BORRADOR DE TRABAJO
Universidad de Costa Rica
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Observatorio Socio Jurídico de la Justicia y las Políticas Públicas
Generación de datos y criterios de transparencia sobre Finanzas Públicas - C1193
Diciembre de 2021.-
DEUDA PÚBLICA: UNA DISCUSIÓN IMPOSTERGABLE
Conceptos básicos
Hoy es una tesis aceptada que los Estados obtienen sus ingresos a partir del cobro de
tributos a sus ciudadanos. Cargas que se pueden caracterizar como obligaciones
pecuniarias (carácter pecuniario), impuestas unilateralmente por el Estado (carácter
coactivo) y destinadas a la financiación del gasto público (carácter contributivo).
Dentro de los relatos más aceptados sobre el origen de los tributos, al menos en la
cultura occidental, nos encontramos aquel según el cual, hasta antes de las Guerras
Médicas (490 a.C.), ni la ley ni la burocracia griega obligaba a tales contribuciones. En
su lugar, se afirma que la tradición y el sentimiento público eran la motivación de la
liturgia, es decir, la donación de riquezas para el servicio público, siendo esta
recompensada con honor y prestigio.
Sin embargo, la guerra de los griegos contra el Imperio Persa trajo una consecuencia
cultural y política mimética inesperada: cuando los Estados griegos se percataron de
que no podían pagar una contienda tan extensa y costosa, acordaron imponer entre los
suyos el método persa de financiamiento: cada miembro de la alianza pagaría
anualmente un tributo. Fue gracias a esta reforma que los ciudadanos griegos se
fueron transformando poco a poco en contribuyentes y que la alianza helénica se
transformó finalmente en un imperio.
El éxito de la reforma helénica fue de tal importancia en el ámbito militar, pero también
a nivel administrativo y de obras públicas, que se impuso hasta nuestros días como
mecanismo de los Estados para obtener financiamiento.
Esta caracterización del origen y caracter de los tributos es tan acertada, que en la vida
independiente de las excolonias americanas, tan temprano como en el verano de 1846
(recordemos que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, fue
1
adoptada por el Congreso Continental de Filadelfia el 04 de julio de 1776) nace el
abstencionismo fiscal a manos de Henry David Thoreau, un anarquista de Concord,
Massachusetts, que se negó a pagar impuestos debido a su oposición a la esclavitud,
así como por considerar ilegitima la guerra emprendida por Estados Unidos contra
México.
Si un millar de personas rehusaran satisfacer sus impuestos este año, la
medida no sería ni sangrienta ni violenta, como sí, en cambio, el
proceder contrario, que le permitiría al Estado el continuar perpetrando
acciones violentas con derramamiento de sangre inocente (Thoureau,
2008, p. 29)
Por este acto de rebeldía, quien fuera autor de Walden (uno de los textos de no ficción
más famosos de la historia) y fundador de la desobediencia civil (una tesis acogida aún
hoy entre grupos políticos estadounidenses opuestos al gobierno) fue inmediatamente
condenado y encerrado en la prisión de Concord.
De acuerdo con Etcheverría (2001), el impuesto que Thoreau se negó a pagar era el
poll tax o impuesto de capitación, el cual representaba una importante fuente de
ingresos del Estado de Massachusetts: un impuesto por el cual toda persona tenía la
obligación de pagar exactamente la misma cantidad de dinero, independientemente de
su renta u otras circunstancias. Señala el mismo Etcheverría que existen registros de la
época que comprueban el carácter regresivo de dicho tributo, el cual era imposible de
pagar especialmente entre los más pobres. De ahí que la legislación de Massachusetts
establecía que en aquellos casos, la sanción imponible era la pérdida del voto así como
la expropiación de los bienes necesarios para pagar la cantidad debida.
Luego de esta anecdóticas referencias, es menester señalar que de acuerdo con
Holmes y Sunstein (2011)1, contemporáneamente el pago de tributos no tiene otro
objetivo que asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución
Política.
