 2014 y 2015, utilizando cada una de ellas su propia metodología. Mientras la primera fuente consigna un total de 2 homicidios re- munerados para cada uno de estos años (R. Zúñiga y O. Corrales, comunicación personal, 16 de noviembre de 2021), la segunda reportó 31 casos en 2014 y 48 en 2015 (Poder Judicial de Costa Rica, 2015, 2016). La conclusión más importante de lo que se ha dicho hasta aquí es que los datos pierden comparabilidad a partir de 2016, como efecto de los cambios introducidos en el proceso de clasificación de los móviles para los casos de homicidio intencional. Sumado a estos proble- mas es necesario tomar en cuenta el subregis- tro que puede estar afectando a estas cifras, debido a que no necesariamente la totalidad de homicidios intencionales llega a conocimiento de las autoridades.12 En Costa Rica, este tema no ha sido objeto de estudio, por lo que a la fecha es imposible saber cuál es su impacto sobre la información utilizada. Lo más cercano está claro si se trató solo de una modificación en el nombre o si esto conllevó incluir, en la nueva categoría, homicidios que no se estaban incluyen- do en ella hasta ese momento. 10 Cfr. Tabla A1 del Anexo metodológico. 11 Cfr. Imagen 1. Sección Análisis de datos. 12 Este es un problema consustancial de las esta- dísticas criminales, por lo que no es exclusivo de las cifras sobre homicidio ni para el caso de Costa Rica. 72 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) a esta preocupación es un trabajo en el que se afirma que: Ni los Anuarios del OIJ ni la Sección de Patología Forense cuentan con lista- dos completos de personas muertas por homicidio. Una de las causas identifica- das de este subregistro es que a las per- sonas que mueren hospitalizadas se les practica la autopsia en estos centros, por lo que no aparecen en los listados de la Sección de Patología Forense (Carcedo y Sagot, 2000, pp. 15-16). El problema con esta aseveración, sin embargo, es que desconoce la existencia de un protocolo que obliga a los centros hospitala- rios a informar a las autoridades judiciales, en un plazo máximo de 6 horas, sobre cualquier deceso que haya ocurrido en esos recintos como efecto de causas violentas acaecidas en circunstancias “sospechosas”. Esto con el fin de garantizar el levantamiento y el traslado del cuerpo por parte del OIJ, hacia la morgue judicial, para que se practique la autopsia y se determine la causa de muerte. Por ende, tal subregistro no existiría, ya que esos casos sí se consignan en las estadísticas oficiales (M. So- lano, comunicación personal, 26 de setiembre de 2020). En trabajos futuros será necesario abor- dar esta problemática. Una posible línea de trabajo sería contrastar el número de los homi- cidios dolosos reportados en los AEP, contra la información de muertes violentas registrada en las Estadísticas Vitales (procedimiento que ya es práctica común en países como los Estados Unidos)13 y la relacionada con personas desa- parecidas. A este respecto, vale mencionar que en Costa Rica hay investigaciones sobre homi- cidios dolosos que no utilizan las estadísticas policiales sino más bien las estadísticas vita- les14, lo que muestra la utilidad de estos datos para los propósitos indicados. Por el momento, lo que se puede decir es que, a pesar del subregistro que puede estar 13 Cfr. Corzine (2011). 14 Cfr.Herring et al. (2008). pesando sobre las cifras de homicidio doloso en Costa Rica, existe una serie de factores que relativizan el problema y llevan a pensar que, si bien, los datos son limitados y es necesario tomarlos con prudencia. También es cierto que esas falencias son insuficientes para desesti- marlos o invalidar por completo los hallazgos que de ellos se obtengan. Dentro de esos fac- tores se pueden mencionar los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento que existe en la literatura especializada sobre el hecho de que las cifras de homicidios tienden, pese a su inexactitud, a ser las más confiables dentro de las estadísticas criminales, debido a la grave- dad del hecho que registran (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). En segundo lugar, para el caso de Costa Rica, la existencia de un procedimiento ri- guroso para registrar y clasificar los homici- dios intencionales garantiza datos confiables, pese a las limitaciones indicadas. En tercer lugar, un estudio de 2012 (Monge-Nájera y Vega, 2012) logró establecer que para el 2008, año en el que se centró la investigación, hubo una coincidencia exacta entre el número de homicidios registrados en el Anuario de Es- tadísticas Policiales y la cantidad de casos reportados en los diarios La Nación y La Extra de esa fecha. Evidentemente, esto no significa que las autoridades hayan conocido, en ese momento, todos los homicidios dolosos ejecu- tados en el país. Pero al menos indica que en ese año, todos los casos acreditados por los ro- tativos utilizados en el estudio también fueron registrados y reportados por las autoridades judiciales. 