| dc.description.abstract | En el imaginario social de por lo menos tres cuartas partes de la población costarricense existe la idea de que los inmigrantes nicaragüenses constituyen un riesgo para la seguridad social del país (González y Varela, 2003), aunque algunos estudios
han cuestionado esta idea (Bonilla-Carrión, 2008; DGME, 2011; Voorend, 2013).
Asimismo, existe la percepción de que las personas inmigrantes de Nicaragua son
más propensas a hacer uso de los servicios sociales públicos costarricenses, debido
a que tienen menores niveles educativos y por su condición migratoria “irregular”
(Bonilla-Carrión, 2008: 146) saturan los servicios sociales, especialmente los de salud pública (Bonilla-Carrión, 2008; Dobles et al., 2013).
Estas percepciones se convierten en argumentos importantes contra la población inmigrante nicaragüense, que en el 2011 representaba 287 766 personas
o 6,7 % de la población total en Costa Rica (INEC, 2011). Efectivamente, Voorend
(2013) afirma que los mismos argumentos podrían explicar, en parte, la reacción
de la política pública costarricense ante la crisis del 2011 de la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), institución de salud pública emblemática de la política
social universal y solidaria costarricense. Esta reacción ha sido lo que Faist (1994)
ha llamado “la construcción y la movilización de fronteras en torno a cuestiones de
distribución de los recursos del Estado de bienestar” | |