De lo anterior deriva la obligación del Estado de poner en marcha aquella serie de
prestaciones positivas encaminadas al cumplimiento de los derechos fundamentales
dispuestos en la norma suprema.
Desde el punto de vista de la teoría tributaria postpositivista, la obligación tributaria se
legitima en la idea de la autoimposición, es decir, por el acuerdo generalizado de la
población sobre la necesidad de sufragar los requerimientos financieros del Estado, el
cual, se afirma, constituye la base de toda organización social.
1 Holmes, S. S., Cass R. (2011). El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los
impuestos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Siglo XXI.
2
En ese sentido, todo habitante de la República tiene la obligación de contribuir con
dichos gastos públicos, de acuerdo con la ley y en la medida en que ésta lo disponga.
Así las cosas, podemos afirmar la existencia de una relación directa entre la carga
tributaria que soporta una determinada población y el nivel de vida al cual sus
miembros tiene acceso.
Para el caso de Costa Rica, de la tesis de Holmes y Sunstein, en concordancia con lo
establecido en la Constitución Política, se desprende que el sistema tributario debiera
fungir como un mecanismo administrativo encargado de obtener los recursos
necesarios para la satisfacción de derechos básicos como la salud, vivienda, justicia
pronta y cumplida, ambiente sano, protección de la familia, asistencia social, servicios
públicos, trabajo2, de todos y todas las habitantes de la República.
Al respecto es importante considerar que de acuerdo con Rodríguez Garro (2014),
desde 1978 todas las administraciones del Estado costarricense, sin distinción por color
político o ideología, han impulsado reformas legales encaminadas a modificar su
sistema tributario.
A pesar de ello, es sólo en los años 1982 (reforma de la Ley del Impuesto General
sobre las Ventas (IGV)), 1988 (reforma general de la Ley del Impuesto sobre la Renta)
y 1995-1997 (reformas al Código Tributario), cuando dichas iniciativas logran modificar
la estructura tributaria del país, incluyendo la imposición del correlativo subsistema
jurídico (Rodríguez Garro, 2014).
A lo dicho por Rodríguez Garro hoy debemos agregar la reforma tributario que se echa
a andar partir del año 2002, la cual tiene como objetivo el paso de un sistema cedular
de renta a uno de renta global o dual, así como la transformación del IGV en un
impuesto al valor agregado (IVA).
Dichas medidas fueron y han sido defendidas por los gobiernos de turno argumentando
fortísimas presiones ejercidas desde el FMI, la OCDE, las calificadoras de riesgo y los
tenedores de deuda pública, siendo que el primero de dichos organismos
internacionales afirmó públicamente la obligación del Estado costarricense de
estabilizar la relación deuda-PIB (lo cual significa contener el gasto público sobre todo
en educación), al tiempo que mantener la confianza de los inversionistas (priorizando el
pago de deuda) (Morales Chavarría, 2015).
En dicho contexto, las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada (ambas del
Partido Acción Ciudadana) lograron impulsar y aprobar legislativamente la
2 Entendiendo la satisfacción de estos derechos de acuerdo con lo que se ha dado en llamar
“mínimo existencial”.
3
transformación del IGV en un IVA, aplicando un porcentaje tributario del 13% sobre
cada transacción (Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, Ley N° 9635 del 03
de diciembre de 2018).
Se hace notar que en diversas ocasiones la administración Alvarado Quesada ha
dejado en claro que se requieren aumentos progresivos en dicho porcentaje, de
manera que el país alcance el promedio de la OCDE del 19% (Marín, 2019).
Aunado a ello y en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y salario, dicha
reforma (la Ley N° 9635) introdujo importantes cambios tendientes a ampliar el número
de contribuyentes, así como los montos de estas obligaciones tributarias.
Finalmente, la nueva legislación legitima el pago de la deuda externa como prioridad
primera en el uso de los recursos públicos.