3. ANÁLISIS DE LOS DATOS Para su procesamiento y análisis, los datos fueron compilados e integrados en una base de datos que, a su vez, constituye la fuen- te principal de información y cálculos pre- sentados en este acápite. Con fines analíticos y expositivos, las cifras se organizan en dos secciones. La primera sistematiza la informa- ción relacionada con el evento propiamente dicho; esto es, total de casos registrados, dis- tribución geográfica por provincia, cantón y distrito, lugar en el que fueron ejecutados los 73El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) homicidios y, el tipo de arma empleado. La segunda presenta las características sociode- mográficas de las víctimas; en concreto: sexo, grupo de edad, estado civil, país de origen y ocupación.15 En cada uno de los apartados se realiza un contraste sistemático con las cifras corres- pondientes al resto de los homicidios dolosos. Al proceder de esta forma es posible identifi- car similitudes y diferencias entre ambos tipos de muerte; así como también, aislar de mejor manera, los elementos que distinguen y par- ticularizan a los asesinatos contratados, pero sin perder de vista su relación con el contexto general de violencia homicida en el país. 15 Desafortunadamente, y como ya se indicó, los AEP no incluyen ningún dato relacionado con los presuntos victimarios de estas muertes, lo que constituye una enorme limitación para su estudio. 3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMICIDIOS REMUNERADOS EN COSTA RICA Casos registrados La figura 1 revela la existencia de 3 pe- riodos en el comportamiento de los homicidios remunerados. El primero (1999-2004) se ca- racteriza por una tendencia general al aumento de los casos, así como por un peso porcentual relativamente bajo de estas muertes dentro del total de homicidios dolosos: menos de 5 casos al año, lo que representa menos del 2% anual de todos los homicidios intencionales del ciclo analizado. La segunda etapa (2006-2015) está marcada por fuertes variaciones interanuales, así como por un incremento sustantivo, en tér- minos absolutos y relativos, de estos casos. En esta fase se registran, en promedio, 30 homi- cidios remunerados por año, lo que representa poco más del 6% anual del total de homicidios intencionales del país. Figura 1. Homicidios dolosos según tipo y tasa por cada 100 000 personas, 1999-2020 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 1999-2020 y sistema de consultas del INEC. https://inec.cr/ sistemas-de-consulta. Nota: R.H. Dolosos= Resto de homicidios dolosos. H. Remunerado= Homicidios remunerados. La tercera (2016-2020) se distingue por un desplome de las cifras. El número de casos de 2020 se redujo, con respecto a 2015, en casi un 90%. Este último periodo reporta los valores más bajos de toda la serie de tiempo analizada (1999-2020). Ello es realmente sor- prendente, si se tiene en cuenta que esto no ocurre con el resto de los homicidios dolosos, ni tampoco con la tasa general de homicidios intencionales (casos por sicariato más resto de muertes dolosas). Por el contrario, el resto de 74 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) los homicidios dolosos registra un incremento del 11% y la tasa de muertes intencionales se mantuvo bastante estable entre 2014 y 2020 (11,4 en promedio), lo que implica un aumento respecto a la tasa media de 2011-2013 que fue de 9 por cada 100 000 personas. Esta tercera etapa, hay que recordar, coincide con la modificación introducida a partir de 2016 para producir los datos. De ahí que la magnitud en la caída que registran los homicidios remunerados, parece ser el resul- tado de esta situación. De hecho, entre 2016 y 2017, el resto de los homicidios dolosos y la tasa general de homicidios intencionales más bien aumentó. Si bien, ambos indicadores se reducen entre 2018 y 2020, lo hacen muy poco. De igual manera, tampoco se encontró infor- mación que lleve a pensar que este descenso responda al desarrollo de alguna intervención especialmente diseñada por las autoridades competentes para tales efectos. Tomando en cuenta la subestimación de homicidios remunerados que se podría estar generando a partir de 2016 —esto como efecto del cambio metodológico introducido en ese año—, se intentó estimar el valor que podrían haber alcanzado estas muertes durante 2016- 2020, sino se hubiera cambiado la metodología de construcción del dato. Sin embargo, por la variabilidad que reportan las cifras durante el periodo 1999-2015, no se logró modelar ade- cuadamente el comportamiento de los datos, tal y como se muestra en la Figura A1 del Anexo metodológico. De ahí que fue imposible realizar la proyección para 2016-2020. El resto de los homicidios intencionales, por su parte, exhibe cuatro fases. La primera (1999-2009) muestra una tendencia al aumento en el número de casos, lo cual se corresponde con una subida en la tasa general de muertes intencionales16. La segunda (2010-2013) mues- tra un descenso sostenido en el número absolu- to de casos y se corresponde con una bajada en 16 El comportamiento de la tasa general de homi- cidios intencionales está determinado por lo que sucede con el resto de los homicidios dolo- sos, debido a su peso en el total de muertes intencionales. la tasa general de muertes dolosas. La tercera (2014-2017) reporta un aumento en el número de casos que se corresponde con un incremen- to de la tasa general. Y, por último, entre 2018- 2020 se observa una ligera