Principio de Lesividad y el delito de "actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas" en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de El Salvador

Abstract

La legislación salvadoreña contempla múltiples ejemplos de punición de actos preparatorios de delitos de peligro abstracto, a la vez que establece que no podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna, si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido por la ley penal, como efecto del principio de lesividad. Precisamente, derivado del principio de lesividad, un amplio sector de la doctrina ha rechazado la noción de peligro presunto, por lo que incluso cuando se trata de delitos de peligro abstracto se aboga por la corroboración de una mínima materialidad, sea por medio de un juicio ex post de la idoneidad del comportamiento desde una perspectiva ex ante o, en otro caso, rechaza su presunción iure et de iure y plantea la admisión de prueba en contrario. No obstante, estos planteamientos encuentran su límite cuando se trata de la criminalización del peligro de peligro, como es el caso de los actos preparatorios de delitos de peligro abstracto. Desde esa perspectiva, esta investigación explora si es que existe alguna forma de compatibilizar la punición de actos preparatorios de delitos de peligro abstracto con el principio de lesividad, desde la práctica judicial, partiendo de un ejemplo clave que ofrece la legislación salvadoreña: el delito de Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas previsto en el artículo 52 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (en adelante “LERARD”). A tales efectos, se exponen los principales planteamientos doctrinarios y jurisprudenciales en torno al principio de lesividad, los delitos de peligro abstracto y la punición de actos preparatorios, a la vez incluyen los hallazgos sobre la forma en la que los Juzgados Especializados de Sentencia de El Salvador aplican el referido tipo penal y, especialmente, la manera en que realizan el análisis de antijuridicidad material exigible a la luz del principio de lesividad.