De este nueva prioridad del gasto público deriva la necesidad de traer a colación que a
la par de la generación de ingresos tributarios, en nuestra época prácticamente todos
los Estados del mundo acuden al crédito para complementar los recursos económicos
que requieren para su funcionamiento: de hecho, son pocos los territorios que se
mantienen ajenos a la deuda pública. Este último es el caso de Brunei, el Principado de
Liechtenstein, la Región China de Macao y la Isla de Niue.
Para el caso de Latinoamérica, ya en una fecha tan temprana como 1525, los Estados
nacidos de la Independencia de España representaban los deudores del 70% de los
bonos de gobierno transados en el Royal Exchange (la Bolsa de Londres)3.
En este sentido, para el caso de Latinoamérica el surgimiento del Estado nacional se
da aparejado al de la deuda pública.
De acuerdo con Marichal (1988), esto se explica por el gran interés de la banca
europea en explotar las riquezas del nuevo mundo, ahora independiente, así como por
la necesidad de los nuevos Estados de fortalecer sus ejércitos y consolidar su aparato
militar.
Por ello, en nuestra época el endeudamiento público ya no se considera algo
extraordinario, indebido o ilegal por sí mismo. Por el contrario, su uso se encuentra a tal
punto naturalizado en el capitalismo neoliberal que la gran mayoría de los economistas,
incluyendo aquellos que se desempeñan en el Ministerio de Hacienda, afirman de
3 Carlos Marichal, Historia de la deuda externa de América Latina: Desde la independencia
hasta la gran depresión, 1820-1930, Alianza. Editorial, México, 1988, pp.
4
manera contundente que “la deuda es buena”4, aclarando inmediatamente, siempre y
cuando sea utilizada exclusivamente para “construir obra pública, para construir
carreteras, puentes, aeropuertos, que mejoran la productividad de la economía”.
Como es posible observar, a la par de que el pago de la deuda pública se coloca como
prioridad en el cobro de tributos y la gestión de los fondos públicos, su uso se traslada
desde el aseguramiento de los derechos humanos al suministro de infraestructura para
el sector privado.
Jurídicamente es importante tomar en cuenta que incluso la Constitución Política de
Costa Rica prevé el endeudamiento del Estado a través de empréstitos. En ese
específico apartado establece la Carta Magna que es la Asamblea Legislativa la
encargada de autorizar los préstamos o endeudamientos que el Poder ejecutivo
pretenda formalizar (ordinal 121, inciso 15, de la Constitución Política).
Tal como se menciona en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, la
imposición de restricciones para la celebración de empréstitos forma parte, desde hace
muchos años, de las reglas para el buen manejo de los fondos públicos y la economía
nacional, ya contenidas en la Constitución de 1871 y que se endurecieron por influjo de
una reforma operada mediante Ley Nº 14 de 19 de junio de 1936.
Pocos años antes de dicha reforma, en el año de 1923, el Estado costarricense se
había visto envuelto en un caso paradigmático de la deuda externa: el laudo arbitral
establecido por exmagistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, William H.
Taft, afirmó la ilegitimidad del cobro de US$ 250.000,00 establecido por Gran Bretaña
contra el gobierno de Costa Rica, ya que dicha suma se fundaba en una transacción
irregular entre el Royal Bank of Canada y el exdictador Federico Tinoco Granados
(Alterini, 2010).
De acuerdo con el exmagistrado Taft, dicha deuda no debería ser asumida por la
población de Costa Rica (vía el pago de tributos) ya que el dinero prestado había sido
utilizado para beneficio personal de Tinoco y en contra de los principios que sustentan
todo régimen democrático representativo (Alterini, 2010).
En palabras de Atilio Alterini, quien comenta el caso anterior, los derechos humanos y
la dignidad son más importantes que el servicio de deuda y los deudores no pueden ser
forzados a hambrear a sus hijos para poder pagar.