disminución en el resto de los homicidios dolosos. Pero, a pesar de ello, sus valores son superiores a los de las fases previas. Al comparar la dinámica de ambos tipos de homicidios se obtienen dos escenarios di- ferentes, según el periodo de estudio que se escoja. Si se analizan las cifras para el conjun- to de los años (1999-2020), el coeficiente de correlación de Pearson no resulta significativo (r=0.119; p=0.598). Esto significa que ambos tipos de muerte se comportan de manera inde- pendiente. Pero si se excluyen del cálculo los datos de 2016 a 2020 (periodo que correspon- de con el cambio metodológico para elaborar los datos), la situación cambia sustancialmente. Ahora, el coeficiente de correlación de Pear- son para el periodo 1999-2015, arroja una rela- ción directa y significativa (r=0.741; p=0.001), lo que quiere decir que incrementos en uno de estos tipos de homicidio se acompañan de aumentos proporcionales en el otro. Estos resultados, así como la información discutida en la sección anterior, parecen insinuar que la nueva metodología para clasificar los homici- dios remunerados podría estar experimentando inconsistencias importantes. Sumado a lo anterior, es importante mencionar que al igual que 2016, pero por razones distintas, el 2006 representa un verda- dero punto de inflexión en el comportamiento de los datos sobre homicidio remunerado. La variación interanual que se registró entre 2005 y 2006, implicó que estos homicidios aumen- taran poco más de cuatro veces. Pero, además, luego de ese año y hasta 2015, los datos nunca regresaron a los valores previos. Esto ni siquie- ra en los 3 años en que se registró la menor cantidad de homicidios por encargo; de ahí que, en próximas investigaciones sea necesario ahondar en las razones que podrían explicar este aumento. En virtud de lo expuesto hasta aquí, el análisis de los datos estadísticos sobre homi- cidios remunerados se va a circunscribir al 75El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) periodo comprendido entre 2006 y 2015. El primero de estos años se escoge por las razo- nes antedichas, así como por el hecho de que la información obtenida para el ciclo 1999-2005 no contiene el grado de detalle que registran los datos a partir de 2006.17 El segundo año queda fijado porque los datos producidos a partir de 2016 dejan de ser comparables con los existentes, debido a los cambios metodoló- gicos que se ejecutaron a partir de ese momen- to y que ya fueron discutidos.18 Distribución geográfica y espacial La tabla 1 revela que las provincias de San José y Limón constituyen, en ese orden, las dos provincias más afectadas por los ho- micidios remunerados y por el resto de las muertes intencionales, pero con una clara he- gemonía de la capital que prácticamente dupli- ca las cifras de Limón. En su conjunto, estas dos provincias absorben casi 7 de cada 10 homicidios remunerados y prácticamente 6 de cada 10 del resto de los homicidios dolosos. En contraste, Heredia y Cartago son las provincias menos afectadas por los homicidios remunera- dos y, en lo correspondiente al resto de homi- cidios dolosos, Cartago y Guanacaste ostentan esa condición. 17 Para 1999-2005 solo se obtuvo información del total de casos, sin desagregación para las varia- bles relacionadas con las características del caso ni de la víctima. 18 Esta pérdida de comparabilidad se produce úni- camente en lo que respecta a la clasificación de los móviles y en nada afecta el conteo total de los homicidios intencionales. Tabla 1. Homicidios dolosos según tipo y provincia, 2006-2015 PROVINCIA HOMICIDIOS REMUNERADOS RESTO DOLOSO Abs % Abs % San José 118 45,4 1611 42,0 Limón 62 23,8 758 19,7 Puntarenas 38 14,6 412 10,7 Alajuela 21 8,1 424 11,0 Guanacaste 9 3,5 188 4,9 Cartago 6 2,3 212 5,5 Heredia 6 2,3 233 6,1 Total 260 100,0 3838 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015. Asimismo, resalta que, de las cuatro provincias con más cantidad de homicidios remunerados, dos de ellas se encuentran ubi- cadas en zonas costeras: Limón y Puntarenas, mientras que en lo que respecta al resto de ho- micidios dolosos, tres de las cuatro provincias con mayor incidencia de este tipo de muertes pertenecen al Gran Área Metropolitana. En términos cantonales, los datos de la figura 2, revelan esta información. 76 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Figura 2. Cantones más afectados por violencia homicida, según tipo de muerte, 2006-2015 Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Nacional (2017) y Poder Judicial (2006-2015). Primero, se puede observar que diez cantones absorben dos terceras partes del total de los homicidios dolosos que se ejecutan en el país. Segundo, que cinco de esos diez can- tones pertenecen a San José y, en promedio, concentran una tercera parte del total de los homicidios dolosos registrados en el territorio nacional. Tercero, que los cantones centrales de San José y Limón son los más afectados por ambos tipos de muerte. Pero a diferencia de lo que ocurre en términos provinciales, donde la capital supera a la región caribeña en ambos tipos de homicidio (casi la duplica); en el plano cantonal, el orden varía según el tipo de ho- micidio. Limón ocupa el primer lugar