Seguridad Privada en Costa Rica propuestas de regulación y gobernanza democrática

Abstract

La resignificación de la seguridad luego del fin de la Guerra Fría y los procesos de pacificación en Centroamérica, así como el alza sostenida de las cifras en materia de delitos, generó que, en los países del istmo se tendieran a formular o reformar sus políticas de seguridad a partir de mil novecientos noventa. La seguridad privada desde entonces se ha colocado como uno de los temas de urgencia en las agendas de las empresas (usuarios de los servicios), los gobiernos, los parlamentos, los medios de comunicación y de los partidos políticos. Para el caso costarricense, la seguridad privada constituye un tema recurrente en la agenda de política pública. A mediados del año 2016, una investigación periodística determinó que un alto porcentaje de las empresas que brindaban este servicio en Costa Rica se encontraban en la informalidad (La Nación, 2016). Indudablemente, el incremento de las empresas que ofrecen distintos servicios de seguridad es un eje alrededor del cual se ha avanzado poco en los últimos diez años. Si bien, al inicio fue necesaria una primera generación de políticas alrededor de tales empresas, hoy, es necesario iniciar un segundo proceso de políticas que, por un lado, actualicen la gobernanza e institucionalidad en la materia, y por otro lado, renueven la gestión y la regulación de tales servicios. En este sentido, el país ha experimentado la necesidad, en diversas ocasiones, de comprender este fenómeno y regularlo. Incluso han existido intentos de renovación normativa que ha sido frenada por distintas razones, lo que ha llevado a diversos grupos a señalar que las propuestas de solución deben establecerse mediante directrices emanadas por el Ministerio de Seguridad Pública.