4 Ruíz, Gerardo. 3 de diciembre de 2018. “La meta es tener un superávit primario en el 2023”.
Diario CRHoy. San José. Consultado en:
https://www.crhoy.com/nacionales/la-meta-es-tener-un-superavit-primario-en-el-2023/
5
Posteriormente, la Gran Depresión de 1929 trajo consigo una crisis bancaria
internacional y del mercado de materias primas, la que llevó a la gran mayoría de
países latinoamericanos a declarar una moratoria de sus obligaciones en el extrajero.
Para el caso de Costa Rica se declaró una primera moratoria en noviembre de 1932, la
cual debió ser prorrogada en 1935 cuando se dicta una segunda moratoria que llega a
hasta 1946 (Marichal, 1988, Cuadro VIII).
Recordemos que con anterioridad a dicha reforma la Constitución de 1871 ya señalaba
lo siguiente:
Artículo 73. Son atribuciones esclusivas del Congreso:
(...)
16. Autorizar especialmente al Poder Ejecutivo para negociar
empréstitos, ó celebrar otros contratos; pudiendo hipotecar á su
seguridad las rentas nacionales.
Mientras tanto, con la reforma de 1936 (seguramente motivada por el laudo arbitral de
1923 y la moratoria dictada desde 1932) se fortalecen los controles (necesidad de
votación calificada) para que el legislativo pudiera autorizar la suscripción de
empréstitos por el ejecutivo:
ARTICULO 82.- Son atribuciones exclusivas del Congreso:
(...)
16.- Autorizar especialmente al Poder Ejecutivo para negociar
empréstitos ó celebrar otros contratos similares que afecten el crédito
público, pudiendo hipotecar a su seguridad las rentas nacionales. Para
autorizar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que
aunque convenidos en el país hayan de ser financiados con capital
procedente del extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea
aprobado por las dos tercera partes de los votos del Congreso. (el
subrayado se adiciona)
Al respecto resultan interesantes las palabras del Diputado González Flores, quien
promovió la inclusión en la Constitución de 1949 de un apartado de Garantías
Económicas, haciendo alusión, entre otras cosas, a la necesidad de incrementar,
consolidar y garantizar constitucionalmente los controles sobre la suscripción de
empréstitos, mecanismos de financiamiento público que en palabras de este
congresista constitucional mantenían una relación directa con la germinación en el país
de crisis inflacionarias:
6
(...) En las publicaciones sobre “El Enigma Monetario” dice el señor
Martén: “La inflación es el fenómeno sobre el alza de los precios
provenientes de factores estrictamente monetarios. Las producen las
monedas de oro cuando abundan y no hay drenaje de oro hacia los
mercados internacionales; la causan las divisas cuando los
componentes de la importación, están como hoy, cerrados, y provocan
las emisiones inorgánicas de papel moneda; la determinan los créditos
bancarios excesivos con sus comisiones de dinero de cuenta llamada
también moneda escrituraria e invariablemente la preceden los
desnivelados presupuestos de gobierno, y la aumentan los empréstitos
cuando no se alimentan del ahorro colectivo, sino que compulsoriamente
se colocan como en el caso de las Cédulas de la Ley Nº 79 del 4 de julio
de 1933 y la Ley Nº 20 de 30 de marzo de 1931, exigiéndoles a los
bancos constituir su encaje en ellas”.
Existe la idea errada de que el oro en su uso como unidad monetaria,
mantiene siempre su valor, y no obedece como mercadería, que lo es
también, a los cambios en su poder adquisitivo. En Costa Rica, con
cualquier clase de moneda hemos sufrido inflaciones monetarias. La
primera, fue en la primera unidad del siglo XVIII con el cacao en su
condición de moneda-especie. El origen de esta moneda fue el
siguiente: A principios del siglo mencionado había escaseado la plata
española como moneda corriente. Esto movió a los vecinos de Cartago
a pensar en el problema y a pedir que se les permitiera el uso del cacao
de Matina, asiento de ese último, el cual se elevó al rango de patrón
monetario. El 1725, cien granos de cacao equivalían a un real, en
consecuencia, esa era la unidad monetaria. Ese fruto antes de 1715,
corría igual a un peso de plata. El aumento de producción de cacao en
1725 hizo que bajase el valor de la cantidad de granos de este fruto que
antes de 1915 corría igual a un peso plata. Un suceso inesperado vino a
falsear nuestro patrón cacao, disminuyendo el valor de esta especie
como moneda. De 1720 a 1740 se emprendieron en Rivas, Nicaragua, a
donde se hacían grandes exportaciones de cacao, importantes
plantaciones de ese grano, de manera que a mediados del siglo XVIII
por un real de plata se daban 150 granos de cacao en vez de cien como
en 1725. Fue ésta pues, la primera inflación monetaria, como fue Matina,
con su producción de cacao el primer cuño de los costarricenses.