en lo que a muertes contratadas se refiere y supera al cantón josefino por una mínima diferencia (poco más de un punto porcentual). San José, sin embargo, toma el primer lugar en lo que al resto de homicidios dolosos incumbe, superan- do al cantón central de Limón por un margen amplio de casi el doble. Cuarto, también so- bresale la presencia del fronterizo cantón de Corredores como el cuarto más impactado por los asesinatos remunerados. En términos distritales, lo más sobre- saliente es la hegemonía de Limón en ambos tipos de homicidios; así como el hecho de que la mayoría de los otros distritos del país que se ven más afectados por ambos tipos de muerte 77El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) pertenece a la provincia de San José. De ellos, seis repiten en las dos modalidades de homici- dio, pero con pesos porcentuales distintos. Este es el caso de Pavas, Hatillo, San Sebastián, Hospital, León XIII y Purral. Sobre este parti- cular, merece la pena destacar, como se obser- va en la Figura 3, la proximidad espacial de 3 de esos 6 distritos josefinos (Pavas, Hatillo y San Sebastián), ya que es posible apreciar que se conforma una especie de “corredor de vio- lencia homicida” en el suroeste de la capital. A este “corredor” viene a agregarse al epicentro de violencia homicida que existe en el distrito central de Limón. Figura 3. Distritos más afectados por violencia homicida, según tipo de muerte, 2006-2015 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015. Nota: Las imágenes de la izquierda corresponden a homicidios remunerados y las de la derecha al resto de los homicidios dolosos. San Miguel pertenece al cantón de Santo Domingo de Heredia y San Francisco al cantón central de Heredia. 78 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Estas observaciones, sin embargo, no deberían minimizar la participación del dis- trito de Canoas, ubicado en la provincia de Puntarenas, como el segundo distrito de im- portancia en lo que a muertes por contrato se refiere, pues es llamativo que sean un distrito costero y otro fronterizo los más impactados por este flagelo. Lo descrito es bastante consistentes con los resultados obtenidos por otra investigación que analizó el comportamiento espacial de los asesinatos intencionales en Costa Rica, durante el periodo 2014-2016 (Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2018).19 Este trabajo de- mostró, a partir de la utilización de técnicas geoestadísticas, que Pavas, Hatillo y San Se- bastián, conforman, junto con otros distritos del cantón de San José, un conglomerado terri- torial con altas tasas de violencia homicida. Lo mismo ocurre con el distrito de Limón, pues este, a su vez, forma un conglomerado de alta violencia homicida en asocio con los distritos Valle de La Estrella y Carrandi, todos ellos pertenecientes al cantón de Limón. De hecho, se ha señalado que las tasas de homicidios in- tencionales de este cantón son similares a las de algunos municipios de El Salvador, Hondu- ras y Guatemala; es decir, de los países de la región centroamericana con mayor violencia homicida (Consejo Nacional de Rectores (CO- NARE), 2019). 19 Nótese que este trabajo analiza la tasa de homi- cidios intencionales sin diferenciar los resultados según el móvil de la muerte; esto por cuanto eso no formaba parte de sus objetivos. La investigación referida también de- mostró, a partir de ejercicios econométricos, que los distritos con mayores tasas homici- das del país reportan, entre otros, altas tasas de desempleo abierto y pobreza; así como porcentajes altos de población entre 15 y 30 años, de población entre 18 y 30 años que no ha finalizado el noveno año, de madres ado- lescentes y, de población migrante. La ponde- ración geográfica de los modelos utilizados permitió observar, asimismo, que estas varia- bles se comportan diferencialmente según la ubicación territorial de los clúster. Por ejemplo, en los conglomerados de la Gran Área Metro- politana, la Región Caribe y el Pacífico Cen- tral, cobran preponderancias variables como la densidad de población, el porcentaje de madres adolescentes y el desempleo abierto (Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), 2018). Con respecto al lugar de ejecución de los homicidios dolosos, la tabla 2, revela que, sin importar el tipo de asesinato, casi el 50% de ellos ocurre en la vía pública. En las muer- tes por contrato, llama la atención que más del 16% se ejecuta dentro de vehículos particula- res; sitio que ocupa, en términos porcentuales, el segundo lugar de importancia dentro del total de este tipo de muertes. 