| dc.description.abstract | El período de crisis económica experimentado por los países latinoamericanos desde fines de los años setenta hasta los ochenta dejó su impronta en dos aspectos fundamentales de los procesos de modernización estatal: la implementación de un conjunto de políticas de estabilización y ajuste estructural que cambiaron el régimen de bienestar social seguido hasta esa fecha; y el influjo renovado, a escala ideológica y financiera, de un liberalismo económico desde el cual se legitima al mercado como eje central del desarrollo en detrimento del Estado. Al culminar el siglo, algunos resultados obtenidos contrastan con aquellos pronósticos optimistas de un futuro crecimiento económico que, gracias a la apertura comercial y el mercado, solucionaría la problemática situación social de los países de la región. Sin embargo, la dureza de los datos en los últimos años refleja que no sólo el crecimiento económico de la región fue bajo, sino que además se han producido resultados no deseados en términos de inestabilidad financiera internacional, inequidad y aumento en los niveles de pobreza, además de la insatisfacción evidente de la opinión pública respecto al rumbo tomado por sus gobiernos (Franco y Sáinz, 2000: 56).
En Costa Rica, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, se ha planteado una redefinición de las estrategias de previsión social. Con base en supuestos sobre la relación entre las tareas que debe atender el Estado y su capacidad de ejecución, ha surgido una nueva generación de políticas sociales que tiene como objetivos la descentralización, la privatización, la selectividad, el subsidio a la demanda,
las evaluaciones por medio del efecto y no del gasto, y enfoques más
flexibles de la colaboración entre lo público y lo privado. | |