La primera inflación monetaria provocada por el oro como moneda,
ocurrió en los años de 1871 a 1874 durante la Administración del
General Guardia. En 1871 se celebró el Empréstito Inglés para la
construcción del Ferrocarril al Atlántico. La parte del producto del
7
empréstito que llegó a Costa Rica, se hizo sentir en la economía
nacional; el oro circulaba en el país y muy pronto se vieron sus efectos
como factor inflacionista provocando el alza de los precios y la
especulación. Hay acuerdos del Gobierno de entonces dictando medidas
de policía contra estos fenómenos, el alza de los precios y la
especulación. En 1873, es decir, dos años después de la celebración del
Empréstito, el periódico “El Ferrocarril” habla de la existencia de una
crisis monetaria. La depresión económica preocupó al gobierno, y el 1º
de diciembre de 1874 el señor Secretario de Hacienda, don Joaquín
Lizano, hizo concurrir a su Despacho a los principales capitalistas del
país para hacerles ver que el numerario no alcanzaba a llenar las
necesidades del tráfico internacional y menos aún para pagar las deudas
nacionales. El resultado de aquella reunión fue la fundación del Banco
de Emisión de Crédito que empezó a funcionar en 1877. Diez años
antes se había establecido el primer Banco bajo el nombre de Banco
Nacional de Costa Rica. No obstante las ventajas otorgadas a esta
última institución, se vio obligada a entrar en liquidación en 1877. Los
resultados de este Banco como los del que le sucedió, trajeron como
consecuencia los graves trastornos monetarios que, al par de la crisis
del café, con motivo de la pérdida de parte de la cosecha, a causa del
tercio temporal de 1879 y de la baja del valor del precio del mismo,
produjeron la más aguda crisis cuyos efectos empezaron a sentirse en
1880. El Gobierno, sin embargo, para adquirir dinero para los gastos
públicos, hizo concesiones al Banco de la Unión, llamado después
Banco de Costa Rica, que a cambio del suministro de recursos para el
Fisco, le otorgaba la facultad de emitir hasta el cuádruple de su capital
como sucedió en 1888.
En 1898 con motivo de una nueva baja del valor del precio del café, una
nueva crisis azotó el país. Entre los más perjudicados figuraron los
deudores en moneda nacional para quienes disminuyó la capacidad de
pago, en virtud de la inoportunidad del establecimiento del Patrón Oro.
La nueva moneda a base de oro, fue más bien contraproducente en
aquellos momentos críticos para la agricultura del país.
Nuevas inflaciones producidas por los Empréstitos se realizaron en 1911
con la celebración del Empréstito Francés, en 1926 con la del Empréstito
Americano y en 1942 y 1943 con las operaciones financieras llevadas a
cabo con el Eximbank. En estas épocas provocaron las inflaciones las
divisas convertibles en billetes colones.
En 1914, por razón de la salida de oro proveniente del Empréstito
Francés y la nueva situación que se presentaba debido al estallido de la
8
guerra europea, sobrevino la depresión económica que obligó al
Gobierno a la fundación del Banco Internacional. El nuevo Banco debía
emitir cuatro millones de colones, de los cuales la mitad destinados a
préstamos al Gobierno y la otra mitad a préstamos a los agricultores.