79El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Tabla 2. Homicidios dolosos, según lugar de ejecución y tipo de asesinato, 2006-2015 LUGAR TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADOS RESTO DOLOSOS Abs % Abs % Vía pública 125 48,1 1814 47,3 Vehículo particular 43 16,5 241 6,3 Casa 33 12,7 712 18,6 Semipúblico 26 10,0 332 8,7 Abierto 14 5,4 244 6,4 Instalaciones privadas 10 3,8 278 7,2 Otros 9 3,5 217 5,7 Total 260 100,0 3838 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015. Nota: Semipúblico: espacio privado destinado al uso público, por ejemplo, centros o locales comerciales. Instalación privada: oficinas, parqueos privados, etc. Abierto: ríos, montaña, playa, etc. En contraste, los vehículos particulares ocupan el sexto lugar en la comisión del resto de homicidios dolosos (6,3%) y la vivienda pasa a ocupar el segundo puesto de impor- tancia. Este último dato no dista mucho de lo reportado en los homicidios por contrato, ya que, en este caso, la vivienda ocupa el tercer lugar, pero con un peso porcentual inferior al del resto de homicidios dolosos. Los resultados obtenidos sobre el lugar de ocurrencia de las muertes por encargo en Costa Rica empatan bastante bien con lo en- contrado en un estudio sobre el sicariato en Ecuador (Carrión, 2009). En este también se descubrió que los tres lugares donde se ejecu- tan estas muertes con mayor frecuencia son, en orden de importancia, la vía pública, al interior de vehículos automotores y en la casa de la víctima. Por otra parte, los datos de la figura 4 muestran que casi la totalidad de los asesina- tos remunerados (9 de cada 10) se ejecutaron con un arma de fuego —mayoritariamente pistolas nueve milímetros y revólveres calibre 38— y solo en una pequeña proporción se recurrió a armas blancas u otros objetos entre los que destaca la fuerza física. Estas mismas tendencias se reportaron en el caso del resto de homicidios intencionales, pero con variaciones porcentuales importantes respecto a los asesi- natos contratados. Las armas de fuego dismi- nuyen casi 30 puntos porcentuales, las armas blancas aumentan más de 15 puntos porcen- tuales y la categoría “otras” se triplica. 80 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Figura 4. Armas utilizadas, según tipo de homicidio doloso, 2006-2015 TIPO DE ARMA TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADO RESTO DOLOSO ABS % ABS % Fuego 229 88,1 2353 61;3 Pistola 9mm 111 48,5 818 34,8 Revólver 38 45 19,7 758 32,2 Resto armas de fuego 73 31,9 777 33,0 Blanca 13 5,0 807 21,0 Cuchillo 10 84,6 617 76,5 Machete 3 25,4 102 12,6 Resto arma blanca 0 0 84 10,4 Otras 12 4,6 543 14,1 Fuerza corporal 5 411,7 269 49,5 Resto otros objetos 7 58,3 273 50,3 Ignorado 6 2,3 135 3,5 Total 260 100,0 3838 100 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015. Esta hegemonía en el uso de las armas de fuego no es una característica exclusi- va de los homicidios intencionales en Costa Rica. Sin embargo, la proporción que regis- tra sí llama la atención, puesto que supera por mucho la media mundial (52%) y la que corresponde al continente americano (75%) (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019); situación que se agrava para los homicidios remunerados. En el caso de las armas blancas, la proporción de homicidios intencionales que se comete en el país con este tipo de instrumento coincide con la proporción que se registra mundialmente. Pero, a nivel global, estas ocupan el tercer lugar en el ran- quin de instrumentos utilizados para dar muer- te a otra persona mientras que en Costa Rica se ubican en el segundo lugar (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). En este sentido, vale la pena destacar, para el caso de los asesinatos remunerados, que el uso de armas blancas y de fuerza física, podría ser un indicador de falta de profesionalización y heterogeneidad a lo interno de este mercado de la muerte. Tema que ha sido señalado en algunas investigaciones que vinculan este tipo casos con la resolución de conflictos sociales y no tanto con el desarrollo de actividades cri- minales organizadas (Arruda de Paula, 2009; Carrión, 2009). Características de la víctima En relación con las características de las víctimas por asesinatos remunerados (figura 5), el primer aspecto por destacar es que más de 9 de cada 10 son hombres; tendencia que se mantiene con una ligera disminución porcen- tual en el resto de los homicidios dolosos. Esto implica, a su vez, que el número de mujeres que muere por homicidio remunerado es de 3,5 puntos porcentuales menor que el derivado del resto de homicidios dolosos. Sumado a lo ante- rior, destaca el hecho de que las víctimas feme- ninas en los homicidios remunerados reportan mayores fluctuaciones interanuales en contras- te con el resto de los homicidios dolosos; de hecho, el rango de variación va de 0 casos en 2007 hasta 23 en 2009. Claramente, los hom- bres están sobrerrepresentados con respecto 81El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) a las mujeres en su condición de víctimas de homicidio doloso (remunerado o no) y esta es una característica que se muestra invariante en las distintas regiones del planeta. Pero en proporciones distintas a las que registra el país, ya que en términos globales esta es de 8 a 2 (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019) mientras que, en Costa Rica, el promedio para ambos tipos de muerte (re- munerada o no), es de 9 a 1.20 20 El predominio de hombres en el total de víctimas de homicidios dolosos es un patrón que surge en y se consolida luego de la segunda postguerra mundial (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). Figura 5. Homicidios dolosos según tipo, año y sexo de la víctima, 2006-2015 AÑO TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADOS RESTOS DOLOSOS Masculino Femenino Masculino Femenino Abs % Abs % Abs % Abs % 2006 23 88,5 3 11,5 283 87,1 42 12,9 2007 14 100 0 0,0 318 89,6 37 10,4 2008 Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd 2009 10 76,9 3 23,1 456 89,1 56 10,9 2010 39 97,5 1 2,5 427 87,7 60 12,3 2011 14 82,4 3 17,6 396 86,7 61 13,3 2012 35 94,6 2 5,4 322 87,0 48 13,0 2013 33 97,1 1 2,9 342 90,7 35 9,3 2014 30 96,8 1 3,2 396 88,8 50 11,2 2015 46 95,8 2 4,2 469 92,1 40 7,9 Media 27 92,2 2 7,8 379 88,7 48 11,3 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015. En lo referente al estado civil (figura 6), los datos para homicidio remunerado y resto de homicidio doloso reportan una misma tendencia: la mayoría de las víctimas son per- sonas solteras, seguidas por aquellas en unión de hecho y, en menor medida, personas ca- sadas. Ahora bien, al igual que ha ocurrido con las otras variables hasta aquí descritas, en este caso también hay diferencias numéricas importantes entre ambos grupos de homici- dios: personas solteras y casadas reportan un peso porcentual menor en los homicidios re- munerados si se les compara con los valores del resto de homicidios dolosos, mientras que las uniones de hecho superan en 13 puntos porcentuales las cifras del resto de homicidios dolosos. 82 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Figura 6. Homicidios dolosos, según tipo y estado civil de la víctima, 2006-2015 ESTADO CIVIL TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADO R. DOLOSO ABS % ABS % Soltero 120 46,2 2109 55,1 U. de hecho 87 33,5 789 20,6 Casado 36 13,8 708 18,5 Divorciado 14 5,4 158 4,1 Otros 3 1,2 65 1,7 Total 260 100,0 3829 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015. Con respecto a la edad de las víctimas, la información disponible (Figura 7) muestra que más del 90% de quienes murieron a causa de un homicidio remunerado entre 2006 y 2015 se encontraban en edades comprendidas entre los 15 y los 49 años y, el aporte más significativo a esa cifra lo realizó el grupo de edades que se extiende de los 20 a los 34 años (55%). Esta tendencia también se repite en el resto de los homicidios dolosos, pero con un peso porcentual menor, tanto en el conjunto de edades comprendidas entre los 15 y 49 años (81%) como para el grupo de 20 a 34 (47%). Figura 7. Homicidios dolosos, según tipo y grupo de edad de la víctima, 2006-2015 GRUPOS DE EDAD TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADO RESTO DOLOSO ABS % ABS % 15-17 7 2,7 151 3,9 18-19 11 4,2 216 5,6 20-24 49 18,8 645 16,8 25-29 48 18,5 628 16,4 30-34 46 17,7 518 13,5 35-39 30 11,5 374 9,7 40-44 32 12,3 314 8,1 45-49 13 5,0 258 6,7 50-65+ 23 8,8 628 16,4 0-14 1 0,4 106 2,76 TOTAL 260 100,0 3838 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015. 83El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) Al contrastar los valores antedichos con- tra el peso de estos grupos de edad en la es- tructura poblacional del país, resulta claro que ellos se encuentran ampliamente sobrerrepre- sentados en su condición de víctimas. En el pe- riodo que va de 2006 a 2015, las personas con edades entre 15 y 49 años fueron, en promedio, menos del 50% del total de habitantes del país (48,6%) y el grupo de 20 a 34 años, apenas un poco más de una cuarta parte (26%). Esto significa que su aporte al total de víctimas de homicidio doloso en el país (sin importar que se trata de muertes contratadas o no), casi que duplica su peso en la estructura de población. La sobrerrepresentación de estos grupos de edad en el total de víctimas por homicidio intencional también es una característica in- variante en las diferentes regiones del mundo, pero con un mayor peso en el continente ame- ricano (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). Tabla 5. País de origen de la víctima, según tipo de homicidio, 2006-2015 PAÍS DE ORIGEN TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADO RESTO DOLOSOS ABS % ABS % Costa Rica 211 81,2 3053 79,5 Nicaragua 21 8,1 521 13,6 Colombia 14 5,4 70 1,8 Panamá 8 3,1 49 1,3 Otros 6 2,3 145 3,8 Total 260 100,0 3838 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial. 2006-2015. En cuanto al país de origen de las víc- timas, los homicidios remunerados siguen la misma tendencia que el resto de los homicidios dolosos. Cuatro nacionalidades dan cuenta, en promedio, del 97% de los casos. Los costarri- censes son mayoría (8 de cada 10), seguidos muy de lejos por nicaragüenses, colombianos y panameños (tabla 5). Al comparar ambos tipos de homicidios, los nicaragüenses, porcentualmente hablan- do, reducen su participación en los asesinatos remunerados, mientras que colombianos y pa- nameños la aumentan de manera importante. Y, al contrastar estas cifras contras el peso de nicaragüenses, panameños y colombianos en la estructura poblacional de Costa Rica (6,7%, 0,38% y, 0,26% respectivamente), se observa que todas ellas están ampliamente so- brerrepresentadas en ambos tipos de muerte.21 Asimismo, llaman la atención dos situaciones concretas por su comportamiento respecto a las cifras mundiales. Por un lado, que las víctimas nicaragüenses, en el resto de los ho- micidios dolosos, prácticamente duplican el porcentaje de personas de esta nacionalidad que residen en Costa Rica.22 Y, por otro lado, que, en