Con esta emisión limitada, dada la situación económica del país que
estaba bajo la influencia de una depresión, no podía producirse una
inflación sino más bien lo que vino a realizarse fue una deflación,
fenómeno económico expresado anteriormente. Sin embargo, las dos
nuevas emisiones de la época de los Tinoco modificaron la situación. En
octubre de 1918 se autorizó una emisión por diez millones de colones,
cuya totalidad entró en circulación y otra de quince millones en mayo de
1919 y de la cual, felizmente, sólo tres millones entraron, debido a la
caída de aquella dictadura.
El exceso de circulante arrojado al mercado en la época de los Tinoco
tenía que provocar efectos inflacionistas. Cuanto a los empréstitos de
1926, de 1942 y de 1943 son muy conocidas de todos sus
consecuencias económicas, de los cuales, los dos últimos, han sido
tratados magistralmente en el libro de don Rodrigo Facio: “La Moneda y
la Banca Central en Costa Rica”.(el subrayado se adiciona)
En igual sentido, se debe recordar que fue a finales de 1981, cuando Rodrigo Carazo
Odio, siendo presidente del país, anunció que Costa Rica no pagaría su deuda
internacional5 (Leff, 2009). En otras palabras, Carazo anunciaba el cese de pagos
(default soberano) respecto de la deuda pública externa del país, aunque a diferencia
de casos posteriores como el de Argentina (2001) o Grecia (2015), dicha decisión no se
fundamentó en criterios meramente económicos.
Para Carazo, su decisión se legitimaba en una situación político-social, en la disyuntiva
“entre comer y pagar la deuda”. Dicha problemática la fundó Carazo en tres
consideraciones:
1. La necesidad de defender la soberanía nacional frente a las imposiciones de los
organismos internacionales (especialmente el FMI, el cual fue finalmente
expulsado del país);
2. La de enfrentar la injusticia económica impuesta por el modelo de comercio
internacional (relacionada con las cuotas de exportación y las ganancias
obtenidas por intermediarios);
5 La elevación de las tasas internacionales provocó que entre 1978 y 1982 el pago de la deuda
externa (negociada en dólares y con una tasa de interés variable) pasara del 23,64% a un
120,80 % del PIB (Panadero Moya & Cebrían Abellán, 1999)
9
3. La de defender el nivel de vida alcanzado por los sectores populares (Carazo,
1989).
La posición tomada por la Administración Carazo Odio adquiere especial relevancia
cuando se considera que en esa época, al igual que hoy con las reformas tributarias
operadas por las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada (en términos
generales un Programa de Ajuste Estructural), la reacción inmediata del FMI fue
presionar al gobierno costarricense para que redujese el gobierno y controlase los
gastos (Leff, 2009), dando prioridad al pago de la deuda externa.
Es decir, que la receta del FMI no es para nada novedosa.
Así las cosas, para tiempos de Carazo Odio la posición del FMI fue imponer una
reducción del Estado (Programa de Ajuste Estructural) en todo lo relacionado con el
área social del mismo, priorizando al mismo tiempo el pago de los créditos
internacionales.
Objetivos que se alcanzaron plenamente entre 2018 y 2022 durante la administración
Alvarado Quesada.
A la par de lo anterior, es menester recordar que la exigencia ante Carazo Odio nunca
tomó en cuenta que el sistema tributario costarricense se funda, aún al día de hoy,
sobre el cobro de impuestos indirectos al consumo, situación que evidenciaba para
dicho expresidente una clara violación del principio de justicia social que debe imperar
en dicho ámbito (Carazo, 1989).
Sin que podamos dar fe de las verdaderas intenciones de Carazo Odio frente al
organismo financiero internacional, lo cierto es que la llegada de Luis Alberto Monge al
poder en 1982, significó que en adelante (y hasta la fecha), las medidas fiscales
establecidas por el FMI serían aplicadas por el Estado costarricense sin mayor
cuestionamiento.
Actualmente al menos un tercio del presupuesto nacional se dedica al pago de deuda
pública, por encima inclusive del gasto asignado a educación, el cual no supera el 8%
del PIB (Arguedas, 2015).