los homicidios remunerados, las per- sonas de origen colombiano y panameño re- presentan más de diez veces el valor de estas nacionalidades en el total de la población de Costa Rica. En ambos casos, estos datos supe- ran la media mundial, ya que, según los datos disponibles, las personas migrantes tienden a aportar un 3% del total de víctimas de homici- dios intencionales al total de estas muertes en el país de acogida (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). Sobre la actividad económica desempe- ñada por las víctimas de homicidio remunera- do (Figura 8), lo primero que destaca es que 5 “ocupaciones” absorben más del 70% de los 21 Las cifras se toman del Censo de Población de 2011(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2011) y de la Encuesta de Empleo Permanente del 2015 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2015). Pese a que los datos no son estrictamente comparables por la naturaleza de las fuentes, ellos son bastante consistentes y el único cambio importante es la reducción que registran las personas nicaragüen- ses entre 2011 y 2015. 22 El estudio de Herring et al. (2008) encontró, para una serie de tiempo que va de 1996 a 2005, que los nicaragüenses, luego de controlar los datos por edad y otros factores socioeconómicos, tie- nen más de un 40% de riesgo homicida que sus contrapartes costarricenses; el porcentaje es de 40% para los hombres y 42% para las mujeres. 84 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) datos y 3 de ellas están relacionadas con acti- vidades criminales. En segundo lugar, sobresa- le el peso que registra el oficio de comerciante (7%), pues casi duplica (porcentualmente ha- blando) a la “ocupación” que está en quinto lugar (“consumidor de droga”).23 Al comparar estos datos con los del resto de homicidios do- losos, sobresale el hecho de que las tres ocupa- ciones de mayor peso porcentual se relacionan, al igual que en el caso anterior, con el mundo criminal. Pero, a diferencia de los asesinatos 23 Pese a la enorme cantidad de “ocupaciones” des- glosadas en los AEP (225 en el periodo analizado: 2006-2015), solo se encontró la definición para dos de ellas: “Delincuente” (persona que se dedica a delinquir o que es considerada por las autorida- des como delincuente común) y “Narcotraficante” (persona que se dedica a comerciar droga). (Poder Judicial de Costa Rica, 2001). Por esta razón no es posible saber la distinción entre esta última y la de “vendedor de droga”. por encargo, la mayoría del resto de homici- dios dolosos (70%) se distribuye entre “ocupa- ciones” no vinculadas con el mundo criminal. “Desempleado” (4,7%) y “Guarda de seguridad privada” (4%) alcanzan pesos porcentuales superiores a la categoría “Narcotraficante” (2,4%) que es la segunda en importancia en los asesinatos por encargo. Por último, vale men- cionar que la categoría “Comerciante”, al igual que en los homicidios por encargo es una de las 5 ocupaciones de mayor peso porcentual. Figura 8. Homicidios dolosos, según tipo y “ocupación” de la víctima, 2006-2015 OCUPACIÓN TIPO DE HOMICIDIO REMUNERADO RESTO DOLOSO ABS % ABS % Delincuente 59 22,7 523 13,6 Narcotraficante 54 20,8 93 2,4 Vendedor de droga 45 17,3 327 8,5 Comerciante 18 6,9 264 6,9 Consumidor de droga 10 3,8 311 8,1 Otras 74 28,5 2320 60,4 Total 260 100,0 3838 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del Poder Judicial, 2006-2015. Para concluir este análisis es impor- tante recordar que los AEP, no contienen in- formación sobre las personas sospechosas de ejecutar los homicidios por encargo —ni tam- poco el resto de las modalidades de asesinatos intencionales—. Sin embargo, es razonable asumir —al menos como hipótesis de tra- bajo— que el perfil general de las personas responsables de este tipo de homicidios replica las características exhibidas por los perpe- tradores de homicidios dolosos alrededor del mundo. Esto es, hombres jóvenes con poca educación, cuyas trayectorias vitales están marcada por carencias sociales, materiales y culturales (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2019). Este supuesto predominio masculino en la ejecución del sica- riato no debería empañar la importancia y ne- cesidad de estudiar la participación de mujeres en su condición de autoras materiales en este tipo de muertes, pues más allá de los casos 85El sicariato en Costa Rica: un acercamiento a partir de estadísticas oficiales Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) concretos que se han registrado en el país,24 en otras latitudes se ha documentado la presencia de grupos dedicados al sicariato constituidos exclusivamente por mujeres (Hernández, 2021). Por otro lado, lo que si se torna más difícil es plantear alguna hipótesis sobre las y los auto- res intelectuales de estos hechos, pues no se ha podido localizar ningún trabajo en esta línea. CONSIDERACIONES FINALES En este artículo se propuso generar una comprensión preliminar de los asesinatos por contrato en el país mediante el análisis de la información de los Anuarios de Estadísticas Policiales (AEP). Los hallazgos conducen a dos tipos de conclusiones: aquellas asociadas con las características de los datos utilizados y aquellas relacionadas con el comportamiento de estos homicidios. En cuanto a las primeras, el examen revela que las cifras son estric- tamente comparables para el período 2006- 2015 y que la clasificación de los homicidios intencionales durante estos años resultó de un riguroso proceso de análisis llevado a cabo por la Sección de Estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial. A pesar de las limitaciones identificadas, como, por ejemplo, posibles problemas de clasificación y subregistro, que podrían reducir el total de casos efectivos, los datos siguen siendo válidos y útiles para alcanzar el objetivo previsto. Sin embargo, es crucial determinar, en futuras investigaciones, el grado de subregistro que pesa sobre estos datos. Para lo cual se podría contrastar esta información contra las muertes violentas que se reportan en las Estadísticas Vitales. También es necesario que la entidad responsable de los datos incluya variables aso- ciadas con posibles perpetradores en los AEP y que mejore las prácticas de gobernanza di- gital, para garantizar un acceso efectivo a la información. En cuanto al segundo conjunto de con- clusiones, es destacable que la mayoría de los asesinatos por contrato en el país entre 2006 24 Cfr. Arguedas, 7 de noviembre de 2021; Chaves, 15 de mayo de 2021. y 2015 se concentraron en las provincias de San José y Limón, especialmente en la región caribeña a nivel de distrito. Estos homicidios ocurrieron principalmente en lugares públi- cos, involucraron el uso de armas de fuego y tuvieron como objetivo principal a hombres costarricenses jóvenes y solteros involucrados en actividades delictivas, especialmente en el comercio de drogas ilícitas. Con la excepción de esta última característica, estos patrones re- flejan de cerca los exhibidos por el resto de los homicidios intencionales, lo que sugiere que el comportamiento de los asesinatos por contrato no es independiente de la violencia homicida en el país. Estos hallazgos demuestran que los ho- micidios remunerados en Costa Rica y las muertes intencionales no ocurren al azar, sino que exhiben patrones de comportamiento casi universales impulsados por fuerzas y dinámi- cas sociales que contribuyen a su surgimien- to.25 Por lo tanto, el estudio de los asesinatos por contrato no puede separarse del resto de la violencia criminal, ni del contexto crimi- nológico que los genera. Esta situación lleva a evaluar la relevancia que podrían tener las diversas teorías sociológicas sobre las muertes intencionales, para el estudio del sicariato.26 Sin embargo, esto no descarta la naturaleza específica de los asesinatos por contrato, en particular, la mercantilización de la vida y la muerte, así como y otras características que pueden identificarse a través de fuentes de in- formación alternativas sobre el tema. En conclusión, los hallazgos de este estudio resaltan áreas prioritarias para in- vestigaciones futuras. Es imprescindible rea- lizar un análisis detallado de los distritos de Limón, Corredores, San Sebastián, Pavas y Hatillo, ya que ellos constituyen auténticos focos de violencia homicida en Costa Rica. Asimismo, resulta fundamental identificar 25 El primero en identificar, desde la sociología, la existencia de patrones en el comportamiento de las muertes intencionales fue Durkheim (1989, 2009) hace ya más de un siglo. 26 Para un balance de estas teorías y sus resultados empíricos, ver entre otros (Brookman, 2005). 86 Rodolfo Calderón Umaña Rev. Ciencias Sociales Universidad de Costa Rica, 180: 65-90 / 2023 (II). (ISSN IMPR.: 0482-5276 ISSN ELEC.: 2215-2601) las características de los perpetradores, tanto materiales como intelectuales, y examinar la relación entre víctimas y victimarios, las mo- tivaciones subyacentes y los montos acorda- dos, entre otros aspectos. Actualmente, se está trabajando en este último tema, a partir del análisis de sentencias condenatorias y notas de prensa. Se espera entregar los resultados de este trabajo muy pronto, para ampliar y me- jorar este primer acercamiento sociológico al fenómeno del sicariato. REFERENCIAS Alvarado Arguedas, F. 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Homicidios por “ajuste de cuentas-venganza” en el total de homicidios dolosos. 2016-2020 AÑO TOTAL HOMICIDIOS DOLOSOS AJUSTE DE CUENTAS ABS % ABS % 2016 578 100 246 42,6 2017 603 100 299 49,6 2018 585 100 276 47,2 2019 563 100 262 46,5 2020 570 100 301 52,8 Fuente: Elaboración propia con datos del OIJ. Tabla A2. Total de homicidio por “ajuste de cuentas-venganza”, según condición y año. 2014-2019 CONDICIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % NO RESUELTO 95 135 125 148 116 111 15 745 44,5 RESUELTO 77 134 105 107 119 109 76 727 43,5 INVESTIGACIÓN 1 2 3 0 3 10 182 201 12,0 TOTAL 173 271 233 255 238 230 273 31,673 100,0 Fuente: Elaboración propia con datos del OIJ. Nota: La “condición” del caso (“no resuelto”, “resuelto”, “en investigación”) se refiere a la a etapa de investigación policial, lo que no es sinónimo de sentencia condenatoria. Figura A1. Pronóstico de la aplicación de seis métodos de suavizamiento exponencial a la serie de tiempo de los homicidios remunerados en Costa Rica de 1999 a 2015 Fuente: Elaboración propia con datos de Poder Judicial, 1999-2015.