Vale señalar que en Costa Rica la carga tributaria presenta un énfasis mayor en los
impuestos indirectos (4.9% del PIB), lo que permite catalogar su sistema tributario
como altamente regresivo.
10
En ese sentido, el sistema tributario costarricense se ha convertido en una de las
causas más importante para la consolidación en el país de la desigualdad y la
pobreza6.
De lo dicho hasta este momento se desprende una primera justificación de la deuda
pública en atención al financiamiento necesario para garantizar los derechos
reconocidos en la Constitución Política e instrumentos de derechos humanos (tesis en
desuso); una segunda tesis, de acuerdo con la cual la financiación de la deuda pública
con recursos provenientes del extranjero resulta preocupante de frente a sus
tradicionales efectos inflacionarios (tesis también en desuso); y una tercera posición, de
acuerdo con la cual, la deuda pública tiene por objetivo suministrar los fondos
necesarios para la construcción de aquella infraestructura que requiere el aparato
productivo (tesis predominante entre los economistas afiliados en este momento al
Ministerio de Hacienda y Banco Central, al menos para Costa Rica).
Sea cual sea la posición que asumamos, resulta evidente que la suscripción de
contratos de deuda pública es un tema de la mayor importancia para la estabilidad de
un Estado, sobre todo si se consideran los trágicos efectos que en el pasado y sobre la
población costarricense han tenido estos mecanismos de financiamiento, no sólo por
las innumerables y recurrentes crisis del sistema capitalista, sino por sus efectos en la
inversión pública y la carga tributaria que exigen.
Por la importancia que los diputados constituyentes asignaron al saneamiento fiscal,
así como a la implementación de medidas contra el despilfarro y peculado, en especial
el restablecimiento de una Oficina de Control, la Constitución de 1949 incorpora la
figura de la Contraloría General de la República como órgano con independencia
funcional y administrativa, auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la
hacienda pública (artículos 183 y 184 de la Constitución Política).
Por ordinal 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°
7428 del 26 de agosto de 1994, en la conceptualización del patrimonio público
sometido a escrutinio de este órgano se incluyen “los pasivos a cargo de los sujetos
componentes de la Hacienda Pública”.
Las tareas asignadas a la Contraloría General de la República pueden tipificarse en
dos sentidos: preventivas, en tanto su fin es evitar malos manejos de los fondos
públicos, y reactivas, cuando buscan sentar la responsabilidad por los equívocos
identificados.
6 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2014). Costa Rica con gasto social alto
pero carga tributaria por debajo del promedio latinoamericano [Press release]. Retrieved from
http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/presscenter/articles/2014/03/24/costa-rica-co
n-gasto-social-alto-pero-carga-tributaria-por-debajo-del-promedio-latinoamericano.html
11
En esta búsqueda por asegurar la más adecuada gestión de los fondos públicos,
siendo el despilfarro y el peculado las peores calamidades que debe soportar la
ciudadanía, Costa Rica también cuenta con una Ley de Control Interno, Ley Nº 8292
del 31 de julio de 2002, la cual vino a fortalecer las funciones de auditoría que ya venía
realizando la Contraloría General de la República.
Finalmente, de interés para esta investigación es recordar que mediante Resolución
R-DC-64-2014, la Contraloría General de la República estableció las Normas General
de Auditoría para el Sector Público, documento que establece los estándares mínimos
para el ejercicio del proceso de auditoría de manera uniforme, competente, íntegra,
objetiva e independiente.
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Semanario Universidad Retrieved from
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/un-tercio-del-presupuesto-para-el-2016-
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Universidad Estatal a Distancia.
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Deusto.
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de Costa Rica. http://www.elcato.org/pdf_files/ens-2014-01-28.pdf
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de los impuestos. Buenos Aires, Argentina: Editorial Siglo XXI.
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Deuda externa, prestatarios y prestamistas,
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Rolando E. Gialdino
https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/
http://www.cadtm.org/Deuda-en-la-Historia?lang=es
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